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Conoce cómo se han repartido los 108.000 millones de ayudas a la banca española

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.invertia.com/noticias/conoce-han-repartido-ayudas-banca-espanola-2957225.htm

El importe de los recursos públicos empleados o comprometidos en la reestructuración de entidades financieras, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2012, fue de 107.913 millones de euros.

 

 

Este importe incluye conceptos de naturaleza muy diversa: costes y desembolsos de fondos (por ejemplo, las aportaciones de capital, que sumaron 57.004 millones de euros, o la suscripción de participaciones preferentes), garantías constituidas que vencerán en el futuro (caso de los esquemas de protección de activos) e importes máximos disponibles en las líneas de crédito concedidas.

Así se reparten las ayudas públicas entre las entidades financieras según un informe del Tribunal de Cuentas.

 

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El Gobierno falsea los datos de la Seguridad Social

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.publico.es/dinero/511569/el-gobierno-falsea-los-datos-de-la-seguridad-social

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En millones de euros

 

 

EGobierno justifica su gestión de la Seguridad Social basándose en una falsedad: afirma que el déficit previsto inicialmente en 2013 era de 1,4% del PIB, pero que la diferencia entre los gastos y los ingresos del organismo sólo superará por poco el 1,1%. Dice, pues, que ha mejorado sus previsiones iniciales. Esta afirmación es pura y simplemente falsa.

 

 

El Presupuesto de 2013 señalaba en la página 10 literalmente lo siguiente: "El presupuesto de la Seguridad Social para el año 2013 se presenta formalmente equilibrado en términos de ingresos y gastos del sistema", por una cuantía de 128.231.735,46 euros en el Presupuesto consolidado.

 

 

Poniéndose la venda antes que la herida, el Gobierno asumía en el presupuesto para 2014 que iba a haber un importante déficit en el sistema de la Seguridad Social. Como ahora este déficit descomunal es algo menor que el corregido sobre la marcha, se dice que la previsión "inicial" ha mejorado. Pero la prevision inicial era el equilibrio financiero.

Para disimular la trampa, incluso se ha retrasado premeditadamente la publicación de unos datos que el Gobierno anterior siempre presentaba hacia el 15 de enero. El del PP lo ha hecho el 31 de marzo, cuando era imposible postergar más la publicación de esos datos.

 

 

¿De dónde viene este déficit?

Los datos oficiales de la contabilidad presupuestaria facilitados por la Intervención General de la Seguridad Social contenidos en el proyecto de Presupuestos de 2014 y la liquidación de 2013, permiten hacer balance de los dos últimos años de gestión del Gobierno socialista y los dos primeros del PP.

Un dato parece claro: si la Seguridad Social hubiera mantenido las cotizaciones sociales cobradas en 2011, tras varios años de dura crisis, el déficit prácticamente no hubiera existido. Pero las pensiones, esas que hay que recortar para sostener, han crecido menos de lo que han caído las cuotas, que aguantaron hasta 2011.

 

 

Tres informaciones complementarias

Los datos de subsidios por incapacidad temporal no han dejado de bajar, lo cual puede parecer bien, aunque algunos pensamos que se están tratando por igual a los enfermos de verdad que a los simuladores. También están bajando un 5% las ayudas por maternidad, paternidad y riesgo por el embarazo, lo que se contradice con la teórica defensa natalista de este Gobierno.

 

 

Y por último, los datos de la Seguridad Social empeoran claramente, pero las Mutuas de Accidentes de Trabajo, asociaciones de empresarios,  siguen con superávit, de la misma forma que sus reservas no han sido tocadas mientras disminuye el Fondo de Reserva.

Lo de menos es que el Gobierno falte a la verdad. Lo que de verdad es grave es que las arcas públicas se vacíen mientras las prestaciones se recortan y los fondos de gestión privados son intocables.


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(El Gobierno no nos dice en que se gasta nuestro dinero): El Congreso mantiene 'fondos reservados' que llena con sus superávits presupuestarios

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.publico.es/politica/510954/el-congreso-mantiene-fondos-reservados-que-llena-con-sus-superavits-presupuestarios

El Congreso de los Diputados dispone de una cuenta financiera especial a la que se destinan las cantidades de euros que, tras cada ejercicio presupuestario, no se llegan a gastar en la ejecución de su actividad ordinaria. Ese dinero sobrante "no se devuelve al Tesoro ni pasa a engrosar la dotación del presupuesto del año siguiente; va a una cuenta especial", explican a Público fuentes parlamentarias conocedoras de esta práctica.

 

 

Esa partida financiera, agregan las fuentes consultadas, se denomina "cuenta de remanentes" y constituye una especie de "fondos reservados" de la institución que se emplean para afrontar gastos imprevistos y nunca a gastos corrientes u ordinarios.

En cualquier caso, esa cuenta y las cantidades que mantiene son supervisadas por la Intervención de la Cámara baja y la Mesa de la institución, que en última instancia es quien decide en qué se gasta ese dinero.

La ejecución de los presupuestos anuales del Congreso de los Diputados se cierra siempre con un cierto margen de superávit "debido a un control muy estricto por parte de los responsables de la institución, desde la Mesa hasta el conjunto de los estamentos administrativos. No ha lugar a ampliaciones presupuestarias a base de créditos extraordinarios; no se genera deuda por parte de la institución", explica una de las fuentes consultadas.

