corruptolandia

Fuente: http://www.publico.es/politica/520719/el-partido-x-denuncia-las-violaciones-de-derechos-del-decreto-sobre-blanqueo-del-gobierno

La normativa aprobada por Rajoy "con nocturnidad y alevosía" contempla la creación de una base de datos con información de las cuentas bancarias en España, pero no la vigilancia de los paraísos fiscales, el verdadero problema para el partido.

La comisión anticorrupción del Partido X ha denunciado este miércoles las "gravísimas violaciones de derechos y la falta a la justicia" que a su juicio conlleva el decreto sobre blanqueo aprobado por el Gobierno de Rajoy "con nocturnidad y alevosía".

Según el llamado Partido del Futuro, la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 6 de mayo, servirá para controlar aún más el dinero de los ciudadanos, pero no el de quienes defraudan: "Gracias Sr. Rajoy y Sr. Juncker por 1.000.000.000.000 de euros perdidos al año", ironizan en la nota de prensa remitida a los medios.

Tal y como explican en el comunicado,  el nuevo reglamento introduce la creación de una base de datos con toda la información bancaria de 34 millones de cuentas de españoles y residentes en territorio nacional y de sus titulares, que serán actualizadas por las entidades financieras.

El problema es que la normativa "no afecta al coladero por el que cada año se escapan un billón de euros", como asegura a Público Isabel Sánchez, portavoz de la formación, en alusión a la cantidad que según la Comisión Europea se pierde cada año por el fraude y la evasión fiscal.

Sánchez denuncia que la base de datos no incluirá la información sobre cuentas y depósitos de sucursales o filiales de los bancos españoles en el extranjero (que podrían estar en paraísos fiscales).

"Lo que realmente nos hace falta", ya que las grandes operaciones de corrupción y blanqueo de capitales se ejecutan desde otros países, escapando del control de Hacienda. Según el partido, la normativa "no parece mostrar interés en la búsqueda de patrones de movimientos financieros", que podrían detectar focos de corrupción con más precisión.

"En lugar de hacer una colección precisa de datos bancarios, proporcional a las necesidades, cogen todo lo que pueden sin discriminación, exponiendo a más riesgos a las libertades de los ciudadanos," denuncia Hervé Falciani, miembro de la Comisión Anticorrupción del Partido X y número uno en las listas de la formación de cara a las elecciones europeas.

Falciani ha sido uno más de los miembros de la comisión en impulsar esta denuncia, tal y como sostiene Sánchez, que critica un nuevo aspecto de este reglamento: "La premeditada ambiguedad del Artículo 52".

Asegura que en este apartado no queda clara la necesidad ni procedimiento de autorización judicial o de la fiscalía para acceder a información desde organismos dependientes del Poder Ejecutivo, como el CNI o el Cuerpo Nacional de Policía."¿En manos de quién van a estar estos datos? Vuelve a ser un peligro para los ciudadanos", denuncia.

Desde el Partido X añaden que la publicación de esta normativa al final de la precampaña electoral (6 de mayo) perseguía gozar de escaso interés mediático, "dificultando la formación de criterio desde la opinión pública".

"Si pudiésemos resolver este gran fraude no necesitaríamos la Troika"

El 18 de mayo Falciani hará una declaración conjunta con el magistrado francés Eric Alt, cofundador de la mayor asociación contra la corrupción de Francia, ANTICOR, en la que volverán a enfatizar "cómo el juego político pervierte las verdaderas posibilidades de actuar contra la corrupción".

"Si pudiésemos resolver este gran fraude no tendríamos necesidad de intervenciones de la Troika, ni tendríamos la deuda que tenemos, ni nada parecido", asegura el informático.

Por ello, el Partido resalta su labor de creación de diversas herramientas para luchar contra la corrupción, y anuncia la entrada en campaña de la plataforma 15mparato, impulsora de una querella contra Bankia, que pide el voto para el partido de Falciani.

Nuevo órdago del partido, ahora a Cañete

El candidato a las europeas del Partido X ha denunciado en varias ocasiones que los gobiernos impiden los avances en la lucha contra la corrupción. En esta ocasión, y volviendo a echar mano del recurso al órdago, urge al cabeza de lista del PP para las europeas Miguel Arias Cañete a reunirse con él para conversar sobre el problema de la corrupción.

"Nos hace gracia que el PP empiece la campaña hablando del futuro y con vista a errores del pasado", asegura Sánchez. "Queremos advertirles de que su política económica y anticorrupción están afectando a la recuperación", añade.

La última denuncia del Partido X llega 11 días antes de las elecciones europeas, en un momento en el que todas las formaciones se esfuerzan por intensificar su presencia mediática en un último sprint hacia los comicios.

Según los últimos sondeos, las cita con las urnas se saldará con la ajustada victoria del Partido Popular, pero también con la irrupción de nuevas iniciativas políticas como Podemos.

Este martes, el Partido del Futuro desafió a celebrar un debate a la formación que lidera Pablo Iglesias bajo pretexto de marcar sus diferencias y evitar que los ciudadanos los confundan, marcándoles un plazo de 24 horas.

Apenas una hora antes de expirar este plazo (16.00 horas del miércoles 14 de mayo) el Partido X asegura no haber recibido respuesta oficial de la formación de Iglesias, pero asegura que este jueves han sido invitados a un debate en La Tuerka, el programa presentado por el candidato de Podemos a las elecciones europeas.

Fuente: http://www.elplural.com/2014/04/16/desaparece-milagrosamente-el-listado-de-los-2-000-coches-oficiales-de-monago/

El archivo podía consultarse en la web de la Junta de Extremadura, pero ha sido borrado.

José Antonio Monago mantiene el discurso demagogo que le llevó a la Junta de Extremadura en 2011. Una de sus promesas fue recortar gastos y entre ellos el número de coches oficiales, que iba a reducir a 200. Sin embargo, lejos de su pretensión de austeridad, el presidente extremeño los ha aumentado hasta superar los 2.000.

La larga lista de vehículos podía verse en la propia web de la Junta, pero ahora eso ya no es posible. Monago se salta su compromiso de transparencia.

“El archivo ha desaparecido”

El Grupo socialista ha denunciado que Monago ha quitado del portal de la Junta el archivo, es el único cambio en la página, “que no se modifica desde noviembre del año pasado, según aclaran los socialistas.

Su portavoz de Innovación en la región, César Ramos Esteban, lo ha explicado así: “Algo sí se ha actualizado: el archivo de los coches oficiales del gobierno de Monago, que han aumentado hasta pasar los 2000 coches oficiales. Hoy si buscan en el portal el mismo archivo, ha desaparecido”.

EL traspaso de fondos de la escuela pública a la privada

El socialista ha afirmado que entiende por qué a Monago “no le gusta la transparencia”. Además del aumento en coches oficiales, “con los datos que se publicaron, hemos conocido cómo se traspasaron en 2012 casi 20 millones de la enseñanza pública a la privada. Comprobamos cómo gastaba mucho más de lo presupuestado en publicad, propaganda, comunicaciones, gastos de viaje y manutención”, ha puntualizado Esteban.

