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Fuente: http://www.eldiario.es/politica/mariano_rajoy-gobierno-_partido_popular-inaki_urdangarin-duque_de_palma-noos-casa_real-corrupcion-boe_0_104639767.html

Muchas de las comparecencias y publicaciones más espinosas del Gobierno y la Casa Real se han producido en sábado.

La elección de los días no es casual: la audiencia televisiva de los informativos se desploma y la noticia se diluye.

Sube, eso sí, la audiencia en prensa, pero esta apenas es leída por el ciudadano medio.

La última moda, de unos meses a esta parte, es que las comparecencias más peliagudas del plano político español sean los sábados o domingos. La Casa Real y el Gobierno acumulan casos que tienen poca pinta de ser casuales: muchas repeticiones de algo hasta entonces inédito en poco tiempo y, además, siempre en sábado, el día de menor cobertura informativa de la semana.

La estrategia de los sábados arrancó, curiosamente, un domingo. Rajoy se vio obligado a comparecer ante la imparable carrera ascendente de la prima de riesgo y los crecientes rumores sobre un rescate económico. Compareció ante los medios y después salió rumbo a la Eurocopa de fútbol, donde su celebración de un gol de España dio la fotografía de portada a todos los periódicos del día siguiente.

Durante varias semanas poco después el Gobierno puso en marcha una estrategia de ocultación de medidas de ajuste, de las que no daba detalle ni explicación en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes, pero que luego eran publicadas el sábado en el BOE.

El caso más sonado fue el del BOE del 14 de julio de 2012 ( PDF), cuando se conocieron las restricciones de los parados con prestación para viajar, la subida de precio de la energía, la supresión de la subvención hipotecaria, la especificación de los nuevos tramos del IVA, la explicación de la nueva retención del IRPF, o los nuevos requisitos para acceder a los 426 euros para parados que hayan agotado su prestación.

La estrategia duró el tiempo que tardaron algunos periodistas en darse cuenta y aguardar cada semana a la poco gratificante lectura del BOE para desentrañar aquello que el Gobierno no había querido contar.

La técnica se usó también en otro contexto: la primera comparecencia ante el juez del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por liderar una supuesta trama de desvío de dinero público fue en sábado.

La decisión en este caso no corresponde a la Casa Real, sino al magistrado que le citó. Como también fue decisión del juzgado autorizar la entrada de Urdangarin en coche en lugar de por donde entran todos los acusados.

Sucedió de nuevo, mucho tiempo después, cuando Rajoy hizo su primera comparecencia pública por el escándalo de corrupción en torno al extesorero de su partido, Jesús Bárcenas. Fue un sábado en el que reunió de forma extraordinaria a la cúpula de su partido para tratar el asunto a puerta cerrada, aunque la sala de prensa de Génova se llenó para ver la intervención del presidente del Gobierno, que se retransmitía a través de un monitor.

Fue en esa comparecencia en la que no compareció en la que prometió publicar sus datos fiscales. Los datos, que obviamente no recogen si hubo algún cobro en negro, y que se presentaron en formato resumido y en PDF para que no pudieran ser reutilizados, se subieron a la página web del partido un sábado.

Volviendo al 'caso Urdangarin', la comparecencia de su socio en Nóos, Diego Torres, también fue un sábado. Ese día, de mucha menor audiencia, los medios digitales abrieron con la noticia de que Torres implicaba de lleno a la Casa Real en la trama, desde la infanta hasta el rey.

El 23 de febrero, un nuevo capítulo sabático: Urdangarin comparecía por segunda vez y, con unas horas de distancia, también Carlos García Revenga, secretario de las infantas y cargo de confianza de la Casa Real. Ambas, comparecencias históricas en un día de escaso flujo informativo.

¿Por qué sábado?

En los medios de comunicación hay franjas de audiencia dependiendo del tipo de producto que sean. Sucede, por ejemplo, con las radios, que suelen funcionar mejor por las mañanas y por las noches (consumo musical y magacines informativos) o los fines de semana (crónica deportiva).

Sucede también con la prensa digital, que tiene en los horarios de oficina entre semana las principales horas de audiencia, salvo en ocasiones los contenidos culturales y deportivos.

Sólo hay un formato de información general cuya audiencia, en circunstancias normales, repunta en fin de semana: la prensa impresa. De hecho, es el medio de mayor influencia política, si se atiende a la trascendencia que han tomado las exclusivas periodísticas de El País y El Mundo respecto al 'caso Bárcenas'.

La primera conclusión podría parecer, vista la técnica de llevar las malas noticias a los sábados, que el Gobierno piensa en la cobertura que se hará en prensa impresa.

La cuestión es otra: mientras la prensa se consume mucho más en domingo (el día en el que se contarán las noticias ocurridas un sábado), la televisión se desploma en sábado. La estrategia es, más bien, evitar que las televisiones cuenten las malas noticias y que sea la prensa la que lo haga. ¿Por qué? Porque será más influyente en lo político, pero también un formato muchísimo menos seguido por la población en general.

Con datos de 'difusión de anexos' de la OJD, se puede comprobar cómo en los principales periódicos es mucho mayor la difusión un domingo que entre lunes y sábado. Y precisamente, dado que la prensa impresa publica las noticias al día siguiente de que se produzcan, sería el domingo cuando se publicaría en primera página de todos los periódicos lo que ha sucedido el sábado, el día que se supone que menor exposición mediática hay.

La clave está en el brutal retroceso de la penetración de la prensa. De acuerdo con los datos de la AIMC en su última oleada (febrero-noviembre de 2012, PDF) apenas tiene una penetración del 36,1% entre la población y, cuando la tiene, es gracias a la prensa deportiva: Marca es el diario más leído con tres millones diarios, seguido por El País con 1,9 y de As, con 1,4 millones.

Dicho de otra forma: el ciudadano medio apenas lee prensa impresa, cada vez menos y, cuando lo hace, lee mayoritariamente prensa deportiva.

La prensa es influyente en lo político, sí, pero si hay un medio de consumo generalizado, es la televisión, con diferencia el medio con mayor penetración entre los ciudadanos, según los mismos datos de la AIMC.