 

 

Sólo para "gastos imprevistos" 

En materia presupuestaria, el Congreso de los Diputados, que junto con el Senado, el Defensor del Pueblo y la Junta Electoral Central conforma las Cortes Generales, disfruta de una total autonomía para elaborar sus propios presupuestos anuales, según establece el artículo 72 de la Constitución.

Una vez aprobados por la Mesa de la cámara son remitidos al Gobierno para su inclusión, dentro de la partida Cortes Generales, en el proyecto de presupuestos generales del Estado que anualmente presenta el Ejecutivo ante el parlamento.

 

 

El modo de utilización de esos "fondos reservados" quedó reflejado en un informe restringido elaborado por la Intervención del Congreso de los Diputados, que dirige un letrado de la propia institución, durante la presidencia de Luisa Fernanda Rudi (2000-2004).

"En ese informe se determinaba que las cantidades de la cuenta de remanentes se debían emplear para gastos imprevistos y nunca para sufragar partidas corrientes", agregan las citadas fuentes.

La Mesa del Congreso de los Diputados debe presentar tras finalizar cada ejercicio un informe cobre el grado de cumplimiento presupuestario, según establece el reglamento de la Cámara baja en su artículo 31. Hasta esta legislatura ese informe no se hacía público pero a instancias del grupo parlamentario de UPyD la Mesa ha accedido a reflejarlo en su página web.

 

 

Un "remanente" de 13 millones

El primer informe, y hasta ahora único, "acerca del cumplimiento del presupuesto del Congreso de los Diputados" —esa es su denominación— es el correspondiente al año de 2012 y lleva fecha del 14 de mayo de 2013. En unas semanas, según fuentes parlamentarias, se conocerá el relativo al ejercicio del pasado año. Según el informe hecho público, el Congreso de los Diputados ejecutó el 88,56% de la cantidad total presupuestada para 2012, que ascendió ese año a 86.943.500 euros.

Por lo tanto, tuvo un "remanente" del 11,44%, es decir 9.943.182,31 euros. Esa cantidad, considerada "inusual" se debió fundamentalmente al recorte de la paga extra de julio a diputados y el personal adscrito a la cámara.

 

 

El Congreso de los Diputados lleva cinco años con un descenso sostenido de su partida presupuestaria que llega a superar el 15% este año respecto al asignado para 2010. En ese periodo de tiempo se ha congelado el salario tanto de los diputados como el de los empleados de la institución, funcionarios y laborales.

También han desaparecido las aportaciones a fondos de pensiones y otras compensaciones sociales al conjunto de parlamentarios, incluso a quienes ostentaron esa condición en anteriores legislaturas.

 

 

Los casi10 millones de euros "no ejecutados" en el año 2012 fueron a parar a la "cuenta de remanentes", añaden las fuentes. Los movimientos de entradas y de salidas de esa cuenta, así como el destino de sus cantidades, no se reflejan en el citado informe.

Tampoco aparece referencia alguna en los presupuestos ordinarios. Las fuentes consultadas consideran que la gestión de esas cantidades "están bajo el control directo" de los miembros de la Mesa —nueve diputados, de los que cinco son del PP, tres del PSOE y uno de CiU— que preside Jesús Posada.

Con cargo a la "cuenta de remanentes" se han costeado las obras de una importante ampliación del parking subterráneo situado bajo la Carrera de San Jerónimo con el fin de dar servicio a las necesidades de la cámara.

"Es un ejemplo de gasto extraordinario que resolvió asumir la Mesa en tiempos de la presidencia de Federico Trillo (1996-2000) al decidir hacer aquella obra", explica otra de las fuentes consultadas.

 

 

El Senado tiene fondos más "reservados"

La Cámara alta, institución parlamentaria "hermana" del Congreso, también tiene sus propios "fondos reservados" con el mismo origen: se nutren de las cantidades que, presupuesto tras presupuesto, no llegan a gastarse.

Como en el caso del Congreso, esas cantidades ni van al Tesoro Público ni a engrosar el ejercicio presupuestario siguiente. Se quedan en la "cuenta de remanentes", según explican a Público fuentes conocedoras de este peculiar sistema.

"El destino de esas cantidades es el de afrontar gastos extraordinarios o imprevistos que de colocarse en un presupuesto ordinario provocarían un repunte muy significativo; además, muchos de ellos son imprevisibles", relata una de las fuentes consultadas. Afrontar la ejecución de obras de mantenimiento en un edificio que algunas de sus partes son del siglo XVI es un caso "típico", añaden.

 

 

En cualquier caso, los gastos que se adjudican a la "cuenta de remanentes" del Senado son aquellos que superan el medio millón de euros. Un ejemplo: en 2008 se adquirieron con cargo a estos "fondos reservados" una partidas de ordenadores portátiles para los senadores y algunos servicios de la Cámara alta.

"Fue una inversión que supera una legislatura porque desde entonces no se han adquirido otros y los actuales senadores los han heredado", insisten las citadas fuentes.