La realidad paralela

Los socialistas han denunciado que Monago ha intentado crear “una realidad paralela en Extemadura”, que “es incompatible con la transparencia, porque una realidad paralela a base de mentiras no es compatible con hacer públicos todos los datos. Monago no se puede permitir que los extremeños conozcan la realidad de su gobierno”.

Las lecciones de austeridad en la oposición

En 2010, un año antes de que Monago llegara a la Presidencia de Extremadura, Monago daba lecciones de austeridad al criticar al entonces gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara.

“Sé que hay 1.637 vehículos oficiales en el gobierno extremeño, once asignados a la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, coches oficiales no se han recortado, a día de hoy, ninguno”. Y entonces prometió poner fin a aquel despilfarra. Ahora sabemos que no sólo no cerró el grifo, sino que oculta sus derroches.

Fuente: http://www.publico.es/politica/514224/generalitat-valenciana-encuestas-publicas-manipulacion-privada

Alberto Fabra persiste en la práctica de Camps de contratar con dinero público sondeos de opinión social y política que esconde a oposición y ciudadanía. En breve podrá prorrogar o no el último contrato de más de 120.000 euros.

Si los ciudadanos saben que la principal preocupación de los españoles en el mes de marzo fue el paro, y la segunda, la corrupción (así como las tendencias electorales o el grado de valoración de nuestros políticos), es gracias al trabajo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El organismo depende del Ministerio de Presidencia, pero desde 1995 se rige por estrictas condiciones legales en cuanto a la transparencia de sus trabajos y la difusión de sus resultados. Cualquier ciudadano puede ahora mismo consultarlas en su web.

La Generalitat valenciana no dispone, en cambio, de un organismo de este tipo, pero sí de sondeos similares. Eso sí, ahí acaba todo parecido con los sondeos del CIS, el Centro de Estudios de Opinión de Cataluña, la IESA andaluz o el Euskobarómetro. Porque aunque los valencianos asuman el coste de esas encuestas, los resultados de las mismas los conoce en exclusiva el Consell que preside Alberto Fabra.

Nadie, excepto el presidente y su equipo, tiene acceso a los resultados de estos sondeos trimestrales cuya contratación inició Francisco Camps al año de aterrizar en el Palau de la Generalitat. Desde entonces, Camps gastaría en estos estudios cerca de 1.100.000 euros, mientras que Fabra -que sucedió al anterior prometiendo transparencia- ya ha añadido otros 250.000.

Al servicio del PP

El secretismo de los resultados, sin embargo, permaneció inalterable con el traspaso de poder entre uno y otro. Y quizás el motivo que lo justifique sea la evidencia de que las encuestas han siso siempre utilizadas por el gobierno valenciano para perpetuarse en el poder.

Pero no solo por la ventaja de conocer en exclusiva los resultados de unos estudios sociológicos de elevado coste económico pagados con dinero público, sino porque el mismo momento de la encuesta es utilizado para condicionar a los interrogados.

Como hace meses publicó el diario Levante  y ha podido corroborar Público, entre las preguntas formuladas a los encuestados no faltan las que plantean como una amenaza a un futuro gobierno de izquierdas.

"¿Cree que las cosas mejorarían para los intereses de la Comunitat Valenciana con un gobierno tripartito del PSPV, Compromís (Bloc) y Esquerra Unida?" o "¿Con qué ideas asocia un gobierno tripartito del PSPV, Compromís (Bloc) y Esquerra Unida?"  -incluyendo entre las respuestas cerradas "una alternativa que promovería el independentismo", "un gobierno de carácter catalanista" y "un gobierno de radicalización de Izquierdas"- son solo dos ejemplos de la intencionalidad del cuestionario. Nada que ver con el sondeo trimestral del CIS.

Más de tres millones de euros

Pero a pesar de esta revelación, el gobierno valenciano no ha rectificado en este ejercicio y, de no interrumpirse por parte de la Generalitat, el próximo 6 de mayo se prorrogará automáticamente el último contrato para la realización del sondeo.

Los valencianos abonarían así 119.000 euros más para que el Consell y, a su vez, los líderes del PP valenciano dispongan de manera privada de otro instrumento para preparar las elecciones autonómicas de 2015.

Con esta renovación el coste de las encuestas trimestrales alcanzaría el millón y medio de euros. No obstante, según información publicada en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, entre noviembre de 1997 (con Eduardo Zaplana de presidente de la Generalitat) y febrero de 2010, la Generalitat realizó no menos de 14 contrataciones (entre adjudicaciones y concursos) de estudios sociológicos y encuestas telefónicas, por un valor que rondaría otro millón y medio de euros. Estudios y encuestas cuyos resultados tampoco fueron revelados jamás a la ciudadanía.

A la cola en transparencia

La oposición ha reclamado en numerosas ocasiones que estos estudios se hagan públicos pero el gobierno valenciano se ha mostrado inflexible.

"Son instrumentos de carácter auxiliar para la elaboración de informes internos de la administración, y en ningún caso abordan temas relacionados con la intención de voto, ni valoraciones personales de líderes políticos", respondía en noviembre de 2012 el vicepresidente Ciscar a la pregunta parlamentaria del diputado autonómico de Esquerra Unida, Ignacio Blanco.

Por respuestas como ésta, Ciscar fue objeto a finales del pasado mes a una Proposición no de Ley a iniciativa de Esquerra Unida para ser reprobado por mentir en relación a estos estudios. Aunque la proposición fue secundada por la oposición al completo, la mayoría del PP en la cámara avaló al vicepresidente y el oscurantismo del Gobierno.

"Se trata claramente de un caso de apropiación de los recursos públicos para un uso partidista, es decir, la ya clásica concepción patrimonialista de la administración por parte del PP", señala Ignacio Blanco, que apunta que Esquerra Unida finalmente se ha visto obligada a acudir a la vía judicial para que los ciudadanos puedan conocer una información que en otras administraciones es pública.

Actualmente están pendientes de resolución siete recursos presentados por su partido ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano por vulneración de derechos fundamentales presuntamente cometida por el gobierno de Alberto Fabra.

El último informe de Transparencia Internacional situó al Parlamento valenciano entre los cinco menos transparentes de España, solo empeorado por los de de Madrid, Islas Baleares, Canarias y Murcia.

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Futbol-politica-ganan-clubes_0_208579886.html    

Todos los clubes de Primera División reciben ayudas públicas en forma de patrocinio, operación urbanística o uso de instalaciones públicas.

7 de los 20 equipos juegan con alquileres irrisorios en campos de propiedad pública.

Es imposible que un equipo de la elite del fútbol profesional español se enfrente en una competición continental a un club europeo que lleve como sponsor en su camiseta a una entidad pública. Las diputaciones provinciales, principales gestores de la promoción turística, han apostado por los clubes para promocionar sus playas, aeropuertos y demás atractivos locales.

