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Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Policia-pretende-millones-militarizar-uniforme_0_238676448.html

Borrador Oficial: Orden Uniformidad Noviembre 2013(2) by eldiario.es

El borrador de la orden interna introduce la corona real, bastones de mando y galones en las nuevas divisas.

El proyecto es un empeño personal del número dos de Cosidó, el comisario Eugenio Pino, jefe de los antidisturbios con Aznar.

Establece el uso del bastón de mando en actos oficiales como "signo de dignidad y autoridad" sobre la seguridad ciudadana.

La Dirección General de la Policía desarrolla un plan para modificar los uniformes del Cuerpo. El borrador de la orden interna, elaborado por el Gabinete Técnico, incluye la sustitución de los símbolos recogidos en sus divisas, como los laureles, por otros utilizados habitualmente en los cuerpos militares, caso de los galones o la corona real española. Una previsión conservadora del presupuesto necesario para llevar a cabo el cambio en la uniformidad lo cifra en tres millones de euros, según fuentes próximas al proyecto.

El citado borrador, al que tuvo acceso eldiario.es, asegura que la reforma tiene como “objetivo principal” unificar en un único texto las disposiciones vigentes en materia de uniformidad y que los policías puedan conocer así “los distintos tipos de uniformes, sus modalidades y su uso, así como el uso de divisas, distintivos y condecoraciones”.

Para acabar con un supuesto desconcierto en el seno de la Policía respecto a sus propios uniformes y divisas, el proyecto incluye cambiar estas últimas. Se trata, añade, de que los agentes proyecten “una imagen homogénea, adecuada y de acercamiento a los ciudadanos”.

El proyecto modifica las divisas en todas las escalas. Por ejemplo, los policías de la escala superior, comisarios y comisarios principales, pasarán de llevar tres laureles en el hombro a distinguirse con un entorchado, tres bastones de mando orlados y una corona. De subinspector para abajo se introducen los galones en ángulo, que a quien no esté familiarizado con la uniformidad militar le recordarán a las insignias de los militares estadounidenses en las películas.

La Ley Orgánica que reguló en 1986 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reservó para la Policía el carácter civil, a diferencia de la Guardia Civil, que desempeña también funciones policiales pero tiene naturaleza militar.

El cambio no implicaría renovar completamente los uniformes, ya que las divisas van acopladas en hombro y pecho, tanto en los uniformes de invierno como en los de verano. El Cuerpo Nacional de Policía está compuesto en la actualidad por más de 68.000 agentes y el gasto por cada uno de ellos oscilaría en torno a unos 44 euros, según la estimación de las fuentes consultadas.

La cifra definitiva dependerá, en cualquier caso, del concurso que se abrirá entre las empresas que opten a fabricar las divisas cuando se apruebe la orden interna.

La reforma de las divisas de la Policía es un empeño personal del director adjunto operativo, Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó y jefe de las unidades antidisturbios durante los gobiernos de José María Aznar. El borrador tiene un anexo destinado a crear divisas especiales para los cargos.

Ahora, el propio Pino luce la misma divisa que cualquier otro comisario principal, pero cuando se apruebe la reforma tendrá una propia como director adjunto operativo. También lucirán una característica de su puesto los comisarios generales, los subdirectores y los jefes superiores. Todos ellos forman la cúpula del Cuerpo que es renovada cada vez que cambia el partido en el Gobierno.

En sus divisas, los mandos compartirán un nuevo símbolo, la corona real, que se introduce con el siguiente detalle: “Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal la Corona Real de España, forrada de gules (rojo), constituida por un círculo de color oro engastado de piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de acanto de color oro (visibles cinco), interpoladas de perlas de cuyas hojas salen otras tantas diademas de color oro, sumadas de perlas que convergen un mundo con el ecuador y el semimeridiano de color oro”.

Choque con la Casa del Rey

El actual borrador es la reforma de otro redactado en abril. Uno de los motivos de que hubiera que introducir modificaciones fue la queja de la Casa del Rey. En el primer proyecto, el director adjunto operativo pretendía llevar en su divisa tres bastones de mando entrecruzados, un símbolo destinado en exclusiva al capitán general de los tres Ejércitos, es decir, al rey de España.

El borrador de la orden interna también incluye el uso del bastón de mando para que lo exhiban los comisarios en actos internos de la Policía y en otros “solemnes de representación del Cuerpo”. “Se empleará como símbolo de autoridad y dignidad del cargo en relación con la seguridad ciudadana”, afirma el borrador. No solo la cúpula policial podrá exhibir el bastón de mando, también los comisarios provinciales y locales.

“Se llevará de forma natural con el brazo izquierdo extendido y sujeto por la mano sin cerrar el puño, en línea paralela al eje del cuerpo y ligeramente en oblicuo. La zona de sujeción será la parte superior, dejando ver el extremo ornamentado del bastón”, dice el texto.

