sistema

Fuente: http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/63763-pol%C3%ADticas-de-austeridad-1454904-de-euros-para-comprar-gases-lacrim%C3%B3genos-para-la-guardia-civil.html

Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil. Objeto: Adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos para uso en la Guardia Civil. Expediente: R/0051/A/13/2. Dinero destinado: Importe total: 1.046.892,00 (Lote 1) y 408.012,00 (Lote 2).

Bueno, las políticas de austeridad no las aplican en la compra de material represivo. NO. Es al revés!. COMPRAN MATERIAL REPRESIVO PARA APLICAR LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD. Eso sí que queda clarísimo!

Se puede constatar la veracidad de la noticia en este enlace del BOE del sábado 20 de julio: 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/20/pdfs/BOE-B-2013-28093.pdf

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/20/actualidad/1374338420_206181.html

La reforma del sector eléctrico encarece el autoconsumo y veta la opción de verter la energía a la red y recuperarla después.

La factura de la luz tiende a la tarifa plana.

Industria gravará con un peaje la producción casera de electricidad.

La posibilidad de producir tu propia electricidad utilizando recursos renovables —paneles solares o pequeños molinos eólicos instalados en una propiedad privada— es algo muy atractivo para los hogares españoles. “De cada 50 llamadas que entran al mes, 35 son de particulares interesados en el autoconsumo”, asegura Francesc Mateu, gerente de Sol Gironés, empresa especializada en energías renovables y pioneras en este sector.

“De momento les decimos que tienen que esperar hasta septiembre u octubre, a que las cosas estén más claras”, añade.

La tendencia a la tarifa plana en la factura de la luz, en la que cada vez hay que pagar una mayor cantidad de fijo y menos por el gasto energético, y las tasas específicas que impone el decreto de autoconsumo, que todavía no se ha aprobado, encarecen esta alternativa frente al consumo convencional.

El Gobierno se ha propuesto que el autoconsumo energético se implante poco a poco y sin alterar el sistema eléctrico español. Para ello se reserva el derecho de subir y bajar esas tasas o peajes específicos, y que denominan “de respaldo”, en función de como vaya evolucionando el sector.

“Vamos a pagar un peaje por la energía recibida del sol”, resume Mario Sorinas, de la empresa oscense Electrobin, con más de 20 años de experiencia en energía solar.

La autarquía energética está más que consolidada en países como Estados Unidos o Japón. Muchos países europeos la tienen implantada con diferentes fórmulas. “Es el futuro”, coinciden varios expertos en energía. Permite generar tu propia electricidad con energías renovables y darle un descanso al medio ambiente y al bolsillo. 

También existe la posibilidad de ceder la energía sobrante a compañías eléctricas y recuperarla cuando se necesite o, directamente, venderla, algo que se conoce como autoconsumo con balance neto. El Gobierno de España ni se lo plantea. El proyecto de decreto de autoconsumo deja bien claro que no se remunerará la energía sobrante que se vierta a la red.

Ahora mismo, en España se puede producir energía de forma privada y consumirla en el momento, una modalidad que se denomina autoconsumo instantáneo. La última legislación es de 2011. Antes no se hacía porque no salía rentable.

El abaratamiento hasta en un 80% de las instalaciones fotovoltaicas en los últimos cinco años y el incremento de la factura de la luz la han convertido en una opción de ahorro muy interesante en época de crisis.

La utilizan desde granjas de vacas hasta supermercados, residencias geriátricas, restaurantes y algún consumidor particular. La energía sobrante no se puede almacenar en baterías porque está prohibido. Cuando no hay sol o viento, hay que engancharse a la red y pagar la factura normal. 

 No hay un registro oficial de autoconsumo. La revista económica Alimarket ha contabilizado 43 casos. Otro fichero, elaborados de forma voluntaria por los autoconsumidores en el portal Energética 21, los eleva a 74.

Sol Gironés, con 14 trabajadores, está echando el resto con el autoconsumo instantáneo. “Está funcionando y bien, sobre todo con empresas como cárnicas u hostelería, que dependen mucho de cámaras frigoríficas, y en las que la factura de la luz se lleva al menos el 15% de sus gastos fijos anuales”, relata su gerente.

Con estos sistemas llegan a reducir entre un 20% y un 30% su consumo, aunque tienen un caso en el que han logrado una bajada del 44%. Hasta ahora no pagan impuestos de ningún tipo por este tipo de generación de energía.

El Club Naútico Estartit, situado en Torroella de Montgrí (Girona), es uno de sus clientes. Se han trazado un plan a cinco años para que el 20% de su consumo venga de energía renovable. De momento generan con paneles solares el 7%. “Estamos muy cerca de un parque natural y queremos tener la mínima incidencia sobre el medio ambiente”, dice Eugeni Figa, su director. Entre sus planes también está incluir molinos eólicos.

En Galicia, los hermanos Domínguez llevan trabando con renovables desde 1998. “Éramos cuatro pelagatos”, recuerda Manuel. En 2007 dieron ejemplo abasteciendo sus propias oficinas de Sanxenxo (Pontevedra) con una planta solar. Aunque tienen proyectos de autoconsumo en España, la mayoría de su mercado está fuera del país en grandes parques de Chile, México, Rumanía o Inglaterra.

La reforma energética ha caldeado enormemente al sector renovable. “De todos los escenarios posibles, este es el peor”, resume José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), que representa al 85% de la actividad del sector.

“Sin que todavía se haya aprobado nada específico sobre autoconsumo, ya se lo han cargado”, añade. Donoso se refiere al incremento en la parte fija de la factura eléctrica, y que supondrá un 77% de subida en este tramo para una tarifa doméstica —algo de lo que los productores domésticos no pueden prescindir— y una bajada del 23% en la parte del consumo —la que reduce con la autoproducción—.

“Hasta ahora, el gasto se podía repartir en un 30% de parte fija y un 70% de parte variable. Se camina al 50%-50% por lo que cualquier iniciativa de generar tu propia potencia se desincentiva”, aporta Ignacio Cruz, investigador de la división de Energías Renovables del Centro de Investigaciones Energéticas, Tecnológicas y Medioambientales (CIEMAT).

“Esto es un rejonazo de muerte al balance neto y al ahorro energético”, opina Javier García Breva, consultor de energías renovables y exdirector del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). Este especialista mantiene que se trata de medidas puramente recaudatorias para que las eléctricas ingresen más.

Unesa, la patronal de las grandes eléctricas, ha rehusado valorar la situación del autoconsumo hasta conocer mejor los cambios legislativos. El Ministerio de Industria tampoco ha respondido a las peticiones de información de EL PAÍS.