Cuando ha fallado la diputación, se ha hecho cargo de una pegatina en la camiseta el ayuntamiento o la comunidad autónoma pertinente a través de la promoción de la televisión autonómica, por ejemplo. Un patrocinio público del fútbol que es un síntoma más de lo que lleva investigando la UE desde hace tres años: la financiación pública ilegal de los clubes españoles, según advirtió el pasado lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo.

“No hay manera de justificar que se ayude públicamente a una sociedad anónima por llevar el nombre de la ciudad, porque no se hace con otras empresas. Las subvenciones deben estar basadas en un aprovechamiento social”, explica Pablo Burillo, profesor de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid.

Burillo remonta el entramado del fútbol y las instituciones en España a la Dictadura, cuando “el único deporte que existía era el de competición”, y el que podía dar réditos a un régimen aislado del resto del mundo.

El ministro Margallo asegura que defenderá a los clubes españoles a capa y espada porque forman parte de la “marca España”, afianzando ese punto de vista que el profesor atribuye al franquismo. “El deporte social, promovido con instalaciones para los vecinos, comenzó en los ochenta. Hasta entonces, si se hacía una piscina, se hacía olímpica para la alta competición, porque daba igual hacer ejercicio para la espalda”.

El origen de la investigación de Bruselas a las ayudas ilegales al fútbol español es una incógnita. El ministro, que fue el que retomó el asunto después de varios avisos en el último año, no señaló al denunciante.

Sin embargo, algunos expertos sitúan en Alemania las quejas por las supuestas ventajas fiscales de los clubes españoles de alta competición en Europa.

“Es difícil de entender que un club con un beneficio de 40 millones de euros reciba dinero público para construir su estadio”, explica el redactor jefe de futbolfinanzas.com, Gontzal Hormaetxea. Se refiere al Athletic de Bilbao, que vendió al jugador Javi Martínez en el verano de 2012 al Bayern de Múnich por 40 millones, mientras el Gobierno vasco le pagaba el nuevo campo de San Mamés. 

El Athletic de Bilbao, FC Barcelona, Real Madrid CF y Osasuna CF son los únicos clubes españoles que no son sociedades anónimas deportivas gracias a que no tenían deudas cuando se modificó la Ley del Deporte en los noventa. Su estatus fiscal es de asociación, por lo que no pagan el impuesto de sociedades, aunque sí tributan igual en el pago de los altos salarios de sus jugadores. Este hecho no ha pasado inadvertido en Alemania.

Nada menos que el presidente del Bayern Múnich, el exjugador Uli Hoeness, declaró lo siguiente en marzo de 2012 tras conocer la enorme deuda de los clubes españoles cercana a los 700 millones de euros: "Para mí es el colmo, es impensable. Pagamos cientos de millones de euros a España para que salgan de la mierda y luego los clubes se eximen de pagar la deuda. Esto no puede ser así". Meses después fue investigado por un enorme caso de evasión fiscal de su fortuna personal con el Gobierno alemán.

El Gobierno se ha apresurado a defender a los clubes de fútbol que, en la estrategia del dominio de la opinión pública, es como defender a los votantes porque la identidad entre clubes en España y ciudad, región, nación o patria es casi plena.

Dinero público para el fútbol: la lista completa

Los ejemplos de apoyo público que han beneficiado a la totalidad de los clubes que actualmente compiten en la Primera División son numerosos. Muy pocos funcionan sin dinero público.

Almería CF.

Juega sus partidos oficiales en un estadio municipal inaugurado en 2005 con un coste de 21 millones de euros públicos. Además, utiliza como campo de entrenamiento las instalaciones municipales Juan Rojas.

Athletic de Bilbao.

La UE acusa a este club de estar constituido como asociación deportiva para evitar pagar el impuesto de sociedades. La operación urbanística para construir el nuevo estadio le ha costado a la Diputación de Vizcaya 50 millones de euros. Esta misma institución decidió el pasado verano retirar el patrocinio del club, que iba a costar a todos los vizcaínos 7,6 millones hasta 2016.

Atlético de Madrid.

Disfruta de una ciudad deportiva municipal cedida por el Ayuntamiento de Majadahonda por 50 años. El Ayuntamiento cobró parte de la deuda de este club con motivo de la operación urbanística por el traslado a La Peineta con entradas para ver los partidos.

Barcelona.

Al igual que el Athletic Club, Real Madrid y Osasuna, no paga impuesto de sociedades. La Generalitat abonó al club un patrocinio a través de TV3 por valor de 3 millones de euros anuales.

Celta.

Un porcentaje del club es directamente público al pertenecer a la nacionalizada Caixa Novagalicia. Disfruta de un viejo campo municipal, el de Balaídos, de 1928, para el que proyectó en 2003, sin éxito, la construcción de un hotel y centro comercial por valor de 60 millones a pagar entre el Gobierno, la Xunta, la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo.

La Xunta descartó por caro el proyecto y porque afectaba a la fábrica de Citroen, pero en ningún caso se alegó que el dinero público no iba a costearlo.

Elche.

Uno de los cuatro clubes valencianos beneficiado por los avales incontrolados del Gobierno de Francisco Camps. El Elche CF debe pagar 9 millones a la Generalitat antes de 2018, después de que las entidades bancarias ejecutasen el aval. Estos avales del Instituto Valenciano de Finanzas están siendo investigados por Bruselas.

Espanyol.

La Generalitat también pagó 3 millones de euros anuales al club catalán por lucir el logotipo de la televisión pública en la camiseta. La recalificación de terrenos de su antiguo estadio para construir el nuevo por 60 millones de euros incluía subvención pública.

Getafe.

Cuenta con un estadio municipal estrenado en 1998 y con una ciudad deportiva pública de uso privado. Además, el Ayuntamiento paga una subvención de 3,5 millones anuales por la labor del club en la escuela de 1.200 jugadores.

El alcalde actual, Juan Soler (PP), no ha descartado el plan del presidente del club, Ángel Torres, y el anterior alcalde, Pedro Castro (PSOE), de tirar el estadio actual y construir uno nuevo para 25.000 espectadores y centro comercial, pese a que la asistencia habitual al Coliseum Alfonso Pérez es de 11.000 personas.

"Si al Ayuntamiento no le cuesta dinero, lo veríamos bien porque un mejor estadio a Getafe le vendría bien y, si al club le viene bien, nos parece que es un proyecto del club y es respetable", ha declarado el alcalde.

Granada.

El club paga 150.000 euros de mantenimiento por un estadio municipal que se inauguró en 1995 y cuya última remodelación, pagada con dinero público, costó 1,2 millones de euros.

A pesar de ello, el club pelea por un nuevo estadio: "Sigo pensando que podíamos tener un estadio más grande. Merece la pena hacerlo, pero no a nivel de club porque es una operación que necesita de un mínimo de 10 millones de euros. La Cámara de Comercio hizo un estudio en el que se indicaba que estar en Primera suponía un beneficio económico de treinta millones de euros a la ciudad", dice el presidente de la entidad, Quique Pina.

