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Empresarios en edad de jubilación dirigen los planes de despido de grandes empresas

Publicado en 2 Abril 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/economia/2013/04/02/empresarios_edad_jubilacion_dirigen_los_planes_despido_1880_1011.html

Francisco González, Emilio Botín e Isidro Fainé.

Un 65% de los presidentes de compañías del Ibex 35 tienen más de 60 años.

El 46% de los presidentes de las empresas punteras superan los 65 años.

Debajo de un baobab, alrededor de la hoguera o en una choza en las praderas americanas…la Historia muestra cómo en todas las organizaciones sociales, los miembros más experimentados, generalmente los de más edad, tomaban decisiones en beneficio del conjunto. El lugar en el consejo lo daba la edad, la experiencia y también el ejemplo prestado.

Entre los notables de hoy, la cuestión de la ejemplaridad cuenta menos. Haced lo que yo diga, no lo que yo haga. Basta mirar qué sucede con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), muchos de los cuales han sido aprobados e impulsados por directivos que hace mucho que dejaron atrás la edad legal de jubilación, 65 años y un mes en 2013.

El contraste es grande. Un 55% de los jóvenes está en situación de desempleo y, en 2012, más de una tercera parte de los trabajadores despedidos en expedientes colectivos (35%) tenía más de 50 años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 4,5 millones de desempleados entre 25 y 54 años y 530.700 mayores de 55. Han sido despedidos, en muchos casos, por directivos de más de 65.

En una época de crisis como la actual, que ha llevado la tasa de paro por encima del 26% y el número total de parados a 5.965.400 (datos de la Encuesta de Población Activa), las decisiones de recorte de empleo más abultadas las están aplicando responsables de empresas con una edad más que respetable: por encima de los 70 años en algunos casos.

En las sociedades del Ibex 35, la crema de la actividad empresarial privada, un 65% de los presidentes de las compañías tienen más de 60 años y el 46% han dejado atrás los 65. Con un detalle añadido: a más peso en Ibex, más lejos la edad de jubilación.

Empresas como Abertis (Salvador Alemany, 70 años); Bolsas y Mercados (Antonio Zoido, 69); Gas Natural (Salvador Gabarró, 78); Obrascón Huarte (Juan Miguel Villar Mir, 82), Red Eléctrica de España (José Folgado, 69) o Técnicas Reunidas (José Lladó, 79), tienen presidentes de edad provecta.

Retraso en la jubilación

El BBVA, por ejemplo, ha retrasado la edad de jubilación de todos los miembros de su consejo desde 70 a 75 años. Su presidente, Francisco González (69 años), podrá ser presidente hasta el año 2020. En el caso de Emilio Botín, presidente del Banco Santander con 79 años, tampoco hay señales de recambio en la cúpula. Entre Botín y su consejero delegado, Alfredo Sáenz, suman 150 años de edad y de experiencia.

Los dos grandes bancos, BBVA y Santander tienen en marcha planes de reducción de plantilla tras la compra de Unnim en el primer caso (hasta 1.100 empleados) y por la fusión con Banesto (hasta 4.000 trabajadores) en el segundo. No son excepciones. CaixaBank está en el mismo proceso de ajuste (2.600 empleados).

La cura de adelgazamiento depende de otro veterano, Isidro Fainé, que ha conocido ya 71 primaveras.

Telefónica y Prisa

No son solo los banqueros. El presidente de Telefónica, César Alierta, que también ha dejado atrás la edad de jubilación (tiene 68 años), ha puesto en marcha un proceso de ajuste de la compañía que sacará de la empresa a 6.830 empleados a partir de los 53 años. A esa edad, Alierta estaba en los comienzos de su mejor etapa.

Y en colectivos como los medios de comunicación hay casos notables de casi septuagenarios que cuestionan la capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías de los trabajadores mayores de 40 años.

Y han impulsado expedientes para despedirlos. Un ejemplo: el de Juan Luis Cebrián (PRISA, EL PAÍS), a punto de cumplir 69 años.

