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Ley de epidemiología: La vacunación obligatoria divide a Suiza
La necesidad de vacunarse centra de nuevo el debate político en Suiza. La vacunación obligatoria, como establece la nueva Ley de Epidemiología, suscita desconfianza en parte de la población. El pueblo tiene la última palabra el próximo 22 de septiembre.
La creciente movilidad y urbanización, los flujos migratorios y el cambio climático: El contexto en el que aparecen enfermedades infecciosas que amenazan la salud pública ha cambiado mucho en las últimas décadas. Y Suiza no está al margen de esta evolución.
Nuevos tipos de virus y agentes patógenos – como la neumonía atípica SRAS, la gripe A (H1N1) o la gripe aviar H5N1 – han demostrado que los medios y la legislación disponibles no son suficientes. Para prevenir, identificar y combatir las enfermedades transmisibles hay que adaptar las leyes a las nuevas exigencias.
La Ley de Epidemiología (LEp) en vigor data de 1970 y ha quedado obsoleta. A petición de los directores cantonales de Sanidad, el Gobierno y el Parlamento procedieron a una revisión total de la misma. El proyecto de ley que elaboraron es más claro en la asignación de competencias y refuerza el papel del Estado en materia de estrategia, coordinación y control.
Para fijar los objetivos nacionales en el ámbito de las enfermedades transmisibles, el Estado consulta a los cantones y es responsable de los preparativos para situaciones de emergencia. La aplicación de las medidas seguirá siendo competencia de los cantones, aunque se prevé crear un órgano permanente de coordinación con el fin de mejorar la cooperación entre ellos.
El Parlamento aprobó la revisión de la ley con el apoyo de todos los partidos: 149 votos a favor, 14 en contra y 25 abstenciones en la cámara baja; 40 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones en la cámara alta.
Decisión en las urnas
Después de la decisión del Legislativo, se repitió el escenario vivido hace un año con la revisión de la Ley de Epizootias (epidemias animales). Al igual que entonces, Daniel Trappitsch, médico naturista y presidente de una asociación antivacunas, recurrió al referéndum.
Pero en esta ocasión, el círculo de los adversarios se amplió. Una serie de grupos de la derecha conservadora se movilizaron contra la revisión de la ley, aunque por motivos diferentes.
Los promotores del referéndum reunieron más de 77.000 firmas válidas, más de las 50.000 necesarias para someter la nueva ley a referéndum, el 22 de septiembre.
Contra la vacunación obligatoria
Los argumentos contra la revisión de la ley son múltiples. La mayoría de los adversarios –incluso los de izquierda que no se sumaron al referéndum– citan uno en particular: La posibilidad de que el Estado pueda ordenar la vacunación obligatoria, un derecho reservado hoy exclusivamente a los cantones. Esta cuestión provocó un encendido debate en el Parlamento.
“Esta ampliación de poderes no es oportuna”, declara Yvonne Gilli, relatora de la comisión preparatoria de la cámara baja. La diputada de los Verdes y médica de profesión opina que el Gobierno solamente debe tener competencia para decretar la vacunación obligatoria en una “situación extraordinaria”.
“La ley vigente otorga amplios poderes a los cantones para ordenar la vacunación de toda la población y en cualquier situación, mientras que la nueva limita y establece cuándo procede la obligatoriedad”, objeta el otro relator de la comisión, Ignazio Cassis, diputado liberal radical y médico.
“Si existe un peligro notable, los cantones pueden decretar la vacunación obligatoria de grupos poblacionales en riesgo, de personas especialmente expuestas o que ejercen determinadas actividades”. El Estado puede establecer la obligatoriedad para estos grupos y personas, si se produce una “situación particular”, después de haber “escuchado a los cantones”.
Esta vacunación obligatoria en situaciones particulares “no se justifica desde un punto de vista epidemiológico”, sostiene Yvonne Gilli. En su opinión, las nuevas disposiciones albergan el riesgo de que aumenten las “presiones que se derivan más de criterios económicos que epidemiológicos”.
Otras preocupaciones
En las campañas de vacunación hay grandes intereses económicos en juego, ya que “representan millones de dosis”, agrega. No obstante, Yvonne Gilli no comparte las hipótesis de complot, según las cuales las autoridades suizas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) actúan en beneficio de la industria farmacéutica. No obstante, la diputada verde tampoco coincide con quienes cuestionan la utilidad de las vacunas.
“Es lógico que nos preocupe si los intereses económicos influyen en las decisiones del Estado”, comenta Ignazio Cassis, aunque destaca que los mecanismos de control funcionan. En su opinión, “hay total transparencia” y los riesgos “son mínimos”.
Según el médico tesinés, la nueva ley tampoco atenta contra el federalismo, como sostienen algunos. “Los virus no se detienen en las fronteras cantonales. Creo que debemos usar el sentido común y renunciar a un poco de federalismo -que me es muy importante -, para estar bien equipados y poder combatir mejor las epidemias y las enfermedades transmisibles”.
En ello coincide Yvonne Gilli. La diputada verde se opone solamente a las disposiciones que estipulan la vacunación obligatoria. “Estoy convencida de que si los suizos rechazan esta revisión, podremos aplicar toda la parte de la nueva ley que no se cuestiona. Y si votamos no, dejaremos claro que no queremos una vacunación obligatoria en esta forma”.
Precedente histórico
“En 1882, la ley federal de epidemiología, que incluía la propuesta de la vacunación obligatoria, fue rechazada en referéndum por casi el 80% de los votantes. Alrededor de 1883, la fuerte oposición a las vacunas llevó incluso a abolir la vacunación obligatoria en varios cantones de habla alemana.
Los adversarios invocaron, en primer lugar, argumentos de índole sanitaria, como los efectos secundarios de las vacunas, causa de otras enfermedades. La Ley de Epidemiología de 1986 (revisada en 1970) confirió a los cantones la responsabilidad de organizar campañas de vacunación y de decretar la obligatoriedad; la mayor parte renunció a declararlas vinculantes”.
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