Con los cambios conocidos hasta ahora el tiempo de amortización de las instalaciones fotovoltaicas crece considerablemente. Si antes de la reforma hacían falta 12 años para recuperar la inversión de una instalación en un domicilio de 2,4 kilovatios de potencia ahora harán falta 23 más, según cálculos de Unef.

Este consumidor es el más tocado, ya que en los casos de instalaciones de servicios o para regadío los tiempos de amortización se han incrementado 5 y 4,75 años respectivamente.

Con todo, siempre hay quien ya trabaja en buscarle la vuelta. Sol Gironés asegura que sus clientes están reduciendo la parte de potencia contratada, la que registrará mayor incremento en la factura, porque el autoconsumo instantáneo les permite tener sus necesidades energéticas cubiertas. Otra de sus metas es conseguir que el autoconsumo doméstico sea rentable.

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/07/19/actualidad/1374237478_141414.html

La tasa es un 27% más cara que la que se abona por comprar a las compañías eléctricas.

Los ajustes asfixian a 30.000 familias con huertos solares.

El Gobierno tiene la determinación de que el autoconsumo energético —producir tu propia energía mediante paneles fotovoltaicos o minieólicos y consumirla en el momento—, se implante de forma muy controlada y sin perder de vista “la compleja situación económica” que afecta al sector eléctrico.

El borrador del decreto de autoconsumo —esperado como agua de mayo por numerosos consumidores para ver si se podían ahorrar unos euros en su factura— ha incluido un peaje, denominado “de respaldo”, que, de momento, sube la tarifa de quienes lo utilizan.

El decreto sobre autoconsumo ha llegado con más de un año de retraso. El Ministerio de Industria lo remitió el jueves a la Comisión Nacional de Energía, que tiene 15 días para emitir un informe que será oído, aunque no sea vinculante.

La redacción del texto reserva al Gobierno la capacidad de subir o bajar la cuantía de este peaje dependiendo de cómo vaya la implantación de estos modelos de autogeneración eléctrica. Uno de los grandes miedos de las eléctricas es que la autogeneración se descontrole y el sistema actual colapse.

Las cuantías de los primeros peajes de respaldo se incluyen en el borrador del decreto elaborado por el Ministerio de Industria. Según cálculos de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), el peaje de respaldo que se pagará por generar energía en un domicilio será un 27% más alto que si se opta por el consumo convencional y se abona el peaje por el uso tradicional de la red.

La asociación, que agrupa a unas 300 empresas y representa a un 85% del sector, critica que se impida el ahorro de los consumidores y se paralice la entrada de nueva competencia en el mercado eléctrico.

El autoconsumo está consolidado en EE UU o países como Holanda

En los últimos cinco años los consumidores han visto cómo los precios de la tecnología fotovoltaica han bajado un 80%. En un contexto de crisis en el que las tarifas de las eléctricas no hacen más que subir, producir su propia electricidad con paneles solares o molinillos se había convertido en una alternativa de ahorro muy interesante.

Se ha desarrollado un pequeño mercado de autoconsumo instantáneo, amparado por un decreto de 2011, en el que se han integrado sobre todo industrias y comercios, que conseguían reducir sus facturas energéticas y mejorar su competitividad.

Cuando se apruebe el decreto de autoconsumo tienen dos meses para inscribirse en un registro oficial y comenzar a pagar estos peajes. En caso contrario, se enfrentan al corte de suministro o a sanciones que llegan a los 30 millones.

Aunque en España sea relativamente nuevo, el autoconsumo energético está más que consolidado en países como Estados Unidos (sobre todo en California) u Holanda. Es el camino hacia el que se dirigen las políticas de la Unión Europea.

Lo habitual en los países en los que se ha implantado es que se incentiven estas prácticas bonificando los peajes, permitiendo a los consumidores que viertan energía a la red y la recuperen cuando la necesiten u ofreciéndoles la posibilidad de venderla a la compañía eléctrica, algo que no ocurre aquí.

El decreto nombra las bondades del sector renovable y la eficiencia energética, así como las múltiples directivas europeas que las promueven. Sin embargo, no esconde que se busca una “evolución gradual” del autoconsumo que no atente contra el conjunto del sistema eléctrico. Habla de “dirigir” el desarrollo de este “novedoso mecanismo” y considera un “reto adicional” su integración en el sistema.

La energía sobrante que se vierta a la red no será remunerada

El Gobierno del PP considera que tener muchos puntos que puedan emitir energía puede ser beneficioso para un sistema de grandes centrales como el español, sobre todo en lo relativo a las pérdidas de red —que suponen entre un 10% y un 15%—.

Acto seguido subraya que la generación distribuida (tener muchos productores de electricidad) no reduce los costes de mantenimiento de transporte y distribución, ni los costes ajenos al suministro que se incluyen en los peajes de acceso. “En algunos casos podría provocar costes de inversión adicionales en las redes para adecuarlas”, justifica.

La venta de excedentes energéticos —facilitar que se venda o intercambie la energía que no se utilice— se contempla como un “objetivo”, pero no se ha desarrollado. De hecho, el texto especifica que las cesiones de energía eléctrica a la red pública “no podrán llevar aparejada contraprestación económica”.

La modalidad conocida como balance neto —que consiste en aportar energía sobrante a la red para luego recuperarla cuando se necesite en la misma cantidad— no se contempla de momento.

Otras tecnologías, como la cogeneración, consiguen salvarse de estos peajes hasta el 31 de diciembre de 2010. “Se trata de excepciones”, explica David Arzoz, vicepresidente de la asociación de empresarios Cogen España.

“Las plantas que estaban vendiendo energía podrán continuar hasta este plazo, pero las que hacían autoconsumo y las que se construyan tendrán que pagar este peaje y ya no será rentable”, añade el representante de esta asociación especializada en cogeneración.

Fuente: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/rajoy-aprovecha-sistema-espionaje-denuncio-2009/csrcsrpor/20130702csrcsrnac_2/Tes

Más de año y medio después de haber llegado al Gobierno, Mariano Rajoy no ha hecho nada por regular SITEL, un sistema integrado de interceptación de las telecomunicaciones que fue cuestionado y denunciado en 2009 por el Partido Popular como "una restricción " a los derechos fundamentales.

Cuando el PP estaba en la oposición decía que este plan de escuchas invadía por completo la intimidad de las personas y que había que resolverlo urgentemente. Ahora, fuentes conservadoras, admiten que para La Moncloa también se ha convertido en "un juguete" y que nadie quiere renunciar a utilizarlo.

