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(No habrá paz para los corruptos): La banca suiza, presionada por el Gobierno español, advierte a sus clientes de que no podrá proteger sus datos tras la amnistía fiscal
Hacienda pide a las entidades financieras que empujen a su clientela a regularizar la situación antes de que venza la amnistía, asustándola con la desaparición del secreto bancario en Suiza. El periodo de gracia vence en breve y cada vez hay más voluntad de intercambio de información entre países. Quien no actualice su situación con el fisco se expone sustos como el de HSBC.
Entidades suizas, presionadas por el Ejecutivo español, han enviado cartas a sus clientes advirtiéndoles de que podrían tener que revelar sus datos después de la amnistía fiscal, según asesores fiscales. Los bancos suizos han recibido mucha presión de los Gobiernos estadounidenses, alemanes y franceses para que faciliten información. Y EEUU y Francia han logrado suscribir acuerdos de mayor transparencia con Suiza que, por extensión, podrían aplicarse a España.
Al rebufo de estos movimientos, el Gabinete español ha conseguido que algunas entidades helvéticas trasladen a sus depositantes que la amnistía fiscal que ofrece ahora la Hacienda española representa una oportunidad para regularizarse.
Más adelante, una vez se acabe la amnistía fiscal y entren en vigor nuevos protocolos, los bancos no se hacen responsables si se ven obligados a divulgar apuntes de los usuarios. De hecho, los tenedores de cuentas en Suiza ya han tenido algún susto. Ése fue el caso de los discos de HSBC, que contenían datos de 130.000 presuntos defraudadores y fueron vendidos por un exempleado a las autoridades de varios países.
El Parlamento de Berna debate en la actualidad que los bancos se vean obligados a informar sólo sobre grupos enteros. Es decir, se baraja que entreguen la recaudación que correspondería al Estado de turno al tiempo que se conserva el anonimato de los titulares, lo que podría permitir la fuga de algunos y aleja por un tiempo la posibilidad del intercambio automático de detalles.
Impulsado por el G-20, los países están forzando poco a poco a los paraísos fiscales a eliminar el secreto bancario y colaborar con las agencias tributarias. Para evitar estos controles, hay que llevar los capitales a destinos como Singapur u otras jurisdicciones lejanas y que presentan más dudas.
Apenas faltan 10 días para que se cumpla el plazo de la amnistía fiscal y el Gobierno está convencido de que se logrará el objetivo de recaudar 2.500 millones. Hasta julio, sólo se habían ingresado unos 52 millones, el 2 por ciento de lo previsto.
Por si acaso y con el objeto de animar o intimidar a los evasores para que afloren los fondos ocultos, este martes la Secretaría de Estado de Hacienda anunció que había rubricado pactos con Estados Unidos de intercambio automático de información; que había creado una Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional dotada con 50 inspectores; y que se estaban formalizando diversos convenios con países que tradicionalmente esconden dineros españoles, incluido Suiza.
Aprobada el 30 de marzo, la amnistía fija un gravamen del 8 por ciento para los dividendos o participaciones en beneficios y del 10 para las rentas no declaradas. No obstante, ésta presenta, según los abogados, bastantes problemas de seguridad jurídica y deja fuera impuestos como el IVA, Sucesiones o Patrimonio.
Por ello, el Gobierno ha modificado hasta en tres ocasiones la legislación, ha publicado varios conjuntos de aclaraciones y ha llevado a cabo un ‘road show’ con el fin de explicar la casuística entre asesores fiscales. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha declarado varias veces que la recaudación se ha desplomado mucho más que lo que refleja la caída del PIB, desde el entorno del 37 por ciento del PIB hasta el 31. Y eso lo atribuye a la economía sumergida y la evasión fiscal.
Por eso, el Ministerio se centrará en los próximos meses en el escrutinio de las multinacionales con negocio en España. Pretenden comprobar cómo valoran los flujos con la matriz y por tanto si tributan todo lo que deberían en nuestro país.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, subrayó que se estudia cómo minimizar las prácticas agresivas de algunas empresas que aprovechan las diferencias en las legislaciones nacionales para reducir el pago de impuestos.
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