Como en el caso del Congreso, la Mesa de la institución - aquí compuesta por siete miembros, presididos por el popular Pío García Escudero - es la instancia encargada de "administrar" los fondos de la "cuenta de remanentes". El Reglamento de la Cámara alta no obliga a la presentación de un informe de ejecución del presupuesto, como en el Congreso; tampoco se conocen los detalles de las partidas presupuestarias como en la Cámara baja.

"La ley de Transparencia va a obligar a cambiar esa política y la Mesa deberá tomar decisiones antes de diciembre de este año", sentencia una fuente informante. 


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Los fondos buitre sobrevuelan el negocio de las energías renovables para exprimir hasta 45.000 millones

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/buitres-negocio-energias-renovables-millones_0_238676250.html

Este tipo de fondos tienen su vista puesta en uno de los sectores que está a punto de sufrir un varapalo legislativo del Ejecutivo.

Los descuentos en el precio de venta no serán, en general, tan agresivos como lo fueron con los activos inmobiliarios, aunque se estima que unos 2.000 y 3.000 millones sí podrían estar en la misma situación de desgaste.

El agujero que esta deuda en los balances de la banca podría ser similar al ya que ya se ha tapado con el rescate.

 

 

La industria de las energías renovables española ha puesto el grito en el cielo con la nueva regulación anunciada por el Gobierno. El cambio en el cálculo de las primas y el nuevo concepto de "rentabilidad razonable", amenaza con la quiebra a muchos inversores. Pero lo que ellos anuncian como la bancarrota, se ha percibido como una nueva oportunidad de negocio en España para los fondos de inversión internacionales, desde los denominados buitre hasta otros más prudentes especializados en infraestructuras y energía.

 

 

Según los cálculos que manejan los fondos internacionales, el riesgo de deuda que podría tener problemas de pago por parte de los productores de renovables sería de entre 40.000 o 45.000 millones de euros ( algo menos que los 60.000 millones de euros de ayudas directas que ya ha recibido el sector financiero).

Básicamente, esto coincide con todo el crédito que la banca tiene concedido a estos productores según datos que publicó Vozpópuli. De ellos, en situación crítica, y que con casi toda seguridad acabará en impago, unos 2.000 o 3.000 millones. Sólo en este pequeño paquete podrían esperar entrar los buitre para conseguir altos descuentos y el 20% de rentabilidades que suelen exigir a sus inversiones.

"En el resto habrá que ir viendo cada caso, porque a diferencia de lo que ocurría en el ladrillo, aquí nos enfrentamos a empresas que con una adecuada gestión puede ser un buen negocio en el futuro. Po eso, no podemos ser tan agresivos  exigiendo descuentos",  reconocen desde uno de estos fondos.

 


Los más agresivos, aquellos que ya hicieron un suculento negocio el año pasado con la deuda del sector financiero e inmobiliario, ya están haciendo cuentas de lo que pueden rascar a este nuevo nicho de problemas. Así lo anunciaron representantes de HIG, Carlton Group, Toro Capital entre otros, en un encuentro que el sector celebró en Madrid hace unas semanas.

"Hay muchas oportunidades distress (así se denomina los que tienen máximo riesgo) en España, incluido el sector de las energías renovables", comentaban. Otros, algo menos agresivos, como la división de infraestructuras de KKR, Morgan Stanley Infrastructure, HG Capital, o el gigante canadiense Brookfield también están tanteando la situación en la que quedarán las empresas de energía españolas tras la reforma.

 

 

Ninguno lo tiene fácil, porque los números no están claros. La ley definitiva todavía no está aprobada, de hecho está en una sospechosa parálisis a falta de que el consejo de ministros de el visto bueno al decreto ley que finiquite el sector, y este tipo de industria no está tan hundido como el inmobiliario. Las empresas de renovables son sostenibles en el largo plazo.

El problema de sus dueños actuales es que pidieron una financiación e hicieron unas cuentas con unos umbrales de rentabilidad que el Ejecutivo se quiere cargar ahora y que la banca no quiere refinanciarr. Pero para un inversor que entre desde cero con otro plan de negocio, la compra puede ser de lo más rentable.

 

 

Teniendo en cuenta lo que se conoce hasta ahora de la nueva legislación, los fondos buitre ya hacen sus componendas. Volumen de deuda en relación con los ingresos y el tiempo de explotación que le queda a la compañía. Si la deuda supera los ingresos esperados -una vez aplicadas las nuevas primas- es momento de lanzarse al ataque. Si no, habrá que planear y negociar con más tiento.

Y, por supuesto, son conscientes de que no pueden esperar los pingües beneficios que les ha reportado el ladrillo español. "Conseguir retornos del 20% como en inmobiliario es muy difícil en un sector que está regulado y que, con lo que sabemos ahora, ha fijado unas primas del 7,5%", advierte Manuel Santillana, socio de Corporate Finance responsable de Utilities de KPMG en España.

 

 

Un problema inesperado para la banca

Su esperanza, está en el lado de la banca. Y es que, consideran que la probabilidad de que la banca tenga provisionada alguna pérdida por esos créditos es muy escasa, habida cuenta de que hasta ahora la deuda estaba soportada por el BOE, es decir, que tenía la garantía del Estado, y por ello puede estar tentada a venderlos lo antes posible para sacarlos de sus balances.