Hace apenas un mes, en la Interparlamentaria que los populares celebraron en Salamanca, María Dolores de Cospedal se dio de bruces con ello. La secretaria general de los populares tuvo que salir a decir que su partido iba "a seguir trabajando" en este asunto después de que una participante le preguntara por ello en una de las mesas de trabajo.

Fue un momento bastante incómodo. De hecho, después la seguridad privada le pidió a esta que abandonara el acto y aunque se resistió, terminó haciéndolo porque se le quitó la acreditación.

Pero lo cierto es que el PP ha dejado en el olvido un asunto al que le concedió máxima prioridad cuando vivía de lleno el arranque del 'caso Gürtel'. Todo el mundo pensó entonces que su único objetivo era deslegitimar las actuaciones judiciales que afectaban a sus miembros, acusar a los socialistas de espionaje y ver si podía servir para anular las cintas de esta trama de corrupción como ocurrió con el 'caso Naseiro'.

Muchas voces populares se elevaron reclamando un control. Como la de Soraya Sáenz de Santamaría o Federico Trillo. Pero Esteban González Pons fue el encargado de denunciar que era "inconstitucional".

Y presentó una proposición de ley para que SITEL fuera competencia exclusiva de la autoridad judicial y no del Ministerio del Interior, entonces en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Para el PP había toda una serie de lagunas legales que se debían resolver.

Entre sus peticiones, el PP reclamaba que el juez solo decretera la interceptación de comunicaciones en caso de que la gravedad de los delitos investigados así lo justificara y que no se basara solo en meras sospechas. Uno de los puntos más polémicos fue el que se refería a las conversaciones de un abogado con su cliente.

Señalaba que no se podía decretar su control si no había datos objetivos de su participación directa en los hechos investigados. Como contraataque, el Ejecutivo socialista mostró los contratos que había con la empresa danesa que lo implantó: uno de 2001, firmado por Rajoy y otro, de 2003, con la rúbrica de Cospedal. Se pagaron 10 millones de euros y fue Ángel Acebes quien lo puso en marcha.

Pons admitió que había sido el Ejecutivo de José María Aznar el encargado de generar este tipo de software pero solo para utilizarlo una vez en pruebas durante el 11-M. Rubalcaba defendió que se trataba de un instrumento clave para la lucha contra ETA y para las investigaciones sobre narcotráfico.

Entre ambos llegó a producirse un serio incidente en los pasillos del Congreso, en el que también se vio involucrado Carlos Floriano. Contaron que Rubalcaba les había amenazado diciéndoles que veía y escuchaba todo lo que decían. Este salió a defenderse posteriormente diciendo que se refería, a lo que iban contando por los medios de comunicación y no a otra cosa.

Los populares se quejaron de que Sitel proporcionaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado información privada adicional a la que autoriza un juez, como por ejemplo los sms, los emails, la navegación por Internet, la geolocalización... Una ingente cantidad de datos de la persona a la que se controla y también de los que la rodean.

Lamentaron que las grabaciones fueran fácilmente manipulables porque no hay ninguna autoridad que certifique su autenticidad. Y resaltaron que no se procede a la destrucción de la información que se maneja.

Actualmente todas las escuchas que se realizan se hacen con autorización judicial. Pero eso no significa que algunas no la tengan. Es decir, las que se aportan a los procedimientos siempre cuentan con ella. Pero hay muchas cosas que no se incluyen en el sumario.

Además, una de las cosas que más preocupaba al PP hace años era que el aparato que realiza el control no tuviera supervisión judicial sino que estuviera al albur del uso que le quisieran dar los agentes. "SITEL lo graba todo y de ese todo un 10% se destina al proceso. El resto, el 90%, es privado", indica un diputado popular.

También se ha funcionado de otra manera. Muchas veces la policía ha empleado SITEL con narcotraficantes o terroristas. De hecho es para lo que fundamentalmente ha servido. En una investigación previa detecta una cuestión importante, sigue la pista y cuando descubren algo decisivo, acuden al juez para que lo valide.

Para el PP era "un peligro". Y hoy, aunque sus cargos reconocen que al Gobierno le puede venir bien dejarlo como está, muchos destacan que no es lo conveniente porque se han producido muchas anulaciones judiciales. De hecho hay quien recuerda que se publicó una conversación telefónica de Antonio Clemente, actual secretario general del PP valenciano, en la que se daba a conocer que uno de los cerebros de la Gürtel había hecho de intermediario para que se comprara un Jaguar.

Explican que esta grabación se tuvo que eliminar del sumario precisamente porque se había realizado antes de la apertura y no estaba autorizada. No creen que eso ocurra ya con las que existen actualmente porque las califican de "impecables".

El Congreso, al final, rechazó regularlo por Ley Orgánica. Y SITEL, por tanto, para muchos dirigentes del PP sigue siendo "alegal". Ahora que los conservadores podrían recuperar este asunto y sacarlo adelante fácilmente sirviéndose de su mayoría absoluta, no lo hacen. Rajoy ya no lo reivindica. Desde el Partido Popular cuentan que para Interior este sistema resulta "muy útil".

Y creen que, si acaso, lo incluirá el ministerio de Justicia dentro de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal. El anteproyecto se conocerá en otoño. No parece que vaya a resolver el problema pero habrá que esperar a ver si es tan detallado como fue la proposición de ley del Partido Popular.

En las últimas semanas se ha visto que en Estados Unidos, la vida privada de los ciudadanos no era tal. ¿Y en España? Con Barack Obama en el ojo del huracán, la atención se vuelve hacia nosotros. ¿Aquí también nos espían? "Los ciudadanos españoles también están vendidos", confiesan en el PP.

El escándalo en EEUU fue in crescendo. Primero se supo que el Gobierno había intervenido líneas telefónicas de periodistas. Después un extécnico de la CIA y de la NSA, Edward Snowden, reveló el espionaje masivo de llamadas y datos de Internet por parte de las autoridades.

Para rematar Facebook y Microsoft contaron que les habían pedido los datos de 19.000 y 32.000 usuarios. Y por último, que también se había controlado a diplomáticos de la Unión Europea por lo que se están pidiendo explicaciones oficiales. Cada día, se va conociendo más información delicada.

Cada vez más cerca de ese Gran Hermano orwelliano, Obama apeló a motivos de seguridad para justificar estas invasiones: "No podemos tener una seguridad al 100% y una privacidad al 100%, con cero inconvenientes". La Administración americana tuvo conocimiento de datos íntimos de millones de ciudadanos a través de un programa de vigilancia de las telecomunicaciones, llamado PRISM, en manos de la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA).