Levante.

La Generalitat presentó un aval por 5,6 millones al club que, de momento, no se ha ejecutado. En diciembre deben pagar 1,5 millones. El Ayuntamiento de Valencia aprobó en noviembre de 2012 una operación urbanística calcada a la fracasada de Mestalla que incluye la construcción de siete torres de 20 alturas. El Levante CF no sabe dónde se iría a jugar.

Málaga.

Tras la quiebra y refundación del club en 1992, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía se hicieron propietarios del expropiado campo de La Rosaleda. En 2006 acabó la última remodelación, con un coste de 36 millones de euros públicos.  

Osasuna.

El Gobierno de Navarra adeuda 1,5 millones de euros por un patrocinio público que consistía en renombrar el estadio de El Sadar como Reyno de Navarra. La iniciativa tomada en un club de tradición vasquista en Navarra de llamar Reyno al estadio fue tomada por el Gobierno de UPN.

Betis y Sevilla.

Ambos clubes viven días convulsos después de que se conociera que el Ayuntamiento de Sevilla mantiene una subvención para promocionar los partidos entre ambos clubes en la ciudad por 340.000 euros anuales. El ayuntamiento se defiende diciendo que la Junta paga 50.000 euros a cada club por partido europeo, 15.000 euros por eliminatoria superada y 30.000 si ganan la competición.

Real Sociedad.

Desde 1993 tiene como sede el estadio municipal de Anoeta, que costó 21 millones pagados por la Diputación de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y el propio club. Además, el club recibía un millón anual por el patrocinio de la Diputación.

Después de conocer el apoyo público del Gobierno vasco a la construcción del nuevo estadio del Athletic, el club donostiarra aspira a retirar la pista de atletismo del estadio y ampliar así el aforo con una obra de 62 millones de euros que pagarían la Kutxa, la Diputación y el Ayuntamiento a cambio de gestionar la explotación comercial de una esquina del estadio. El proyecto está parado porque el ayuntamiento dice que sólo daría terreno público, pero no dinero.

Valencia CF.

El principal caso que investiga Bruselas en cuanto a ayudas financieras públicas ilegales. La Generalitat avaló a través del Instituto Valenciano de Inversiones una operación urbanística ruinosa que consistía en vender el solar del viejo estadio que todavía utiliza el club a cambio de unos terrenos públicos cedidos al Valencia donde se contruye el nuevo estadio. La bancarrota de Bancaja echó abajo toda la operación, por la que la Generalitat debe pagar cerca de 100 millones a Bankia.

Valladolid.

El estadio municipal José Zorrilla es de propiedad municipal desde El Mundial de 1982. En 1997 fue cedido al Real Valladolid por 40 años a cambio de que las modificaciones del estadio las haga el club. De ahí que la remodelación de los asientos la haya pagado Mahou.

El acuerdo incluye la cesión comercial del estadio. El club paga la irrisoria cantidad de 12 millones de pesetas (66.000 euros) al año, 250 entradas para casa y fuera y dos palcos para 18 personas. El Ayuntamiento se compromete a pagar al club 78.000 euros por el Trofeo Ciudad de Valladolid. Por tanto, el Ayuntamiento paga al Valladolid por usar un campo público. El convenio puede consultarse aquí. 

Villarreal.

Renunció en noviembre de 2012 a cinco millones anuales de sponsor de la Diputación de Castellón. “Existen otras prioridades a nivel social”, dijo su presidente, Fernando Roig, después de que el Villarreal cobrará 20 millones de euros por publicitar el aeropuerto de Castellón.

“Este es el momento de dar este paso. Creo que una entidad como el Villarreal debe ser lo que sus aficionados y su potencial le permitan ser, sin recibir un dinero que es vital para otras cosas y otra gente que lo necesita mucho más”, apuntó el presidente. La extrabajadora de Canal 9 y exconsejera de Deporte Lola Johnson añadió: “El Villarreal demuestra que quiere una sociedad mejor. Nos da una lección de cómo nos debemos adaptar a la situación tan dura que vivimos”.

Real Madrid CF.

Bruselas investiga su constitución como asociación deportiva y la operación urbanística por la que vendió el terreno de la antigua ciudad deportiva del Paseo de la Castellana gracias a la recalificación de terrenos ordenada por el entonces alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. El club obtuvo a cambio una parcela donde construyó su ciudad deportiva actual en Valdebebas.

Fuente: http://www.publico.es/486905/gurtel-anoto-como-cobro-ficticio-los-viajes-que-regalo-a-ana-mato

Se refiere a traslados del exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y su familia desde Madrid a Dublín, Tenerife, Compostela, Jerez, Sevilla o Mérida.

La red de corrupción 'Gürtel', que dirigía presuntamente el empresario Francisco Correa, anotó como "cobro ficticio" los viajes que sus empresas pagaron al exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda, imputado en el procedimiento, y su entonces esposa, la actual ministra de Sanidad, Ana Mato.

Así consta en dos anotaciones manuscritas que aparecen en la nueva documentación del 'caso Gürtel',que acompañan dos listados de viajes que aparecen reflejados bajo el encabezado "extracto servicios sres. Sepúlveda/Mato".

La primera nota, que dice textualmente "cobro ficticio 12/12/03", acompaña un listado de viajes por valor de 18.111,90 euros que, según esta documentación, habría realizado Sepúlveda solo y en ocasiones en compañía de su esposa y de uno de sus hijos. El segundo listado, en el que se ha escrito a mano la expresión "cobro ficticio. Caja Blasco 2001", contempla desplazamientos y gastos de hotel por valor de 1.967,02 euros.

De esta forma, los listados reflejan que las empresas de Correa sufragaron entre el 9 de febrero de 2001 y el 13 de noviembre de 2003 viajes en avión desde Madrid a Dublín (Irlanda), Tenerife, Santiago de Compostela o Jerez de la Frontera (Cádiz), billetes de tren a Sevilla o estancias en el parador de Mérida.

Estos viajes fueron recogidos en un informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía remitió el pasado 1 de febrero al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que se sostenía que Pasadena Viajes, la agencia con la que trabajaba la trama, financió viajes y estancias disfrutados entre 2000 y 2004 por el ex alcalde popular de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda, su entonces esposa y actual ministra de Sanidad Ana Mato y sus tres hijos.

Los investigadores señalaban que el gasto total de la familia Sepúlveda Mato ascendió a 50.049 euros. Los servicios turísticos "particulares" prestados por Pasadena Viajes al matrimonio ascendió a 10.234,57 euros en el año 2000, 11.822,06 en 2001, 14.392,50 en 2002, 6.759,16 euros en 2003 y otros 6.840,72 euros en 2004.

Durante el periodo 2000-2004 la contabilidad B de la trama relacionaba a la ministra de Sanidad con gastos abonados por estancias en el Hotel Sidi Saler de Valencia en abril de 2001, así como en el Fitz Willian de Dublín, donde se hospedó en septiembre de ese mismo año con su hijo Borja. En ese mismo hotel estuvo alojado Jesús Sepúlveda tres meses más tarde.