Pero la televisión es particular en su consumo, por dos razones. La primera, por qué se consume: sobre todo entretenimiento (programas, películas, concursos), pero también informativos.

Por ejemplo, el miércoles día 20 de febrero, si se hiciera un top 10 en función del 'share' conseguido, el informativo más visto del día sería el sexto en una lista copada por los programas.

La segunda particularidad de la televisión es, tomando sólo los informativos, cuándo se consume: el sábado es el día de la semana en que menos se ven los informativos. Se toma para el gráfico de abajo la semana del 11 al 17 de febrero.

Se puede ver que tanto en audiencia total de los informativos en ambas franjas (día y noche), como en share medio de los informativos en ambas franjas, como en rating medio en ambas franjas, el peor día es el sábado. Para las audiencias, y para las noticias del Gobierno y de la Casa Real.

* Nota: El martes aparece más bajo en audiencia total porque el dato tomado corresponde a un martes en el que se jugó un partido de Liga de Campeones y la edición nocturna del Telediario de TVE no computa para la audiencia, sumando cero (aun así, con un informativo menos, el sábado tiene peor audiencia).

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/23/gobierno-cambiara-termino-imputado-frenar-desgaste-judicial-pp/1346890.html

Gallardón prepara una modificación legal para sustituir la calificación de la imputación por la de encausado o investigado y, de esa manera, aliviar la presión por los casos de corrupción que, como ocurre en la Comunidad, acorralan a la cúpula popular.

El Gobierno prepara una modificación legal sobre la calificación del término imputado que tiene como principal objetivo aliviar la presión sobre la clase política y, especialmente, intentar poner freno al desgaste judicial del PP que, en el caso de la Comunidad Valenciana, afronta, a día de hoy, nada menos que 14 investigaciones por corrupción que acorralan al Consell que dirige Alberto Fabra.

Durante una reunión celebrada el pasado fin de semana en Génova, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a las organizaciones territoriales del PP -entre ellas las tres direcciones provinciales de la Comunidad- su intención de sustituir la imputación -convertida, en opinión de altos cargos populares, casi en un sinónimo de condena a efectos de imagen social- por el de "encausado o investigado".

Acuciados por los casos de corrupción -Bárcenas en España y la suma de Gürtel, Brugal, Cooperación, Nóos o la visita del Papa, entre otros, en la Comunidad- a los populares no les queda otra que intentar capear el temporal. Cavar una trinchera en la que tratar de defenderse frente al desgaste que sufre la marca del PP en los juzgados.

Entre los notables populares se ha extendido la opinión de que la imputación -en realidad una garantía procesal que permite a un acusado disponer de abogado para su declaración y tener acceso a las actuaciones- se ha convertido en un lastre que, sin ni siquiera mediar una condena, condiciona el futuro de una trayectoria política.

Junto a eso, además, la situación económica atiza todavía más, si cabe, la crítica contra los cargos públicos. Abono de primera calidad para que un paso judicial como la imputación -palabra que el PP y el PSOE se han encargado de usar como arma arrojadiza- se convierta en un problema de primera magnitud.

Hace una semana, precisamente, la cúpula nacional del PP citó a sus organizaciones territoriales en Génova para marcar estrategia frente a los casos de corrupción y a los efectos de una crisis que ha colocado a los populares entre la espada y la pared. En España, los sondeos colocan al PP en niveles de respaldo electoral de la década de los 80.

Y en la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, los populares atraviesan por su peor momento desde que llegaron a la Generalitat y al gobierno de las principales instituciones hace ahora casi 18 años. 

En una de las reuniones, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a los dirigentes territoriales su intención de modificar la ley y cambiar la calificación de la imputación. Gallardón explicó que, en principio, el texto que baraja su departamento apunta a sustituir el término "imputado" por "encausado" o "investigado".

Con la reforma que prepara el Gobierno, la imputación formal se produciría en el momento en el que el instructor, en el caso de que así lo considere oportuno y en función del avance de la investigación, decrete la apertura del juicio oral.

Es decir, los dirigentes envueltos en problemas judiciales ganarían un cierto espacio temporal mientras se alargan las pesquisas.

No se trata, por tanto, de una cuestión puramente semántica. De consumarse esta decisión, los políticos investigados por corrupción sortearían un estado judicial que se ha convertido en una losa para su futuro y esquivarían, de alguna manera, el efecto negativo para sus intereses que supone la lentitud de la instrucción.

Es decir, el Gobierno intentaría frenar, de esta forma, el deterioro que sufre el PP y disponer de margen de maniobra no sólo a la espera de que la recesión económica mejore sino también, especialmente, a la hora de tomar decisiones drásticas contra los políticos inmersos en sumarios judiciales.

Uno de los ejemplos más claros de esta situación aparece, sin duda, en las Cortes, donde, actualmente, Fabra, tiene encima de su mesa una "patata caliente" con nueve imputados en la bancada popular. Este cambio legislativo sería, desde luego, un alivio para el jefe del Consell a la espera de más decisiones judiciales.

La modificación que prepara Gallardón, aunque en el fondo supone cambiar las reglas de juego en pleno partido para limitar las opciones del rival, encaja con una opinión bastante generalizada en el PP que apunta a la necesidad de suavizar la actuación contra los políticos hasta que el procedimiento judicial no esté avanzado como respeto a la "presunción de inocencia".

A día de hoy, sin embargo y como admiten cargos del PP, cualquier decisión que pueda parecer a ojos de la ciudadanía como un intento de "poner sordina" a la corrupción puede volverse en contra.

Los casos concretos y el "cariño" a los imputados

Entre los dirigentes populares valencianos, para justificar el cambio en el que trabaja el Gobierno, siempre aparecen tres nombres que salieron airosos de una imputación: el ministro José Manuel Soria; el actual síndic del PP en las Cortes, Jorge Bellver; o Dora Ibars, destituída como alto cargo del Consell por su imputación en Gürtel y reintegrada por Fabra a sus funciones tras levantarle el juez esa condición.