"Detestan que ocurra un efecto similar al del ladrillo y tener que quedarse con centenares de campos de paneles solares, por ejemplo, con los que no sabrían ni qué hacer", aseguran estos  expertos.

Pero, en la banca no se lo van a poner tan fácil. Vender deuda con pérdidas no es una práctica que guste a ningún banco español. Los extranjeros están más predispuesto a hacerlo. Rebajar mucho el precio, tampoco está entre sus objetivos.

"Quienes compren esto saben que tienen unos ingresos seguros por las primas estatales. Por eso, no se pueden esperar que les vayamos a dar esto con descuentos del 80% y 90%, como se han llevado algunas deudas del inmobiliario", comentan desde una entidad financiera española.

 

 

La nueva ley concursal cambia el escenario para los buitre

Además, la reforma de la Ley Concursal concede a la banca una baza de ventaja. Según explica Gonzalo Montes, s‪ocio de Restructuring de KPMG en España, la nueva legislación podría frenar a esos fondos más agresivos que buscan comprar deuda con mucho descuento a los bancos para forzar, por no querer llegar a acuerdos, una situación crítica en las finanzas de las compañías.

 

 

La nueva ley y el mejor tratamiento para la entrada de "dinero nuevo" en las compañías con problemas se ve también con muy buenos ojos entre los fondos internacionales especializados en infraestructuras de energía, porque el precio de las acciones sí que va a quedar por los suelos.

"Entrar en el capital de empresas con negocios a largo plazo es una buena oportunidad. A lo mejor las que ya han estado, preferirán no volver a hacer negocios en España. Pero hay otras muchas que pueden hacer sus cuentas con las nuevas primas y encontrar rentabilidades atractivas de cara a los próximos años", aseguran desde otro de los fondos interesados. 

 

 

Esta segunda línea de negocio no es para los buitre. En este caso, quienes están haciendo prospecciones en el mercado son los las divisiones especializadas en infraestructuras de fondos como KKR, RREEF del Deutsche Bank o el canadiense Brookfield, entre otros. "Su perfil  es mucho más conservador. No buscan riesgo, sino invertir en compañías con flujos de caja estables".

Y eso no se volverá a ver en España hasta que la nueva legislación de renovables demuestre que es capaz de controlar el déficit de tarifa. "Habrá que esperar, al menos, dos años y que el resultado del cambio sea efectivo para que estos estén interesados en entrar de nuevo en renovables españolas", asegura Santillana.


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El Ministerio de Interior podría asumir el control de los Mossos D'Esquadra si Mas convoca la consulta

Publicado en por Skiper

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/espana/interior-podria-asumir-el-control-de-los-mossos-d-esquadra-si-mas-convoca-la-consulta_VWQ0G4c0CQ3mRaLqI9K576/

¿Están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas listas para actuar en caso de que la Generalitat se sitúe al margen de las leyes que juró cumplir y hacer cumplir? Es el escenario extremo, pero la determinación del presidente catalán, Artur Mas, de convocar la consulta soberanista a toda costa y de contemplar incluso una declaración unilateral de independencia ha puesto sobre la mesa todas las posibilidades.

 

 

En caso de que se convoque a las urnas a los ciudadanos para un referéndum no acordado con el Gobierno central y tumbado por el Tribunal Constitucional, el Estado debería actuar y exigir obediencia a Mas.

El primer paso para ello sería articular una respuesta para salvaguardar los principios constitucionales, que en último término suspendería la autonomía de Cataluña, destituiría a los dirigentes y transferiría la gestión de ciertas áreas al Gobierno central. Si aún así las autoridades catalanas hacen caso omiso, se estaría ante "un problema de orden público", tal y como señala el almirante retirado Ángel Tafalla.

En ese caso, debería actuarse contra los que incurren en desobediencia, exactamente igual que contra cualquier ciudadano que comete un delito, y ponerlos a disposición judicial.

 

 

Las fuerzas de seguridad -policía autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil- serían las competentes para mantener el orden. Mas ya ha movilizado a los Mossos D’Esquadra para el día de la consulta, pero dichos agentes "cobran de Interior y con un simple decreto pueden pasar a depender de la delegación del Gobierno y no de la consejería catalana de Interior", apunta Tafalla.

Para este exmilitar es inimaginable una operación que involucre al Ejército, ya que cree que con la simple movilización de Policía y Guardia Civil -si es que la política no lo resuelve antes- se atajaría la insumisión.

 

 

Otras fuentes expertas en Derecho Constitucional consultadas por este diario han reconocido igualmente que la posibilidad de que los Mossos pasen a ser controlados por Interior existe y podría hacerse en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dicho artículo faculta al Ejecutivo a "adoptar las medidas necesarias" para someter a las autonomías "al cumplimiento forzoso" de la ley en caso de que la contravengan y no atiendan los requerimientos para rectificar.

 

 

La Policía Nacional mantiene unidades en Cataluña, aunque con menos competencias que en las regiones que no tienen policía autonómica, así como la Guardia Civil, que dispone de su organización como en cualquier otra comunidad.

El número de efectivos ha ido menguando en los últimos años -entre ambos organismos apenas superan los 7.000- a medida que crecía el de los Mossos -ya por encima de los 17.000-, hecho que podría hacer pensar que la situación está dominada por el Gobierno catalán.