La contabilidad B de Correa también atribuye a Ana Mato el disfrute de diversos coches de alquiler en Jerez de la Frontera (Cádiz), Sevilla y Málaga en el periodo 2001-2003 y los gastos originados por el avión, hotel y alquiler de un coche en Santiago de Compostela en julio de ese último año.

Entre los gastos registrados, destacan los 2.388 euros que costaron los billetes de avión Madrid-Tenerife que tomó con sus tres hijos en diciembre de dicho año. Igualmente, durante todo el periodo analizado se abonaron gastos de viajes de sus hijos en solitario, como los de Borja Sepúlveda a Dublín y Barcelona y sus hijas Ana y Sol a Jerez.

Los más numerosos son los viajes atribuidos al ex primer edil de Pozuelo, entre los que destacan estancias en diferentes hoteles de Mérida como el Tryp Medea y el Parador Nacional de dicho municipio. También aparecen estancias no atribuidas a ningún miembro de la familia, como la registrada en abril de 2001 en el Hotel El Fuerte de Marbella.

Fuente: http://www.publico.es/486664/gurtel-se-encargo-de-los-retoques-con-photoshop-de-las-arrugas-de-esperanza-aguirre

Empresas de la trama Gürtel se encargaron de los retoques digitales para eliminar arrugas y otros defectos en la imagen de Esperanza Aguirre que figuraba en los carteles de las elecciones de 2003, cuando logró por primera vez la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En los carteles electorales de 2003. Rialgreen, empresa administrada por Pablo Crespo, coordinó el trabajo.

Así se refleja en las facturas y otros documentos incautados a la organización e incorporados al sumario que instruye el juez Pablo Ruz, que ha dado traslado de los mismos durante los últimos días a todas las partes personadas para que los tengan a su disposición.

En concreto, la empresa Rialgreen, S.L., que estaba administrada por el 'número dos' de la trama Pablo Crespo --exsecretario de Organización del PP gallego-- abono los 662,36 euros correspondientes al "retoque Esperanza Aguirre", realizado en 2003 por Asa Digital. Según la factura emitida el 30 de octubre de ese año por esta última compañía, el trabajo consistió en "1 escaneo A3, eliminar arruga de brazo, suavizar arrugas, comisuras labios, línea inferior de ojos, verruga en la nariz, cuello: eliminar venas, y salida CD".

Las sesión de fotos se hizo en agosto del mismo año por el fotógrafo Miguel Toledano y costó 2.020 euros, pagados por Rialgreen.Además, el mismo año, pero en mayo, otra empresa, Milímetro Diseño Gráfico, ya se había ocupado de otros retoques fotográficos de Aguirre para vallas publicitarias, por importe de 626,40 euros, también pagados por Rialgreen.

Entonces el trabajo consistió en "retoques fotografía en pelo y ojos en alta resolución para valla color y nueva trama B/N. Nuegos retoques cambiando el color del jersey (más rojo). Nuevo tramado láser y grabación en disco". 

La explicación de tanto retoque es que en el año 2003 hubo dos campañas electorales, las primeras en mayo de 2003, donde Aguirre no consiguió mayoría absoluta, que sí sumaban PSOE e IU juntos, y otra en octubre, después de que el 'tamayazo' dejase sin opciones de ser presidente de la Comunidad madrileña al socialista Rafael Simancas.

La documentación incorporada al sumario destaca colaboraciones de empresas de Gürtel con campañas electorales de otros dirigentes del PP como Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, o Luis Rogelio Rodríguez, primer edil de Almería.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2013-12-03/la-generalitat-oculto-durante-meses-una-denuncia-interna-sobre-malversacion_61878/

El Gobierno catalán escamoteó durante meses una denuncia interna sobre supuestas malversaciones en el Cesicat, el centro que controla todas las telecomunicaciones y que algunos pretendían convertir en el núcleo de la Agencia de Seguridad Nacional  (ASN) o, dicho de otro modo, en el CNI catalán.

La denuncia fue formulada por un asesor, Albert G., que trabajó durante cinco meses para el Cesicat en el año 2012 como colaborador externo. En esa etapa, detectó algunas anomalías en el funcionamiento del centro y lo comunicó al consejero del que depende éste, Felip Puig, así como al consejero de Interior, Ramon Espadaler, y a la directora de los servicios jurídicos de Gobernación, Esther Rivera.

“La base de mis denuncias internas era la deriva de la entidad, la inseguridad total de la Generalitat y la malversación de fondos como causa nuclear de la misma, hasta el extremo que llegó un momento en que me desligué del Cesicat y dejé de colaborar con él”, explica Albert G. a El Confidencial.

Una comunicación interna realizada el pasado 24 de marzo a Felip Puig, consejero del que actualmente depende el Cesicat, señalaba que se podrían economizar muchos recursos incluso echando mano de programas gratuitos, ya que “el estado de la Generalitat es de muy alta vulnerabilidad”.

Así denunciaba que una herramienta de Microsoft que reduciría mucho esta vulnerabilidad “no se despliega y ni tan siquiera se valora porque es gratuita y esto no genera un pedido al amigo proveedor”. Otras fuentes señalan que en los últimos años se fueron incorporando al centro de telecomunicaciones varios asesores “de confianza” de los actuales gestores del Gobierno y de ahí que se perdiese rigurosidad.

Lo cierto es que, tras las denuncias internas, según parece, los correos de Albert G. fueron interceptados por los directivos del Cesicat. “Es que no sólo eran leídos por otras personas, sino que eran desviados a un buzón de destino a nombre de filtre.altabis”, explica Albert G. a El Confidencial. Internamente, el propio consejero Felip Puig se llegó a reunir con Albert G. después de que éste le pusiese al corriente de la vulnerabilidad de la web del Gobierno catalán. “Y le expliqué los problemas que yo había detectado dentro del Cesicat”, zanja.

Sospechas confirmadas

El pasado 16 de mayo, Albert G., ya conocedor de que sus correos eran desviados, comunica a Rivera y a Puig que su e-mail está intervenido desde la propia Generalitat: “Algún listo creó la regla en el servidor de correo para que cualquiera de mis correos dirigidos a gencat [el servidor de la Generalitat de Cataluña], sea quien sea su destinatario, automáticamente sean recibidos por un tercer buzón.

Las comunicaciones son privadas. Si las envío a tres destinatarios y se están copiando automáticamente a un tercer buzón que accede a mis comunicaciones y las lee, es más que probable que pudiese generar problemas legales, vía penal, por vulnerar el secreto de las telecomunicaciones. Como habíamos comentado por teléfono, “sólo” quiero que se identifique quién ha ordenado esta actuación y está o estaba recibiendo mis correos, tratando mis datos personales de forma más que no pertinente”.

Después de que las denuncias internas cayesen en saco roto, Albert G. presentó una denuncia en el juzgado el pasado 5 de julio, que fue admitida a trámite. La denuncia detallaba pormenorizadamente la interceptación de cinco correos privados de Albert G.  a los altos cargos de la Generalitat.

