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El Gobierno de concentración PP-PSOE no es una operación de Felipe González: los grandes empresarios están detrás

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Gobierno-concentracion-PP-PSOE-Felipe-Gonzalez_0_2273772612.html

La han diseñado Alierta, Fainé, Botín, Florentino Pérez... por el peligro para el país si gobiernan IU, ERC y otros nacionalistas. Juan Luis Cebrián es el más activo promotor

Un Gobierno de coalición entre PP y PSOE. Fue la propuesta que lanzó hace una semana Felipe González, en la línea de lo que ocurre ahora en Alemania con los dos grandes partidos. Pero la idea no parte del ex presidente socialista. La llevan gestando desde hace tiempo los empresarios más importantes del país.

 

 

Según ha sabido El Confidencial Digital, de fuentes empresariales de alto nivel conocedoras de las conversaciones, los 17 grandes directivos del Ibex, agrupados en el Consejo Empresarial para la Competitividad, llevan semanas debatiendo sobre la conveniencia de que se implante en España un gobierno integrado por los dos principales partidos.

Los muñidores de la operación son sobre todo algunos de los grandes del Ibex: César Alierta (Telefónica), Isidro Fainé (CaixaBank), Emilio Botín (Banco Santander), Florentino Pérez  (ACS), Francisco González (BBVA), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola)…

 

 

Juan Luis Cebrián, el más activo promotor

Los grandes empresarios han aprovechado, explican las fuentes consultadas, los contactos previos a la reunión que mantuvieron con Mariano Rajoy en La Moncloa, hace dos semanas, para cambiar también impresiones sobre este asunto.

Pero la implicación y actividad de un personaje destaca sobre el resto. Es el caso del presidente ejecutivo de Prisa, Juan Luis Cebrián, que se ha convertido en el adalid de esa ‘solución’ y la está promoviendo a todos los niveles.

 

 

Peligro para la estabilidad y la recuperación

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que la principal inquietud que ha movido a los grandes empresarios del país a discutir en privado esta cuestión y a plantearse el Gobierno PP-PSOE es el riesgo, que ellos creen posible, de que España se convierta en un país ingobernable.

Los altos directivos trasladaron a Felipe González, hace menos de un mes, su preocupación por el peligro que puede suponer para la estabilidad de España el declive de los grandes partidos y, a la vez, el ascenso de formaciones minoritarias y en algún caso extremistas, que haría ingobernable el país.

 

 

Los nacionalistas

Le mostraron, en concreto, su inquietud por el rumbo que han tomado partidos nacionalistas como CiU y PNV, que en el pasado mostraron vocación de Estado pero que ahora han cambiado de rumbo. Consideran que, a día de hoy, el independentismo rupturista que ambas formaciones defienden hace imposible cualquier pacto político con ellos en cuestiones de Estado.

En ese escenario electoral, según las fuentes empresariales a las que ha tenido acceso ECD, a los altos directivos del Ibex les genera una enorme incertidumbre que, de cara a las generales de 2015, PP y PSOE tengan que gobernar con el apoyo de los nacionalistas debido a que ninguna de las dos formaciones consiga mayoría absoluta.

 

 

Preocupan Cataluña y la Corona

Fuentes empresariales añaden que los empresarios se muestran también inquietos por el proceso independentista iniciado en Cataluña. Lo ven como una amenaza que cada día va a más: la deriva separatista cuenta con cada vez más apoyos, mientras que no se está dando una respuesta adecuada desde el conjunto del Estado al reto lanzado por Artur Mas.

También tienen en cuenta el peligro al que se va a enfrentar la monarquía en España en los próximos años, debido a la progresiva pérdida de popularidad que se observa en las encuestas y en la calle. Y los ejecutivos consideran que la Corona es sinónimo de estabilidad, y por tanto se trata de un valor que hay que proteger.

 

 

Felipe González lo ha revelado antes de tiempo

Según las fuentes consultadas, lo que los grandes empresarios no podían pensar era que Felipe González hiciera público el plan del Gobierno de concentración en plena campaña electoral, sobre todo por las consecuencias negativas que eso podía acarrear al PSOE.


De hecho, esa revelación antes de tiempo no ha sentado nada bien a algunos de los máximos representantes del Consejo Empresarial para la Competitividad. Su planteamiento era poner en marcha la operación tras analizar los resultados que alcancen los dos grandes partidos en las elecciones europeas del 25 de mayo, que consideran el primer ‘test’ sobre lo que puede ocurrir en las generales del año que viene.

 

 

Tal y cómo contó ECD, el ex presidente del Gobierno abordó la posibilidad del Gobierno de concentración en persona con don Juan Carlos en una audiencia privada en La Zarzuela. Pero lo que se ha conocido ahora es que la propuesta no partía de él, sino que está impulsada por los grandes empresarios del país.

Fuentes próximas a Felipe González aseguran que él no quería sacar el tema, ni referirse al asunto en este momento, pero que Ana Pastor, durante la entrevista en el programa ‘El Objetivo’ de La Sexta, hace poco más de una semana, “le preguntó hasta en ocho ocasiones por el Gobierno de concentración. Eludió la respuesta las siete primeras veces, pero a la octava contestó lo que la periodista buscaba”.


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España autorizó en un semestre 2,7 millones de euros en material antidisturbios para Venezuela

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Fuente: http://www.infodefensa.com/es/2014/04/09/noticia-espana-autorizo-primer-semestre-venta-venezuela-millones-material-antidisturbios.html

En el primer semestre de 2013, último periodo disponible, la Secretaría de Estado de Comercio había autorizado la venta a Venezuela de material antidisturbios por un valor próximo a los 2,7 millones de euros. Se trata de más de la mitad del material de este tipo autorizado a exportar en total durante ese periodo (poco más de 5,1 millones de euros a –además de Venezuela– Argelia, Egipto, Nicaragua y Túnez).