En contra del PP, sin embargo, este cambio legal se conoce después de que los imputados de las Cortes pidieran más cariño a la cúpula popular durante una reunión.

Fuente: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=70792&name=economia

Dicho y hecho. El presidente del Gobierno anunció en el debate del estado de la nación su nueva estrategia para fomentar el trabajo precario entre los jóvenes y ha tardado menos de dos días en aprobar el plan, que incentivará el trabajo parcial, temporal y en prácticas para los menores de 30 años.

El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto, que publicará mañana el BOE, que modifica las condiciones bajo las que se pueden firmar contratos temporales. Hasta ahora, cuando se rubricaba un compromiso eventual, la compañía debía aducir una causa (estacionalidad, aumento de la producción…), pero tras las entrada en vigor de la nueva norma ser menor de 30 años y estar buscando el primer empleo permitirá obviar los requisitos. 

El Ejecutivo de Rajoy también impulsará a las empresas que hagan contratos a tiempo parcial, que suponen cotizaciones muy bajas y peor protección social, para los jóvenes hasta que la tasa de desempleo no baje del 15% (actualmente se encuentra en el 26%). Para ello, ofrecerá incentivos: reducción del 75% de las cuotas a la Seguridad Social a las empresas con más de 250 empleados y del 100% a las que cuenten con menos de 250 trabajadores.

Además, las que realicen contratos en prácticas podrán disfrutar de una reducción de cuotas por contingencias comunes de hasta el 50%. 

Jóvenes autónomos

Por otro lado, los jóvenes autónomos menores de 30 años podrán contratar a un parado de larga duración mayor de 45 años con una reducción del 100% de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que estas medidas buscan “fomentar el autoempleo de los más jóvenes y la contratación de menores de 30 años a través de bonificaciones”.

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven incluye el resto de medidas que se han ido conociendo en las últimas semanas, como el establecimiento de una ‘tarifa plana’ de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social durante seis meses para los autónomos menores de 30 años.

En este caso, el Ejecutivo establece que el acceso a esta ‘tarifa plana’ de 50 euros tendrá una duración de un año en el caso de los emprendedores con discapacidad.

Asimismo, los jóvenes autónomos, una vez transcurridos los seis meses de la ‘tarifa plana’ se beneficiarán de una reducción de la base mínima del 50% durante otro medio año, de una reducción del 30% de la cuota durante los tres meses siguientes y de una bonificación también del 30% en los quince meses siguientes.

En conjunto, los jóvenes emprendedores contarán con dos años y medio de bonificaciones en sus cuotas a la Seguridad Social.

Los jóvenes emprendedores también podrán compatibilizar el inicio de su actividad por cuenta propia con la prestación por desempleo durante nueve meses y podrán recuperar esta prestación si su empresa fracasa en un plazo inferior a cinco años (hasta ahora eran dos años).

El Ejecutivo también amplía las posibilidades capitalización del paro para iniciar una actividad por cuenta propia, permitiendo a los menores de 30 años capitalizar el 100% de la misma para realizar una aportación a una sociedad mercantil, siempre y cuando sea con una relación laboral o profesional de carácter indefinido.

Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4620912/02/13/Espana-y-la-polemica-relacion-entre-las-grandes-empresa-y-los-politicos.html

La España de los casi seis millones de parados, la de las duras recetas contra el déficit, la que no confía en sus gobernante, es también la de frecuentes vínculos entre las grandes empresas y los políticos. Más de una treintena de ex altos cargos, familiares de políticos o personas vinculadas a la Casa Real trabajan para las mayores empresas del país.

Los recientes escándalos relacionados con supuestos pagos ocultos en el seno del partido en el Gobierno han aumentado una crispación social que ha llevado la confianza de los ciudadanos en la clase política a mínimos históricos. Los últimos datos de la encuesta oficial del CIS revelan que, tras el paro y la situación económica, los políticos y la corrupción figuran entre las principales preocupaciones de los españoles.

¿Practica lícita, pero ética?

Desde ex presidentes de Gobierno a antiguos ministros, secretarios de Estado o, incluso comisarios europeos, más de una treintena de ex altos cargos, familiares de políticos o personas vinculadas a la Casa Real están a sueldo de diez de las mayores empresas cotizadas españolas en una práctica lícita pero que, en ocasiones, genera polémicas de carácter ético o incluso estético.

"Resulta lógico que las empresas incorporen a algún consejero procedente de la Administración, que les pueda asesorar sobre las formas del poder, lo mismo que los grandes despachos de abogados contratan ex fiscales o ex magistrados (...) pero hay una serie de cuestiones que, a mi modo de ver, enturbian determinados casos", explica a Reyes Calderón, Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra y profesora de Gobierno corporativo, quien califica de "laxa" la legislación.

La actual Ley de Incompatibilidades establece, con carácter general, un período de dos años de abstinencia en cualquier actividad de la empresa privada que esté relacionada directamente con las competencias que un alto cargo político hubiera tenido en su mandato.

No obstante, el período contempla excepciones que están sometidas a validación de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas que es, en última instancia, quien decide sobre la incompatibilidad o no.

A principios de año, dos grupos de la oposición presentaron en el Congreso de los Diputados dos proposiciones separadas para revisar la regulación y aplicar un mayor rigor al régimen de incompatibilidades.

"La legislación (...) aún permite que se produzcan situaciones cuya ética es discutible, pues pueden hacer pensar razonablemente a los ciudadanos que se adoptan decisiones, aun en el ámbito privado, guiadas por una influencia indebida", argumentó en su solicitud de revisión de la ley el Grupo Mixto.

Por su parte, los parlamentarios agrupados en la Izquierda Plural mencionaron para defender su proposición un reciente escándalo de un directivo de una empresa a la que se le adjudicaron pruebas clínicas de diversos centros madrileños que fue el responsable de la privatización de ese servicio.

La repercusión mediática que tuvo el caso llevó a la dimisión del exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes.