“La investigación policial deberá determinar si existen más personas receptoras ilegítimas de mis correos interceptados que estuvieran cometiendo los delitos denunciados y si ésta es una práctica de interceptación generalizada en los sistemas de la Generalitat de Cataluña y si existen otras víctimas de estas actuaciones graves e ilegales”, dice la denuncia.

Un informe infumable

El pasado 8 de noviembre, el juez decretó el archivo en base a un informe realizado por los Mossos d’Esquadra. Y eso que Abert G. exponía en su denuncia la necesidad de encargar la investigación a la Policía Nacional o la Guardia Civil, ya que los Mossos d’Esquadra eran parte interesada en el Cesicat, puesto que trabajaban juntos y en el centro de telecomunicaciones existen enlaces de la Policía Autonómica.

El informe de los Mossos es curioso: consta de sólo nueve líneas y dice que analizada la documentación aportada “se determina que no aparece ninguna clase de evidencia aparente de interceptación de las comunicaciones. Lo que se puede apreciar es que los correos dirigidos al buzón de destino del señor Felip Puig son desviados a otros de absoluta confianza del receptor para agilizar la respuesta y/o el tratamiento”.

Albert G. interpuso recurso contra este archivo hace unos días, desmontando las razonamientos del informe pericial emitido por los Mossos porque “carece de cualquier pericia técnica”, puesto que lo que parece es “una simple opinión que carece de cualquier sustento  científico-técnico y que además no describe ni siquiera el método de análisis usado si es que se ha usado algún método”.

El exasesor, además, había entregado al juzgado documentos que mostraban la trazabilidad de sus correos, esto es, la huella que habían dejado y que evidenciaba su interceptación.

“Los mensajes de correo electrónico están formados no solamente por el contenido que podemos ver, sino también por una serie de datos para su trazabilidad, que incluyen información como, por ejemplo, la dirección de correo del remitente, la del destinatario, la fecha en la que se envió el mensaje, etcétera.

Analizando estos datos, se puede obtener información técnica sobre el mensaje de correo, como por ejemplo, los servidores de correo por los que ha pasado, en qué máquina se ha generado el mensaje o referencias sobre a qué mensaje responde, en caso que dicho mensaje sea respuesta a un tercero. Entre los campos existentes en estos datos, existe el campo ’Message-ID’, que es único para cada mensaje de correo generado para identificarlo de forma inequívoca.

Pero además el campo más relevante para este análisis es el campo ‘Thread-Index’, utilizado por varios sistemas de correo para ordenar los mensajes que corresponden a una misma conversación…”, explica en el recurso.

El exasesor apela también a la instrucción de la Generalitat 1/2012 del 15 de junio del año pasado, que dice textualmente que “el personal podrá hacer un uso privado del correo electrónico corporativo siempre que se haga de manera excepcional, no abusiva y circunstancial, a los efectos de atender asuntos inexcusables que eviten la ausencia del puesto de trabajo o que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral.

En ningún caso se podrá utilizar el correo electrónico para desarrollas actividades privadas cuyas compatibilidades hayan sido autorizadas”. Por si fuera poco, aduce que en los hechos denunciados pueden estar implicados “superiores jerárquicos” de los agentes que realizan el informe en cuestión “e incluso miembros de la unidad de delitos informáticos”. Por tanto, vuelve a solicitar que sea la Policía o la Guardia Civil quien realice las investigaciones.

A Albert G. se le atribuye la filtración de algunas de las informaciones sobre el Cesicat que han ido goteando las últimas semanas, como por ejemplo la monitorización de cuentas Twitter para realizar seguimientos de activistas. Él lo niega.

“Yo no filtré nada. No he tenido acceso a los documentos que se han filtrado. Ha sido Anonimus quien comenzó a filtrar cosas tras la muerte del empresario Benítez en el Raval. Yo mantengo un contencioso con la Generalitat y llegaré hasta el final para que se depuren responsabilidades por la interceptación de mis correos, pero no robé ni filtré ningún documento sobre seguimientos a activistas”.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2013-11-17/la-prosperidad-de-valencia-se-cae-a-pedazos-lastrada-por-anos-de-despilfarro-y-corrupcion_55020/

La prosperidad de la Comunidad Valenciana, a la que su vecina Cataluña miraba de reojo hasta hace bien poco con una mezcla de envidia y recelo, resultó ser un espejismo. Tras casi dos décadas ininterrumpidas de gobiernos del PP, los valencianos pagan hoy los platos rotos de los excesos -y fueron muchos- de la era Camps.

Despojada para siempre de las joyas de su sistema financiero -Bancaja y la CAM-, sin tejido industrial, carcomida por un índice de desempleo que supera el 28% y asfixiada por una deuda de casi 30.000 millones de euros, la región acaba de perder también un referente emocional y lingüístico: Canal Nou. Y con él buena parte de su autoestima colectiva.

Cuando Eduardo Zaplana apeó de la Generalitat al socialista Joan Lerma, en 1995, la televisión autonómica contaba con una plantilla que apenas llegaba a los 650 trabajadores.

Ahora, con casi 1.700 empleados -no pocos de ellos familiares, amigos y enchufados del PP-, una deuda acumulada que roza los 1.400 millones de euros, una credibilidad engullida por la obscena manipulación de los gestores -léase comisarios políticos- nombrados por el partido y unos índices de audiencia raquíticos, Canal Nou se había transformado en un tumor que Alberto Fabra se ha visto empujado a extirpar de raíz, en parte por la torpeza con la que él mismo manejó el ERE que los jueces han acabado tumbando.

El actual presidente de la Generalitat llamó a Madrid para intentar a la desesperada que Cristóbal Montoro le diera un dinero extra con el que salvar in extremis la cadena. Pero el ministro de Hacienda se aferró a la ortodoxia del déficit y le dio con la puerta en las narices. Mariano Rajoy, que ni siquiera se le puso al teléfono, sigue apostando por Fabra no por convicción, sino porque no tiene recambio.

Es un president débil y sin autoridad, incapaz de gobernar su propio partido -el líder del PP valenciano, Alfonso Rus, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le ningunean en cuanto tienen ocasión- y que, para combatir su soledad y falta de apoyos, se ha rodeado de un reducido equipo de fieles -con el vicepresidente José Ciscar a la cabeza- muy cuestionado internamente.

Y, sin embargo, Fabra no es el principal responsable de que Valencia sea hoy una comunidad corroída por la corrupción y al borde de la quiebra. Es cierto que llegó al poder en 2011 sorteando las urnas y por el atajo del dedo de Rajoy, después de que éste se desembarazase por fin del lastre que suponía Francisco Camps; pero no lo es menos que la herencia recibida es demasiado pesada.