 

 

El Gobierno español suspendió hace un mes estas transacciones por un tiempo indefinido ante la espiral de violencia que vive el Estado caribeño, según publicó el diario El País este fin de semana y ratificó poco después el ministro de Exteriores español, José García-Margallo.

Al ser preguntado si la decisión de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Material de Doble Uso (JIMDDU) adoptada el pasado 6 de marzo de congelar el envío de material es una condena al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, García-Magallo lo negó.

 

 

“No parece lógico echar leña al fuego”

A continuación, el ministro español aclaró que se trata de “una forma de decir que el clima de violencia debe ser sustituido por un clima de diálogo”. Y añadió que cuando se produce “una situación de conflicto no parece lógico echar leña al fuego”. Posteriormente, el Gobierno de Venezuela rechazó “categóricamente” las “infortunadas declaraciones” del García-Margallo, según recogió Europa Press.

En un comunicado, las autoridades del país latinoamericano afirman que los cuerpos de seguridad del Estado venezolano “no poseen ningún contrato vigente de suministros de equipos de seguridad por parte del Gobierno Español o empresas españolas”.

Según los datos de la Subdirección General de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso, durante los seis primeros meses de 2013 se exportó a Venezuela “material policial y de seguridad” por un montante de 16.016 euros, a la vez que se autorizó la exportación de 2.681.864 euros “de otro material”, especificado entre paréntesis como de “antidisturbios”.


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La Troika te ha robado 3.000€: te explicamos cómo lo han hecho

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Diferencias entre PP y PSOE= BIPARTIDISMO

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El ‘gran hermano’ quiere entrar en los locutorios

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Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/libertades/22660-big-brother-quiere-entrar-locutorios.html

El documento nacional de identidad (DNI) fue creado por decreto el 2 de marzo de 1944, en plena dictadura franquista. Como no podía ser de otra forma, el dictador se adjudicó el número 1, el número 2 fue para su esposa, Carmen Polo; y el 3 para su hija, Carmen Franco Polo. Del cuarto al noveno han quedado vacantes.

Desde el número 10 hasta el 99 se reservaron para la familia real espa­ñola. De este modo, Juan Car­los I posee el número 10; su señora doña Sofía, el 11; y así sucesivamente, a excepción del número 13, que quedó vacante por cuestiones de superstición.

 

 

Comenzó a ser expedido en 1951 como medida de control social, sien­do obligatorio para todos los hombres que habían quedado en libertad vigilada después de salir de prisión. Desde entonces, el DNI ha estado en las carteras de la ciudadanía del Estado español. Los datos recogidos en el DNI español han sido, a lo largo de su historia, la envidia de las policías europeas, sobre todo debido a la aparición en el mismo de las huellas dactilares, algo que no ocurre prácticamente en ningún país de Europa.

De hecho, muchos países del entorno no han comenzado a tener este tipo de documento o debates sobre su conveniencia hasta después de la ofensiva, en términos de control social, generada a raíz de 11S, y en pocos casos conlleva la aportación de estos datos o la obligatoriedad de portarlo.

 

 

Elemento de control

Ahora parece que el uso del DNI como elemento de control vuelve a tomar fuerza frente a su uso como documento garante de derechos. El artículo 24 del borrador del anteproyecto de la Ley de Seguridad Ciu­dadana, que vendría a sustituir a la Ley Orgánica 1/1992, de Protec­ción de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ley Cor­cuera, supone una huida del control judicial, en el que impera la presunción de inocencia, e inicia una deriva hacia un modelo de control administrativo, en el que prevalece la presunción de veracidad de la autoridad sancionadora, lo cual obligará al denunciado al abono de tasas, que impone la Ley de Tasas aprobada en 2012, para recurrir la sanción.

 

 

El anteproyecto aprobado el pasado noviembre prevé la obligatoriedad de mostrar el DNI a la hora de hacer uso de los servicios de los locutorios o cibercafés.

De aprobarse la nueva ley tal y como aparece redactada en el texto, los propietarios de este tipo de establecimientos deberán fotocopiar o escanear el DNI de sus clientes, o un documento equivalente, y almacenar esa información para que pueda ser consultada en cualquier momento por las autoridades.

Para las personas que gestionan este tipo de establecimientos, esta medida supondrá cumplimentar un libro de registro con los datos de identidad de la clientela. En caso de no hacerlo, cometerán una infracción grave, por lo que se arriesgarán a ser multados con entre 1.001 y 60.000 euros.

 

 

Los documentos que se van a pedir están en estudio. Parece evidente que uno de los documentos válidos para la identificación será el DNI, pero está por ver que pueda ser también el pasaporte, por lo que no está claro si la población “sin papeles” podrá acceder a estos recursos mostrando el pasaporte de su país de origen. No obstante, de aprobarse la ley, se generarían listados de personas sin la documentación en regla que utilizan asiduamente las instalaciones de los locutorios.

 

 

Hablamos con Serigne Mbaye, de la Asociación de Sin Papeles de Ma­drid, quien nos comenta que están estudiando qué tipo de acciones van a emprender para denunciar este tema:

“Queremos demostrar que es algo totalmente ilegal, creemos que todas las personas tenemos derechos a comunicarnos con nuestras familias”. Eva Gilbertz, participante en la Oficina de Derechos Sociales del Centro Social Strike, en Roma, declara a DIAGONAL: “En Italia, desde mediados de 2005 hasta el final de 2010, estuvo en vigor una ley [similar] llamada Decreto Pisanu, que formaba parte del paquete de medidas antiterroristas tomadas con la excusa de los atentados de Londres en julio de 2005 y el arresto de Osman Hussein en Roma, acusado de dichos ataques.