Energía: regulación y privatizaciones

El sector energético, entre los más afectados por decisiones políticas al estar sometido a la regulación, es precisamente donde más abundan los consejeros, asesores, directivos o ayudantes que en algún momento tuvieron responsabilidades de Gobierno o tienen lazos familiares o de otros tipo con quienes las ejercen. Algunos achacan incluso el trasvase de la política a la empresa a las privatizaciones realizadas en el país en las últimas décadas.

"Otra cuestión clave son los sectores estratégicos en los que estos nombramientos se producen. Muchos de ellos proceden de empresas anteriormente públicas luego privatizadas", explica la catedrática de la Universidad de Navarra. "Ese proceso desordenado de privatizaciones ha tenido mucho que ver con esta abundancia, que es de todo signo político".

El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González forma parte desde 2010 del consejo de administración de Gas Natural en calidad de vocal independiente compartiendo asiento, entre otros, con Santiago Cobo, esposo de la diputada del Partido Popular Teófila Martínez.

En calidad de asesor externo, la también energética Endesa -privatizada entre 1997 y 1998 (en el primer Gobierno del PP)- contrató en 2010 al también ex presidente 'popular' José María Aznar, mientras que los ex ministros de Economía socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado ocupan puestos en empresas relacionadas.

El caso de la que fuera ministra de Economía del último Gobierno socialista es especialmente llamativo por veloz, ya que Salgado fue nombrada consejera de la filial chilena de Endesa apenas cuatro meses después de abandonar el Gobierno. Además, un mes después fue también fichada como asesora en Cataluña por parte del grupo concesional Abertis.

En su día, el nombramiento de Salgado en la eléctrica generó polémica entre los diputados, incluso entre algunos de su propio partido, aunque el argumentario era que la ex ministra fichaba por una empresa extranjera, por mucho que la matriz fuese española.

"La ley es laxa, y, a mi juicio, se incumple con total impunidad en algunos casos, como en el de la señora Salgado. La ley debería cambiarse no sólo en fondo, sino en lo relativo a su sentido y filosofía últimas", explicó Reyes Calderón.

Pero el listado de antiguos ministros en la nómina de empresas cotizadas es mucho más largo e incluye a políticos en activo de los últimos gobiernos populares (Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Abel Matutes o Isabel Tocino) o a responsables ministeriales socialistas (además de Solbes y Salgado, figuran Luis Carlos Croisser, Javier Solana, Narcis Serra, Josep Borrell o Javier Solana).

Pedro Solbes se convirtió en 2011 en consejero independiente de Enel, el gigante energético italiano que en 2007 ganó una batalla de opas por Endesa cuando el político ocupaba el máximo cargo en el ministerio de Economía.

Vea aquí con detalle todos los vínculos de políticos españoles con  las principales empresas del país (.pdf).

El refugio de Telefónica

La Telefónica cuya privatización inició en 1995 el último Gobierno del PSOE de Felipe González y completó el primer Ejecutivo de José María Aznar en 1999, ha sido el ejemplo emblemático, al convertirse en refugio de numerosos políticos y personas afines a diversos poderes, incluyendo algunos de los nombramientos más polémicos.

La operadora, en cuya nómina han figurado desde los ex ministros Eduardo Zaplana (PP) o Narcís Serra (PSOE) hasta el que fuera jefe de la Casa Real José Fernando de Almansa, saltó a los medios en 2012 cuando el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, renunció "voluntariamente" a sus cargos en la compañía meses después de su imputación por presunta apropiación indebida y tras ser retirado de la agenda de la Casa Real por el mismo motivo.

Poco después, en enero de 2013, Telefónica anunció el fichaje de quien fuera ministro de Economía durante la última fase de su privatización, Rodrigo Rato, meses después de que el también ex director gerente del FMI abandonase la presidencia de Bankia antes de la que sería la mayor nacionalización de la historia de España. Rato, imputado por la Audiencia Nacional en las investigaciones sobre Bankia, es asesor externo de la operadora para Europa e Iberoamérica.

Descrédito generalizado

Tras sortear un "rescate" soberano en el peor momento económico de la democracia española, el Gobierno de Mariano Rajoy afronta ahora el difícil reto de superar la corriente de descrédito de parte de la ciudadanía hacia una clase política que algunos contemplan como ajena a las consecuencias de la crisis.

En el primer debate sobre el Estado de la Nación desde su presidencia, Rajoy no ignoró el tema de la corrupción y aprovechó para anunciar una larga batería de medidas para fiscalizar la actividad de los políticos y de los partidos, incluyendo un refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

"Yo, como todos ustedes, estoy dispuesto a perseguir la corrupción donde aparezca, pero no podemos permitir que se escriba, otra vez de España, una leyenda negra", dijo Rajoy tras defender la "honorabilidad" de la "inmensa mayoría" de la clase política.

Fuente: http://www.hoy.es/v/20130216/regional/vacio-legal-deja-prestacion-20130216.html

Son casos previos a julio de 2012, que fue cuando se determinó que la familia podría cobrar si el enfermo moría antes de que el expediente se resolviera.

El padre de Margarita Jiménez sufrió un derrame cerebral a finales de marzo de 2010. A mediados de abril su familia inició en el Sepad (Servicio de Atención a la Dependencia) de Mérida el expediente para pedir una ayuda acogiéndose a la Ley de Dependencia, sobre el que no volvieron a tener noticias hasta siete meses después, en octubre, que fue cuando contrataron una auxiliar de una empresa que atendía al hombre varias horas del día.

Se les dijo que para pagar ese servicio tendrían que adelantar 625,47 euros mensuales y que se les iría devolviendo cuando el expediente se resolviese. Eso hicieron durante tres meses hasta que en enero de 2011 el padre falleció sin que el expediente que se había iniciado casi un año antes se hubiera resuelto.

Precisamente por eso, porque murió antes de que la Administración pusiese su punto y final burocrático, a la familia no le devuelven los 1.700 euros que adelantaron.

«Queremos que la opinión pública sepa lo ocurrido en el caso de mi padre con la Ley de Dependencia y denunciar lo que creemos que es un engaño y un robo por parte de la Junta, no sólo a nosotros sino a varias familias en la misma situación. Es una auténtica vergüenza que se juegue así con el dinero y se vulneren los derechos de unas personas indefensas cuando más lo han necesitado y tienen derecho por ley», señala Margarita Jiménez.