Sería un poco injusto poner todo el acento en “los mayores” del Ibex 35 al examinar el proceso que ha llevado al país a superar todas las marcas de paro. Hay también 'jóvenes' gestores que están dirigiendo ajustes importantes. José Ignacio Goirigolzarri (BFA-Bankia), de 59 años; José Manuel Vargas (43 años), presidente de AENA y con ERE en marcha (1.600 empleados) o Francisco Román (47 años), presidente de Vodafone, con un ERE para 620 trabajadores.

Los casos son muy variados. Cierto. Pero las diferencias entre lo que vive la mayor parte de la población y lo que se da por normal en la cúpula dirigente empresarial son muy notables. El Gobierno, que impulsa medidas para limitar el mandato en los consejos de las grandes compañías, ha aceptado que aquellos que superan ya los 12 años en el sillón como independientes, acaben su mandato.

A cualquier edad. Incluso, como ha sucedido en el Banco Santander, aunque el consejero renovado (Fernando Asúa Alvarez) tenga más de 80 años. La experiencia es un valor, aunque aparentemente se reconozca más fácilmente entre moquetas.

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La corrupción aumenta en los cuerpos policiales griegos

Publicado en 31 Marzo 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.abc.es/internacional/20130330/abci-corrupcion-aumenta-cuerpos-policiales-201303291728.html

Un informe de asuntos internos desvela más de un millar de casos en los que están involucrados 710 agentes.

Con la crisis y la reducción de hasta el 40% de todos los salarios y pensiones estatales, aumenta la corrupción a todos los niveles y alcanza a funcionarios y empleados que no se habían dejado tentar antes. El informe de la Dirección de Asuntos Internos de la policía para el 2012 ha mostrado que se han estudiado 1.060 casos en los que están involucrados 710 policías.

El documento ha sido presentado al Ministro de Orden Público Níkos Déndias y se discutirá en el Comité de Instituciones y Transparencia del Parlamento griego. Deja una conclusión bien clara: en el 2012 han aumentado los casos de corrupción pero también las denuncias de los ciudadanos, que no son ya víctimas pasivas de sobornos, sino que presentan denuncias, lo que permite en muchos casos descubrir actividades policiales y de otros empleados estatales irregulares y comenzar las investigaciones internas.

Por ello el informe también ha revelado la implicación de 260 empleados estatales y el que mas de 876 policías de un total de 53.980 entre policías, guardas policiales y guardas fronterizos) no han hecho la declaración de patrimonio a la que están obligados (ademas de sus obligaciones fiscales).

Policías ante la Justicia

El informa detalla como durante el 2012 fueron presentados ante la justicia 20 policías, 12 empleados estatales (incluida la administración local) y 19 particulares en casos de corrupción . Y se mencionan varios ejemplos: el caso de un guarda policial arrestado el 15 de Noviembre por robar 1.000 euros de un iraní en la zona de Aghio Panteleimona, en el centro de la capital.

Y en el caso de otros empleados estatales, como el 26 de diciembre un antiguo consejero especial del Organismo de Turismo (EOT) fue arrestado por intentar retirar ilegalmente 147.000 euros de los fondos de dicho organismo, o como dos empleados del ayuntamiento de Atenas quisieron cobrar 500 euros para certificar a un particular el que había arreglado los destrozos de una acera durante unas obras.

En el caso de denuncias de empleados en distintas regiones del país de 6 casos en el 2011 se ha pasado a 63 casos el año pasado, lo que demuestra que los ciudadanos ya no se callan y denuncian sin miedo tanto en Atenas como en otras provincias griegas.

Quienes todavía no quieren acudir a denunciar públicamente a funcionarios y empleados estatales tienen otra solución: denunciarlo on line en la pagina web “Edosa fakeláki”, que traducido quiere decir “He dado un sobrecito” (es decir una mordida) y en la página web “Telía kai Pávla”, es decir, "Punto y aparte”.

Una vez denunciado el suceso (intento o pago de soborno) de forma anónima pero con suficientes datos, los administradores de las páginas comienzan a investigar ellos también... y se llega a detener prácticas ilegales o a conseguir condenas.