Sin embargo, como ha quedado dicho, el control de la policía autonómica podría pasar fácilmente a manos del Ejecutivo central, lo que evitaría cualquier intento de elucubrar con una movilización del Ejército, cuya presencia en Cataluña en términos operativos es testimonial -solo un batallón del cuerpo de Tierra en Barcelona- mientras se mantiene la habitual en términos administrativos.

 

 

En la región que preside Mas hay un comandante militar de Barcelona y Tarragona, la Inspección General del Ejército de Tierra, la Tercera Subinspección de ese mismo Ejército (Pirenaica), además de la academia de suboficiales de Lleida y las subdelegaciones y delegación de Defensa.

La Guardia Civil, por su parte, está presente en numerosos puestos de la zona -denominada zona 7-, tiene comandancia en las cuatro capitales y controla la frontera pirenaica y las aduanas del aeropuerto de El Prat. En cualquier caso, como insiste Tafalla, "el Ejército pertenece a toda España y todo él está presente en toda España, pues no tardaría ni diez minutos en estar en cualquier punto".

"Las fuerzas de seguridad", concluye, "serían suficientes para restablecer el orden público" en caso de que éste se altere porque los mandatarios incurran en desobediencia y actúen al margen de la Constitución. Por el momento, y pese a las declaraciones grandilocuentes que se suceden, nada de esto ha pasado.


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La Policía pretende gastar tres millones de euros en militarizar su uniforme

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Policia-pretende-millones-militarizar-uniforme_0_238676448.html

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Borrador Oficial: Orden Uniformidad Noviembre 2013(2) by eldiario.es

El borrador de la orden interna introduce la corona real, bastones de mando y galones en las nuevas divisas.

El proyecto es un empeño personal del número dos de Cosidó, el comisario Eugenio Pino, jefe de los antidisturbios con Aznar.

Establece el uso del bastón de mando en actos oficiales como "signo de dignidad y autoridad" sobre la seguridad ciudadana.

 

 

La Dirección General de la Policía desarrolla un plan para modificar los uniformes del Cuerpo. El borrador de la orden interna, elaborado por el Gabinete Técnico, incluye la sustitución de los símbolos recogidos en sus divisas, como los laureles, por otros utilizados habitualmente en los cuerpos militares, caso de los galones o la corona real española. Una previsión conservadora del presupuesto necesario para llevar a cabo el cambio en la uniformidad lo cifra en tres millones de euros, según fuentes próximas al proyecto.

 

 

El citado borrador, al que tuvo acceso eldiario.es, asegura que la reforma tiene como “objetivo principal” unificar en un único texto las disposiciones vigentes en materia de uniformidad y que los policías puedan conocer así “los distintos tipos de uniformes, sus modalidades y su uso, así como el uso de divisas, distintivos y condecoraciones”.

Para acabar con un supuesto desconcierto en el seno de la Policía respecto a sus propios uniformes y divisas, el proyecto incluye cambiar estas últimas. Se trata, añade, de que los agentes proyecten “una imagen homogénea, adecuada y de acercamiento a los ciudadanos”.

 

 

El proyecto modifica las divisas en todas las escalas. Por ejemplo, los policías de la escala superior, comisarios y comisarios principales, pasarán de llevar tres laureles en el hombro a distinguirse con un entorchado, tres bastones de mando orlados y una corona. De subinspector para abajo se introducen los galones en ángulo, que a quien no esté familiarizado con la uniformidad militar le recordarán a las insignias de los militares estadounidenses en las películas.

La Ley Orgánica que reguló en 1986 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reservó para la Policía el carácter civil, a diferencia de la Guardia Civil, que desempeña también funciones policiales pero tiene naturaleza militar.

 

 

 

El cambio no implicaría renovar completamente los uniformes, ya que las divisas van acopladas en hombro y pecho, tanto en los uniformes de invierno como en los de verano. El Cuerpo Nacional de Policía está compuesto en la actualidad por más de 68.000 agentes y el gasto por cada uno de ellos oscilaría en torno a unos 44 euros, según la estimación de las fuentes consultadas.

La cifra definitiva dependerá, en cualquier caso, del concurso que se abrirá entre las empresas que opten a fabricar las divisas cuando se apruebe la orden interna.

 

 

La reforma de las divisas de la Policía es un empeño personal del director adjunto operativo, Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó y jefe de las unidades antidisturbios durante los gobiernos de José María Aznar. El borrador tiene un anexo destinado a crear divisas especiales para los cargos.

Ahora, el propio Pino luce la misma divisa que cualquier otro comisario principal, pero cuando se apruebe la reforma tendrá una propia como director adjunto operativo. También lucirán una característica de su puesto los comisarios generales, los subdirectores y los jefes superiores. Todos ellos forman la cúpula del Cuerpo que es renovada cada vez que cambia el partido en el Gobierno.

 

 

En sus divisas, los mandos compartirán un nuevo símbolo, la corona real, que se introduce con el siguiente detalle: “Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal la Corona Real de España, forrada de gules (rojo), constituida por un círculo de color oro engastado de piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de acanto de color oro (visibles cinco), interpoladas de perlas de cuyas hojas salen otras tantas diademas de color oro, sumadas de perlas que convergen un mundo con el ecuador y el semimeridiano de color oro”.