Pero no ha sido el único caso. Después se ha descubierto que la agencia británica Government Communications Headquarters (Gchq) espió en 2009 de "forma sistématica" a países aliados en dos cumbres del G-20 a través del programa TEMPORA. Nosotros tenemos SITEL, tres terminales en manos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y precisamente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que depende directamente de la vicepresidenta.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1860569/0/ley-trasparencia/puerta-cerrada/debate-ponencia-congreso/

La Comisión Constitucional aprobará su dictamen el día 23 y el pleno del Congreso lo ratificará la segunda semana de septiembre.

Si los plazos discurren según lo previsto , el Senado estudiaría la ley durante el otoño, de forma que podría estar aprobada antes de que acabe el año.

Las entidades privadas que tengan al menos el 50% de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas podrían estar sujetas a esta ley.

La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno podría tramitar las peticiones de información sobre la Casa del Rey.

Los ponentes de la Ley de Transparencia celebrarán un máximo de cinco sesiones los días 10, 11, 16 y 17 de julio, en las que negociarán a puerta cerrada más de 400 enmiendas, tras lo cual la Comisión Constitucional aprobará su dictamen el día 23 y el pleno del Congreso lo ratificará la segunda semana de septiembre.

El nuevo calendario se ha acordado en un breve encuentro Aunque estaba previsto que el pleno del Congreso aprobara la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno a finales de julio, la ponencia constituida este martes ha acordado aplazar ese debate a septiembre, si bien el retraso efectivo será sólo de una semana, al ser agosto mes inhábil para la actividad parlamentaria.

El nuevo calendario se ha acordado en un breve encuentro tras el cual el ponente del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha defendido que el Reglamento de la Cámara establece que las reuniones de las ponencias se realicen a puerta cerrada y que esa fórmula "facilita el acuerdo", al no estar los diputados tan pendientes de las formas a las que obliga "otro tipo de debate marcado por la luz y taquígrafos".

Bermúdez de Castro ha garantizado, no obstante, que los ponentes darán cuenta de lo avances de su negociación durante las "pausas" de las reuniones y al final de ellas.

El plan de trabajo acordado fija sesiones el 10 de julio por la mañana y por la tarde y el 11 de julio por la mañana, y reserva unas horas antes y después del pleno que los diputados celebrarán el 16 y 17 de julio en el Senado, con motivo de las obras de restauración del Congreso.

En esas cinco sesiones, el PP intentará llegar al "máximo acuerdo posible" en torno al que está considerado el proyecto estrella del Gobierno para la regeneración democrática y mantener el "sosiego" y el debate "continuado de muchas horas" que ha marcado la tramitación atípica de esta ley en los últimos meses.

PP y PSOE confían en atraer al consenso a CiU y PNVo Si los plazos discurren según lo previsto por el Gobierno, el Senado estudiaría la ley durante el otoño, de forma que podría estar aprobada definitivamente antes de que acabe el año.

PP y PSOE, que han protagonizado las negociaciones en los últimos meses, confían en atraer al consenso también a los nacionalistas de CiU y PNV que, a última hora, decidieron también retirar su enmienda a la totalidad en aras de un acuerdo más amplio. Entre las enmiendas presentadas por los grupos y que ahora serán debatidas por la ponencia, destaca una acordada por el PP y el PSOE que establece que será la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno la que tramite las peticiones de información sobre la Casa del Rey.

El PP fija también que las entidades privadas que tengan al menos el 50% de sus ingresos anuales procedentes de subvenciones públicas estén sujetas a esta ley —siempre que alcancen como mínimo los 3.000 euros —, al igual que aquellas que reciban en un año ayudas públicas de más de 100.000 euros.

Rechazo a la inhabilitación de cargos electos

Por su parte, el PSOE rebaja al 40% ese porcentaje, al igual que CiU, mientras que IU y UPyD no establecen ningún límite de ingresos públicos al respecto.

En el ámbito de las instituciones, se incorporan al ámbito de aplicación a la Casa del Rey, el Congreso y el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas.

Entre las sesenta enmiendas del PSOE, destaca su rechazo a que se pueda inhabilitar o cesar a cargos electos, como alcaldes o concejales, por incumplir los preceptos de la norma, al considerarlo inconstitucional, enmienda en la que coincide con CiU.

Los socialistas rebajan además las restricciones de acceso a la información, que en la norma remitida inicialmente al Congreso afectaba a amplias áreas del Gobierno, y las deja en aquellas que causen un perjuicio grave para la seguridad nacional, las relaciones exteriores, los intereses económicos y comerciales, la investigación penal o el secreto profesional, entre otros.

Fuente: http://www.oroyfinanzas.com/2013/06/por-que-gobierno-roba-confisca-riqueza-individuos/

Nota: Extracto parcial del artículo original. No se incluyen los artículos de referencia o de consulta que pueden consultarse en la fuente original del mismo.

Los gobiernos han optado por el camino de la represión financiera: la confiscación y el robo a sus ciudadanos para sanear sus maltrechas cuentas. Por ello, los ciudadanos de Occidente, y muy especialmente los europeos, están profundamente indignados. En este momento no saben cómo proteger sus ahorros y su riqueza frente a las sacudidas estatales.

La represión financiera se ha convertido en una de las vías de solución del colosal endeudamiento que poseen los gobiernos occidentales. En este sentido, los mecanismos que utilizan los gobiernos para escapar de la trampa que supone el encarecimiento cada vez mayor de las emisiones de Deuda, quedan reflejados con meridiana claridad en la entrevista que OroyFinanzas.com realizó a Philipp Vorndran, y, en la cual, se exponen claramente cuatro vías de solución que exponemos a continuación:

Primera vía – Quita de la deuda pública: No pagar la totalidad de la deuda como hizo Grecia. ¿Podría esta medida aplicarse en todos los países afectados por la crisis económica en Europa?

La bancarrota de un país es el paro temporal, o en parte, del pago de la deuda pública. La quiebra total o parcial puede llevarse a cabo, o bien por incapacidad de pago, o bien por razones políticas.

Sin las medidas de rescate de la Troika (BCE, UE, FMI) España, Irlanda, Grecia, Portugal o Italia no habrían superado la crisis económica hasta el punto en el que estamos y se habrían visto forzados a declarar la bancarrota. Si no hubieran contado con el apoyo de la Troika, la única solución para estos países habría sido el retorno a sus monedas nacionales.

Sin embargo, en algún momento, los políticos ya no tendrán más opción que abandonar el proyecto del Euro. Mientras que se mantenga la estructura institucional del Euro, podrán pedir la ayuda de los demás socios de este club. Pero ese apoyo acabará, por la presión de los mercados, en la declaración de la bancarrota de la zona Euro.

