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El supuesto borrador sobre las cuentas suizas de Mas no tiene fecha, firma ni sello, ni destinatario

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1656620/0/borrador-Mas/sin-fecha/sin-firma/

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha difundido entre los medios de comunicación el borrador del informe policial que vincula a las familias del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y del expresidente Jordi Pujol con cuentas suizas para el cobro de comisiones.

Dicho borrador, al que ha tenido acceso 20minutos, no tiene ni fecha, ni firma, ni sello, ni destinatario y consta claramente que se trata de un borrador "pendiente de resgistrar".

 

 

El documento recibido por el SUP no tiene registro de salida y se referencia como "Diligencias Previas 3360/2009-D del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona", el que se encarga precisamente de investigar el caso Palau (sobre el supuesto saqueo del dinero destinado al Palau de la Música de Barcelona).

 Se trata por lo tanto de un borrador anónimo de cuya elaboración nadie se responsabiliza, como ya se desprendía de la declaración del comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF), Manuel Vázquez, quien el jueves, ante el juez del caso Palau, negó haber hecho o haber encargado ningún informe, borrador o investigación sobre la causa en los últimos meses. 

En los 17 folios del borrador no se mencionan "directamente" a Mas y Pujol, sino la relación del padre de Mas y de un hijo de Pujol con cuentas suizas.

 

 

El máximo responsable de la UDEF niega haber encargado el informe

En el documento que el SUP ha entregado a la prensa se incluye una carta anónima enviada a la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF central, grupo 24, por una persona "retirada de la vida empresarial" que dice actuar después de haber reflexionado tras ver el programa Salvados de La Sexta. Esta persona denuncia que "las famosas donaciones a la fundación Trías Fargas" eran, en realidad "pagos, comisiones o peajes".

El borrador estaba en una carpeta de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (Udef) y posiblemente "alguien consideró que era conveniente que "no apareciera", como ha denunciado este viernes, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet.

 

 

El sindicato SUP, mayoritario en la Policía Nacional, ya ha entregado al juez del caso Palau el borrador policial. El borrador se habría realizado con el contenido de cuatro informes policiales presentados al juez en los años 2011 y 2012. Al entregar este borrador al juzgado, el sindicato pide al juez que lo investigue para "contribuir al esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos" denunciados en los escritos.

En una rueda de prensa, Sánchez Fornet, ha opinado que en el informe en poder del sindicato no cree que haya "una acusación directa" contra Mas, si bien ha matizado que el no avala la certeza de lo expuesto en el informe, ni acusa ni defiende a nadie.

Sánchez Fornet ha considerado que el informe se hizo realmente por policías y "alguien decidió" que no se incorporara a ninguna causa judicial y se quedara "durmiendo en un cajón".

 

 

El SUP ha denunciado las trabas para investigar casos de corrupción relacionados con políticos y empresarios de relevancia, al hilo de la polémica sobre el borrador. "Hay mucha indignación entre policías y mossos por las dificultades que se encuentran a la hora de investigar los casos que tengan que ver con políticos y empresarios", ha dicho el responsable del SUP.

En el escrito remitido al juez, el sindicato policial explica que en el "borrador" de informe se comentan pagos de comisiones ilícitas presuntamente recibidas por determinadas entidades, "así como en cuentas de algunos dirigentes políticos y de sus familiares directos más allegados".

 

 

El SUP cree que se trata de la obra de policías o mossos indignados

Sánchez ha apuntado la posibilidad de que la filtración del informe, que fue publicado por El Mundo, sea obra de policías o mossos d'Esquadra "indignados" con supuestas prácticas de ocultar casos de corrupción cuando afectan a políticos o empresarios de relevancia.

Fornet ha dicho que no entiende que el Ministerio del Interior haya dicho que no encuentra el borrador y que no se haya abierto una investigación judicial sobre todo lo que denuncia el texto.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto diligencias contra el periódico El Mundo por un delito de calumnias a raíz de la denuncia presentada por la Generalitat catalana por la publicación de este borrador policial.

 

 

Para Mas, que Interior no haya confirmado que haya localizado el "borrador" policial es una "evidencia" de lo que él creyó desde el primer día en que apareció publicada la información de El Mundo: que era "un montaje con la finalidad de intentar alterar por vías no democráticas y seguramente no legales la voluntad del pueblo de Cataluña" que se debe expresar en las urnas el próximo domingo.

Mas, que ha reconocido que su padre se acogió a la amnistía fiscal para regularizar su situación financiera, ha dicho que  no tiene por qué hablar de sus padres. "Mis padres no se presentan a las elecciones. Pero, además, mi padre no me dejó ni un euro de herencia, se lo dejó todo a mi madre", ha explicado el presidente catalán.

 

 

Preguntado sobre las supuestas cuentas de su padre en Suiza, se ha defendido diciendo que no tiene por qué hablar de sus padres. "Mis padres no se presentan a las elecciones. Pero, además, mi padre no me dejó ni un euro de herencia, se lo dejó todo a mi madre", ha explicado el presidente catalán.