 

 

Choque con la Casa del Rey

El actual borrador es la reforma de otro redactado en abril. Uno de los motivos de que hubiera que introducir modificaciones fue la queja de la Casa del Rey. En el primer proyecto, el director adjunto operativo pretendía llevar en su divisa tres bastones de mando entrecruzados, un símbolo destinado en exclusiva al capitán general de los tres Ejércitos, es decir, al rey de España.

 

 

El borrador de la orden interna también incluye el uso del bastón de mando para que lo exhiban los comisarios en actos internos de la Policía y en otros “solemnes de representación del Cuerpo”. “Se empleará como símbolo de autoridad y dignidad del cargo en relación con la seguridad ciudadana”, afirma el borrador. No solo la cúpula policial podrá exhibir el bastón de mando, también los comisarios provinciales y locales.

“Se llevará de forma natural con el brazo izquierdo extendido y sujeto por la mano sin cerrar el puño, en línea paralela al eje del cuerpo y ligeramente en oblicuo. La zona de sujeción será la parte superior, dejando ver el extremo ornamentado del bastón”, dice el texto.

 

 

Como director adjunto de la Policía, Eugenio Pino está al frente de la Junta de Gobierno que aprobó el 31 de enero conceder la más alta condecoración policial a una advocación mariana de Málaga. Los comisarios adoptaron esa decisión a propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

De Pino también partió la orden verbal de introducir en los actos de la Policía la canción de homenaje a los caídos La muerte no es el final, de clara connotación católica y que hasta ahora solo entonaban las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. El 28 de febrero se hizo la primera prueba. A los policías que juraban el cargo de inspector se les obligó a aprender la letra para cantarla durante el acto, que tuvo lugar en la Academia de Ávila.


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7 propuestas fiscales que el PP no quiere

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/14/impuesto-pp_n_4963324.html?utm_hp_ref=spain

La reforma fiscal ya está en el tejado del Gobierno. El comité de sabios le ha entregado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro este jueves sus propuestas de cara a la gran reforma fiscal que prepara el Ejecutivo. Es su gran apuesta para este año y también su trampolín de cara a las próximas citas electorales.

 

 

Montoro no ha dado demasiadas pistas sobre la nueva fiscalidad, pero propuestas tiene centenares sobre la mesa. Además de las del grupo de expertos, ha podido escuchar desde que es ministro las que le han lanzado desde la oposición. ¿Las tendrá en cuenta? Parece que no tiene muchas ganas.

1- IMPUESTO PARA LA RIQUEZA

Un nuevo impuesto sobre la riqueza ha sido una de las grandes propuestas durante estos años del PSOE y de Izquierda Unida. Por ejemplo, los socialistas han reclamado un nuevo tributo sobre las Personas Físicas (IPF), que aúne el IRPF y el de Patrimonio, incluidos los fondos de inversión.

 

 

2- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS DE LOS BANCOS

Los socialistas también han reclamado, en sus propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, la creación de un impuesto sobre actividades financieras que grave los salarios variables y los beneficios "extraordinarios" de las entidades.

 

 

3- IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS

Tanto el PSOE como Izquierda Unida han coincidido en solicitar un impuesto sobre las transacciones financieras, a fin de frenar la especulación en los mercados.

La federación que dirige Cayo Lara ha planteado que lo recaudado se destine a financiar políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables en España así como para el incremento de los fondos de cooperación internacional contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo.

 

 

4 - NUEVO TIPO PARA EL IVA DE LOS PRODUCTOS DE LUJO

Ya en la campaña electoral Izquierda Unida pidió crear un 'superIVA' para los productos de lujo, una reclamación que ha mantenido durante esta legislatura.

El PSOE también ha incorporado esta reclamación para los bienes y servicios de lujo y la plasmó en el debate del estado de la nación, a la vez que ha solicitado que baje el tipo para los productos culturales.Los socialistas e IU han advertido de que la propuesta de los expertos supone aumentar la presión fiscal de las capas populares mediante la subida del IVA en productos básicos.

 

 

5 - IMPUESTO A LAS GRANDES SUPERFICIES

Tampoco parece dispuesto Montoro a escuchar a Izquierda Unida en Sevilla. Allí han propuesto implantar un impuesto a las grandes superficies en Andalucía y que los recursos recaudados mediante esta medida se destinen a potenciar el pequeño y mediano comercio en la comunidad autónoma.

 

 

6- IMPUESTO DE SOCIEDADES DEL 35%

En IU están trabajando para presentar su propio plan de impuestos, que incluirá que las grandes compañías que tengan una base imponible superior a 1 millón de euros paguen un 35% en el Impuesto de Sociedades, que es el que grava los beneficios empresariales.

 

 

7- IMPUESTOS VERDES

Equo solicita la creación de una tasa de CO2 -existente ya en muchos países europeos- para luchar contra el cambio climático, la dependencia energética exterior y el déficit de nuestra balanza de comercio exterior.

En su propuesta fiscal, han planteado la introducción de nuevos impuestos en estas áreas: combustible para el transporte aéreo, producción de energía nuclear, depósito y almacenamiento de residuos nucleares, incineración de residuos, plaguicidas y alimentos y productos que contengan sustancias nocivas para la salud (grasas saturadas y azúcares).