Como director adjunto de la Policía, Eugenio Pino está al frente de la Junta de Gobierno que aprobó el 31 de enero conceder la más alta condecoración policial a una advocación mariana de Málaga. Los comisarios adoptaron esa decisión a propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

De Pino también partió la orden verbal de introducir en los actos de la Policía la canción de homenaje a los caídos La muerte no es el final, de clara connotación católica y que hasta ahora solo entonaban las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. El 28 de febrero se hizo la primera prueba. A los policías que juraban el cargo de inspector se les obligó a aprender la letra para cantarla durante el acto, que tuvo lugar en la Academia de Ávila.

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/14/impuesto-pp_n_4963324.html?utm_hp_ref=spain

La reforma fiscal ya está en el tejado del Gobierno. El comité de sabios le ha entregado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro este jueves sus propuestas de cara a la gran reforma fiscal que prepara el Ejecutivo. Es su gran apuesta para este año y también su trampolín de cara a las próximas citas electorales.

Montoro no ha dado demasiadas pistas sobre la nueva fiscalidad, pero propuestas tiene centenares sobre la mesa. Además de las del grupo de expertos, ha podido escuchar desde que es ministro las que le han lanzado desde la oposición. ¿Las tendrá en cuenta? Parece que no tiene muchas ganas.

1- IMPUESTO PARA LA RIQUEZA

Un nuevo impuesto sobre la riqueza ha sido una de las grandes propuestas durante estos años del PSOE y de Izquierda Unida. Por ejemplo, los socialistas han reclamado un nuevo tributo sobre las Personas Físicas (IPF), que aúne el IRPF y el de Patrimonio, incluidos los fondos de inversión.

2- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS DE LOS BANCOS

Los socialistas también han reclamado, en sus propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, la creación de un impuesto sobre actividades financieras que grave los salarios variables y los beneficios "extraordinarios" de las entidades.

3- IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS

Tanto el PSOE como Izquierda Unida han coincidido en solicitar un impuesto sobre las transacciones financieras, a fin de frenar la especulación en los mercados.

La federación que dirige Cayo Lara ha planteado que lo recaudado se destine a financiar políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables en España así como para el incremento de los fondos de cooperación internacional contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo.

4 - NUEVO TIPO PARA EL IVA DE LOS PRODUCTOS DE LUJO

Ya en la campaña electoral Izquierda Unida pidió crear un 'superIVA' para los productos de lujo, una reclamación que ha mantenido durante esta legislatura.

El PSOE también ha incorporado esta reclamación para los bienes y servicios de lujo y la plasmó en el debate del estado de la nación, a la vez que ha solicitado que baje el tipo para los productos culturales.Los socialistas e IU han advertido de que la propuesta de los expertos supone aumentar la presión fiscal de las capas populares mediante la subida del IVA en productos básicos.

5 - IMPUESTO A LAS GRANDES SUPERFICIES

Tampoco parece dispuesto Montoro a escuchar a Izquierda Unida en Sevilla. Allí han propuesto implantar un impuesto a las grandes superficies en Andalucía y que los recursos recaudados mediante esta medida se destinen a potenciar el pequeño y mediano comercio en la comunidad autónoma.

6- IMPUESTO DE SOCIEDADES DEL 35%

En IU están trabajando para presentar su propio plan de impuestos, que incluirá que las grandes compañías que tengan una base imponible superior a 1 millón de euros paguen un 35% en el Impuesto de Sociedades, que es el que grava los beneficios empresariales.

7- IMPUESTOS VERDES

Equo solicita la creación de una tasa de CO2 -existente ya en muchos países europeos- para luchar contra el cambio climático, la dependencia energética exterior y el déficit de nuestra balanza de comercio exterior.

En su propuesta fiscal, han planteado la introducción de nuevos impuestos en estas áreas: combustible para el transporte aéreo, producción de energía nuclear, depósito y almacenamiento de residuos nucleares, incineración de residuos, plaguicidas y alimentos y productos que contengan sustancias nocivas para la salud (grasas saturadas y azúcares).

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Comunidades-Autonomas-ayuntamientos-Ley-Transparencia_0_2230576936.html

El Gobierno ha aplazado su aplicación porque las corporaciones no disponen de los datos que deben hacer públicos.

La Ley de Transparencia, que impulsó el Gobierno cuando saltó el 'caso Bárcenas' se ha quedado en 'stand by' tras la aprobación definitiva del texto el pasado mes de noviembre. El motivo es que muchas administraciones incumplirían a día de hoy la norma si se aplicara ya. Por eso, el Ejecutivo ha dado hasta octubre a autonomías y ayuntamientos para que actualicen sus registros.

La respuesta de las administraciones ha puesto sobre aviso al Ejecutivo: muchas de ellas no disponían de los datos económicos (balances, cierres de año, etc.) que se tienen que introducir en el futuro Portal de la Transparencia. Ante esa falta de documentación, se ha optado por no aplicar, todavía, la ley.

Las fuentes consultadas por este diario, que dieron forma al texto y participaron en la tramitación parlamentaria, explican que “ya se tuvo en cuenta este riesgo”. Por ese motivo, no se fijó un periodo cerrado -el llamado 'vacatio legis'- para la aplicación de la nueva norma.