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El gran engaño de la crisis o cómo la "austeridad" sirve para mantener los privilegios de los políticos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/orangesubv/opinion-blogs/noticias/4416382/11/12/El-gran-engano-de-la-crisis-o-como-la-austeridad-esta-sirviendo-para-mantener-los-privilegios-de-los-politicos.html

La mayoría de los integrantes de la casta política española, sobre todo a nivel local y autonómico, poseen una preparación académica y una cualificación profesional muy deficiente. No obstante, estas carencias no representan ningún impedimento para que hayan podido desarrollar una intuición y un instinto de supervivencia más propio del mundo animal que del ser humano.

 

 

El diseño y la implantación de una estrategia política basada en el engaño sutil les ha valido a muchos de ellos para perpetuarse en el cargo y, por tanto, en el poder. Y no representaría ninguna novedad afirmar que determinados gobiernos han llegado al poder gracias a la mentira.

Tergiversar la realidad, desviar el discurso político y mantener el foco mediático alejado del epicentro de los problemas son las claves del éxito de la citada estrategia de los políticos.

La casta política, amparándose en la existencia de una falsa democracia y de un pseudoestado de derecho (que en realidad es un sistema partitobancacrático absolutamente corrupto e inundado de privilegios políticos), defenestra y tacha de antidemocrático a todo aquel que ose cuestionar al poder.

 

 

El presidente de la Generalitat de Cataluña es un ejemplo de lo anteriormente expuesto. De hecho, Artur Mas enarbola la bandera de la independencia y culpa a España de la bancarrota de su comunidad. Pero oculta el despilfarro de los últimos gobiernos catalanes, también con tendencias independentistas.

Del mismo modo, la casta ha utilizado la crisis económico-financiera como tapadera para ocultar la cruda realidad de España, que está marcada por la institucionalización de la corrupción política en todos los niveles de la Administración, consecuencia de la degradación de un estado de las autonomías insostenible económicamente, y de una Justicia tan politizada como inexistente.

 

 

El Gobierno socialista anterior engañó a los españoles sucesivamente negando la crisis, manipulando los datos del déficit, ocultando la corrupción, engordando a la Administración, mintiendo a la ciudadanía con los famosos brotes verdes... Pero el Gobierno actual, igualmente, ha incumplido su programa electoral al subir los impuestos.

Y ambos han coincidido en las decisiones relativas a salvar entidades financieras inviables y, contradictoriamente, dejar caer a cientos de miles de pymes y autónomos.

 

 

Actualmente, el discurso político se centra en la negación de la necesidad de pedir el rescate (si el Gobierno no solicita el rescate, la prima de riesgo volverá a situarse, posiblemente, en un nivel de intervención) y en anunciar una pronta recuperación de nuestra economía, además de insistir en que lo peor de la crisis ya ha pasado.

Sin duda, la gran mentira de nuestro Gobierno actual radica en la política económica que está manteniendo, basada en asfixiar a la economía productiva para mantener el entramado político, administrativo e institucional casi intacto. Es decir, exprimir, vía impuestos, a autónomos, pymes y familias con el objeto de continuar con el despilfarro público-político derivado del Estado de las autonomías.

 

 

El Gobierno pretende hacer creer a los ciudadanos que esta estrategia económica (a la que ha denominado con el término de "austeridad") sacará a España de la crisis. La crisis es un hecho pero España está prácticamente en quiebra debido a la corrupción política y al despilfarro derivado de un sistema antidemocrático que ampara la corrupción. Nuestro país necesita la formación de una verdadera sociedad civil.

La pusilánime sociedad española debe dejar a un lado los sectarismos políticos (puesto que una sociedad dividida es fácilmente manejable por el poder) e intervenir para que la casta política no vuelva a engañarnos. La salud democrática de España depende de ello.

 

 

Los desahucios (y suicidios) pueden ser la mecha que dinamite el sistema. Debido a este motivo los dos principales partidos se han apresurado a aportar alguna solución a esta tragedia social. ¿Se interesa realmente la casta por los desahuciados o perciben un riesgo que amenaza al sistema y a sus privilegios?

 

 

Lucio A. Muñoz es socio director de Eurogroup Human Resources.

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Los ‘espías de Soraya’. Vicepresidencia elige 30 inspectores de Policía para trabajar en el CNI y tener información. Objetivos: delincuencia económica, movimientos sociales…

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Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/079262/los-espias-de-soraya-vicepresidencia-elige-30-inspectores-de-policia-para-trabajar-en-el-cni-y-tener-informacion-objetivos-delincuencia-economica-movimientos-sociales

Se les conoce como los 'espías de Soraya Sáenz de Santamaría'. Su misión es elaborar informes estratégicos para La Moncloa sobre asuntos vitales que ocurren en España o afectan al país. El Gobierno está seleccionando cuidadosamente a profesionales del Cuerpo Nacional de Policía que trabajarán dentro del CNI pero con vinculación directa con Vicepresidencia.

 

 

Según ha sabido El Confidencial Digital, Vicepresidencia del Gobierno va a designar para ese trabajo a 30 policías, que se incorporarán a la Brigada Operativa de Apoyo (BOA) en las próximas semanas, todos ellos pertenecientes a la escala ejecutiva del CNP: inspectores o inspectores jefes.