Desde la Junta se reconoce que hay «familias de dependientes fallecidos que adelantaron el dinero y no lo han cobrado». Lo achacan a un vacío legal en la Ley de Dependencia, según el cual en el caso de que el dependiente falleciera entre la aceptación de su Proyecto Individual de Ayuda (PIA) y la resolución del mismo, la normativa no establecía cómo debía obrar la Administración.

Para acabar con esta situación el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del que forman parte Estado y comunidades autónomas estableció en julio pasado que «el derecho a recibir la prestación económica es efectivo desde el momento en el que la Administración dicta la resolución por la que se aprueba el Programa Individual de Atención del beneficiario.

En consecuencia, si el beneficiario falleciera entre la fecha en que se dicta la resolución y el día en que la Administración le debiera empezar a pagar su prestación, se abonará a sus familiares la cuantía correspondiente a esos días en los que ya tenía aprobado su PIA», señalan desde la consejería de Salud y Política Social.

Una determinación a la que parece que han llegado tarde los Jiménez, ya que la última comunicación que aseguran que han tenido del Sepad «es que no vamos a recibir nada».

No son los únicos que se han visto envueltos en esta situación que la propia Junta califica «de incertidumbre» y a la que desde el propio Sepad se quiso poner freno en abril dictando una instrucción que da la opción de adherirse a un contrato de cláusula suspensiva, de modo que no se tenga que contratar el servicio en el momento que acepta su proyecto sino una vez que recibe la resolución definitiva.

«Así se le da opción de decidir si quiere o no adelantar el dinero que supone esa contratación», indican desde la Junta.

Fuente: http://insurgente.org/index.php/mas-noticias/falsimedia/item/3856-as%C3%AD-compra-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-a-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n

Pocas personas son las que dudan que la Junta de Andalucía tras 30 años de gobierno PSOE, conforman un régimen. Y ellos saben bien que esto pasa por el control absoluto de los medios de “comunicación”. Ayudas y subvenciones hace que luego esos medios no puedan morder la mano que les da de comer. Una práctica habitual, el PP donde gobierna y el PSOE (y sus aliados) donde gobierna.

En cuanto a los medios de comunicación, se aprobaron patrocinios y contratos por 1.003.683,38 euros. Más de la tercera parte, 359.195,69 euros, fue adjudicada a medios del Grupo PRISA. Entre estos, la más beneficiada fue la Cadena Ser.

Se hizo con una 'Campaña de Navidad' de 150.000 euros y un patrocinio de 105.743,11 euros destinados al patrocinio del programa Carrusel Deportivo en noviembre y diciembre de 2012. Otros dos patrocinios concedidos a PRISA son los 70.528,48 euros otorgados para El País Semanal (también para noviembre y diciembre de 2012) y los 32.924,10 euros para las guías de viajes de El País, El Viajero, para los mismos meses.

El segundo grupo de medios por cantidad otorgada fue Vocento, para el que se aprobaron contratos y patrocinios por 258.626,41 euros. Más de la mitad de esta cifra corresponde a un convenio o contrato, no se especifica, para la cobertura del citado World Trade Market en noviembre de 2012. Se aprobó para ello una partida de 149.460,41 euros que tuvo como adjudicatario a Corporación de Medios del Sur.

A esta misma filial de Vocento se le concedió el patrocinio de Andalucía Costa del Golf (octubre a diciembre de 2012) por 41.562 euros y el de Rutas turísticas de interior (durante los mismos meses) por 32.894 euros. A otra filial de Vocento, Corporación de Medios de Andalucía, se le concedieron 34.710 euros como patrocinio de la sección Rutas por Andalucía.

Al grupo Joly se le destinaron 130.490 euros, dividido en un patrocinio de la 'Sección Rutas' (octubre a diciembre de 2012) por 41.055 euros y otro para una página diaria sobre turismo (durante los mismos meses) de 89.435 euros. Este conglomerado de periódicos posee nueve cabeceras en Andalucía: Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga hoy y Diario de Almería.

El capítulo de medios privados se cierra con la empresa Gestión Directa, a la que se otorgan 53.999 euros como patrocinio e la Revista Andalucía Única; El Correo de Andalucía, patrocinado con 39.681,28 euros para el cuarto trimestre de 2012, y El Caminante de Unidad Editorial, beneficiado con un patrocinio de 32.188 euros para el mismo periodo.

A todo lo anterior hay que sumar una inyección de 75.504 euros destinada a la muy cara cadena pública Canal Sur Televisión. En este casi se trata del patrocinio del programa Andalucía durante los tres últimos meses de 2012.

Fuente: http://www.publico.es/450588/el-pp-rectifica-ante-la-presion-social-y-acepta-ahora-debatir-la-iniciativa-popular-para-la-dacion-en-pago

Alfonso Alonso anuncia el cambio de parecer de su grupo en medio del debate que se ha celebrado en el Congreso sobre la propuesta contra los desahucios. Ada Colau y otros activistas son desalojados de la Cámara tras gritar "sí se puede" y uno de ellos ha sido detenido por insultar a los diputados.

Estaba llamada a ser una jornada clave en la lucha contra los desahucios. Después de cuatro años de recogidas de firmas, las rúbricas de más de un millón y medio de ciudadanos llegaban este martes al pleno del Congreso de los Diputados en forma de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desalojos y a favor de la dación en pago con efectos retroactivos.

Pocos minutos antes de que comenzara el debate, la realidad de esos desahucios volvía a cebarse con un matrimonio mallorquín que decidía acabar con su vida poco antes de verse fuera de su vivienda. También este martes, a las puertas del hemiciclo, cientos de ciudadanos exigían a los políticos que tuvieran en cuenta su palabra.

La presión social era máxima y el PP, el partido que goza de la mayoría absoluta en el Parlamento, no ha tenido más remedio que dar su brazo a torcer y rectificar su posición inicial, que era negativa, para aceptar la toma en consideración de la mencionada ILP (ver PDF). Finalmente, la iniciativa ha salido adelante por 333 votos a favor y una abstención, la de un diputado conservador que no ha votado 'sí' por error.

