Fuente: http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/3556348/11/11/El-Gobierno-aprobara-el-cierre-de-webs-de-descargas-antes-de-disolverse-.html
- El Consejo de Ministros dará luz verde al reglamento de la 'Ley Sinde' el viernes
- El procedimiento de clausura de webs se ejecutará en un plazo máximo de 10 días
El Consejo de Ministros de este viernes, de los últimos que presidirá José Luis Rodríguez Zapatero, reserva una sorpresa que sacudirá los cimientos del Internet español y que abrirá las viejas heridas que en su día provocó el movimiento '15-M': aprobará por real decreto el Reglamento de la Comisión de Propiedad Intelectual, también conocida como Ley Sinde o ley antidescargas.
Esa disposición, incluida en la Ley de Economía Sostenible, promete agitar la controversia en la Red, tanto por el fondo de la cuestión como por la forma en la que se producirá, minutos antes de la disolución del Ejecutivo de Zapatero. De hecho, la puesta en vigor del referido reglamento se producirá el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si bien será el futuro Parlamento quien deba refrendarlo cuando se constituyan las próximas Cortes.
Entre otras consecuencias, el futuro reglamento tipifica el bloqueo o cierre de páginas de Internet que permiten o favorecen la descarga de obras sujetas a derechos de autor. El procedimiento de clausura de webs se ejecutará en un plazo máximo de 10 días, todo ello previa decisión de una Comisión Administrativa que ejercerá de árbitro ante los conflictos denunciados, siempre con el tutelaje de un juez.
El texto del reglamento de la Ley Sinde ya pasó por el preceptivo Consejo de Estado a finales del pasado octubre y sólo faltaba el visto bueno del Gobierno para que se pudieran cerrar webs de descargas de contenidos ilegales a través de una orden judicial. Ese trámite no pudo hacerse antes del pasado 20-N, pero el Ejecutivo socialista disponía del Consejo de Ministros del próximo 25 de noviembre para que todo el trabajo anterior no quedara perdido en el intercambio de papeles que en breve se producirá entre los líderes socialistas y populares.
Rechazo frontal de Industria
Fuentes conocedoras del procedimiento aseguran a elEconomista que la aprobación del referido reglamento contará con el rechazo frontal del Ministerio de Industria, pero sin que ello sea suficiente para frenar el empeño personal de la todavía ministra en funciones de Cultura, Ángeles González-Sinde. De esa forma, la titular del ministerio de la Plaza del Rey podrá retirarse de la política -como así ha reconocido públicamente- con la satisfacción de ver aprobado la letra pequeña de la normativa que lleva su apellido.
En el reglamento de la ley antidescargas se introducirán reformas de menor calado, como las propuestas por el Consejo General del Poder Judicial, que en su informe no vinculante recomendó que la fuerza de la ley sólo se aplique sobre los agentes que obtuvieran beneficios económicos por sus actuaciones. También se añaden medidas coercitivas para los infractores que sean reincidentes.
El reglamento también precisará lo que se considera "actividad infractora", es decir, aquella que sea susceptible de motivar la interrupción, cierre o bloqueo del servicio. De esa forma, el reglamento alentado por el Ministerio de Cultura concentrará toda su actuación en la difusión por Internet de obras intelectuales sin autorización de los titulares, ya sea desde el acceso a servidores virtuales o a través de enlaces dedicados para la descarga de contenidos, tales como películas, canciones, libros electrónicos o videojuegos, entre otros.
Fuentes de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual apuntan que el "Real Decreto debe habilitar medidas que permitan terminar tanto con la infracción con respecto a un número limitado de contenidos, en la que la retirada de los mismos puede resultar suficiente, como con la actividad vulneradora masiva que desde determinados sitios web se realiza y contra los que las únicas medidas eficaces serán la interrupción del servicio, ya sea mediante el cierre del mismo o por el bloqueo del acceso al mismo".
La misma federación ya apuntó que "resulta especialmente importante que se introduzcan mecanismos que eviten el abuso de la norma, consistente en finalizar el procedimiento a través de la retirada voluntaria de contenidos para volver a reintroducirlos una vez superado el expediente". El procedimiento que se establezca, añaden las mismas fuentes, "debe contemplar esta posibilidad para evitar la ineficacia del proceso por la reiteración en la ilegalidad".
El pasado 15 de febrero, el pleno del Congreso aprobó la referida Ley Sinde con 323 votos favorables, procedentes del PSOE, PP y CiU y con el 19 rechazos, por parte de PNV, ERC, IU-ICV, BNG, CC, UPyD y Na-Bai, así como con una abstención. Con la futura configuración del Parlamento, la norma contaría con 312 votos favorables, en el caso de que los mismos grupos políticos mantengan la misma opinión expresada el pasado febrero.
El 'canon digital' en la nevera
El desarrollo reglamentario del denominado canon digital quedará por el momento en el limbo legal, convirtiéndose en una patata caliente que deberá digerir el Gobierno que próximamente constituirá Mariano Rajoy, vencedor de las últimas Elecciones Generales.
Según apuntó días atrás la propia ministra de Cultura, el canon digital es "un asunto de un calado y una relevancia social suficientemente importante como para poder abordarlo con tranquilidad al principio de la próxima legislatura", dijo en un encuentro con los medios de comunicación durante un reciente viaje a Tokio. "Esa tramitación es mucho más larga y no daría tiempo a hacerla", concluyó la ministra en funciones.
La orden ministerial que regula el canon digital resultó anulada el pasado marzo por la Audiencia Nacional al entender que se trata de un reglamento que, en sus trámites de aprobación, requeriría el dictamen del Consejo de Estado, que no se hizo en su momento.
Asimismo, en octubre de 2010, el Tribunal de Justicia de la UE también se pronunció contra el canon digital español al dictaminar que "no era conforme" al derecho comunitario en el caso de que los soportes de reproducción se destinen a usos profesionales.
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