Son los primeros profesionales que contrata en bloque el CNI desde que Vicepresidencia del Gobierno asumió el control del Centro Nacional de Inteligencia, explican fuentes policiales, lo que ha dado lugar a que en ámbitos de la inteligencia española se les conozca como ‘los espías de Soraya’.

 

 

¿Qué es la BOA?

La BOA es una unidad compuesta exclusivamente por agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se encarga de elaborar informes y trabajar dentro del CNI. Son, por así decirlo, ‘espías con placa policial’. Su trabajo diario lo realizan, por tanto, para el Centro, pero orgánicamente están integrados en el Cuerpo Nacional de Policía (su sueldo corre a cargo de la Dirección Adjunta Operativa).

Los miembros de la BOA disponen de algunas ventajas respecto a sus compañeros que dependen exclusivamente del CNI. Por ejemplo, los ‘espías’ de La Casa tienen limitados ciertos movimientos en territorio español, mientras que estos policías disponen de total libertad para desplazarse por el país sin necesitar previa autorización judicial. Y algo semejante puede decirse a nivel internacional.

Es decir: una placa de Policía puede evitar algunos problemas, mientras que un carnet del CNI puede levantar sospechas en determinadas actuaciones, explican las fuentes consultadas por ECD.

 

 

Rigurosa selección

Estos 30 nuevos miembros de la BOA están siendo seleccionados rigurosamente por la Vicepresidencia del Gobierno en estrecha colaboración con el CNI.

El pasado 10 de octubre, el director general de la Policía convocó la provisión de puestos de trabajo para esta Brigada y dio un mes de plazo a todos los interesados para concurrir al proceso de selección.

Desde el 11 de noviembre, vicepresidencia está mirando con lupa los currículos de los candidatos y valorando quiénes son los mejores para colaborar de manera estrecha y diaria con el equipo de Soraya Sáenz de Santamaría.

 

El Gobierno quiere disponer de policías de su máxima confianza, por lo que la selección final de los elegidos se demorará algunas semanas, explican las fuentes consultadas por ECD.

 

 

Cometidos

Vicepresidencia encargará a estos inspectores de Policía la elaboración de documentos con información seria y rigurosa. El objetivo, es poder conocer a través de los mejores investigadores lo que está ocurriendo en el país para que el Gobierno tome las decisiones acertadas y esté prevenido ante futuras situaciones de crisis.

Los informes de estos treinta nuevos profesionales de la BOA complementarán a los que ya llegan al Gobierno por otras vías: CNI, Guardia Civil y representantes diplomáticos, especialmente.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la BOA explican que la misión principal de sus miembros es informar sobre:

 

-- Movimientos de capital y ataques especulativos a la economía del país.

 

-- Problemas de seguridad nacional.

 

-- Delitos, desde su vertiente más pequeña hasta el crimen organizado.

 

-- Movimientos sociales y callejeros de carácter subversivo.

 

-- Tendencias religiosas extremas.

 

-- Infraestructuras críticas.

 

-- Tendencias radicales en Internet.

 

En definitiva, de lo que se encargarán los integrantes de la BOA es de proporcionar al Gobierno información fiable y directa sobre los problemas más graves que sufre el país.

 

 

Sueldo elevado

Los 30 nuevos miembros de la BOA tendrán un sueldo por encima de los compañeros que trabajan en las diferentes comisarías de España. Cobrarán en torno a 3.500 y 4.000 euros como complemento específico. Dos inspectores jefes percibirán más de 7.500 euros.

Todos ellos trabajarán con sede en comisarías de toda España: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Madrid o Canarias. No obstante, las fuentes consultadas por ECD apuntan que también tendrán libertad para desplazarse por el extranjero.

 

 

Problemas de fiabilidad

El motivo que ha llevado a Vicepresidencia del Gobierno a convocar estas plazas ha sido principalmente la necesidad de disponer de información fiable y de primera mano. Cada mañana llegan a la presidencia del Gobierno decenas de informes sobre lo que está ocurriendo en España. Los temas son de lo más variado: movimientos de capitales, ataques especulativos a nuestra economía, mafias, terrorismo, corrientes callejeras…

 

Las fuentes consultadas explican que el Ejecutivo ha estado recibiendo en los últimos meses, y a través de diferentes vías, documentos que no han terminado de convencer en Moncloa. En ocasiones eran interesados y en algunos casos llegaban tarde.

El Gobierno busca, con esta treintena de policías seleccionados para formar parte de la BOA, mejorar esta vía de información con datos objetivos.

 

 

Zapatero no potenció la BOA

Durante el mandado de Rodríguez Zapatero, la Brigada Operativa de Apoyo sufrió algunos vaivenes.

Agentes de la misma informaron al Gobierno, por ejemplo, de una reunión en 2007 entre miembros del PSE, con Jesús Egiguren a la cabeza, y una delegación de ETA, celebrada en una zona de Alemania.

Sin embargo, durante la etapa de Rubalcaba en Moncloa, el entonces vicepresidente no potenció la BOA e incluso se llegó a plantear su eliminación.