Así las cosas, el Gobierno calcula que, “en torno al próximo mes de octubre” entrará en vigor la ley y todas las administraciones tendrán la obligación de presentar y publicar toda la información requerida por el texto.

Aún no se ha creado el Consejo de Transparencia

Tal y como se adelantó en estas páginas, la Ley también obligaba al Gobierno a crear un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente para la promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno.

El presidente será nombrado por un período no renovable de cinco años, a propuesta del ministro de Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato en el plazo de un mes.

Pues bien, según las fuentes consultadas, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha propuesto aún presidente, y el resto de integrantes del Consejo todavía no han sido propuestos por el Ejecutivo al resto de partidos de la oposición.

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Supremo-utilizar-parados-voluntarios-habituales_0_235877232.html

En una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Tribunal limita la figura de la "colaboración social" por la que las administraciones pueden requerir a desempleados para desempeñar tareas.

Dos sentencias consideran como despido improcedente la extinción de la relación entre dos paradas y la Administración canaria al haberse dedicado a "actividades normales y permanentes".

CCOO tiene documentados muchos casos en los que 'parados voluntarios' cubren plazas de trabajo propiamente dicho.

El Tribunal Supremo acaba de cambiar su criterio de jurisprudencia sobre un asunto de gran trascendencia: la utilización de parados por parte de las Administraciones Públicas bajo la llamada fórmula de "colaboración social".

La Sala General de lo Social ha dictado una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es en la que determina que las administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados en el tiempo.

En otra sentencia, el Supremo reafirma su criterio y subraya que esta es la nueva doctrina que debe regir. En ambos casos, el Tribunal da la razón a dos desempleadas que demandaron a la Administración canaria y considera que la extinción de su relación laboral fue un despido improcedente y no el final de una colaboración social.

Para el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos, estas sentencias tienen gran trascendencia.

"Hasta ahora, el Supremo consideraba que en estos casos la actividad era siempre temporal porque se llevaba a cabo mientras los parados cobraban algún tipo de prestación, y esta siempre es finita. Ahora cambia su criterio y dice que las administraciones tienen que acreditar el carácter temporal de la actividad y, lo más importante, que no puede tratarse sin más de una tarea habitual o cotidiana de la Administración", explica Olmos.

En la sentencia en la que cambia su criterio de jurisprudencia, la Sala General de lo Social explica que las Administraciones Públicas tendrán que "acreditar documentalmente que las obras, trabajos o servicios objeto del contrato en cuestión tienen utilidad social", tal y como exige la normativa pertinente, "sin que baste su mera y simple declaración".

El Tribunal rectifica, además, su doctrina sobre la temporalidad: debe ir referida al trabajo a desempeñar –dice– y ha de ser independiente de la propia limitación del contrato de colaboración que pueda tener el desempleado.

Es decir, ya no vale con justificar que la tarea durará el tiempo que dure la prestación del parado, sino que el trabajo en sí debe tener duración temporal. En el caso al que se refiere la sentencia, la Sala considera que los servicios prestados corresponden "a las actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación durante cerca de cinco años a partir de sucesivas prórrogas".

El sindicato tiene documentados muchos casos en los que las administraciones han utilizado a personas en paro para cubrir plazas de personal que fue despedido o cuyos contratos acabaron y a los que estas sentencias afectarían directamente.

"Casi todas las personas que están bajo esta fórmula cubren tareas habituales, de ahí el 'boom' de esta figura, que se ha producido cuando la tasa de reposición del personal de la Administración ha sido cero y se están amortizando las vacantes. Es una vía para sustituir empleo", asegura.

Con esos argumentos, el Tribunal Supremo señala que la extinción de la relación entre la desempleada que demandó y la Consejería de Empleo e Industria y Comercio de Canarias es un despido improcedente, tal y como se declaró en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que sentenció que el contrato se había celebrado en fraude de ley y que encubría una contratación laboral indefinida.

"La actora ha sido empleada para realizar tareas administrativas habituales y ordinarias, labores que no tenían una autonomía y sustantividad propias, en igual régimen que el resto del personal", decía aquella sentencia.

Despido improcedente

En su otra sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reafirma en su nueva doctrina y confirma la sentencia del TSJ de Canarias que consideraba como despido improcedente la extinción de la relación entre otra desempleada que desempeñó tareas y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para la que trabajó. El TSJ condenó a Canarias a readmitir a la trabajadora o bien a indemnizarle con 11.060 euros y, en cualquier caso, los salarios de tramitación.

"Los servicios prestados se corresponden con las actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación durante más de dos años a partir de sucesivas prórrogas", dice la sentencia del Supremo.

Entre 2006 y 2011, casi 30.000 personas que estaban en paro y cobraban algún tipo de prestación tuvieron que hacer tareas voluntarias para alguna administración pública, según las estadísticas del Ministerio de Empleo.

La normativa laboral permite desde el año 82 que bajo una fórmula llamada "colaboración social" las administraciones llamen a los desempleados a realizar este tipo de tareas no remuneradas –pero por las que se da un complemento económico que se suma a la prestación– mientras siguen en el paro. Eso sí, la norma permite que estas personas desaparezcan de las estadísticas como parados mientras llevan a cabo estos trabajos.