Los bancos alemanes y franceses son los principales acreedores de la deuda que tienen los países del sur de Europa. Los gobiernos alemán y francés no tienen interés en permitir que ninguno de los países del sur sobre endeudados pueda poner en peligro a los bancos capitales de su sistema financiero ni los puestos de trabajo involucrados y, por tanto, retrasarán el colapso del euro como mínimo hasta encontrar una solución satisfactoria para sus intereses.

Esta primera vía de escape a la crisis depende del sostenimiento de las estructuras básicas de la Zona Euro. Sin embargo, la historia del Euro parece caminar inexorablemente hacia una tragedia cuyo desenlace no conocemos ni tampoco el momento en que éste se producirá.

Mientras tanto, otros países muy endeudados como Japón, EEUU o Gran Bretaña sí pueden incumplir sus compromisos, haciéndolo de una manera velada: pagar sus deudas mediante la devaluación progresiva de su moneda.

Segunda solución – Hacer superávit en vez de déficit con austeridad financiera. Saneamiento de los presupuestos de los gobiernos a través de medidas de ahorro y subidas de impuestos. ¿Por qué los gobiernos no ahorran gastando menos?

Los gobiernos reducen sus necesidades de financiación a través de subir los impuestos y reducir los gastos. Para que esto funcione debe aplicarse de forma equitativa a todos los grupos sociales (incluida la administración). Si esto no es así, la población, tarde o temprano, acabará rebelándose.

Sin embargo, los gobiernos no son capaces de implementar estos programas de forma trasversal, puesto que no aceptan el recorte del gasto público o, lo que es lo mismo, perder parte de su poder. En este sentido, un proceso de ajuste por la vía de los gastos no es un objetivo prioritario en estos momentos.

El ahorro no es una opción realista, puesto que es inaceptable para cualquier político que tiene por objetivo ser reelegido en las próximas elecciones.

Por esta razón están en conflicto los países del norte con los países del sur de Europa. Los políticos de los países del sur quieren volver a ganar elecciones y no pueden seguir ahorrando a costa de la población sin crear graves conflictos sociales. Los países del norte, en cambio, sufren la ira de su población al tener que rescatar indirectamente a sus bancos financiando la supervivencia del Euro. Ahora que Francia también está en el punto de mira por su frágil situación económica, será interesante cómo se resuelvan las elecciones del mes de septiembre en Alemania.

Como vimos recientemente en EEUU con el Fiscal Cliff, los gobiernos siempre encuentran métodos para aplazar el ajuste presupuestario. Unas medidas que serían populares son los impuestos especiales sobre el patrimonio, las herencias o las transmisiones, puesto que solamente afectarían a los “ricos” y apenas cuestan votos a los políticos. Sin embargo, el efecto de estas medidas es puramente populista.

La evidencia empírica disponible nos muestra que los efectos recaudatorios de estos impuestos son nulos o, incluso, perjudiciales para la actividad económica.

Tercera solución – Alto crecimiento económico.¿Por qué no pueden crecer nuestras economías?

Un alto crecimiento económico fue un instrumento eficaz en el pasado. Después de una guerra o una catástrofe natural, la Deuda Pública crece mucho por el proceso de reconstrucción de la nación. La reconstrucción genera crecimiento y actividad económica, aumentando la recaudación por impuestos gracias a que todo el mundo trabaja. Sin embargo, en este momento no se puede establecer un proceso de crecimiento que parta desde cero.

En la actual coyuntura, los países occidentales conseguirían, en el mejor de los escenarios, tasas de crecimiento del PIB del 2%, cuando necesitan en realidad tasas de crecimiento similares a las de China o India, 8 – 9%, para que la salida de la crisis, vía crecimiento, sea viable.

A pesar de un alto crecimiento económico, este problema de colosal endeudamiento también lo padecen países como China, cuya Deuda Pública es del 82% del PIB. En el hipotético caso de crisis de su Deuda, sus 3,2 billones (españoles) de dólares de reservas de divisas ayudarían durante un tiempo a mantener la paz social.

En las sociedades occidentales, la vía del crecimiento económico es más complicada. Son cada vez menos competitivas frente al resto del mundo gracias al fenómeno del envejecimiento y sus consecuencias perjudiciales sobre la productividad. Nuestro nivel de vida no está justificado en relación a nuestra productividad y capacidad de innovar frente al resto del mundo. O nuestras economías funcionan mejor –un elemento clave de diferenciación- o seguiremos por la vía de la decadencia económica.

Cuarta solución – Inflación: Tipos de intereses negativos y precios más altos para productos y servicios. ¿Por qué se utiliza el tipo de interés nominal negativo como una posible solución a la crisis?

Si analizamos la dinámica del endeudamiento público, sólo existe una posible manera de rebajar el peso de la Deuda sobre PIB: la consecución de tipos de interés reales negativos, o dicho de otra forma, tipos de interés nominales inferiores a la inflación. Según Philipp Vorndran, es una manera práctica para los gobiernos de ganar tiempo. Para contemplar la dinámica del endeudamiento, debemos definir qué es la cuota o ratio de endeudamiento:

Cuota de endeudamiento público = Total Deuda Pública / PIB real x Nivel de precios

La cuota de endeudamiento es la ratio de Deuda Pública sobre PIB. A partir de ella, parece claro que se puede reducir la proporción del total de la Deuda Pública en relación al PIB de un país incrementando el PIB a través de una subida general de precios, o sea, inflación.

Al aumentar el nivel general de precios aumenta el PIB y al aumentar el PIB, la proporción de la deuda pública en relación al PIB disminuye. La cuota de endeudamiento también caerá, en cambio, si los gobiernos consiguieran que la deuda pública crezca a menor velocidad que el PIB nominal.

La realidad, en este momento, es que la ratio de endeudamiento está bajando en pocos países y, además, está en niveles muy peligrosos en muchos otros. Es uno de los indicadores más fiables de los que disponemos para saber que existe un grave problema de endeudamiento.

Tabla de cuota de endeudamiento para los principales países de Europa

Para conseguir el objetivo de reducir la Deuda sobre PIB, gobiernos como el español deberían reducir los déficit anuales lo máximo posible e incrementar impuestos. Sin embargo, los recortes para reducir el peso de la Deuda se están haciendo en aquellas áreas que son fundamentales para la competitividad a largo plazo de un país como son la sanidad y educación.