La llegada de estos 30 nuevos agentes de Policía reforzará la plantilla de casi 100 componentes que a día de hoy trabajan en la Brigada.


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El perímetro del Congreso de los Diputados comienza a ser vallado por "unas obras"

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Fuente: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=64587&name=nacional

http://1.bp.blogspot.com/-wYDbZnJqcTg/UAgoef62weI/AAAAAAAAYFE/OhN2Pgo86hc/s1600/congreso+vallas.jpg

El Congreso de los Diputados ha comenzado a ser vallado ayer como consecuencia, según la versión oficial, de las obras que van a realizarse para sustituir las cubiertas del edificio. Lo cierto es que, a sólo 48 horas, de la huelga general del miércoles, las planchas de aluminio recién instaladas se convierten en una potente metáfora sobre la separación entre los políticos y sus votantes. 

 

 

Esta tarde un grupo de trabajadores instalaba las barreras, de casi dos metros de altura que convierte en infranqueable el acceso a las inmediaciones de la Cámara Baja. El Congreso vuelve a estar 'blindado'. O esto es por lo menos lo que aseguran a EL BOLETIN varios ciudadanos a su paso, poco después de comer, por las inmediaciones de la Cámara baja. Como ya sucedió ante la iniciativa de ‘Rodea el Congreso’, de la Coordinadora 25S que ahora, con motivo de la huelga general ha convocado una vigilia. 

La instalación hace casi misión imposible pasar por las calles aledañas del parlamento y no sólo ha sorprendido a algunos viandantes. Fuentes de IU han confirmado la colocación de unas vallas, eso sí de obra, frente a las escaleras de la puerta principal del Congreso.

Eso sí, no creen que tengan que ver ni con la huelga general ni con la mencionada ‘vigilia’ convocada por el 25S frente a la Cámara baja. 

 

 

Desde el propio parlamento, fuentes oficiales, han asegurado que se está procediendo a la colocación de unos andamios para arreglar las deterioradas cubiertas del Palacio con los que evitar que algún ‘cascote’ caiga a la vía y provoque algún accidente.

A principios de octubre estas obras se adjudicaron a Dragados y consisten en la sustitución de las cubiertas del edificio y la mejora de los acabados de los patios del Congreso de los Diputados por un presupuesto inicial de 4,5 millones de euros.

Estaba previsto que en noviembre comenzarán las obras en la Cámara baja con el levantamiento del andamiaje, si bien los trabajos se prolongarán al menos por unos diez meses.


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La partitobancacracia es el verdadero cáncer de la economía española

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Fuente: http://www.eleconomista.es/opinion-blogs/noticias/4384458/11/12/La-partitobancacracia-el-cancer-de-la-economia-espanola.html

El liderazgo político en España se encuentra huérfano y, desgraciadamente, los ciudadanos españoles no están protegidos por una democracia auténtica. De hecho, la dictadura de los partidos políticos ha instaurado un malvado régimen que puede denominarse como "partitobancacracia". Este sistema, gestionado por una oligarquía política y patrocinado por una élite financiera, expolia a ciudadanos y empresas para mantener sus desproporcionados e injustos privilegios.

 

 

La casta política se ha convertido en una clase opresora que, en connivencia con la banca, está empobreciendo a la clase media (el principal elemento estabilizador de España) y destruyendo a las pymes y a los autónomos (la base del tejido empresarial español).

El control político, ejercido mediante un modelo de Estado autonómico fundamentado en la politización, la puesta en práctica de estrategias políticas clientelares y la concesión de subvenciones amigas, es la herramienta que sostiene al citado sistema.

La politización de la Administración (y el deficitario sector público empresarial), de la Justicia, de la educación y de la mitad del sistema financiero español (las extintas cajas de ahorros) han convertido a España en un país tercermundista si atendemos a la existencia de unos dirigentes enriquecidos y a una clase media y a unas pymes en vías de extinción.

 

 

Igualmente, la construcción de una red clientelar, sustentada por un entramado político institucional creado en torno a los gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos, ha provocado que una gran parte de ciudadanos y empresas dependan del poder político para subsistir. (Las subvenciones han constituido un instrumento eficaz para lograr este propósito).

 

 

La economía española no podrá salir de la UCI mientras el problema político no se solucione. Y es que el "sistema partitobancacrático" representa el mayor obstáculo para la recuperación económica de nuestro país.

España necesita una completa regeneración democrática (comenzando por un cambio en la ley electoral y de los partidos políticos, eliminando subvenciones a los partidos, los sindicatos y la patronal, desprofesionalizando el ejercicio de la política y profesionalizando la gestión...) y, sobre todo, una reforma del modelo de Estado.

 

 

¿Por qué la casta política confunde austeridad con recortes? La austeridad debe imponerse en la Administración (gasto público-político, duplicidades y triplicidades administrativas, personal político sobrante...) y no aplicarse indiscriminadamente a ciudadanos, pymes y autónomos en forma de recortes.

Los impuestos de los españoles no se pueden destinar a financiar el gasto público y el gasto político improductivo. Del mismo modo, la Administración no puede absorber (para mantener a la casta) el crédito que necesita la economía productiva.