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/04/pp-congreso-comision-de-i_n_4895755.html?utm_hp_ref=spain

El rodillo parlamentario del PP puede con todo. Nada de dar demasiadas explicaciones sobre los temas espinosos. Este martes los populares han vuelto a tumbar la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el drama ocurrido en Ceuta el pasado 6 de febrero.

Es el último ejemplo de las negativas de los populares a que el Parlamento estudie y sea escenario de comparecencias en profundidad sobre temas de máximo calado político y social. Un signo más del papel casi de trámite que tienen las Cortes dominadas por la mayoría absoluta del PP. ¡Qué investiguen otros!.

Estos son siete casos en los que el PP ha rechazado crear una comisión en la Cámara Baja:

1-LA FINANCIACIÓN DEL PP

Los populares rechazaron las sucesivas propuestas del PSOE y de la Izquierda Plural de crear una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido y el ‘caso Bárcenas’. Este mismo martes Izquierda Unida ha recuperado la propuesta y ha anunciado que volverá a reclamar que la Cámara Baja estudie las cuentas del PP para que se sepan todos los "pufos" relacionados con el 'caso Gürtel'.

2-LA TRAGEDIA DE CEUTA

El PP ha vetado la creación de una comisión sobre la tragedia de Ceuta del pasado 6 de febrero cuando murieron al menos quince inmigrantes al intentar entrar a nado en España. Los populares han alegado que es “innecesaria” porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado “cumplidas explicaciones”.

3-CAJA MADRID

El partido liderado por Mariano Rajoy se negó asimismo en enero a celebrar una sesión para decidir si el Congreso tenía que investigar en una comisión la “inaceptable utilización de Caja Madrid” por parte del PP y sus consecuencias en la entidad. El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte defendió su negativa argumentando que todas las decisiones en la caja se habían tomado por “unanimidad” y que había representantes de todos los partidos en el consejo.

4-ACCIDENTE DE SANTIAGO

La Mesa del Congreso tumbó el pasado mes de septiembre la petición de la Izquierda Plural y del Grupo Mixto de debatir la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Santiago de Compostela. “Es una cuestión de pura higiene democrática. No se trata de sustituir ni de interceder en la vía judicial, sino más bien de responder a las demandas de las víctimas y de la sociedad”, defendió en su día la diputada Ascensión de las Heras (IU).

5-AMNISTÍA FISCAL

El PP también ha vetado durante esta legislatura la creación de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. Los socialistas querían que Rajoy explicara la finalidad de esta medida, gracias a la cual Bárcenas habría regularizado 11 millones de euros, según los abogados del extesorero.

6-EL RESCATE FINANCIERO

El Congreso de los Diputados ha rechazado también en dos ocasiones al menos la creación de una comisión de investigación sobre el rescate a la banca. Los populares aludieron que no se podía celebrar cuando todavía estaba en marcha este mecanismo. ¿Cambiarán de opinión ahora que venden que ya ha terminado?

7-EL ESCÁNDALO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

La crisis de la Agencia Tributaria (AEAT) provocada por los ceses y dimisiones al mismo tiempo que se destapaba el ‘caso Cemex’ llevó al PSOE a pedir una comisión de investigación para que compareciera el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los inspectores implicados.

Los populares volvieron a imponer el rodillo parlamentario. La excusa del partido para no crearla fue que el objetivo del PSOE era “desprestigiar al ministro de Hacienda y acusarle falsamente de favorecer a grandes empresas”. No se supo nada más.

Fuente: http://www.elplural.com/2014/03/04/el-ministro-de-interior-ya-no-sabe-como-meter-miedo-hay-80-000-inmigrantes-esperando-saltar-la-frontera/

Jorge Fernández Díaz habla de "oleada" y manipula los datos de extranjeros en Marruecos para dibujar un falso apocalipsis.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sigue empeñado en que sintamos por la inmigración la misma aversión que parece sentir él.

Hoy ha afirmado que la situación es “de emergencia delicada” porque al otro lado de la frontera aguardan 80.000 inmigrantes esperando dar el salto. Una cifra que casi triplica la que publicó El País por indicación de Interior poco después de la tragedia que costó la vida a 15 inmigrantes, que murieron ahogados entre los disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil.

La información publicada por El País causó polémica por varias razones. Primero, porque confirma el coqueteo del diario de Prisa con el Gobierno, hasta el punto de publicar como dogma una cifra proveniente de Interior.

Segundo, porque en la versión de papel del periódico se afirmaba que el dato venía de la “inteligencia” española, pero después, en el formato digital, se reconocía que venía de Interior. Y tercero, porque la cifra parece a todas luces una exageración.

Una oleada de 80.000 inmigrantes

Pero hoy Fernández Díaz ha subido la apuesta, después de que 1.500 inmigrantes subsaharianos intentaran sin éxito cruzar la valla.