En un principio, parecía que esta persona tenía algún tipo de relación con un locutorio, lo cual resultó falso en última instancia, pero permitió la puesta en marcha del decreto. No obstante, finalmente se retiró debido a que estaba en contra de los principios más básicos de privacidad, así como por resultar un lastre para el desarrollo de las redes wifi. En última instancia, digamos que resultaba un tanto embarazoso para Italia tener una restricción sin sentido como era esa, por lo que terminaron por eliminarla”.

 

 

“Una solemne tontería”

“Sinceramente, esta propuesta me parece una solemne tontería, un absurdo. Cuando se dé trámite a la ley, esa sección va a ir obviamente fuera. Es inviable, entre otras cuestiones, porque tendríamos el mismo problema con las cabinas de teléfono, es decir, ¿van a poner lectores de DNI en las cabinas que están en la calle?”.


Quien se expresa de esta forma tan contundente es An­tonio Expósito, presidente de la Aso­cia­ción Nacional de Cibers y Locu­torios, que prosigue:

“Además, la propuesta obliga a identificar a la persona usuaria, es decir, tal persona ha entrado aquí a tal hora, pero en ningún caso se podría registrar la llamada o las web que ha visitado, ya que sería algo complemente ilegal. El dato de que tal persona se ha conectado a tal hora es completamente irrelevante, tenemos que recordar que el derecho a la privacidad está por encima de todo lo demás.

Toda esa información, que puede resultar más relevante, ya la tienen las compañías y existen mecanismos legales para conseguirla a través de la orden de un juez”. Expósito concluye que, “desde la asociación valoramos que es tal tontería que no nos hemos molestado en decir nada. Da la sensación de que, una vez más, los políticos nos demuestran que no tienen los pies en la tierra. Creo que, cuando esto llegue a alguien del Gobierno que realmente sepa de lo que está hablando, va a decir: ‘Quitad esa propuesta inmediatamente por que estamos haciendo el ridículo’”.

 

 

En un informe de la directora ad­jun­ta de la ONG Rights International Spain, Patricia Goicoechea, se lee:

“Si analizamos esta definición [de seguridad ciudadana del anteproyecto] a la luz del concepto de seguridad ciudadana que ha de regir en una sociedad democrática, la ‘tranquilidad de los ciudadanos’ debe referirse a aquella que deriva de la ausencia de riesgos ciertos y graves para su vida y su integridad física, y la protección contra daños graves a bienes públicos y privados.

En ningún caso puede entenderse la tranquilidad como una situación en la que no se oigan voces discrepantes, en la que las calles y plazas no sean más que un espacio de tránsito o en el que únicamente puedan llevarse a cabo actividades comerciales”.

 

 

Este mismo informe hace referencia al Pacto Internacional de Dere­chos Civiles y Políticos aprobado por la Asamblea General de la ONU en 1966, que entró en vigor en 1976 y fue ratificado por el Estado español un año más tarde.

Este pacto viene a regular los motivos legítimos por los que los Estados pueden restringir el ejercicio de los derechos civiles y polí­ticos, ­­regulado por los conocidos como Principios de Sira­cusa, en los cuales se afirma que “los medios de protección contra los peligros para la seguridad de las personas, sus vidas o integridad física o los daños graves a su propiedad no pueden usarse para imponer limitaciones [de derechos] vagas o arbitrarias”.

 

 

El texto de la nueva ley está siendo sometido a informes por parte de diversos órganos, como el Con­sejo de Estado o la Agencia de Pro­tección de Datos. Posteriormente volverá a ser revisado por el Consejo de Minis­tros para ser enviado a las Cortes Generales como proyecto de ley, donde debe seguir una larga tramitación parlamentaria antes de su aprobación final. Interior no cuenta con su puesta en marcha hasta el segundo semestre de este año.


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(Contadores de luz, Gobierno, compañías eléctricas y fabricantes): “El Gobierno lleva 30 años provocando un vacío legal que ha costado a los españoles más de 11.000 millones de euros”

Publicado en por Skiper

Fuente: http://canariascnnews.com/index.php/item/1772-

Es ingeniero industrial, trabajó durante cuatro años en la filial española de Landis & Gyr, primer fabricante mundial de contadores de la luz, y conoce desde dentro cómo funciona el sistema. Su negativa a participar en un grupo clandestino creado para “estafar a los usuarios”, le valió el despido mediante una “denuncia falsa” que destruyó su reputación profesional y su solvencia económica.

Esto es lo que, en una entrevista valiente y muy reveladora, cuenta Antonio Moreno, en lucha desde 1994 para rehabilitar “su buen nombre” y denunciar “la gigantesca estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz, cometida por el Gobierno, las compañías eléctricas y los fabricantes”.

 

 

P: Lleva 20 años en lucha contra las eléctricas, ¿por qué?

Por dos motivos: Rehabilitar mi buen nombre profesional y poner fin a los graves perjuicios ocasionados a los usuarios por dicha mafia, formada por los dos principales partidos políticos, las grandes compañías eléctricas y las multinacionales fabricantes de contadores de la luz.

 

 

P: ¿Qué motivó el principio su cruzada?

La rehabilitación de mi buen nombre profesional. En 1994 fui despedido de Landis & Gyr Española, mediante una denuncia falsa de su entonces director comercial, Félix Rivas Perales, en represalia por negarme a colaborar con el grupo Contact.

 

 

P: ¿Qué es el grupo Contact?

Un grupo clandestino integrado por directivos de las empresas fabricantes de contadores de la luz. Sus principales finalidades son repartirse consensuadamente el mercado, imponer precios superiores a los que resultarían de la libre competencia y facilitar al Ministerio de Industria datos falsos sobre los precios medios de mercado de esos aparatos.