La mayoría absoluta del partido en el Gobierno ya había causado la indignación del resto de grupos cuando se fijó el orden del día de la sesión de este martes situando el debate sobre la toma en consideración de los toros como bien de interés cultural antes de la ILP sobre los desahucios. Y durante la sesión, todos los grupos han criticado por ello la "insensatez" de los conservadores.

En medio de ese clima, el portavoz de los conservadores en la Cámara, Alfonso Alonso, ha convocado una rueda de prensa improvisada en el escritorio del Congreso, y en pleno debate sobre los desahucios ha explicado que tras hablar con el presidente del Congreso, Jesús Posada, y los servicios jurídicos de la Cámara, se ha encontrado una alternativa para realizar una tramitación "ágil" de la ILP, lo que permitía que su grupo la apoyara.

Y es que hasta entonces, el PP había avanzado que votaría en contra de la toma en consideración de la ILP argumentando que el Congreso ya estaba tramitando un proyecto de ley sobre la misma temática, y explicando que la admisión de la iniciativa retrasaría un mes la aprobación de la nueva normativa. 

Posada expulsa a Ada Colau 

A los pocos minutos de que concluyera la comparecencia de Alonso, la noticia llegaba a los manifestantes que todavía se encontraban protestando en la misma puerta del hemiciclo. "Sí se puede, sí se puede", gritaban. Es la misma frase que han proferido en el propio hemiciclo los representantes de las distintas plataformas antidesahucios que con su portavoz Ada Colau, a la cabeza, han seguido el debate desde la tribuna.

Sus gritos, que han llegado justo después de que el representante del PP Teodoro García haya vuelto a reafirmar su 'sí' a la toma en consideración de la ILP, han enfadado a Posada que, desde su puesto de mando, ha conminado a los ujieres a echar a esos activistas. "Expúlsenlos", ha exigido, varias veces. 

Según han confirmado a Público fuentes del Congreso, uno de ellos ha sido detenido por haber proferido supuestamente insultos contra los diputados. Esas mismas fuentes han informado de que al arrestado le han abierto diligencias y ha sido trasladado a la comisaría de la Policía de Moratalaz. Le aplicarán, dicen, el artículo 194 del Código Penal que sanciona la alteración del "normal funcionamiento" de la Cámara.

Hasta entonces, la Cámara Baja había sido el escenario de un encendido y apasionado debate sobre el drama de los desahucios pese a encontrarse ante un trámite más simbólico que práctico. Porque lo único que han decidido por unanimidad todos los grupos del Congreso ha sido admitir a trámite la ILP. Iniciar el debate y aceptar las diferentes enmiendas, lo que no significa que finalmente vaya a resultar aprobada tal y como la han presentado ese cerca de millón y medio de ciudadanos. 

El PSOE reconoce sus "errores" en el Gobierno 

Especialmente encendida ha sido la intervención de la portavoz del PSOE de Vivienda, Leire Iglesias, que ha querido disipar las dudas sobre la posición de su grupo acerca del drama de los desahucios: "Compartimos la necesidad de una moratoria, y apoyamos la dación en pago con alquiler social", ha insistido, tras reconocer "los errores" cometidos cuando estaban en el Gobierno en materia de legislación hipotecaria.

Antes incluso de conocer la posición favorable del PP, Iglesias reclamaba a los conservadores que escucharan "las demandas ciudadanas" para poder dar "una segunda oportunidad" a los afectados. 

Más emocionado después de que se filtrara la postura final de los conservadores, el portavoz adjunto del Grupo de la Izquierda Plural -que aglutina a IU, ICV y Cha-, Joan Coscubiela, agradecía a los promotores de la ILP "su trabajo tenaz en barrios y empresas de miles de personas" que han permitido al Congreso "disponer de una nueva oportunidad para discutir sobre soluciones verdaderas y no sobre meros parches o placebos al drama de las familias desahuciadas".

Según él, el mérito ha consistido en reunir esas rúbricas en "un clima inquisitorial, de linchamiento contra organizaciones y movimientos sociales, que aún perdura".

Un "empacho de insensatez" 

Coscubiela ha agradecido a Ada Colau, que en representación de la PAH el pasado martes reconoció que no todos los partidos son iguales. "Algunos llevamos años trabajando para cambiar la ley hipotecaria", ha recordado. Por eso ha reprochado "al Gobierno del PP que, como antes hizo el PSOE, se haya negado a abordar una reforma en profundidad de nuestro sistema hipotecario y de la legislación que lo sostiene".

También desde la izquierda, el portavoz de ERC, Joan Tardà, ha cuestionado la actual ley hipotecaria: "Desahuciar es legal, que no quiere decir que pueda ser ilegal".

Y la representante del BNG Olaia Fernández Dávila ha exigido, asimismo, que los conservadores "atienda a las peticiones ciudadanas". Joan Baldoví, de Compromís-Equo ha anunciado su voto a favor de una iniciativa que ha considerado "digna y humana", y Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, ha criticado el "empacho de insensatez" que estaba a punto de verse en la Cámara, después de que el PP apoyara la ILP sobre los toros y se dispusiera a negar validez a la de los desahucios, algo que finalmente no ha sucedido. Rafa Larreina, de Amaiur, en esa misma línea, había tildado la jornada de "día extraño y triste para la cámara".

Pero al final, el PP apoyaba la ILP. Tras recordar que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) comenzó a plantear sus demandas hace cuatro años, Alonso ha valorado que ha sido el Gobierno del PP el que empezó a actuar para paliar los desahucios mediante la presentación de un real decreto el año pasado.

Asimismo, el portavoz ha defendido la "vocación política de contar con los demás" del PP al apoyar su tramitación como proyecto de ley.

Fuente: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/coscubiela-retransmite-draghi-congreso-2316605

Coscubiela denuncia que la visita del presidente del BCE se haya pactado sin taquígrafos y grabadoras en la Cámara baja.