La crisis sería historia si la economía española no tuviera el tapón político que tiene. Y lo primero que debería hacer el Gobierno es centrarse en el primer problema de nuestro país: el sistema político corrupto creado en torno a un modelo de Estado económicamente insostenible.

La economía de España depende de ello, pero acometer esta misión implica liderazgo político. Y no es extraño que, aprovechando esta falta de liderazgo del Gobierno central, los enemigos de la unidad de España quieran independizarse.

 

 

Siguen cohabitando las dos Españas de Machado. La España de los brotes verdes conformada por la casta política y la España seca integrada por los parados, los desahuciados, las arruinadas pymes, los esquilmados autónomos, las familias que no llegan a final de mes...

El ejemplo es la esencia del verdadero liderazgo, pero casi ningún miembro de la casta política conoce esta máxima. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos el contrapoder de la sociedad civil y de los medios de comunicación.


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Todas las alternativas a los desahucios que PP y PSOE han vetado durante la crisis

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Fuente: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/hipoteca/todas-las-alternativas-a-los-desahucios-que-pp-y-psoe-han-vetado-durante-la-crisis_Ra2zdIWEVAefP6sh5Zmji/

Los dos grandes partidos han rechazado numerosas propuestas presentadas en los últimos años para erradicar los desahucios y modificar la normativa hipotecaria.

 

 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la número dos del PSOE, Elena Valenciano, se reúnen hoy para intentar llegar a algún acuerdo contra los desahucios.Desde que estalló la burbuja inmobiliaria, en 2007, se han ejecutado en España más de 350.000 viviendas y sólo en el último año se han disparado un 20%, hasta superar la cifra de los 500 embargos diarios.

Sin embargo, los dos partidos mayoritarios llevan varios años vetando las iniciativas que, desde el resto de grupos de la oposición, se han ido planteando para modificar la actual normativa hipotecaría y para poner fin a uno de los peores dramas sociales que vive España.Aquí tienes algunas de las propuestas que tanto durante los años de Gobierno del PSOE, como durante los diez meses que lleva el PP en el poder, han sido desechadas:

 

 

1-. Limitar la concesión de créditos:

desde hace tres años, los partidos de la denominada Izquierda Plural -IU, ERC e ICV- han presentado varias propuestas, dirigidas a limitar tanto los embargos como la actual Ley Hipotecaria, ya que consideran que la raíz del problema está en la especulación que se ha hecho con la vivienda. Para evitar que vuelva a repetirse, han defendido establecer límites a la concesión de los créditos para adquirir una vivienda, es lo que se conoce como medidas contra el sobreendeudamiento, que ya existen en otros Estados de la Unión Europea. En esta línea defienden:

Limitar progresivamente, hasta llegar al entorno del 35%, el porcentaje máximo de los ingresos personales o familiares de los obligados en las operaciones de crédito hipotecario que se puede destinar al pago mensual de la hipoteca, incluyendo aquí principal e intereses.

Limitar progresivamente, hasta llegar al entorno de los 25 años, el periodo de vida máximo de la hipoteca.

Limitar el montante total del crédito, que no podrá superar el 80% del valor de mercado en la vivienda libre, ni el 100% en la protegida.

 

 

2-. Crear un parque público de viviendas:

Esta medida va dirigida, especialmente, a crear un mercado de alquiler público, aunque también se han propuesto otras medidas como la producción de vivienda protegida calificada de por vida y vendida en derecho de superficie. Estas iniciativas, además, ayudarían a presionar a la baja los precios inmobiliarios.

 

 

3-. Plazo de reflexión en los contratos de compraventa:

Otra iniciativa que ha sido desechada en el pasado consistía en conceder, en los contratos de compraventa, promesa u opción de compra o permuta, un plazo de 15 días hábiles, a partir de la fecha efectiva de la firma del documento, para desistir de la operación, con la posibilidad de recuperar todas las aportaciones realizadas en el pasado.

 

 

4-. Eliminar las cláusulas abusivas:

Éste ha sido uno de los puntos que más polémica ha desatado en los últimos años, hasta el punto de que varias sentencias se han pronunciado en contra de lo que consideran cláusulas abusivas. Entre las que se han llevado al Parlamento destacan aquellas que van contra los intereses moratorios excesivos, los avales o garantías desorbitados o las comisiones y gastos de estudio para la concesión del préstamo.

 

 

5-. La solución concursal:

El pasado diciembre, UPyD propuso incorporar la denominada solución concursal para evitar que una familia, después de haber perdido su vivienda, siga mantiendo de por vida una deuda con el banco. Ésta consiste en que, una vez ejecutado todo el patrimonio embargable del deudor, el pasivo (deuda) restante quede exonerado por decisión judicial, aunque carezca del consentimiento del acreedor.

Para evitar los abusos, la resolución judicial determinará que, transcurrido un plazo que no podrá ser inferior a tres años ni superior a cinco, el deudor quedará exonerado de la obligación de pagar el pasivo concursal que permanezca insatisfecho. Pero no podrá beneficiarse de este mecanismo un deudor que ya hubiera recurrido a él en los ocho años anteriores.