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Comunidades Autónomas y ayuntamientos no pueden cumplir la Ley de Transparencia

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Comunidades-Autonomas-ayuntamientos-Ley-Transparencia_0_2230576936.html

El Gobierno ha aplazado su aplicación porque las corporaciones no disponen de los datos que deben hacer públicos.

 

 

La Ley de Transparencia, que impulsó el Gobierno cuando saltó el 'caso Bárcenas' se ha quedado en 'stand by' tras la aprobación definitiva del texto el pasado mes de noviembre. El motivo es que muchas administraciones incumplirían a día de hoy la norma si se aplicara ya. Por eso, el Ejecutivo ha dado hasta octubre a autonomías y ayuntamientos para que actualicen sus registros.

La respuesta de las administraciones ha puesto sobre aviso al Ejecutivo: muchas de ellas no disponían de los datos económicos (balances, cierres de año, etc.) que se tienen que introducir en el futuro Portal de la Transparencia. Ante esa falta de documentación, se ha optado por no aplicar, todavía, la ley.

 

 

Las fuentes consultadas por este diario, que dieron forma al texto y participaron en la tramitación parlamentaria, explican que “ya se tuvo en cuenta este riesgo”. Por ese motivo, no se fijó un periodo cerrado -el llamado 'vacatio legis'- para la aplicación de la nueva norma.

Así las cosas, el Gobierno calcula que, “en torno al próximo mes de octubre” entrará en vigor la ley y todas las administraciones tendrán la obligación de presentar y publicar toda la información requerida por el texto.

 

 

Aún no se ha creado el Consejo de Transparencia

Tal y como se adelantó en estas páginas, la Ley también obligaba al Gobierno a crear un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente para la promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno.

 

 

El presidente será nombrado por un período no renovable de cinco años, a propuesta del ministro de Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato en el plazo de un mes.

Pues bien, según las fuentes consultadas, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha propuesto aún presidente, y el resto de integrantes del Consejo todavía no han sido propuestos por el Ejecutivo al resto de partidos de la oposición.


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El Supremo impide utilizar a parados como voluntarios para cubrir tareas habituales

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Supremo-utilizar-parados-voluntarios-habituales_0_235877232.html

En una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Tribunal limita la figura de la "colaboración social" por la que las administraciones pueden requerir a desempleados para desempeñar tareas.

Dos sentencias consideran como despido improcedente la extinción de la relación entre dos paradas y la Administración canaria al haberse dedicado a "actividades normales y permanentes".

CCOO tiene documentados muchos casos en los que 'parados voluntarios' cubren plazas de trabajo propiamente dicho.

 

 

El Tribunal Supremo acaba de cambiar su criterio de jurisprudencia sobre un asunto de gran trascendencia: la utilización de parados por parte de las Administraciones Públicas bajo la llamada fórmula de "colaboración social".

La Sala General de lo Social ha dictado una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es en la que determina que las administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados en el tiempo.

En otra sentencia, el Supremo reafirma su criterio y subraya que esta es la nueva doctrina que debe regir. En ambos casos, el Tribunal da la razón a dos desempleadas que demandaron a la Administración canaria y considera que la extinción de su relación laboral fue un despido improcedente y no el final de una colaboración social.

 

 

Para el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos, estas sentencias tienen gran trascendencia.

"Hasta ahora, el Supremo consideraba que en estos casos la actividad era siempre temporal porque se llevaba a cabo mientras los parados cobraban algún tipo de prestación, y esta siempre es finita. Ahora cambia su criterio y dice que las administraciones tienen que acreditar el carácter temporal de la actividad y, lo más importante, que no puede tratarse sin más de una tarea habitual o cotidiana de la Administración", explica Olmos.

 

 

En la sentencia en la que cambia su criterio de jurisprudencia, la Sala General de lo Social explica que las Administraciones Públicas tendrán que "acreditar documentalmente que las obras, trabajos o servicios objeto del contrato en cuestión tienen utilidad social", tal y como exige la normativa pertinente, "sin que baste su mera y simple declaración".

El Tribunal rectifica, además, su doctrina sobre la temporalidad: debe ir referida al trabajo a desempeñar –dice– y ha de ser independiente de la propia limitación del contrato de colaboración que pueda tener el desempleado.

 

 

Es decir, ya no vale con justificar que la tarea durará el tiempo que dure la prestación del parado, sino que el trabajo en sí debe tener duración temporal. En el caso al que se refiere la sentencia, la Sala considera que los servicios prestados corresponden "a las actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación durante cerca de cinco años a partir de sucesivas prórrogas".

 

 

El sindicato tiene documentados muchos casos en los que las administraciones han utilizado a personas en paro para cubrir plazas de personal que fue despedido o cuyos contratos acabaron y a los que estas sentencias afectarían directamente.

"Casi todas las personas que están bajo esta fórmula cubren tareas habituales, de ahí el 'boom' de esta figura, que se ha producido cuando la tasa de reposición del personal de la Administración ha sido cero y se están amortizando las vacantes. Es una vía para sustituir empleo", asegura.