A falta de unos minutos para que comience la sesión en el Congreso con un centenar de diputados y el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, el Congreso de los Diputados ha puesto inhibidores para ICV no pueda retransmitir la ruenión a puerta cerrada como tenía previsto hacerlo a partir de las 14.00 horas.

La intención del diputado de ICV Joan Coscubiela era hacer un seguimiento en directo de la visita de Draghi, para denunciar que la reunión del máximo patrón del euro con un centenar de diputados solo podía hacerse a puerta cerrada y con total prohibición de presencia de taquígrafos y grabadoras.

Con su Iphad y gracias a una señal de 'streaming', Coscubiela (@jcoscu) tenía pensado sortear la prohibición y hacer que la reunión fuese pública y abierta a los ciudadanos, saltándose la condición que impuso Draghi para asistir a esta comparecencia informativa con los portavoces de los grupos parlamentarios. Hace unos meses, también fue a puerta cerrada la comparecencia del presidente del BCE en el Bundestag.

SECRETISMO DEL ACTO

"Voy a estar a allí sobre todo para escuchar", anunció la semana pasada Draghi. Y Coscubiela, que ha denunciado públicamente el secretismo del acto, va a estar a allí para retransmitirlo. Su compañero de partido, y portavoz de Economía, Alberto Garzón, también tenía previsto retransmitirlo a través de su cuenta de Twitter (@agarzon).

Otros diputados, como el socialista Pablo Martín Peré también ha anunciado a través de Twitter que explicarían a través de las redes sociales lo que aconteciera durante la reunión con Draghi. Ahora, los inhibidores puestos en el Congreso han dado al traste con estas iniciativas de hacer pública la visita de Draghi.

La comparecencia del banquero italiano, que se produce a resultas de una petición del PSOE, tendrá una duración de una hora y media. Tras lo cual, está previsto que, hacia las 15.30 horas, Draghi y el presidente del Congreso, Jesús Posada, ofrezcan una rueda de prensa. Después, la agenda de Draghi continuará con una entrevista en La Moncloa con Mariano Rajoy.

Información adicional

Los 5 vídeos sobre la conpareciencia secreta de Draghi realizados por ICV que no quieren que veamos:

http://www.youtube.com/watch?v=xAxCxh...

http://www.youtube.com/watch?v=5jl4UW...

http://www.youtube.com/watch?v=slcCbM...

http://www.youtube.com/watch?v=6wq-BP...

http://www.youtube.com/watch?v=ZY7CNw...

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/dinero/081297/la-receta-a-mariano-rajoy-de-empresarios-y-expertos-para-evitar-un-estallido-social-lograr-la-complicidad-de-los-sindicatos-irlanda-lo-ha-hecho-y-ya-esta-creciendo

Rajoy ya tiene respuesta a una de sus mayores inquietudes: ¿cómo evitar un 'estallido social' en España? La solución que le han transmitido empresarios, instituciones y expertos a los que ha consultado en las últimas semanas es: tiene que lograr la complicidad de los sindicatos, igual que se ha hecho en Irlanda.

Tal y cómo se reveló en El Confidencial Digital, el equipo de máxima confianza de Rajoy está consultando a destacadas personalidades e instituciones sobre cómo puede evolucionar la situación en España, teniendo en cuenta los problemas que sufre el país, económicos, pero también políticos por la corrupción.

Algunas de las consultas las ha llevado a cabo personalmente el propio Mariano Rajoy desde su despacho de La Moncloa. Entre los sondeados se encuentran altos cargos, ex políticos, políticos, personas del mundo empresarial, banqueros, agentes sociales, institutos de estudios de máximo prestigio en España, periodistas e intelectuales.

El ‘escándalo Bárcenas’, que ha llegado a apuntar también al PP y a su presidente, ha acrecentado su preocupación de que, sumados los problemas, pueda producirse un ‘estallido social’ en España.

¿Cuánto tiempo puede aguantar España?

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de estos contactos, el equipo de Mariano Rajoy ha preguntado a sus interlocutores, concretamente, cuánto tiempo creen que puede aguantar España en esta difícil situación, y, más aún, si los españoles resistirán nuevos recortes o, por el contrario, se ha llegado ya al límite de lo que pueden aguantar. También se les ha demandado que expliquen, en su caso, posibles soluciones y salidas.

Los consejos de los expertos a Rajoy

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el presidente ya ha recibido algunas respuestas de personalidades muy importantes del país. Y una de las más destacadas puede resumirse así: que “mantenga controlados y logre la complicidad de los sindicatos”.

Le han advertido que en estos momentos es fundamental conservar abierto el “diálogo” con las centrales y realizar desde el Gobierno gestos de cercanía, para así evitar que tengan ‘razones’ para promover movimientos que puedan arrastrar a las calles a millones de españoles, a los que sería fácil movilizar teniendo en cuenta que viven una situación límite, con lo que se provocaría el temido caos social.

Las revueltas traen más paro y recesión

Según las fuentes consultadas, el principal argumento que han transmitido a Rajoy estos expertos, en ese objetivo de evitar a toda costa una situación de anarquía en las calles de España, es la experiencia de lo ocurrido en otros países europeos con problemas, como Grecia, Portugal e Irlanda.

En Grecia y Portugal, los sindicatos han protagonizado graves y violentos disturbios; en Irlanda, por el contrario, los duros recortes impuestos por la troika (FMI, BCE y Bruselas) apenas han provocado algaradas en las calles,

Como consecuencia, el resultado a medio plazo también ha sido radicalmente distinto. Grecia y Portugal todavía continúan sumidos en una profunda recesión, mientras que la economía de Irlanda comienza ya a crecer y a crear empleo.

Merkel conoce la inquietud de Rajoy

Mariano Rajoy ha transmitido también a Angela Merkel su preocupación por un ‘estallido social’ en España. Según fuentes conocedoras de la conversación, lo hizo en privado durante la última cumbre UE-América Latina, que se celebró en Santiago de Chile hace dos semanas.