 

 

P: ¿Cuáles son sus denuncias?

La imposición de restricciones a la libre competencia en el mercado de los contadores de la luz, el cobro por las compañías eléctricas de un servicio inexistente y la estafa en los precios de alquiler.

 

 

P: ¿Cómo explica esas “restricciones a la libre competencia” por parte de Contact?

Primero, repartiendo consensuadamente el mercado entre las empresas integrantes del grupo, y, después, obligando a los distribuidores aplicar unos precios de venta que hacen antieconómica la compra del contador, forzando así al usuario a alquilarlo a la compañía eléctrica.

 

 

La existencia de restricciones a la libre competencia ha sido reconocida por la propia Comisión Nacional de Energía, que en el Informe solicitado por el Ministerio de Economía y la Junta de Andalucía, en relación con el escrito de denuncia formulada por mí, emitido el 20.09.2001, expone en su décima y última conclusión:

“Aunque la regulación ha permitido históricamente que los consumidores adquiriesen en propiedad los diferentes equipos de medida y control, la realidad demuestra que la inmensa mayoría de ellos lo son en régimen de alquiler a las empresas distribuidoras.

La principal razón no es otra que los precios de venta a los que los consumidores pueden optar son sensiblemente superiores a los de las empresas distribuidoras. Se observa que los mecanismos de fijación de precios en el mercado de contadores pudieran ser discriminatorios para los diferentes tipos de compradores, lo cual corresponde legalmente examinar a los órganos competentes en materia de competencia".

 

 

A pesar de haber transcurrido casi 13 años desde que la CNE emitió su informe, “los órganos competentes en materia de la competencia” no han hecho absolutamente nada para poner fin a las restricciones, lo cual ha tenido como consecuencia que el 43% del mercado de contadores telegestionables esté monopolizado por Enel, empresa pública italiana, que no permite que en la red de distribución de Endesa (cuya propietaria es Enel) sea instalado un contador telegestionable que no haya sido fabricado por Enel.

Debido a ello, todos los usuarios conectados a la red de distribución de Endesa (11,55 millones, a 31.12.2013) están obligados no sólo a aceptar el contador de Enel, sino a elegir la opción de alquiler, ya que los precios de venta impuestos por Enel a su distribuidor en España hacen antieconómica la opción de compra.

 

 

P: ¿Cuál es el servicio inexistente cobrado por las compañías eléctricas?

La verificación periódica de los contadores domésticos electromecánicos, de los que había 25,8 millones el 01.01.2007, fecha a partir de la cual dejaron de instalarse. Desde 1984, los usuarios llevamos pagados más de 11.000 millones de euros, que se incrementan cada día en 600.000, por una verificación que no es posible porque el Gobierno aún no ha publicado la normativa que define cómo realizarla.

 

 

P: ¿Afirma que el Gobierno lleva 30 años provocando premeditadamente un vacío legal que nos lleva costados más de 11.000 millones de euros?

Sí. Además, no sólo lo provoca premeditadamente, sino que lo reconoció en 2006 en un escrito al Congreso, en el que mintió. Esto da una idea de la profundidad de la impunidad de la corrupción institucional que sufrimos.

El 21. 03. 2006, la diputada Isaura Navarro hizo por escrito la siguiente pregunta al Gobierno: “¿Cuando tiene previsto el Gobierno publicar en el BOE la normativa oficial sobre verificación periódica de contadores de la luz?”.

 

La respuesta del Gobierno, mediante escrito de 21.07.2006, fue: “El Gobierno es consciente de la necesidad de elaborar una reglamentación que elimine el vacío legal actual y garantice los derechos de los consumidores. El Gobierno estima que la Orden Ministerial requerirá al menos un año más para su publicación”.

A día de hoy, en que han transcurrido 29 años desde la entrada en vigor de la Ley 3/1985, de Metrología, y 8 años desde que el Gobierno prometiera que la publicación de la normativa sobre verificación periódica de los contadores electromecánicos de la luz tardaría al menos un año, dicha normativa aún no ha sido (ni será) publicada.

 

 

P: Parece increíble… ¿Ha habido alguna reacción por parte de los partidos políticos o de la Administración de Justicia?

Absolutamente ninguna. A pesar de mis numerosos escritos a los grupos políticos del Congreso y del Parlamento de Andalucía, a la Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Anticorrupción y al Consejo General del Poder Judicial.

 

 

P: ¿En qué consiste la supuesta estafa que denuncia en los precios de alquiler de los contadores?

El criterio de cálculo del precio de alquiler de los contadores de la luz es definido en la condición general 16 del Anexo II del Real Decreto 1725/1984, que establece que “para los contadores no especiales de hasta 63 Amperios, el Ministerio de Industria y Energía fijará las cantidades concretas máximas que se puedan aplicar por su alquiler, en base al 1,25% del precio medio de mercado del aparato”.

 

 

En la primera etapa, de 1984 a 1987, planificada por el Gobierno (PSOE), las compañías eléctricas y los fabricantes de contadores, éstos facilitan al Ministerio de Industria precios medios de mercado falsos, con objeto de que los precios de alquiler publicados en el BOE, que son calculados aplicando el 1,25%, sean muy superiores a los que resultarían si fueran los reales.

La estafa es reconocida por los propios fabricantes en un escrito requisado durante los registros efectuados en mayo de 1998 por siete inspectores de la Comisión Europea en las sedes de Landis & Gyr Española (Sevilla), Siemens (Madrid) y Sclumberger (Barcelona), y en las oficinas de los principales distribuidores de dichos fabricantes.