 

 

6-. Elevar el valor de tasación en las subastas:

Entre las pocas medidas que adoptó para luchar contra los embargos abusivos el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estuvo la de elevar del 50% al 60% del valor de tasación el precio a partir del cual se sacarán a subasta los pisos embargados. Desde UPyD han propuesto llegar al 70% y, además, dar la opción al deudor de que pueda solicitar una nueva tasación y usarla como pago de la deuda hasta donde llegue, teniendo, eso sí, que pagar la diferencia.

 

 

7-. Protección del domicilio en caso de  embargo:

Para evitar que aquellos que no pueden pagar la hipoteca se queden en la calle, la Izquierda Plural ha presentado diversas alternativas, que abarcan desde un alquier a un precio fijado hasta la liquidación aplazada, proceso durante el cual quedará suspendida la tramitación de la subasta de la vivienda.

 

 

8-. Dación en pago:

Es la bandera que más están enarbolando las plataformas y movimientos sociales que se han levantando en contra de los embargos. Las formaciones de izquierdas han defendido que la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito se convierta en regulación imperativa.

 

 

9-. Modificar las ejecuciones hipotecarias:

Para evitar la sangría y drama social de los deshaucios, y ante las crecientes voces críticas, también se ha solicitado que el juez pueda establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y quitas de la deuda.

 

 

10-. Ayuda a la banca, y a sus hipotecados:

Dentro de todo el plan de ayuda que ha diseñado el Gobierno para rescatar al sistema financiero, que incluye la creación del banco malo, se han presentado propuestas dirigidas a que los clientes de estas entidades que van a ser embargados también puedan beneficiarse de estas ayudas, por ejemplo, permaneciendo en su vivienda a cambio del pago de un bajo canon.


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El Ministerio de Interior ordenó fichar a 300 ciudadanos como cabezas de turco en la manifestación del 27-O al no poder culpar a nadie de la convocatoria 'ilegal' frente al Congreso

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.diariocritico.com/nacional/cristina-cifuentes/rodea-el-congreso/identificacion-de-antidisturbios/27-o/421843

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El Ministerio del Interior ordenó al jefe de los antidisturbios que guardaban las cercanías del Congreso durante la manifestación del 27 de octubre que identificara de forma indiscriminada a los primeros centenares de manifestantes que llegaran a la Plaza de Neptuno. Dado que se desconocían los datos de los convocantes reales, la Delegación del Gobierno quería buscar '300 cabezas de turco' para abrirles expediente administrativo con sanción.

 

 

Pero de esos 300 expedientes sólo una docena tienen razón de ser, el resto están 'inflados': se trata de infundir miedo a la sociedad, dicen medios policiales.

El sábado 27 de octubre, Interior había concentrado en Madrid un total de 1.500 antidisturbios porque se preveía que la manifestación convocada por redes sociales pudiera resultar violenta y los manifestantes pudieran llegar hasta el Congreso de los Diputados, aunque no hubiera Pleno.

Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Madrid no había recibido la preceptiva información de convocatoria de manifestación, por lo que la delegada, Cristina Cifuentes, había llegado a afirmar en rueda de prensa que esa convocatoria era "ilegal".

 

 

En las anteriores manifestaciones, que degeneraron en violentos enfrentamientos con la policía, se habían cumplido las exigencias contenidas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión: comunicación previa a la Delegación del Gobierno por parte de los convocantes de la manifestación, incluyendo la filiación completa de los convocantes.

En esos casos, el Gobierno procedió a sancionar a las personas que firmaron la comunicación tras los disturbios que se produjeron durante las manifestaciones correspondientes. En una de las últimas, los convocantes fueron sancionados con seis mil euros.

 

 

Para obviar esas sanciones, el movimiento de los 'indignados', de donde partió la convocatoria de la manifestación del sábado 27 de octubre, decidió no comunicarlo a la Delegación del Gobierno, con lo que privaba a Interior de su herramienta sancionadora.

Para paliar ese déficit, a los altos cargos de Interior, en combinación con la delegada del Gobierno en Madrid, se les ocurrió la brillante idea de ordenar al jefe del operativo antidisturbios que procedieran a los primeros manifestantes que fueran acudiendo a la Plaza de Neptuno, lugar de la concentración.

La policía identificó así a unos 300 supuestos manifestantes, los mismos a los que ahora se les ha abierto un expediente sancionador por motivos más que peregrinos, para lo que se ha forzado el espíritu y la letra de la Ley de Seguridad Ciudadana.

 

 

Según fuentes policiales, sólo en una decena de casos está justificado el expediente, porque se trata de casos flagrantes de personas que o bien se saltaron las vallas policiales, se enfrentaron a la policía o les tiraron objetos contundentes, pero los otros 290 casos han sido 'inflados' para infundir miedo en la gente y que no acudan a nuevas manifestaciones convocadas por movimientos de indignados.

 

 

Misión imposible: que nadie acuda a las manifestaciones

Según nuestras fuentes, Interior en general, y la Delegación del Gobierno en particular, han utilizado torticeramente la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como 'Ley Corcuera' o 'Ley de la Patada en la Puerta'. "Al no poder identificar a los convocantes de esa manifestación han optado por infundir pánico en la sociedad", dicen medios policiales.

