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Anonymous desvela que la Generalitat creó un archivo de tuiteros incendiarios
Se clasificó a los usuarios según su ideología.
"Un usuario está incitando a la gente a causar revuelo en la concentración de la plaza de San Jaime", "@inmapaleo publica un vídeo en el que identifica a un mosso de paisano", "posibles nuevas etiquetas, #3M".
Estos tan solo son algunos ejemplos del monitoreo que presuntamente ha llevado a cabo la Generalitat sobre cientos de usuarios de redes sociales. No se crean que están elegidos al azar. Todos y cada uno de ellos tienen algo en común: participan de alguna forma u otra en distintas movilizaciones.
El grupo Anonymous ha hecho público unos informes pertenecientes al Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), dependiente de la Generalitat y destinados a los Mossos d'Esquadra en los que, además de ofrecer una métrica de actividad de movilizaciones sociales y distintas etiquetas como por ejemplo #1demaig, #caixarolada o #12m15m, realizaron un seguimiento de distintos ciudadanos con el fin de proteger a la Administración catalana de las ciberamenazas.
Entre las decenas de usuarios que llenan los denominados "informes de seguimiento", destacan entidades, activistas sociales, abogados, periodistas y medios de comunicación; y todos y cada uno de ellos tiene asignado un número de identificación y un comentario del órgano público.
Un fichero que recopila usuarios según su ideología
Teknautas ha hablado con el Cesicat y el órgano público no ha querido aclarar si los informes filtrados por Anonymous son o no verídicos "al venir de una fuente anónima". Además, ha señalado que "en sus bases no ha habido ninguna intrusión".
Casualmente, la época en la que se llevaron a cabo estos presuntos seguimientos por parte de la Generalitat coincide con la que los Mossos abrieron una web para identificar a personas sospechosas de haber protagonizado actos de violencia callejera. El objetivo de esta página era el de disuadir y prevenir, según el director de la Policía catalana, Manel Prat.
Carlos Sánchez Almeida, del despacho de abogados Almeida, ha explicado al respecto a Teknautas que en los informes filtrados por Anonymous se hace referencia a perfiles concretos a los que se atribuyen conductas. "Todas estas personas están reunidas en una especie de grupos de carácter ideológico y este tipo de ficheros están prohibidos por la Ley de Protección de Datos", ha explicado.
"Desde mi punto de vista este seguimiento no vulnera la intimidad de nadie porque son redes públicas. Es información publicada voluntariamente. Ahora bien, elaborar ficheros de carácter ideológico está prohibido, y si se han destinado fondos públicos a actos ilícitos puede suponer un delito de malversación o prevaricación que debería de ser investigado por la Fiscalía y por el Defensor del Pueblo Catalán", ha añadido.
El artículo 7.4 de la Ley de Protección de Datos prohíbe expresamente los ficheros “creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, la afiliación sindical, la religión, las creencias, el origen racial o étnico o la vida sexual” de las personas.
El diputado del PSC en el Parlament, Xavier Sabaté, ha explicado a Teknautas que este martes tienen pensado plantear unas cuestiones al respecto de las filtraciones: "tenemos que esperar su respuesta pero lo que está claro es que ésta es otra noticia más que empaña la labor de los mossos. Es necesario que se nombre a un nuevo director cuanto antes. Llevamos tiempo pidiendo la dimisión de Manel Prat".
La reforma del Código Penal de Gallardón, en la misma línea
El Cesicat es el organismo ejecutor del plan nacional de impulso de seguridad TIC, aprobado por el gobierno de la Generalitat de Cataluña el 17 de marzo de 2009.
Según especifican en su página web, entre sus misiones destaca la de garantizar una sociedad de la información segura para todos en Cataluña, operando un Centro de Seguridad de la Información como herramienta para la generación de un tejido empresarial catalán de aplicaciones y servicios de seguridad TIC que sea referente nacional e internacional.
De una forma u otra, según Almeida los informes filtrados por Anonymous tan solo son un adelanto de lo que nos espera con la reforma del Código Penal de Gallardón.
El pasado mes de septiembre, el ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón presentó las líneas fundamentales de la futura reforma del Código Penal. Según la mayoría de juristas, tras esta revisión podrán ser objeto de un proceso penal todos aquellos usuarios que envíen por Twitter o cualquier otra red social consignas que perturben el orden social.
Un ejemplar del anteproyecto, disponible en la web del departamento de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, aclara que "la distribución o difusión pública a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año".
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