Según el ministro, que ha acudido a la presentación de los 127 nuevos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía que han sido destinados a Cataluña, la situación es de “emergencia delicada” y ha dicho que actualmente hay 40.000 inmigrantes, subsaharianos en su mayoría, esperando en Marruecos para colarse en España, más otros 40.000 en Mauritana con idéntico objetivo.

Fernández Díaz ha explicado que las cifras de esta “oleada” se las ha facilitado el ministro del Interior de Marruecos, con quien se reunió recientemente en París, y que también han sido corroboradas por los servicios de inteligencia españoles.

40.000 viviendo en todo Marruecos

¿Pero cuál es la realidad? Pues es muy difícil conseguir una cifra exacta, pero desde luego todo indica que 40.000 es una exageración. Según Marruecos, en todo el país viven entre 25.000 y 40.000 extranjeros en situación irregular. Esa es la cifra que manejan ahora, y eso que en 2012 aseguraban que eran sólo entre 10.000 y 15.000 personas.

A esto hay que sumar que la situación en el África Subsahariana es bastante peor que en Marruecos y muchos de los inmigrantes deciden quedarse en el país.

Las cifras de las ONG

La situación es diferente si se atiende a las cifras propias de las ONG. Según Human Right Watch, la horquilla va de 4.500 a 40.000 inmigrantes. Médicos sin Fronteras ponía los límites entre 6.000 y 15.000, de los que unos 600 vivían en Oujda y otros 600 en Nador, lugares en los que según esta organización se agrupan los que de verdad quieren pasar a Europa.

Y si atendemos a los datos de las delegaciones de Gobierno en Ceuta y Melilla, los asentados a las puertas de las ciudades autónomas está entre 1.500 y 1.000 respectivamente.

Cifra “insignificante”

Además, los expertos alertan de que ya sean 4.500 o 40.000 las personas que aspiran en algún momento a cruzar la frontera, la cifra es “insignificante”. Según Dolores López Hernández, profesora de Geografía Humana de la Universidad de Navarra, eso no es nada comparado, por una parte, con las millones de migraciones internas que hay en África cada año y, por otro, con que España ha recibido desde 1998 “a millones de personas sin que eso haya supuesto un colapso del Estado del Bienestar ni del Estado”. Actualmente, cinco millones de extranjeros viven en España, lo que supone el 11% total de habitantes.

Fuente: http://www.lasexta.com/noticias/economia/rebajar-potencia-contratada-ahorro-electrico-que-preocupa-industria_2014030300247.html

El ministro de Industria está preocupado por las numerosas peticiones de rebaja de potencia contratada. Las organizaciones de consumidores llevan tiempo recomendando esto; dicen que las eléctricas nos inflan la potencia que tenemos en casa. ¿Por qué preocupa al Gobierno? Porque si pagamos menos de potencia, no se paga suficiente para tapar el llamado déficit de tarifa.

Juan Carlos acaba de hacer una llamada determinante para que adelgace su factura eléctrica. "Llamé a la compañía de electricidad para que me bajara la potencia", afirma.

Como él cada vez más españoles optan por bajar la potencia contratada, para quebradero de cabeza del Ministerio de Industria que amenaza con tomar medidas. “No sabemos de dónde vendrá la preocupación del ministerio y lo que sí nos preocupa a nosotros es que pueda ser una nueva excusa para subidas posteriores”, explica Rocío Algeciras, del gabinete jurídico de FACUA.

Desde febrero el coste fijo supone un 60% de la factura eléctrica. Dentro de esa parte fija, la potencia contratada equivale a un 68%. Pues bien, si un consumidor baja la potencia activa en su hogar en dos puntos, por ejemplo de 6,5  a 4,5, puede ahorrarse unos 150 euros al año.

Tras darle muchas vueltas. Así lo hizo Toni y los resultados no han tardado en llegar. “100 euros al año, haciendo un cambio de potencia y bajando la potencia del 6,5 al 4,5”.

Cambiar la potencia puede costarnos como mucho 20 euros y da resultado...día a día aumenta el número de desertores de las altas potencias y por ello el Gobierno ha trasladado sus inquietudes a las eléctricas.

Algunas fuentes dicen que las solicitudes de cambio de potencia se han multiplicado por cuatro. Una cifra que de seguir aumentando pondría en riesgo el objetivo de ir disminuyendo el déficit de tarifa.

Fuente: http://www.elplural.com/2014/02/28/una-encuesta-entre-los-redactores-de-tve-saca-a-la-luz-las-verguenzas-de-los-telediarios/

Se acaba de conocer el resultado de la encuesta que el Consejo de Informativos de TVE llevó a cabo entre el 7 y el 10 de febrero entre los periodistas de la redacción central de los Telediarios. Como explican ellos mismos, pusieron en marcha este sondeo “para establecer el fundamento y alcance real de las abundantes quejas verbales” que les hacían llegar los periodistas que tienen que elaborar las informaciones.

Los resultados los han recogido en una nota, reservada para consumo interno de la propia empresa, pero a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. En el informe se explica que la encuesta se realizó mediante entrega de cuestionarios que se recogieron “mediante urna precintada entre los días 13 y 14″.