 

 

Efectivamente, de esos 300 indignados, salvo la decena de violentos que fueron identificados y en su caso detenidos, no se les puede aplicar lo dispuesto en el artículo 23 de la citada ley, que define como infracciones graves:

"c) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracción penal".

 

 

Para la apertura de sus 300 expedientes sancionadores, la Delegación del Gobierno ha optado por aplicar este párrafo de la ley:

"Aun no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación [como es el caso que nos ocupa], también se considerarán organizadores o promotores, a los efectos de esta Ley, a quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones, por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos, pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas".

 

 

Pero resulta que, según afirman medios policiales, ninguno de los identificados era por ser jefe de nada, sino por haber llegado pronto a la manifestación, con lo cual no hay pruebas de ningún tipo que sustenten ningún procedimiento sancionador. Y, según confirman a Diariocrítico, "ningún policía va a poder decir que fulanito o menganito eran convocantes o jefes".

 

 

Y es que, a la hora de establecer la sanción, el artículo 37 establece que "en los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley, las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos, previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados, constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles".

Pero, '¿qué policía puede decir que alguien es convocante, cuando se limitó a cumplir con lo que le ordenaban, que era identificar indiscriminadamente?'. He ahí la cuestión.


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(¡Se acabaron los descansos esclavos!): El Gobierno ultima la supresión de los puentes festivos

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Fuente: http://www.lavanguardia.com/economia/20121102/54354750387/gobierno-ultima-supresion-puentes-festivos.html

El decreto sobre el calendario laboral prevé la desaparición de Todos los Santos y que la Constitución pueda ser laborable en el 2013 | Santamaría y Rouco han negociado el calendario, que mantiene la Purísima.A partir del 2013 ya no habrá puente de Todos los Santos.

 

 

Es una de las novedades que prevé el decreto sobre el calendario laboral que este viernes tratará el Consejo de Ministros y que tiene por objetivo mejorar la productividad de la economía española. Con ello, se quiere dar un nuevo mensaje a Europa de que España está haciendo los deberes, con reformas de calado para superar la crisis.

La normativa ha requerido una negociación compleja y hasta ayer seguían pendientes algunos flecos que deberá resolver el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ha habido intensos contactos entre la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Rouco Varela, pues la supresión de fiestas de carácter religioso ha sido uno de los principales escollos.

 

 

Al final, hay un acuerdo: se suprime el día de Todos los Santos (1 de noviembre) pero a cambio se mantiene la Purísima (8 de diciembre). Se mantiene también el 15 de agosto, en este caso a petición del sector turístico-hotelero. En cambio, se podrán mover las fiestas de San José, el 19 de marzo, y de Santiago, el 25 de julio, lo que afecta principalmente a Valencia y Galicia.

 

 

Para la fiesta de la Constitución, el 6 de diciembre, se sopesan dos posibilidades. La primera consistiría en moverla al lunes, para evitar el macropuente que se suele producir al unirla con la de la Purísima. La otra posibilidad es convertirla en día laborable, aunque manteniendo las celebraciones institucionales, con la tradicional recepción en Madrid.

En cualquier caso, el año próximo no habrá macropuente de diciembre, puesto que la Constitución cae en viernes y la Purísima en domingo. Otras fiestas que no se van a mover son el 1 de enero, Año Nuevo; el 12 de octubre, día de la Hispanidad; el 25 de diciembre, Navidad, además del Viernes Santo y el Primero de Mayo.

 

 

Los cambios serán consensuados con las autonomía y presentados al Congreso de los Diputados antes de ser definitivamente aprobados, según fuentes del Ministerio de Empleo. El puente de esta semana ha reabierto con fuerza la polémica sobre los puentes laborales, puesto que el impacto sobre la productividad es mucho mayor que el de una huelga general. De hecho, hasta final de año quedan otros tres puentes (cuatro en Madrid) que dejarán España semiparalizada.

Con el decreto que hoy tratará el Consejo de Ministros se desarrolla el acuerdo que firmaron hace ya un año los agentes sociales con el fin de eliminar los puentes laborales y aumentar la productividad. Los sindicatos nunca plantearon mayor problema, con la excepción del Primero de Mayo,

 

 

Sin embargo, en la CEOE fue más complicado lograr una voz unánime por las reticencias del sector de la hostelería. La patronal impulsó esta iniciativa dentro de las medidas para reducir el absentismo y ante el hecho de que muchas empresas ralentizan tanto su actividad que parece agosto o Navidad.

El problema es que el 53% de los viajes realizados por los españoles son en fin de semana y puentes. Finalmente concluyeron que podrían compensarlo con los minipuentes que aún quedarán dado que las fiestas no desaparecen, sino que se trasladan al lunes.

 

 

La modificación del calendario laboral es una medida muy impactante y directamente dirigida al corazón de Alemania, que considera que España es un país de vacaciones en el que no se trabaja. De hecho, en los convenios hay catorce días de fiestas anuales más que en cualquier otro lugar de Europa.