Merkel, basándose en la propia experiencia de Alemania, coincidió con Rajoy en que las reformas estructurales que se han puesto en marcha en España no comenzarán a dar resultados visibles “hasta dentro de dos o tres años”, y por tanto hasta ese momento son necesarias medidas adicionales que eviten llevar a una situación límite a los españoles.

Logró fondos para combatir el paro

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que el presidente aprovechó que, tan solo dos días antes, la canciller había manifestado durante su discurso en el foro económico de Davos encontrarse “escandalizada por el enorme paro juvenil en España”, para lanzarle una propuesta concreta.

Durante su breve encuentro privado en Santiago de Chile, Rajoy consiguió arrancar a Angela Merkel un compromiso para que Europa destine recursos a combatir el desempleo juvenil en España.

Un acuerdo que se ha materializado este fin de semana con la ayuda de 924 millones que Bruselas entregará al Gobierno español con cargo a los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020 con el objetivo de luchar contra el paro entre los jóvenes.

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/081139/la-pregunta-que-se-hace-rajoy-cuanto-tiempo-puede-aguantar-espana-sin-que-se-de-un-estallido-social-el-presidente-esta-sondeando-a-empresarios-instituciones-y-expertos

Máxima preocupación en el Gobierno. Rajoy y su equipo siguen atentamente la evolución de los acontecimientos económicos desde La Moncloa. Pero hay un aspecto que inquieta aún más al presidente, aunque intente dar impresión de tranquilidad: ¿cuánto tiempo más aguantarán los españoles esta mala situación, económica y social, sin que se produzca un estallido?.

Según ha sabido El Confidencial Digital, de fuentes conocedoras de esos contactos reservados, el equipo de máxima confianza de Rajoy está consultando, en estas últimas semanas, a destacadas personalidades del país para conocer su veredicto sobre cómo puede evolucionar la situación en España, teniendo en cuenta los problemas que sufre el país, económicos, pero también políticos por la corrupción.

Estas fuentes confirman que algunas de las consultas las ha llevado a cabo personalmente el propio Mariano Rajoy desde su despacho del Palacio de La Moncloa. El ‘escándalo Bárcenas’, que ha apuntado también al presidente en los últimos días, ha acrecentado su preocupación de que, sumados los problemas, pueda producirse un estallido social en España.

Consultas reservadas de alto nivel

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que entre las personalidades que han sido contactadas por Moncloa para conocer su evaluación se encuentran altos cargos, ex políticos, políticos, personas del mundo empresarial, banqueros, agentes sociales, institutos de estudios de máximo prestigio en España, periodistas e intelectuales.

Rajoy teme ahora, concretamente, que los españoles se planten y digan ‘basta’ a la vista de los episodios de corrupción que se están publicando estos días en la prensa.

Unas informaciones que se ven agravadas por la mala situación que atraviesan millones de familias en España como consecuencia de la crisis económica (paro, desahucios, emigración, etc…).

¿Se ha llegado ya al límite en España?

Según las fuentes consultadas, el mensaje que está transmitiendo el Gobierno durante estas conversaciones telefónicas, y en muchos casos el propio Mariano Rajoy, es de una clara preocupación.

A esos interlocutores se les pregunta, concretamente, cuánto tiempo creen que puede aguantar el país en esta difícil situación, y, más aún, si los españoles resistirían nuevos recortes o, por el contrario, se ha llegado ya al límite de lo que pueden aguantar.

También se les está demanda que expliquen, en su caso, posibles soluciones y salidas.

Le “aterra” una situación de tensión

Personas que hablan con frecuencia con el presidente del Gobierno explican a El Confidencial Digital que Mariano Rajoy ha confesado a su entorno más cercano que le “aterra” que se pueda producir una situación de máxima tensión en el país

Y pone un ejemplo concreto. No quiere ni oír hablar de algo semejante a la convulsión social que se vivió en España tras los atentados del 11 de marzo de 2004, que incluyeron protestas, agresiones a militantes, acoso a las sedes del PP…

En aquella ocasión, fue máxima la indignación de la sociedad por la barbarie terrorista, junto con la confusión sobre la autoría del atentado. Pero ahora tampoco se pasa por alto la maltrecha situación que padecen muchas familias, ahogadas por la crisis económica, un clima que podría provocar un cóctel explosivo mayor incluso que el de entonces.

Hasta el momento, solo se han producido protestas aisladas en el entorno de las sedes del Partido Popular, sobre todo en la calle Génova. Sin embargo, tal y cómo se contó en estas páginas, la Policía ha desplegado desde septiembre furgones policiales en la sede nacional por los acosos (insultos, incluso amenazas de muerte…) que están sufriendo dirigentes y trabajadores del partido.

Rajoy cuenta con el apoyo de Bruselas

Lo que inquieta al presidente del Gobierno sobre todo es una posible reacción general, incluso violenta y en forma de algaradas, de los españoles en las calles.

Fuentes del Gobierno consultadas por ECD explican que a Rajoy no le preocupa la posición que pueda adoptar Europa en relación con los supuestos escándalos de corrupción que han salpicado últimamente al Partido Popular. Cuentan que es un asunto que ya tiene ‘amarrado’ con sus socios europeos, también gracias a sus discretos contactos durante el pasado fin de semana.

En Bruselas, afirman, no existe una presión sobre Mariano Rajoy. Todo lo contrario: Angela Merkel desea evitar que las turbulencias regresen a los mercados de deuda en vísperas de unas elecciones en Alemania.

La exigencia de Merkel

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD revelan que, durante la última cumbre hispano-germana en Berlín, la canciller exigió en privado a Rajoy que el caso Bárcenas tenía que seguir siendo un asunto interno español, con el fin de evitar que se produzca un efecto contagio en otros países que pueda conducir a una nueva oleada de rescates europeos.

Se insiste en que la debilidad del Gobierno español no termine con los meses de calma que está viviendo la zona euro.

Se da por hecho un grave recrudecimiento de la crisis, si el escándalo de corrupción tumbara a Rajoy. Esta posibilidad lleva, por tanto, a Bruselas a apostar por la continuidad del Gobierno en Madrid.