 

 

En el escrito, denominado “Notas de la reunión de 23.11.1995 de los fabricantes de contadores con UNESA”, el portavoz de los fabricantes y redactor del documento, Gustavo Eisenberg, afirma lo siguiente:

"Si estas publicaciones [en referencia a los artículos publicados los días 21 y 23.11.1995 por el diario El País, el primero de los cuales informaba sobre el grupo clandestino Contact y su modo de operar] no respondieran a un hecho casual y continuaran alimentadas por alguien que conoce bien estos temas, podría aparecer en cualquier momento el peligroso tema de los alquileres de los contadores.

En 1984 se dictó una disposición por el Ministerio de Industria y Energía, autorizando el cobro mensual al consumidor del 1.25% del precio del contador. Este factor se aplica sobre los precios de lista, cuando debería hacerse sobre los reales, los cuales son inferiores en un 50% o más (…) Si este asunto saliera a la luz pública, podría producirse un escándalo de imprevisibles consecuencias para todos (…) El Sr. Rivero -Pedro Rivero Torre, entonces vicepresidente de UNESA, patronal de las cinco grandes compañías eléctricas- conoce bien este problema".

 

 

 

P: ¿Qué pasó en las siguientes etapas?

En la segunda, de 1987 a 2001, planificada por el Gobierno (PSOE) y las compañías eléctricas, el precio de alquiler de los contadores no es calculado aplicando el 1.25% al precio medio de mercado, que es lo establecido legalmente, sino en función de la tarifa eléctrica (precio del kWh), lo cual provoca un aumento espectacular del precio de alquiler.

En la tercera etapa, de 2002 hasta hoy, el precio de alquiler de los contadores no es calculado aplicando el 1.25% al precio medio de mercado, que es lo establecido legalmente, sino siguiendo al pie de la letra la directriz marcada al Gobierno (PP) por José María Amusátegui, presidente de UNESA y Unión Fenosa,  y copresidente, con Emilio Botín, del Banco de Santander.

En las tres etapas, la estafa es cometida a través del Boletín Oficial del Estado y, en catorce ocasiones (reales decretos de actualización de la tarifa eléctrica 2204/1995 a 871/2007), utilizando la firma del jefe del Estado, el cual fue advertido por mí en doce ocasiones de que el Gobierno lo estaba utilizando como marioneta para encubrir la estafa, sin que ninguna de las doce advertencias fuera tenida en cuenta.

 

 

 

P: ¿A quienes afecta y a cuánto asciende la estafa?

La estafa afecta directamente a todos los usuarios que hayan tenido o tengan en alquiler un contador electromecánico. El 01.01.2007, el número de afectados era superior a 23 millones.

A 31 de diciembre de 2013, la cantidad estafada superaba los 5.400 millones de euros, que se incrementan cada día en 350.000.

 

 

P: ¿Quién cree que es el principal responsable de la estafa?

Sin ninguna duda, el Gobierno, que es quien controla el Boletín Oficial del Estado, el instrumento a través del cual es cometida la estafa, que aún continúa. Esto implica que los principales responsables son el PSOE, que planificó en el Gobierno las dos primeras etapas de la estafa,  y el PP, que planificó la tercera etapa.

 


P: ¿Qué apoyos tiene en su lucha?

Salvo la colaboración puntual de algún diputado, como ahora, José Luis Centella, y antes Antonio Romero e Isaura Navarro, no sólo no tengo ningún apoyo institucional, sino que soy tratado como un enemigo por la Junta de Andalucía, el Ministerio de Industria, la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional, que tienen la obligación constitucional de defender los legítimos intereses generales y actuar contra quienes perjudican dichos intereses.

Hay, afortunadamente, dos excepciones: el juez Manuel Pérez Echenique y la fiscal Consuelo Álvarez, del Juzgado de Primera Instancia nº 86 de Madrid, que desestimaron la demanda presentada contra mí en diciembre de 2011 por Endesa, en la que ésta solicitaba el cierre cautelar de www.estafaluz.com y una indemnización de 50.000 € (+ 21% de IVA) “por intromisión ilegítima en el derecho al honor de esta compañía”.

En su sentencia, el citado tribunal desestima la demanda porque “el derecho de expresión es prioritario sobre el derecho al honor cuando la información es veraz y de interés general”.

 

 

P: ¿Hasta cuándo piensa continuar luchando?

Hasta que consiga verdad, justicia y reparación.

 

 

P: ¿Y qué hace falta para esto?

Que Landis & Gyr Española me entregue un documento notarial en el que reconozca que los motivos alegados para despedirme, la denuncia presentada contra mí el 07.11.1994 en la comisaría de Nervión (Sevilla) y el testigo utilizado para apoyar dicha denuncia son falsos.

Que un tribunal de lo Social admita el documento notarial y sentencie que mi despido de Landis & Gyr Española fue improcedente. Que la Audiencia Nacional investigue con objetividad, eficacia e independencia los delitos denunciados en mi querella de 27.09.2000, cuyo procedimiento penal fue suspendido fraudulentamente para proteger a los responsables de dichos delitos, sin que ni una sola de las diligencias propuestas por mí hubiera sido practicada (la única diligencia practicada en los 18,6 meses transcurridos entre la orden de apertura del procedimiento y el auto de archivo fue la toma de declaración a los imputados). Y además que Landis & Gyr Española repare el daño causado con su falsa acusación.

 

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Robar en un supermercado pasará de falta a delito en el nuevo Código Penal

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/Robar-supermercado-pasara-Codigo-Penal_0_2264173563.html

El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour... han conseguido que el ministro Gallardón incluya sanciones de hasta 18 meses de cárcel por hurtos en grandes superficies.