Una vez tabulados, muestran algunos datos que resultan muy clarificadores de la situación que se vive en los Servicios Informativos de TVE bajo el mandato de Leopoldo González Echenique, como presidente, y Julio Somoano como director del área.

Insatisfechos con los telediarios

“Dos tercios (66%) de los redactores que responden la encuesta, se declaran insatisfechos con el contenido de los telediarios. Tres de cada cuatro (76,78%) creen insuficiente la duración que se concede a las noticias. Casi la mitad (el 48%) considera que, en general, los temas tratados no son relevantes”. Así arranca el párrafo donde se recoge el resumen de los resultados de la nota del informe del Consejo de Informativos.

Una muestra generalizada de descontento, que no se atenúa con los siguientes datos, que muestran a casi la mitad de la redacción disconforme con el tratamiento ‘profesional’ que reciben como redactores. “El 53,57% dice que su opinión cuenta a la hora de elegir y enfocar las noticias y el 55% que se respeta el contenido de sus informaciones”.

Una lectura ‘amable’ que hace el Consejo de Informativos, porque con esos dos datos lo que viene a desvelarse es que casi un 50% de los redactores de los telediarios sienten que no se les tiene en cuenta a la hora de elegir y valorar la información que deben hacer, y que se desvirtúa el contenido de las informaciones que realizan.

Alta participación de los redactores de todas las áreas

El Consejo de Informativos, que recuerda que “la encuesta se realizó de forma totalmente anónima”, desvela que “en los cuestionarios solo figuraba un número para poder establecer la sección a la que corresponden las encuestas”. Era la forma de detectar en qué áreas podían ser más abundantes y graves los problemas.

Primero les damos los datos. La participación de los redactores de cada área fue la siguiente:

“NACIONAL 78,6%, ECONOMÍA 66,6%, CULTURA 71,4%, MATINAL Y FIN DE SEMANA 50%, SOCIEDAD 72,2%, INTERNACIONAL 90%, DEPORTES 0%”.

Más allá del llamativo, y quizás no tan sorprendente dato, del 0% de participación de la redacción de deportes, se puede ver que la participación fue considerablemente alta en todas las otras áreas.

La manipulación mayor en el asuntos ideológicos

En el análisis de las principales conclusiones área por área, el Consejo escribe: “SOCIEDAD: La encuesta desvela una situación preocupante en el Área de Sociedad, donde se dan las tasas más altas de insatisfacción y de crítica al trabajo que se realiza.

Hay que destacar que el 92’3% de los redactores que han respondido las encuestas consideran que, en general, los temas que les encargan no tienen la relevancia que exige la ley de la Radio Televisión Estatal, más de 40 puntos por encima de la media.

Sucede lo mismo cuando se les pregunta si se sienten presionados por sus jefes: el 84,6 % dice que sí, frente a un 44,6% de media. Dicen que no tienen libertad para elaborar las noticias un 69%; ni tiempo suficiente para confirmar, contrastar y contextualizar, un 77%”.

Este dato, el problema en el área de Sociedad, tiene una explicación que viene a subrayar el problema de manipulación en los telediarios: se trata del área responsable de informar sobre los temas de Educación, Sanidad, aborto, recortes en servicios sociales como dependencia… Es decir, el área en el que se tratan los asuntos en los que el PP está cargando toda su apuesta ideológica.

La presión sobre las ediciones Matinal y Fin de Semana

Y así, como en el área de Política resulta imposible hacer desaparecer por completo la presencia de asuntos y opiniones de partidos de la oposición, en el área de Sociedad los redactores se encuentran con que la ‘intervención’ de los jefes sobre ellos y sus informaciones resultan más ‘fáciles’.

Y para la intención de control de los telediarios, más interesante. Por ejemplo, ocultando y relegando determinados temas y a los grupos sociales que mantienen opiniones diferentes a las del Gobierno.

El segundo grupo de redactores que, según la encuesta, se siente más afectado es el de las ediciones de Matinal y Fin de Semana. “Al igual que en Sociedad -se lee en el informe-, supera a la media la proporción de respuestas que declaran no tener libertad para elaborar las noticias que les encargan (un 70%).

También un 70% declara que no se respeta el contenido de sus informaciones. Y un 80% se siente presionado por sus jefes. Idéntico porcentaje se muestra insatisfecho con el resultado final del telediario. Un 60% afirma que su opinión es tenida en cuenta a la hora de elegir y enfocar los temas”.

Preguntas abiertas a los redactores

Igualmente revelador resulta el último apartado del informe, que el Consejo de Informativos llama “preguntas abiertas” y que plantearon bajo dos epígrafes para que los redactores pudieran explicarse de manera más explícita. Las preguntas que se hicieron a los redactores fueron estas: “A tu juicio, cuáles son los principales problemas en la redacción del TD” y “Cuáles son tus propuestas para mejorar los TDs”.

“En las respuestas se hacen observaciones muy variadas -se lee en el informe-, aunque algunas se repiten bastante. Es el caso de las “presiones y vigilancia, sobre todo en temas candentes” que notan los redactores a la hora de elaborar noticias, así como la “falta de independencia y libertad”.