Sólo Chipre nos iguala en la Unión Europea, y el siguiente de la lista es Portugal. Además, somos el país europeo con mayor número de días de vacaciones, en la práctica un mes, frente a los veinte días habituales en el resto de la UE. 

 

 

Esta decisión va dirigida a racionalizar los hábitos de trabajo. En España el aumento de productividad se ha producido hasta ahora exclusivamente por la destrucción de empleo. El resto de iniciativas para mejorar la eficacia en el trabajo han fracasado.

Modificar el calendario de fiestas ha requerido negociaciones de más de un año entre los agentes sociales y otro año más con la Iglesia, lo que da idea de la complejidad que implica esta reforma.


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RESPIRA

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Las movilizaciones del movimiento 25-S no son ilegales, aunque los medios se empeñen en repetir lo contrario

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Fuente: http://www.laboratoriodenoticias.es/spip.php?article343

http://arainfo.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/09/25S-madrid3.jpg

En febrero de este año, y ante las enormes protestas estudiantiles que tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana, los relaciones públicas del PP enviaron un documento a los altos cargos de este partido en el que les indicaban “algunas directrices para responder sobre asuntos relacionados con esas movilizaciones“.

 

 

Bajo el título claus del dia -claves del día- (1), el escrito se dividía en dos epígrafes principales: “las normas del Estado de Derecho son iguales para todos” y “no hay recortes en educación: los estudiantes están siendo utilizados”. Entre las diversas ideas recogidas en el primer apartado se exponían algunas de las frases que los dirigentes del PP debían utilizar ante la opinión pública.

Respecto a las manifestaciones, había que hacer hincapié en que “no se habían comunicado en ningún momento y, por lo tanto, eran ilegales“. Desde entonces, los cargos públicos del PP repiten el guión mientras los medios reproducen su propaganda incluso sin entrecomillar.

 

 

Ante las sanciones que la delegación de gobierno pretende imponer a manifestantes pacíficos que son identificados por la policía en movilizaciones no comunicadas de forma oficial por estar formadas por más de 20 personas en un lugar de tránsito público, como la que tuvo lugar el pasado #27-O convocada por la Coordinadora 25-S, los medios de gran difusión, incluídos todos los telediarios, la prensa escrita e incluso la radio (2) (3) (4) (5) titulan la noticia de manera parecida al genérico ofrecido por la agencia EFE: “Abren expediente a 300 personas por la manifestación ilegal de ayer en Madrid“.

 


El presentador de las noticias de Antena 3, por poner un ejemplo de muchos, habla de una “manifestación no comunicada y, por tanto, ilegal”.

Pues bien, las manifestaciones que se desarrollan de manera pacífica sin comunicación a la delegación del Gobierno NO SON ILEGALES según se explica en la Constitución Española;

“Las manifestaciones que no se hubieran ajustado al régimen de la Ley no por ello habrían de reputarse ilegales -sino sólo no amparadas por la Ley Orgánica-, salvo los supuestos tipificados en el Código Penal (arts. 513-514: reuniones para cometer delitos o integradas por personas que porten armas) y hay que interpretar que de no producirse alteraciones del orden público o de incurrir en algún motivo expreso de ilegalidad no podrían ser disueltas”.)

(http://www.congreso.es/consti/const...)

 

 

Por otro lado, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre nada dice de sancionar a promotores de manifestaciones o reuniones alegales:

Artículo 513.

Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:

1.Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.

2.Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso.

 

 

Artículo 514.

1. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación comprendida en el número 1 del artículo anterior y los que, en relación con el número 2 del mismo, no hayan tratado de impedir por todos los medios a su alcance las circunstancias en ellos mencionadas, incurrirán en las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

A estos efectos, se reputarán directores o promotores de la reunión o manifestación los que las convoquen o presidan.

 

 

2. Los asistentes a una reunión o manifestación que porten armas u otros medios igualmente peligrosos serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses. Los Jueces o Tribunales, atendiendo a los antecedentes del sujeto, circunstancias del caso y características del arma o instrumento portado, podrán rebajar en un grado la pena señalada.

 

 

3. Las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.

 

 

4. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años si los hechos se realizaran con violencia, y con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses si se cometieren mediante vías de hecho o cualquier otro procedimiento ilegítimo.

 

 

5. Los promotores o directores de cualquier reunión o manifestación que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunión o manifestación que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme a los apartados precedentes.

 

 

Artículo 515.

Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:

1. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.

2. [Derogado]

3.Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.

4.Las organizaciones de carácter paramilitar.

5.Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello.

6. [Derogado]

 

 

La finalidad u objetivo de los medios de comunicación vuelve a ser desmovilizar a quien quiere manifestarse libremente, utilizando el término “ilegal” de manera falsa y malintencionada y mezclándolo con otras formas de disuasión como la propaganda a la violencia policial gratuita o a identificaciones policiales que probablemente -y en la mayor parte de los casos- no tendrán sanción.

 

 

(1)  http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02...

(2) Abren expediente a 300 personas por la manifestación ilegal de este sábado en Madrid.http://www.rtve.es/noticias/2012102...

(3) http://www.elmundo.es/elmundo/2012/...

(4) http://www.efe.com/efe/noticias/esp...

(5) http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10...

 

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