 

 

Con esos argumentos, el Tribunal Supremo señala que la extinción de la relación entre la desempleada que demandó y la Consejería de Empleo e Industria y Comercio de Canarias es un despido improcedente, tal y como se declaró en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que sentenció que el contrato se había celebrado en fraude de ley y que encubría una contratación laboral indefinida.

"La actora ha sido empleada para realizar tareas administrativas habituales y ordinarias, labores que no tenían una autonomía y sustantividad propias, en igual régimen que el resto del personal", decía aquella sentencia.

 

 

Despido improcedente

En su otra sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reafirma en su nueva doctrina y confirma la sentencia del TSJ de Canarias que consideraba como despido improcedente la extinción de la relación entre otra desempleada que desempeñó tareas y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para la que trabajó. El TSJ condenó a Canarias a readmitir a la trabajadora o bien a indemnizarle con 11.060 euros y, en cualquier caso, los salarios de tramitación.

 

 

"Los servicios prestados se corresponden con las actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación durante más de dos años a partir de sucesivas prórrogas", dice la sentencia del Supremo.

Entre 2006 y 2011, casi 30.000 personas que estaban en paro y cobraban algún tipo de prestación tuvieron que hacer tareas voluntarias para alguna administración pública, según las estadísticas del Ministerio de Empleo.

 

 

La normativa laboral permite desde el año 82 que bajo una fórmula llamada "colaboración social" las administraciones llamen a los desempleados a realizar este tipo de tareas no remuneradas –pero por las que se da un complemento económico que se suma a la prestación– mientras siguen en el paro. Eso sí, la norma permite que estas personas desaparezcan de las estadísticas como parados mientras llevan a cabo estos trabajos.


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7 escándalos que el PP no quiere que investigue el Congreso

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/04/pp-congreso-comision-de-i_n_4895755.html?utm_hp_ref=spain

El rodillo parlamentario del PP puede con todo. Nada de dar demasiadas explicaciones sobre los temas espinosos. Este martes los populares han vuelto a tumbar la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el drama ocurrido en Ceuta el pasado 6 de febrero.

 

 

Es el último ejemplo de las negativas de los populares a que el Parlamento estudie y sea escenario de comparecencias en profundidad sobre temas de máximo calado político y social. Un signo más del papel casi de trámite que tienen las Cortes dominadas por la mayoría absoluta del PP. ¡Qué investiguen otros!.

Estos son siete casos en los que el PP ha rechazado crear una comisión en la Cámara Baja:

1-LA FINANCIACIÓN DEL PP

Los populares rechazaron las sucesivas propuestas del PSOE y de la Izquierda Plural de crear una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido y el ‘caso Bárcenas’. Este mismo martes Izquierda Unida ha recuperado la propuesta y ha anunciado que volverá a reclamar que la Cámara Baja estudie las cuentas del PP para que se sepan todos los "pufos" relacionados con el 'caso Gürtel'.

 

 

2-LA TRAGEDIA DE CEUTA

El PP ha vetado la creación de una comisión sobre la tragedia de Ceuta del pasado 6 de febrero cuando murieron al menos quince inmigrantes al intentar entrar a nado en España. Los populares han alegado que es “innecesaria” porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado “cumplidas explicaciones”.

 

 

3-CAJA MADRID

El partido liderado por Mariano Rajoy se negó asimismo en enero a celebrar una sesión para decidir si el Congreso tenía que investigar en una comisión la “inaceptable utilización de Caja Madrid” por parte del PP y sus consecuencias en la entidad. El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte defendió su negativa argumentando que todas las decisiones en la caja se habían tomado por “unanimidad” y que había representantes de todos los partidos en el consejo.

 

 

4-ACCIDENTE DE SANTIAGO

La Mesa del Congreso tumbó el pasado mes de septiembre la petición de la Izquierda Plural y del Grupo Mixto de debatir la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Santiago de Compostela. “Es una cuestión de pura higiene democrática. No se trata de sustituir ni de interceder en la vía judicial, sino más bien de responder a las demandas de las víctimas y de la sociedad”, defendió en su día la diputada Ascensión de las Heras (IU).

 

 

5-AMNISTÍA FISCAL

El PP también ha vetado durante esta legislatura la creación de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. Los socialistas querían que Rajoy explicara la finalidad de esta medida, gracias a la cual Bárcenas habría regularizado 11 millones de euros, según los abogados del extesorero.

 

 

6-EL RESCATE FINANCIERO

El Congreso de los Diputados ha rechazado también en dos ocasiones al menos la creación de una comisión de investigación sobre el rescate a la banca. Los populares aludieron que no se podía celebrar cuando todavía estaba en marcha este mecanismo. ¿Cambiarán de opinión ahora que venden que ya ha terminado?

 

 

7-EL ESCÁNDALO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

La crisis de la Agencia Tributaria (AEAT) provocada por los ceses y dimisiones al mismo tiempo que se destapaba el ‘caso Cemex’ llevó al PSOE a pedir una comisión de investigación para que compareciera el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los inspectores implicados.

Los populares volvieron a imponer el rodillo parlamentario. La excusa del partido para no crearla fue que el objetivo del PSOE era “desprestigiar al ministro de Hacienda y acusarle falsamente de favorecer a grandes empresas”. No se supo nada más.


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