También señalan que se evitan temas “controvertidos, conflictivos o incómodos para el gobierno” o se relegan dentro del minutado o se reducen al formato de colas”.

Recomendaciones: gestionar los telediarios con criterios profesionales, y no políticos

Quejas que se completan con la selección de noticias: “se dan temas “sin interés”, “banales”, “frívolos”, “de colorín” o “para no pensar”-se quejan los redactores-. También se considera que “se omiten temas de interés para el público” y que no se profundiza ni se ofrece contexto a la información”.

Por último, en sus recomendaciones para mejorar los telediarios, no son menos explícitos: “se reclama que los informativos se gestionen “con criterios profesionales y no políticos” y “más libertad e independencia”.

También se señala que habría que “apostar por temas propios”, “ofrecer más análisis y contexto” y “dar información de los temas que preocupan a la gente”.

Fuente: http://www.elplural.com/2014/02/27/esta-en-marcha-la-ley-mordaza-un-fotografo-alerta-de-que-quieren-multarle-por-captar-una-asamblea-callejera/

La subdelegación de Gobierno de Málaga y la Policía presentan a Álvaro como "promotor" de un acto ilegal, pero él insiste en que solo lo fotografió.

La constitucionalidad de la conocida como ‘ley mordaza’ ha sido cuestionada hasta por el Poder Judicial, y eso que el promotor del proyecto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, había rebajado la dureza inicial de algunos de sus puntos. Pero según el informe incial del Consejo General del Poder Judicial, la formalmente bautizada como Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana se sigue saltando la Constitución en varios puntos.

Ya están denunciando a fotógrafos

Uno de los aspectos más controvertidos del anteproyecto es que se pretende obstaculizar la grabación de imágenes de actuaciones policiales ante las protestas. Pero algunos ciudadanos denuncian que ya se están aplicando esas restricciones al derecho a la información.

Es el caso de Álvaro Luna, que ha trabajado durante años como operador de cámara y trabaja en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Malaga Uma como coordinador de los Laboratorios.

Presentado como el “promotor” de una asamblea callejera

Hace unos días, Luna recibió con sorpresa la notificación de que la subdelegación del Gobierno de Málaga le ha abierto un proceso administrativo para multarle con 400 euros por ser “uno de los promotores u organizadores” de una asamblea callejera sin autorización que se desarrolló en Málaga el 12 de septiembre de 2013 y que fue disuelta.

La subdelegación apela a la denuncia policial en la que habla de “aportación activa” de Luna en aquella asamblea no autorizada en la que se encargaba “de realizar un reportaje fotográfico incluso de los agentes de policía intervinientes”.

Las imágenes no fueron ni publicadas

Pero la versión de Álvaro es diferente: “Siempre voy con mi cámara, pasé por allí y realicé varias fotografías sin intervenir en la concentración, captando a los agentes de lejos y de espaldas cuando procedieron a identificar a la gente. Entonces me pidieron mi DNI, por haber hecho fotografías, no me informaron de que me iban a multar. Me ha llegado seis meses después y las fotos nunca fueron publicadas”.

Temor a un precedente peligroso

La propuesta de sanción a Álvaro relaciona directamente la organización del acto con el mero hecho de fotografiarlo, y además por unas imágines que nunca vieron la luz, por lo que cree que se está recurriendo a un subterfugio con el que lanzar un aviso a los medios de comunicación.

“Es muy grave, si el registrar cualquier tipo de hecho te hace cómplice de ello, se ha acabado el periodismo”, alerta Álvaro. Ha recurrido la multa y ahora el asunto está en manos de una abogada, pero teme que se pueda sentar un precedente negativo antes incluso de que la ‘ley mordaza’ sea aprobada.

La subdelegación cambia el argumento

Aunque ha presentado sus alegaciones, la subdelegación de Gobierno se ha ratificado en su intención de sancionar a Luna en declaraciones a El Observador alegando ahora que no es un profesional.

El fotógrafo explica que lo es pero que en cualquier caso resulta “irrelevante” porque la ley no hace excepciones entre profesionales o no a la hora de amparar el derecho de información y de hecho la policía no le preguntó eso, ¿y pretende la subdelegación que haya acreditaciones para un acto que fue disuelto por la propia policía por considerarlo ilegal?

“No pueden relacionarme con los organizadores y las fotografías no se publicaron por lo que no pueden alegar ningún perjuicio a la policía, están dando palos de ciego”, explica Luna a ELPLURAL, insistiendo en que seguirá adelante para frenar la sanción ante la gravedad del trasfondo de este proceso: dificultar el derecho a la información ante las protestas.

Existen además otros datos preocupantes, como la multiplicación hasta por nueve de las sanciones por manifestaciones en Madrid.

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/medios/Google-gran-favor-Rajoy-periodicos_0_2220377962.html

Los editores llevaban años reclamando al Gobierno un canon a los agregadores de noticias. El cobro por contenidos es una vía de salvación para la prensa.