En cambio, el aparato administrativo del gobierno sigue siendo desmesurado, no se han dado pasos realmente importantes hacia una gestión eficiente y se sigue despilfarrando el dinero en proyectos políticos, favores y beneficios para las multinacionales y la nobleza empresarial del país.

Por tanto, los gobiernos contemplan como solución del problema una combinación entre inflación y tipos de interés reales negativos. De esta forma, los gobiernos utilizan la inflación para reducir la cuota de endeudamiento y causada por el crecimiento de los medios de pago de la economía, tal como lo define la Escuela Austriaca.

Si un país tiene una cuota de endeudamiento del 100% de su PIB, un crecimiento real del 2% y un déficit anual del 6% -con una inflación anual del 2%- la cuota de endeudamiento alcanzaría el 120% del PIB en 2020.

En cambio, con el mismo crecimiento real del PIB, pero una tasa de inflación del 8%, la Deuda Pública no alcanzaría semejante cota. En ese caso, la cuota de endeudamiento bajaría hasta el 69% del PIB en 2020. La deuda pública aumentaría cada año de solo un 6% y por tanto menos que el crecimiento del PIB.

El problema de este análisis es que los tipos de interés nominales no pueden sern constantes. Los inversores exigirán un tipo de interés más alto para la deuda pública para compensar la alta inflación. Por ello, el gobierno debe intentar tomar todas las medidas necesarias para evitar un aumento de los tipos de interés. Para conseguir ese objetivo, los gobiernos recurren a la represión financiera.

Conclusión

En suma, los diferentes gobiernos del mundo aplican diferentes combinaciones de las cuatro estrategias, tal como explicó recientemente Mohamed El-Erian, CEO de PIMCO, en una excelente entrevista en The Wall Street Journal.

Según Mohamed El-Erian (a partir del minuto 13:00, aunque recomendamos toda la entrevista), el Reino Unido ha elegido la austeridad financiera (segunda opción), los EEUU la represión financiera (cuarta opción) y Grecia una combinación de austeridad, represión financiera e inflación (segunda y cuarta opción).

Fuente: http://vozpopuli.com/actualidad/27511-zarzuela-reacciona-y-prepara-un-intenso-semestre-de-actividades-para-la-reina

El abucheo en el Auditorio Nacional hizo sonar algunas alarmas. Sin nervios pero con alguna preocupación. La imagen de Su Majestad la Reina se veía "contaminada" por los signos de bronca y malestar que en los últimos tiempos acompañan algunas apariciones de los miembros de la Familia Real. 

Nada menos usual que pitar a la Reina, la imagen más valorada de la Familia Real según el último informe del Instituto Elcano. Por encima incluso del Príncipe Felipe. Por eso los pitidos del sábado 22 de junio en el Auditorio Nacional, en una noche mágica dedicada a Beethoven, se recibió en en Zarzuela con un gesto de contrariedad.

Las explicaciones oficiales bajaron los decibelios de la pitada. No era contra de la persona de Doña Sofía, ni siquiera contra la Corona, era una muestra muy minoritaria del rechazo de unos pocos ante el estado de cosas por el que atraviesa nuestro país.

Semanas antes habían sido los Príncipes en la encerrona del Liceo, todo organizadito y sin reacción de las autoridades públicas de la Comunidad. Episodio muy desagradable que Don Felipe aguantó con estoicismo y profesionalidad. Este fin de semana, el Heredero de la Corona acudió a dos conciertos de música en Madrid, entre gente joven y bulliciosa, y no se produjo ningún incidente.

Corinna se difumina

Los estrategas de comunicación de la Zarzuela preparan una ofensiva centrada en la imagen de la Reina. Difuminada la intempestiva etapa de la princesa Corinna, de la que ya apenas se habla, alejada la sombra de la imputación a la Infanta Cristina por los escándalos del Instituto Nóos y practicamente normalizada la actividad de Don Juan Carlos, se trata ahora de elevar el tono y el papel público de la Reina.

Cierto que los episodios más turbulentos de la estrambótica "amiga entrañable" del Rey han amainado. El intenso trabajo desplegado por el equipo de Comunicación de Zarzuela, con fluídos contactos con determinados representantes de los medios, ha empezado a dar sus frutos.

La imagen de Don Juan Carlos sólo aparece ya ligada a su agenda oficial, a su actividad pública y muy alejada del escándalo y los rumores. El mismo Rey que antes de la cacería de Botswana. Una limpieza a fondo de las páginas más controvertidas del pasado reciente de Su Majestad, que incidieron en forma determinante en la valoración de los españoles hacia la Monarquía.

En Palacio preparan un semestre muy intenso para la agenda de Doña Sofía, que siempre ha estado muy cerca de la Infanta Cristina y hasta del propio Iñaki Urdangarín, en una línea bien distinta a la del Rey y el propio Heredero de la Corona, como se apreció ostensiblemente en el recordatorio al centenario de Don Juan celebrado hace unos días en el Palacio Real.

El frío distanciamiento oficial de Doña Sofía en estos últimos tiempos de convulsiones y polémicas han sido muy ostensibles y no siempre comprendidos. La mejor "profesional" de la Zarzuela no disimulaba su contrariedad y hasta su enojo.

Fundación y presencia pública

Como primera providencia se trata de intensificar el protagonismo de Doña Sofía en la web oficial de la Casa del Rey, recientemente renovada pero aún algo encorsetada. La Reina tendrá más presencia y un tratamiento informativo más prolijo.

También se potenciará su agenda, habitualmente nutrida pero en los últimos tiempos algo desguarnecida de apariciones púiblicas. La calurosa acogida de que fue objeto le Reina el pasado fin de semana en Benasque, cuando visitó los estragos causados por las inundaciones en el Pirineo de Huesca subrayó la evidencia de que la simpatía que despierta se mantiene viva e intacta.

También preparan en Palacio un despliegue de actos por parte de La Reina en torno al 21 de septiembre, fecha de celebración del Día Mundial del Alzhéimer, enfermedad que centra gran parte de los objetivos de la Fundación Reina Sofía, creada en 1977. Las actividades de la Fundación apenas sí aparecen ahora reflejadas en la Web de la Casa del Rey, y ni siquiera se actualizan algunos actos de su programa.

El pasado 23 de mayo, por ejemplo, la Reina participó en Salamanca en el I Simposio internacional "Avances en la investigación en la enfermedad de Alzhéimer", organizado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Fundación Reina Sofía y el Centro de Referencia Estatal. Allí estuvo presente la ministra de Sanidad, Ana Mato, con quien la Reina cruzó algunas palabras.