 

 

Robar en un supermercado será delito en el nuevo Código Penal que elabora el Gobierno. Contemplará condenas de más de un año de cárcel por los hurtos en grandes superficies. Alberto Ruiz-Gallardón ha aceptado la propuesta de las empresas de distribución más importantes del país para frenar el aumento de las sustracciones en sus centros.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, el Ministerio de Justicia incluirá en el texto definitivo del nuevo Código Penal esta modificación tan relevante para los centros comerciales y grandes supermercados.

 


Estas prácticas pasarán a ser delitos y a estar castigados con penas de entre 6 y 18 meses de cárcel. Eso sí. Se incluirá como atenuante, explican, la situación económica cuando el valor de lo sustraído no supere los 1.000 euros.

En todos los demás supuestos se considerará delito de hurto, independientemente de la cuantía sustraída. El límite que establece la legislación actual para ser tipificado como delito es el apropiamiento indebido de más de 400 euros.

 

 

Reuniones del sector de la distribución con Gallardón

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD confirman que este cambio ha sido posible gracias al trabajo discreto de la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC).

Representantes de este colectivo se han reunido en los últimos meses con altos cargos del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para que sus reclamaciones se tuvieran en cuenta en la redacción del nuevo texto legal.

La patronal AECOC representa a las empresas más importantes del sector de la alimentación y distribución en España como El Corte Inglés, Mercadona, Coca Cola, Caprabo, Fnac, Carrefour y Mango.

 

 

La propuesta ha sido aceptada por el Gobierno

El proyecto de ley de reforma del Código Penal se encuentra todavía en fase de tramitación parlamentaria. Algunas fuentes políticas dudan de que vaya a ser aprobado en esta legislatura.

Sin embargo, según las fuentes consultadas, el ministro Gallardón ya ha trasladado a los directivos del sector de los grandes de la distribución que esta medida será incluida en la nueva normativa ante el aumento de los hurtos en centros comerciales en los últimos años por la crisis.

 

 

130.000 hurtos en supermercados y tiendas en 2013

En 2013, se produjeron en España más de 130.000 hurtos en supermercados, grandes almacenes y pequeñas tiendas de barrio. Las perdidas alcanzaron los 600 millones de euros, según fuentes del sector.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que –según datos del sector- sólo se denuncian un 18% de las sustracciones. Motivo: con la ley actual, no sirve de mucho interponer una denuncia.


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Se demuestra la existencia de La Gran Coalición PP-PSOE

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article67428

El Libro Negro del Bipartidismo contiene 100 puntos que demuestran la existencia de la Gran Coalición PPSOE.

 

 

En las últimas semanas se ha empezado a hablar de una posible Gran Coalición entre el PP y el PSOE después de las próximas elecciones generales que se celebrarán en el año 2015.

Si eso sucediera solo sería hacer oficial una relación que tiene décadas de antigüedad. La Gran Coalición entre el PP y el PSOE existe como mínimo desde que Felipe González perdió las elecciones y José María Aznar gobernó sin variar en lo fundamental la política de éste. Algo que también hizo José Luis Rodríguez Zapatero y que está haciendo hoy Mariano Rajoy.

 

 

Lejos de la imagen que han construido los medios de comunicación del bipartidismo para hacer creer a los ciudadanos que entre el PP y el PSOE hay unas diferencias insalvables, ambos partidos se han dedicado en las últimas décadas a consolidar y profundizar la política neoliberal de su antecesor.

Esta práctica ha sido ocultada por los medios de comunicación afines a estos dos partidos. Mientras ponen altavoces en los discursos de los líderes del PP y del PSOE, corren un tupido velo sobre sus hechos para que nadie vea que esos hechos son los mismos.

 

 

El Libro Negro del Bipartidismo contiene una lista con 100 puntos en los que se puede observar como la política del PSOE y del PP es exactamente la misma.

Ninguno de los dos partidos echó para atrás ninguna política del otro aunque en los medios de comunicación aparecieran echándose las manos en la cabeza por la barbaridad que había hecho el otro. Al llegar al poder se olvidaban de ello e incluso profundizaban lo que antes consideraban una barbaridad.

 

 

Lo que se trata de dar a entender en esta noticia es que la Gran Coalición entre el PP y el PSOE existe ya y lleva funcionando décadas. Ambos partidos practican la misma doctrina neoliberal y han sido aliados en aplicarla desde que el PSOE llegó al gobierno en 1982 de la mano de Felipe González.

En las próximas líneas se reproducirán 10 puntos de la lista de 100 que prueba la existencia de la Gran Coalición PP-PSOE. Si desea conocer la lista al completo -en los 90 puntos restantes hay verdaderos escándalos del bipartidismo- puede descargar El Libro Negro del Bipartidismo gratuitamente desde aquí y ver la lista completa.

 

 

1. En 1999 Josep Borrell dijo que el PSOE se había equivocado al legalizar las ETT porque habían devuelto a los trabajadores a las condiciones laborales del siglo XIX. Pero cuando volvieron los socialistas al poder no solo no erradicaron las ETT, sino que en la reforma laboral de 2010 se les concedió casi la totalidad de sus exigencias.

Se les levantó el veto para operar en el sector de la construcción, se añadió a la propia Administración Pública como uno de sus clientes y se comenzó a privatizar el INEM al darles la gestión del Servicio Público de Empleo a las ETT.

 

 

2. Felipe González atacó la progresividad fiscal en 1991 haciendo pagar más a los que menos tenían y haciendo pagar menos a los que más poseían. El PSOE aumentó el tipo más bajo hasta el 20% -el que afectaba a las rentas más bajas que ahora pagaban más- y el más alto lo redujo al 53% -el que afectaba a las rentas más altas que ahora pagaban menos-.