Cuando fue investido presidente se encontró con casi un tercio de los diputados del PP en las Cortes valencianas imputados por corrupción en un sinfín de sumarios -Gürtel, Brugal, Emarsa...-, una deuda que representa casi el 30% del PIB regional, una renta per cápita un 12% inferior a la media del país y, por delante, un ingrato panorama de recortes del gasto social.

El crak del sistema financiero valenciano

Fabra tuvo la mala fortuna de estrenarse en el cargo justo en el momento en que comenzaban a caer, una tras otra, las fichas de dominó del sistema financiero valenciano. En julio de 2011, el mismo mes en que llegó al poder, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) fue intervenida y adjudicada al Banco Sabadell. Poco después se desmoronó el Banco de Valencia, entregado en bandeja a La Caixa, y la última pieza en derrumbarse fue Bancaja, absorbida por Bankia.

En pocos meses, con Fabra de espectador, la Comunidad Valenciana había perdido las tres joyas de la corona de su sector financiero, dos de las cuales -Bancaja y la CAM- habían presumido hasta anteayer de ser la tercera y la cuarta cajas de ahorros de España.

Buena parte de la desintegración del sistema financiero valenciano hay que atribuírsela a la negligencia de los dirigentes del PP, que pusieron al frente de los consejos de administración de las cajas a empresarios afectos y gentes del partido; al impúdico saqueo al que éstos han sometido durante años a esas entidades, convertidas en una agencia de colocación del poder político; y a la nefasta gestión de las mismas, siempre al dictado de las directrices emanadas desde la Generalitat y sus terminales.

Y muchas veces con la callada complicidad de los socialistas valencianos, que hacían la vista gorda a cambio de puestos de consolación remunerados con jugosas dietas en las participadas o en las fundaciones.

Baste un ejemplo para ilustrar la calamitosa gestión de las cajas valencianas. Lo contaba recientemente en El Confidencial Ignacio de la Torre, del prestigioso Instituto de Empresa: el Valencia C.F. amplió capital en 2009 para evitar la bancarrota, pero sólo consiguió 19 millones de euros de los 92 que buscaba.

¿La solución? La fundación del club suscribió los otros 73 mediante un préstamo de Bancaja con la aquiescencia del poder político autonómico, por lo que el Instituto Valenciano de Finanzas (el brazo financiero de la Generalitat) avaló dicho préstamo, 305 millones en total, para levantar un nuevo estadio e incluso costear varios fichajes. A día de hoy, el Valencia sólo ha podido devolver 90 millones de los 305 adeudados.

Pero el hundimiento del andamiaje financiero no fue el único sapo que Fabra tuvo que tragar. El president también ha heredado, en forma de deuda, los proyectos faraónicos -y ruinosos- impulsados por Zaplana y Camps, desde el parque de atracciones Terra Mítica a la hollywoodyense Ciudad de la Luz, ambas en Alicante, pasando por el aeropuerto fantasma de Castellón, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Copa del América o el circuito urbano, hoy en estado de abandono, para acoger las carreras de Fórmula 1, un capricho de Camps que se comió cerca de 90 millones de euros de las arcas públicas.

Y gracias, porque el patrón Bernie Ecclestone acaba de perdonar a la Generalitat la penalización, también millonaria, por renunciar a la competición.

De aquellos polvos del despilfarro llegan ahora los lodos de los recortes. ¿Por qué iba a pensar el manirroto Camps, durante los años de bonanza, que el filón de oro del ladrillo se iba a agotar? Hasta que la burbuja inmobiliaria reventó, la Generalitat recaudaba dinero a espuertas gracias a la fiebre de la construcción -y la especulación- que salpicó el litoral valenciano de urbanizaciones, macrocomplejos, chalets, adosados, segundas residencias y engendros urbanísticos como Marina d'Or, cuya última ampliación, un parque de ocio bautizado Mundo Ilusión, ha sido recientemente anulada por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Aquella apuesta por el monocultivo inmobiliario y turístico también arrastró al sector financiero, y éste, a su vez, al tejido empresarial.

Catástrofe empresarial

La falta de crédito ha devorado a más de 35.000 pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana sólo en los últimos cuatro años y en todos los sectores del tejido productivo, aunque se ha cebado especialmente en la construcción y la industria. Vicente Lafuente, presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), dio la semana pasada la voz de alarma: "Dos de las peores secuelas que nos está dejando esta crisis son la precariedad extrema a la que están llegando muchas pymes y la pérdida de la clase media empresarial".

Uno de los escasos dirigentes del PP fieles a Fabra, que prefiere permanecer en el anonimato, se lamenta de la prosperidad perdida y de la "invisibilidad" de la Comunidad Valenciana.

"La corrupción nos ha hecho mucho daño", admite. Pero la herencia recibida de Camps y Zaplana ya no sirve de consuelo, entre otras razones porque los populares llevan gobernando ininterrumpidamente en la región desde 1995, y no hay un José Luis Rodríguez Zapatero autóctono a quien culpar del desastre.

Tal vez por eso algunos recurren al sarcasmo como vía de escape a tanta calamidad. Un ejemplo: la página de Facebook La corrupción es como la paella: en ningún sitio la hacen como en Valencia ya tiene cerca de 25.000 seguidores.

Fuente: http://www.elplural.com/2013/11/15/el-80-de-los-ciudadanos-piensan-que-la-corrucion-esta-extendida-en-el-gobierno/

Demoledor informe de la OCDE en España: sólo ganamos al resto de países de la UE en desconfianza hacia el Ejecutivo y los partidos políticos.

España era en 2012 uno de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) donde hay más ciudadanos, casi el 80 por ciento, que piensan que “la corrupción está extendida en el  Gobierno”, superado solo por República Checa, Grecia, Portugal, Italia, Corea del Sur y Hungría. Son datos que forman parte del informe ‘Panorama de las administraciones públicas 2013′, publicado este jueves por la OCDE.

Media europea del 45%

La confianza en el Ejecutivo central en los Estados miembros disminuyó, de media, de un 45%  en 2007 a un 40 por ciento en 2012, de acuerdo con datos de la encuestadora Gallup.

España, campeona europea de la desconfianza

El documento incluye también datos de un Eurobarómetro de 2013 según el cual España es el país de la UE donde es más baja la “tendencia a confiar” en el Gobierno y uno de los países con menor confianza en los partidos políticos, en ambos casos por debajo del 10 por ciento.

Los españoles, por debajo de la media en confianza en la Justicia

Además, la confianza de los españoles en el sistema judicial está por debajo de la media europea. Sólo un 29 por ciento de los españoles dicen estar satisfechos y confiar en el sistema, frente a una media del 51 por ciento en la OCDE. Son muchos más los que expresan su confianza en la Policía (75 por ciento, tres puntos por encima de la OCDE), en la sanidad pública (74 por ciento, tres puntos más) y la educación pública (63 por ciento, tres puntos menos).

Ve inviable el mantenimiento de los recortes

El estudio de la OCDE ve asimismo inviables a largo plazo los recortes aplicados en el empleo público. “Reducciones significativas en el empleo público son difíciles de sostener a largo plazo, ya que las demandas de los ciudadanos crecen”, consideran los autores del estudio.