Don Juan Carlos, por su parte, después de dejar claro en un jocoso comentario público la naturaleza de su enfermedad, "lo mío es cuestión de tornillos", se prepara para recuperar su actividad viajera. Está previsto que este mismo mes realice la anunciada visita oficial a Marruecos, suspendida en marzo a causa de su intervención quirúrgica, y se habla también de que tiene voluntad de asistir a la Cumbre Iberoamericana en Panamá, a mediados de octubre. 

Fuente: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/rajoy-puede-evitar-foto-alcaldesa-imputada-moncloa-recorta-imagen/csrcsrpor/20130617csrcsrnac_44/Tes

El presidente del Gobierno ha tratado que el saludo con Sonia Castedo fuera de lo más discreto. En la web de Moncloa no aparece ni una imagen de la alcaldesa.

La visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a Alicante para el acto de inauguración de la nueva línea de AVE le ha resultado incómoda porque se ha encontrado allí con Sonia Castedo, la alcaldesa popular de la ciudad. Castedo está imputada en el 'caso Brugal' y Rajoy no ha podido evitar la foto con ella.

De hecho ha habido varias. Eso sí, ha marcado en todo momento las distancias y ha tratado que el saludo fuera lo más discreto posible.

Inauguran el AVE con una anfitriona incómoda

Rajoy quería evitar una foto a toda costa. La imagen saludando a la alcaldesa 'popular' de Alicante Sonia Castedo, imputada en el 'caso Brugal'. El presidente del Gobierno ha esquivado un saludo ante los medios pero no ha impedido quedar reflejado en la instantánea con la placa conmemorativa, junto al príncipe Felipe, Alberto Fabra, la delegada Paula Sánchez de Léon y la propia Castedo.

La alcaldesa de Alicante se ha mantenido durante toda la visita en un segundo plano. Castedo no ha tenido ni espacio para el discurso en el protocolo elaborado para esta inauguración de la llegada del AVE.

Fuentes de la organización recuerdan que hay actos precedentes en otras ciudades en los que tampoco participaron los respectivos alcaldes. Es el caso de la llegada del AVE a Valencia y su primer edil, Rita Barberá.

La presencia de la alcaldesa de Alicante ha resultado muy incómoda para Rajoy, aunque Cospedal ya ha declarado que no han intentado evitarla. Castedo está imputada en el caso Brugal por presuntos delitos cohecho, tráfico de influencias y posible revelación de información privilegiada con respecto al Plan General de Ordenación de Alicante, en tramitación, y hacia uno de los empresarios más importantes de la provincia, Enrique Ortiz.

También en esta causa está imputado el predecesor de Castedo en el cargo, Luis Díaz Alperi. No obstante, no es la primera vez que el PP trata de evitar a la alcaldesa alicantina. Similar situación se dio para que no saliera en la foto de la convención que tuvo lugar en Peñíscola hace poco más de una semana, la colocaron una punta y fuera de plano.

La web de la Moncloa ha publicado una galería con las imágenes de la visita de Rajoy. En ninguna de ellas aparece la alcaldesa imputada y en la foto de grupo ante la placa conmemorativa, Sonia Castedo desaparece.

Fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2013/06/18/rajoy-y-nueve-ministros-cobran-hasta-1800-mensuales-del-congreso-por-gastos-ficticios-123151/

El Congreso de los Diputados abona todos los meses a Mariano Rajoy y nueve ministros de su Gobierno una "indemnización" de hasta 1.823,86 euros para que afronten "los gastos que les origine la actividad de la Cámara".

Pero esa cantidad, equivalente a casi tres veces el salario mínimo de un trabajador, es en realidad una gratificación encubierta y exenta de tributación, porque ninguno de ellos emplea un solo euro de su bolsillo para ejercer su tarea parlamentaria, ya que todos los gastos los tienen cubiertos.

Rajoy (diputado por Madrid), se embolsa 870,56 euros mensuales para cubrir unos gastos totalmente ficticios. La misma cantidad que Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Mato y Miguel Arias Cañete, todos ellos diputados por Madrid.

La gratificación asciende a 1.823,86 euros en el caso de Cristóbal Montoro (diputado por Sevilla), José Manuel Soria (Las Palmas), Jorge Fernández Díaz (Barcelona), Fátima Báñez (Huelva) y Ana Pastor (Pontevedra), por tratarse de parlamentarios electos en circunscripciones distintas a Madrid.

El Congreso, que modificó su web oficial a escondidas el pasado mes de noviembre para camuflar las dietas de los diputados, ha caído en su propia trampa. Hasta esa fecha, las cantidades citadas debían servir para que los diputados "afronten los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad en la Cámara". Pero ante el creciente malestar de la opinión pública por el hecho de que parlamentarios con casa propia en Madrid cobrasen esas ayudas, el presidente del Congreso, Jesús Posada, suprimió de un plumazo el concepto de "alojamiento y manutención". Desde entonces, esas dietas, teóricamente, se emplean para que sus señorías "afronten los gastos que les origine la actividad de la Cámara".

El problema es que a muchos diputados, incluidos los 10 miembros del Gobierno que también ocupan un escaño -todos menos Luis de Guindos, José Manuel García Margallo, Pedro Morenés y José Ignacio Wert-, su labor parlamentaria les sale gratis. Es decir, que su actividad en el Congreso no les supone ningún desembolso. ¿Por qué, entonces, cobran hasta 1.823,86 euros mensuales, libres de impuestos, si los gastos que dan derecho a percibir esa "indemnización" son irreales?

Casa, coche, móvil, iPad, asesores... 

Montoro, por ejemplo, no paga vivienda: de hecho, es dueño de tres casas en la capital; además, y pese a disponer de coche oficial por su condición de ministro, también tiene derecho a viajar gratis en avión, tren y barco; disfruta de una tarjeta para desplazarse en taxi por valor de 3.000 euros anuales; si almuerza o cena en el Congreso puede tomar un menú subvencionado; tiene despacho propio, asesores, iPad y teléfono móvil con cargo al presupuesto de la Cámara; si necesita atención médica o un análisis de sangre u orina puede hacérselo sin salir de la carrera de San Jerónimo; y los medios materiales que necesite para su trabajo de parlamentario los cubre el PP, que recibe una doble subvención del Congreso para ese fin.

Rajoy tampoco paga casa, ni manutención ni transporte, puesto que vive en el palacio de La Moncloa y se desplaza en vehículo oficial, también cuando acude al Congreso. Y, por supuesto, su labor como parlamentario, que se limita a acudir a los plenos y a las sesiones de control al Gobierno, no le acarrea gasto alguno.