 

 

3. El PSOE de Zapatero permitió durante sus años de gobierno que la Iglesia no pagase impuestos por sus bienes inmuebles, que gracias a la Ley Hipotecaria de Aznar, respetada por el PSOE, llegan a superar las 100 000 propiedades.

También los socialistas permitieron, enfrentándose a la mismísima Unión Europea (UE), que la Iglesia no tuviera que pagar el IVA como el resto de los ciudadanos.

 

 

4. El Gobierno del PSOE dirigido por Zapatero aprobó una Ley de Memoria Histórica en la que igualaba a los golpistas que asesinaron con las armas un Gobierno legal y legítimamente elegido en las urnas. Para los socialistas, los franquistas que agredieron primero la legitimidad democrática eran iguales que el pueblo republicano que salió a defender a su Gobierno.

 

 

5. Rubalcaba expresó cuando era portavoz del PSOE, en diciembre de 2011, que su partido apoyaba sin fisuras al rey y a la institución de la monarquía. Algo que se ha podido confirmar con el paso del tiempo.

Por ejemplo, a mediados del año 2013 el PP movió los resortes del poder para que la Justicia no investigase a la infanta Cristina por su vinculación con la corrupción de su marido Urdangarín en el Caso Noós. Lo consiguió y el PSOE lo celebró.

 

 

6. Mientras recortaba los derechos y las prestaciones sociales de los ciudadanos que él mismo con sus acciones políticas había dejado sin trabajo y sin casa, el PSOE aumentó desproporcionadamente el presupuesto militar, por encima incluso de la época de Aznar en el contexto de la guerra de Irak.

La retórica pacifista de Zapatero en contra de la guerra de Irak no impidió que el presupuesto militar español subiera de los 16 000 millones de Aznar a los casi 20 000 millones en los últimos años del gobierno de los socialistas.

 

 

7. En 2010 Zapatero aprobó un recorte de 50 000 millones de euros en el gasto público, expresando que eso no supondría ningún recorte para la educación, las pensiones y el desempleo. Ese mismo año se redujo un 8% el presupuesto del Estado para la educación, tendencia que ha continuado hasta hoy.

Las pensiones sufrieron el año siguiente un tremendo ataque, viendo cómo se aumentaban la cantidad de años para conseguirla y se afectaba el periodo de cómputo para que el importe de las mismas fuera más bajo.

Las prestaciones sociales por desempleo se han reducido, provocando que, según la izquierda, cientos de miles de familias tengan que afrontar el día a día sin tener ningún ingreso.

 

 

8. El Gobierno del PSOE avaló diplomáticamente las dictaduras de Egipto y Túnez. ¿Cómo no iban a hacerlo si las organizaciones políticas de esos dictadores eran sus referentes internacionales al militar junto con el PSOE en la Internacional Socialista?.

 

 

9. Durante el tiempo que el PSOE gobernó siendo Felipe González presidente, el IVA de tipo general aumentó del 12% al 16%, y el de tipo reducido pasó del 6% al 7%. Estas medidas afectaron sobre todo a las rentas más bajas. Mientras tanto, en ese mismo periodo el PSOE le hizo un gran favor a la oligarquía eliminando el IVA de tipo incrementado que afectaba a los objetos de lujo.

 

 

10. Curiosamente, fue Zapatero, y no Aznar, el que volvió a endurecer los términos del IVA. El último presidente socialista no incrementó el IVA para los artículos de lujo, pese a las peticiones de IU, sino que prefirió hacer caso a la derecha y aumentó el IVA que afectaba a los artículos de primera necesidad, que son los que consumen los trabajadores afectados por la crisis del sistema capitalista.  

En 2010 los socialistas suben el IVA de tipo general al 18% y el de tipo reducido al 8%. Rajoy ha continuado con la tradición socialista de aumentar el IVA a los explotados, hoy el tipo general está en el 21% y el reducido en el 10%.

 

 

Descarga gratis el libro para seguir leyendo el resto de puntos haciendo click aquí.

El libro ha sido escrito por Gonzalo Sánchez. Está prologado por Enrique Santiago y epilogado por César Pérez Navarro. La portada es un trabajo de Alfred Portátil.


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Las cárceles de casi la mitad de países europeos están abarrotadas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/sociedad/carceles-mitad-paises-europeos-abarrotadas_0_254425598.html

Mapa de la población presa en Europa / Informe SPACE del Consejo de Europa

Mapa de la población presa en Europa / Informe SPACE del Consejo de Europa

Europa tiene 1,73 millones de presos. La ocupación media de las prisiones europeas es del 98%.

La densidad en España es del 84,9% con un total de 69.621 presos.

El Consejo de Europa recomienda que las penas cortas sean reemplazadas por "alternativas comunitarias no privativas de libertad".

 

 

 

De los 47 países europeos, 21 tienen sus prisiones superpobladas. Un total de 1.737.061 personas están repartidas en las cárceles del continente con una densidad del 98% de ocupación de las capacidades penitenciarias -aunque este porcentaje varía en función de los países-, según los datos del informe SPACE del Consejo de Europa relativos al año 2012.

 

 

Serbia es el país con unas prisiones más abarrotadas, con una densidad del 160%; seguido de Italia, con el 145%; y Chipre, con un 140%. España está por debajo de la media europea, con un 89,4% de ocupación y un total de 69.621 presos -aunque esta cifra ofrecida por las instituciones españolas no contempla a los jóvenes que se encuentran en centros de menores, que en el resto de países suponen en torno al 1% de los presos-.

El número de internos en Europa descendió en 2012 en 90.000 respecto al año anterior, aunque el ratio de población presa se ha incrementado en un 2,7%.

 

 

De un año para otro el número de presos en España ha bajado en un 5%, aunque en los último diez años experimentó un incremento del 11%.