En este sentido estiman que la mayor demanda se puede solventar en parte con incrementos de productividad o externalizando servicios al sector privado. Dentro de la propia OCDE existen grandes diferencias en el tamaño relativo del empleo público: en Noruega y Dinamarca alcanza al 30 % de la población que trabaja, mientras que en México, Corea del Sur, Grecia o Japón es el 9 % o menos; la media de la organización es del 16 %.

Cae el empleo público

Y entre 2011 y 2011 decreció en la mayor parte de los países del conocido como “club de los países desarrollados” el empleo de las empresas públicas en porcentaje del total de la población laboral: de una media del 5,7 % en 2001 hasta el 4,7 % en 2011, precisó la OCDE. En relación con la estructura del empleo público, el estudio detectó entre esos años poca variación entre el porcentaje de trabajadores públicos en la administración central y las entidades regionales.

Descentralización

Entre los países donde sí se percibió una mayor descentralización destacaron España, la República Checa y Japón, donde la parte de empleados en los niveles regionales aumentó en 10 puntos o más. En el caso de España, la OCDE vincula el fenómeno con la delegación de competencias desde el Estado hacia las comunidades autónomas, pero también coincidió con un recorte de los efectivos desde 2010, constataron los autores del estudio.

Solo en el caso de Noruega se dio en ese período un proceso contrario, es decir, una “notable” centralización del empleo público, con un incremento del 13 % en el número de personas que trabajan en la administración central.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2013-11-12/interior-asalta-la-udef-y-nombrara-a-dedo-a-los-policias-que-cerraran-el-caso-barcenas_52199/

La Dirección General de la Policía Nacional acaba de convocar un concurso de libre designación para cubrir los principales puestos de mando de la Comisaría General de la Policía Judicial (CGPJ), un movimiento que permitirá al Ministerio del Interior elegir a dedo a los máximos responsables de las pesquisas sobre los escándalos de corrupción, entre ellos, los casos Gürtel y Bárcenas, dos frentes judiciales que han puesto contra las cuerdas la credibilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy. 

La convocatoria fue publicada el pasado lunes 4 de noviembre por la Orden General de la Dirección General de la Policía, el boletín oficial del cuerpo, y se enmarca en un proceso de actualización del catálogo de puestos de trabajo.

Entre las plazas que salen a concurso se encuentran las de jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado; jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera; jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción; jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica; jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal; jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática y jefe de la Brigada de Investigación del Banco de España, todas ellas encuadradas en la Comisaría de Policía Judicial.

La lista es mucho más larga, pero destacan esos siete puestos. En cuestión de semanas serán ocupados por funcionarios elegidos por el Ministerio del Interior. 

Dos de esos nombramientos tendrán especial incidencia en el funcionamiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la sección de élite en la lucha contra la corrupción que ha provocado los mayores dolores de cabeza al Gobierno y al Partido Popular.

Sus miembros son los autores de los informes que han permitido avanzar en la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas, en los que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación y financiación ilegal, entre otros, cometidos a la sombra de Génova durante más de un lustro. Serán también los funcionarios de la UDEF los que determinen el alcance penal de estos dos escándalos con las numerosas pruebas que aún tienen que aportar a la Audiencia Nacional.  

Relevos en la dirección de la UDEF

Por un lado, la convocatoria de la Dirección General de la Policía deja en el aire la continuidad del jefe de la UDEF, el comisario principal Manuel Vázquez. Según fuentes consultadas por este diario, Vázquez ha manifestado a su entorno su intención de abandonar el cargo para dejar atrás las presiones que está soportando por el puesto tan delicado que ocupa. Su objetivo es marcharse a la sección de Investigación Tecnológica, de la que ya fue máximo responsable antes de aterrizar en la dirección de la UDEF en julio de 2012.

La convocatoria anunciada ahora facilita su salida al sacar a concurso la plaza a la que aspiraría Vázquez, la de jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica. Si Vázquez se va, Interior tendrá vía libre para colocar al frente de la UDEF al comisario principal que prefiera. La decisión sólo dependería del Ministerio.

El otro puesto clave que queda en las manos de Interior es el que se encuentra justo por debajo del que ocupa Vázquez, el de jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la sección de la UDEF que más directamente se ha implicado en los dos casos relacionados con el PP. En esta brigada trabaja el inspector Manuel Morocho, el autor de los informes que han vinculado a dirigentes populares con Gürtel.

La dirigente más señalada por sus investigaciones ha sido la ministra de Sanidad, Ana Mato, que según sus informes habría recibido numerosos regalos de lujo de la trama corrupta durante el tiempo que estuvo casada con el exdirigente del PP Jesús Sepúlveda. No obstante, sus hallazgos han tenido consecuencias, de un modo u otro, para la mayoría del Gobierno. 

El jefe actual de la Brigada de Blanqueo de la UDEF es el comisario José Luis Fernández Gudiña. Su nombramiento para el cargo se produjo durante la época del Gobierno socialista pero no es un puesto de confianza. Sin embargo, la convocatoria aprobada por la Dirección General de la Policía saca la nueva denominación de su plaza a concurso, la de jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Según aseguran fuentes cercanas, Fernández Gudiña tiene intención de solicitarla para permanecer en el puesto, pero Interior tendrá la última palabra. Incluso en el caso de que opte por mantenerlo, el Ministerio mandará el mensaje de que su continuidad es fruto de la confianza que hay depositada en su trabajo. 

No cuentan los méritos

Lo mismo podrá hacer con otros cinco puestos decisivos de la Comisaría de Policía Judicial. Al tratarse de un concurso de libre designación, no hay ningún factor objetivo que deba ser observado por los responsables de los nombramientos, todo lo contrario que en concurso por méritos, donde se valora la experiencia en el cargo y la hoja de servicios. En los de libre designación, sin embargo, es suficiente con tener el rango para acceder al empleo. El resto depende de la voluntad de los responsables políticos del Ministerio. 

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)La convocatoria del concurso se produce sólo tres semanas después del polémico relevo del comisario de la Policía Judicial, José García Losada. Es la tercera vez en lo que va de legislatura que Interior cambia al responsable de las unidades policiales encargadas de investigar los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar.

Losada sólo ha durado 15 meses en el cargo, y su antecesor, el comisario José Enrique Rodríguez Ulla, apenas estuvo cinco meses.

El nuevo comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, reunió a sus subordinados directos unos días después de llegar al cargo para asegurarles que no tenía intención de realizar cambios. Sin embargo, el concurso de libre designación abierto por la Dirección General de la Policía permitirá a Interior ejecutar una remodelación completa de la cúspide de la Policía Judicial.

El plazo para la presentación de los candidatos interesados en cubrir las vacantes concluye en una semana. Después, los responsables de Interior tendrán un mes para realizar la selección de los funcionarios que cubrirán las vacantes. Antes de que concluya el año se conocerán los nombres de los nuevos responsables policiales de los casos de corrupción.