El jefe del Ejecutivo y líder del PP no cobra el sueldo de diputado porque la ley impide embolsarse dos salarios de la Administración pública, pero sí recibe la "indemnización" de 870,56 euros mensuales para "afrontar los gastos que le origine la actividad en la Cámara". Aunque esos gastos equivalen a 0 euros.

El Tribunal Supremo archivó el pasado mes de abril la querella presentada por la plataforma Democracia Real Ya contra los 63 diputados que cobran dietas pese a disponer de vivienda en propiedad en Madrid.

El alto tribunal rechazó en un auto la querella por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida al entender que los hechos analizados no son constitutivos de "ilícito penal alguno", por lo que procedió al archivo de las actuaciones.

Fuente: http://tercerainformacion.es/spip.php?article53255

El registro de informadores gráficos y audiovisuales con "autorización para cubrir manifestaciones" se desechó en el año 1982, cuando se canceló aquel que había sido creado en 1939 (del cual el dictador Francisco Franco poseía el carné número uno), ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Una lista de esta naturaleza podría vulnerar el artículo 20 de la Constitución.

Tras la detención de los fotógrafos de prensa Raúl Capín y Adolfo Luján (freelance) el pasado 22 de mayo a la salida de su casa con la falsa acusación de "agredir a varios agentes en manifestaciones", el gobierno Rajoy quiere estrechar el cerco contra los testigos gráficos de los frecuentes abusos policiales observados en las numerosas manifestaciones que tienen lugar todos los días en varias ciudades.

Según la redacción de Más Voces, el Ministerio del Interior español planea elaborar una lista de informadores gráficos y audiovisuales (fotógrafos y cámaras, principalmente) en la cual estén registrados sus datos personales, de forma que sólo aquellos profesionales que estén acreditados en dicha lista podrán obtener el chaleco blanco de prensa.

Aquellas personas que acudan a cubrir informaciones en eventos tales como manifestaciones y protestas y no lleven puesto el chaleco no podrán acceder a la grabación o toma de imágenes y podrán ser interpelados por las fuerzas de seguridad.

Según las fuentes que maneja Más Voces, la mesa de valoración que está tratando este asunto, y que previsiblemente se va a reunir esta misma semana, está compuesta por diferentes comisarios entre los que se encuentra el coordinador de policías autonómicas, lo cual puede suponer que esta lista también sea registrada no sólo en Madrid, sino también en lugares como Catalunya o Euskadi.

Esta preocupante información para el derecho a la comunicación y la democracia llega en un contexto en el que varios medios de comunicación convencionales como los periódicos ABC, La Razón y El Mundo han denunciado que, según sus versiones, "falsos fotógrafos se infiltran en las manifestaciones para enfrentarse a la policía", cuando en realidad se trataba de fotoperiodistas freelance o informadores de medios alternativos y ciudadanos sin ninguna connivencia con los poderes políticos ni económicos, tales como Raúl Capín o Alfonso Luján, que fueron detenidos recientemente cuando ejercían su profesión de fotógrafos.

La instauración de un registro de periodistas no se había producido en el Estado español desde que en el año 1982 se canceló aquel que había sido creado en 1939 (del cual el dictador Francisco Franco poseía el carné número uno) y ratificado en la Ley de Prensa e Imprenta de 1966.

Dicho registro de la Dictadura franquista estaba integrado en el Servicio Nacional de Prensa y para formar parte de él los periodistas eran investigados previamente en sus antecedentes, así como en sus situaciones profesionales y personales. La inscripción en aquel registro era imprescindible para poder ejercer la profesión en aquellos años.

Pues bien, eso es lo que ahora pretende rescatar el Gobierno del Partido Popular y que según analistas consultados por Más Voces entraría en conflicto con la democracia y con el Artículo 20 de la Constitución donde se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Además, el Artículo 20 señala que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

Y el hecho de señalar quién puede y quién no informar por ejemplo en una manifestación o protesta ciudadana es, precisamente, un ejercicio de censura previa por parte del Gobierno.

Pero analicemos la información. Intentemos profundizar sobre qué le preocupa al Gobierno y por qué estudia hacer un registro controlado por el poder político para determinar quién pude y quién no ejercer el derecho a comunicar información.

En el Estado español, en tiempo de crisis y con recortes que echan por tierra derechos conseguidos por la ciudadanía durante décadas, las protestas ciudadanas están demostrando que la sociedad civil es capaz de organizarse, de protestar y de hacer propuestas.

Sin embargo, las acciones de la población indignada no tienen el eco que deberían en los medios de comunicación corporativos y públicos. Y es ahí donde aparecen los medios ciudadanos que están reflejando con constancia y veracidad la realidad de lo que está pasando.

Pero es que además, cuando la sociedad civil se organiza el poder político tiende a criminalizar la protesta. Y ya conocemos múltiples casos en los que las manifestaciones están siendo represaliadas brutalmente y con total impunidad con el uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

No hace falta recordar las imágenes y vídeos reproducidos en todo el mundo de policías golpeando a manifestantes y a los partidos políticos de la oposición criticar la violencia policial.

Y en ese contexto se desarrolla el periodismo ciudadano, comunitario, independiente, que no es nada nuevo, lo que es novedoso es la apropiación de la tecnología que hace ir más allá de lo que se venía haciendo, y que permite cubrir lo que otros medios silencian y visibiliza las agresiones que antes nadie podía demostrar.

Ahora cuando la policía actúa desproporcionadamente queda grabado por teléfonos móviles, tablets o cámaras en manos de la gente.

Pensamos que precisamente eso es lo que le preocupa al Gobierno, por un lado que haya personas que tengan la capacidad de retransmitir para el mundo, y en tiempo real cualquier tipo de abuso por parte de las autoridades. Y por otro lado, en las manifestaciones se producen detenciones.

Las personas detenidas están usando las imágenes y vídeos que demuestran su inocencia y por eso se están resolviendo con absoluciones judiciales estas detenciones, poniendo en clara evidencia a la actuación policial y de los mandos políticos que les mandan.

A las retransmisiones conjuntas de radios comunitarias, ahora se suma la novedad de la retransmisión en directo y en vídeo a través de teléfonos móviles y tablets, que son emitidas y replicadas por multitud de paginas web y portales informativos independientes.

Susana Sanz es activista del Movimiento 15-M, y sus retransmisiones en directo a través de la plataforma Bambuser, están siendo replicadas y seguidas por miles de personas. Es el nacimiento de una nueva era, la era del periodismo ciudadano de alta tecnología, en tiempo real, que ya es conocido por el poder político y los mandos policiales.

Con lo cual, se torna en una herramienta fundamental para que la verdad nunca sea silenciada por los poderosos.