En cuanto a las características sociodemográficas de los presos en España, sólo el 7,6% son mujeres. No obstante, esta cifra supera la media europea, que se encuentra en el 5%. El 33,6% son personas extranjeras.

El informe del Consejo de Europa difundido este martes destaca que en los países del centro y el este de Europa los presos extranjeros no exceden el 10% -por ejemplo, en Rumanía constituyen sólo el 1%- mientras que en el sur y el oeste están "sobrerrepresentados" y los porcentajes varían desde el 32% al 74% (Suiza es el país con más presos de fuera de sus fronteras, seguido de Luxemburgo, con un 69%.

 

 

Un 25% de los presos sin sentencia firme

El hurto es el delito más común para entrar en la cárcel en Europa (20%) de los casos, seguido de los delitos relacionados con drogas (17%) y un 13% lo están por homicidio.

En España esos porcentajes varían ligeramente: el 30,7% de los presos cometieron robo (la media europea es del 12,5%) y un 25,8% entraron en prisión por delitos de drogas, mientras que sólo el 3,9% lo hizo por hurto. El porcentaje de homicidios también está por debajo: el 7,1%.

En cuanto a las condenas, el 25% de los presos en Europa no tienen una sentencia firme. Un 20% cumplen condenas inferiores a un año, mientras que en torno al 11% están condenados a 10 o más años de cárcel.

En el caso español, las cifras reflejan que los condenados a menos de un año entran menos en prisión que en el resto de países del entorno (8,3%), mientras que las penas largas son ligeramente más habituales (19,7%).

 

 

El Consejo de Europa destaca que, aunque se ha incrementado la concesión de libertad condicional, hay sistemas judiciales que no introducen casi penas alternativas a la prisión. En este sentido, aconseja que las condenas a penas cortas sean reemplazadas por "alternativas comunitarias no privativas de libertad". Otra de las advertencias del informe en relación a la superpoblación carcelaria es que entran en las prisiones europeas un tercio más de personas de las que salen.

 

 

Suecia, 620 euros al día por interno; Ucrania, 3 euros

El gasto medio por día e interno es 103 euros en el continente, según los datos manejados por los redactores del informe, que advierten de la "gran disparidad" existente entre los países de Europa. La media de gasto la disparan únicamente cinco países (Noruega, Suecia, Liechtenstein, Holanda y San Marino) que invierten 200 euros al día por cada preso.

 

 

Por el contrario, el grueso de países (el 55%) confiesa gastar menos de 50 euros diarios. España está por encima de esa cifra con una inversión de 64,99 euros al día por cada recluso. Los países con menos dinero destinado a la población presa son: Bulgaria y Ucrania (rondan los 3 euros), y Armenia y Moldovia (en torno a los 6 euros).

El informe del Consejo de Europa concluye que esos gastos "son normalmente inversamente proporcionales a los ratios de población presa", es decir, que "los países con mayores gastos por interno por día son generalmente aquellos con menor porcentaje de población reclusa".

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El PP y PSOE, reacios a restringir la "puerta giratoria" de los altos cargos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.publico.es/politica/516482/el-pp-y-psoe-reacios-a-restringir-la-puerta-giratoria-de-los-altos-cargos

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Los dos partidos mayoritarios argumentan que la limitación de la actividad de los políticos supondría su "muerte civil" e incluso "económica".

 

 

El PP y el PSOE en el Congreso se han mostrado este jueves reacios a que el proyecto de Ley del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración del Estado restrinja el fenómeno de la "puerta giratoria" por la que los altos cargos se incorporan a empresas privadas obteniendo beneficio de su anterior ocupación.

Su principal argumento es que una ampliación de los conflictos de intereses supondría la "muerte civil" incluso "económica" de las personas que se han dedicado a la política durante una etapa de su vida.

 

 

El debate lo ha planteado en la Comisión Constitucional el catedrático de Derecho Administrativo en estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya, Agustí Cerrillo i Martínez, que ha comparecido para dar su opinión sobre dicho proyecto de ley y para proponer medidas para luchar contra la corrupción.

Este experto ha llamado a las fuerzas políticas a "profundizar más en el fenómeno de las puertas giratorias", con el fin de "evitar los conflictos de intereses que se dan" en muchos casos.

 

 

La diputada socialista Meritxell Batet le ha replicado que ese asunto hay abordarlo con "cierto rigor" para que esa regulación no suponga la "muerte civil" de las personas que se dedican transitoriamente a la política.

A su juicio, está "bien que haya unas limitaciones", pero el análisis sobre este asunto tiene que ser "muy fino, no sirve la brocha gorda en el análisis del conflicto de intereses", ha dicho, tras señalar que, al mismo tiempo, la profesionalización de la política es algo que a los socialistas no les "gusta".

 

 

El parlamentario Jose Alberto Martín Toledano (PP) ha explicado que "comparte" la misma opinión y ha incidido en que "es muy difícil precisar los casos en que se produce incompatibilidad entre el ejercicio de la actividad política y en el futuro otra actividad profesional".

También ha hecho hincapié en que un "límite excesivo" puede hacer que la profesión del político quede "incrustada", de forma que el que aquel que se dedique a la política se enfrente "casi a la muerte civil y a lo mejor también a la muerte económica y profesional".

 

 

Además, ha argumentado que si a los políticos se les exige "conocimiento y experiencia en una materia" y luego cuando la tienen "no la pueden ejercer", no sabe "quién va a querer ocupar los altos cargos".

En esa línea, otro de los expertos que ha comparecido, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III Marcos Vaquer ha señalado que en ese caso los altos cargos "o serán unos perfectos no cualificados" o no sabe cómo volverán a la actividad privada "si se les cierra el campo en el que están especializados".


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