La aprobación por el Gobierno del 'canon digital', también llamado 'tasa Google', que pretende imponer a los agregadores de noticias que paguen a los periódicos por las informaciones que recogen, ha sido recibida con satisfacción entre los editores de prensa porque cumple una reivindicación que llevaban años planteando.

La aplicación de esa nueva normativa constituye un relevante favor del Ejecutivo de Mariano Rajoy a los grandes periódicos nacionales, que ven en el cobro por contenidos la vía de salvación para la prensa escrita, un sector que año tras año pierde ventas y difusión de los periódicos, lo que está provocando que el negocio deje de ser rentable. En ese difícil entorno, las ediciones digitales parecen ser una de las posibilidades de salvación, pero eso requiere conseguir ingresos a su través.

Google y Yahoo

De acuerdo con el anteproyecto de ley aprobado el viernes en consejo de ministros, que tiene que pasar todavía por el Congreso de los Diputados, los agregadores de noticias como Google o Yahoo, para sus servicios de noticias, como Google News, que vinculan los textos al periódico o revista original, tendrán que pagar a la prensa escrita un canon para poder indexar esos textos.

La cuantía la tendrán que negociar con CEDRO, la sociedad que gestiona los derechos de autor de los editores españoles, pero la norma incluye por primera vez la prohibición de renunciar a cobrar ese dinero.

Como publicó ECD ayer, este punto, la inclusión del canon, no ha estado en ninguno de los borradores que ha trabajado durante meses el ministerio de Cultura que dirige José Ignacio Wert.

Sáenz de Santamaría

El añadido a la nueva ley se incluyó a última hora, por orden de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lo que dejó ‘fuera de juego’ a Wert durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros (no pudo explicar la noticia y tuvo que tomar ella la palabra).

Apenas horas antes de que se iniciara el consejo del pasado viernes, varios ministerios implicados en la elaboración del texto no sabían que se iban a incluir esos dos párrafos. La sorpresa fue mayúscula para todos.

Sáenz de Santamaría es la persona del Gobierno que mantiene la principal interlocución con los editores de prensa, y en general con los responsables de los grandes medios de comunicación españoles, incluyendo por tanto televisiones y radios.

Vieja petición de los editores

El 'canon digital' es una vieja aspiración de los editores más poderosos del país, agrupados en AEDE, la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

Ya en junio de 2009 la AEDE consiguió ganar la batalla a las empresas que hacían los resúmenes de prensa (press clipping). Ese día, el entonces director general, Ignacio Benito, anunció que su siguiente objetivo eran los agregadores de noticias como Google.

"Nos avalan las leyes españolas y europeas, y vamos a perseverar para que nuestros derechos se apliquen con firmeza en todos los ámbitos y en todos los soportes", aseguró AEDE hace ya seis años. 

Las reuniones de representantes de los editores con miembros del Gobierno, públicas y privadas, para exigir que Google pagara un canon a la prensa por indexar sus noticias han sido constantes.

En un comunicado en 2012, la asociación llegó a decir que “se está poniendo en peligro el futuro de la prensa”.  Con lo aprobado el viernes, los editores ganan una primera batalla que supone un respiro para la prensa escrita, inmersa en una crisis económica que ha obligado a muchos medios a cerrar.

Elecciones próximas

La imprevista puesta en marcha del 'canon digital' se produce a las puertas de las elecciones europeas, que se celebrarán en el mes de mayo, a poco más de un año de las municipales y autonómicas, y a año y medio de las generales de 2015.

Los comicios de mayo al Parlamento Europeo son trascendentes porque, según el resultado, el Gobierno tendrá que cambiar el rumbo de sus políticas con más o menos celeridad. 

Más importante aún es el momento económico en el que se produce esta medida, con una incipiente recuperación que hay que trasladar a la sociedad. Si la idea de la recuperación cala en el electorado, el PP tendrá mucho ganado de cara a los comicios de mayo y ganará tranquilidad para el resto del año.

Cambian tres directores

Además, en el panorama de la prensa española se está produciendo un hecho inédito: el cambio en la dirección de tres de los periódicos más importantes del país.

El primero fue el director de La Vanguardia, José Antich. El once de diciembre se anunció el cese y su sustitución por Marius Carol, entonces director de Comunicación de la empresa dueña del diario, el Grupo Godó. Carol es un catalanista más moderado que su antecesor, al que se vinculaba con las posiciones de Convergencia. 

Recientemente se produjo la destitución de Pedro J. Ramírez como director de El Mundo. Unidad Editorial lo justificó en las pérdidas que sufren el grupo y el periódico, y en la bajada en la difusión del diario.

Y, por último, ayer mismo, el cambio de director en El País. Javier Moreno ha dejado su puesto a Antonio Caño.

Un medida dura

Con la aprobación del 'canon digital', el Gobierno se ha convertido en el Ejecutivo que con más dureza quiere legislar contra los agregadores de noticias. Ningún gobernante de ningún país del mundo se ha atrevido a tanto.

Fuera de nuestras fronteras, nadie se ha animado hasta ahora a imponer una tasa a empresas como Google o Yahoo para sus servicios de noticias, por vincular los textos al periódico o revista original.