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Ada Colau EXPLOTA:"¿Creen que somos idiotas?¡BASTA YA!

Publicado en 30 Marzo 2013 por Skiper

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Interior difunde una Instrucción que ordena identificar y detener a quienes hagan escrache a políticos

Publicado en 29 Marzo 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noticia-interior-difunde-instruccion-ordena-identificar-detener-quienes-hagan-escrache-politicos-20130328210539.html

La Secretaría de Estado de Seguridad ha hecho llegar a las comisarías por medio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional una Instrucción en la que se ordena identificar y detener a quienes participen en actos de hostigamiento a políticos, un fenómeno conocido como escrache.

"Contra quienes ejercen actos de hostigamiento y acoso a miembros de Partidos Políticos, sedes de partidos, etc. Se procederá en primer lugar a identificar para sanción a quienes participen en estos actos, con arreglo a la Ley de Seguridad Ciudadana o bien, si se tratará de actos constitutivos de delito se procederá a la detención de dichas personas conforme a la legislación vigente", dice la Instrucción a la que ha tenido acceso Europa Press.

En esa misma nota de apenas un párrafo y firmada por la Dirección Adjunta Operativa que dirige Eugenio Pino "se ruega máxima difusión". Este movimiento de la Secretaría de Estado se produce después de los actos de acoso a diversos dirigentes políticos llevados a cabo en los últimos días por representes de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH).

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El gobierno convertirá en ilegales las copias privadas

Publicado en 26 Marzo 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.sgae.es/el-gobierno-convertira-en-ilegales-las-copias-privadas/

El proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros perjudicará gravemente a los ciudadanos y beneficiará considerablemente a las multinacionales tecnológicas.

En efecto, de un lado perjudica a los ciudadanos al convertir en ilícitos, prácticamente, todos los actos de copia privada. Solo será legal si la copia se hace de un soporte original o de una señal de televisión pero siempre que dicha copia sea borrada a los pocos días. Las copias que sean realizadas a través de internet serán consideradas actos ilícitos a perseguir.

Y de otro lado, beneficia a las multinacionales del sector tecnológico al consolidar un modelo de copia privada que carga a los Presupuestos Generales del Estado un precio simbólico y exonera del pago, en contra de todos los criterios sentados en la UE, a los verdaderos causantes del daño objeto de indemnización: las empresas multinacionales que fabrican o importan aparatos y soportes con capacidad de copia o almacenamiento de contenidos protegidos por la propiedad Intelectual.

De nuevo, las entidades de gestión denuncian que la Secretaría de Estado de Cultura propone una reforma parcial de la Ley de Propiedad Intelectual sin contar con los titulares de los derechos ni con los ciudadanos, de manera que ahora el sector tecnológico va a dictar las reglas del juego del sector cultural.

Las entidades de gestión consideran que esta no es la mejor manera de afrontar la reconstrucción de una industria cultural más robusta, generadora de riqueza y empleo.

El nuevo modelo de copia privada que pretende consolidar el Gobierno, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, supone que todos los ciudadanos se ven injustamente e indirectamente obligados a indemnizar un daño que ellos no causan, incluso hayan hecho o no copias privadas.

Este sistema se convierte en el más restrictivo y contrario a los intereses de los ciudadanos que existe en cualquier estado miembro de la Unión Europea. Esta improvisación, que ha sido objeto de una denuncia ante Bruselas por las entidades de gestión, genera una desigualdad de trato manifiesta con los ciudadanos de los otros países miembros.

En este mismo Proyecto de Ley se establecen unas medidas respecto de las entidades de gestión que ni responden a la realidad ni son conformes a Derecho.

Las entidades de gestión manifestamos nuestro interés en que se garantice la transparencia de nuestra gestión en beneficio tanto de los titulares como de la sociedad en general. No obstante, muchas de las medidas que se incorporan en este Proyecto de Ley no sólo no garantizan esta transparencia sino que están claramente dirigidas a perturbar la gestión que hemos de realizar en defensa del interés general.

Tampoco se han tenido en cuenta las Directivas Comunitarias que está preparando la Comisión Europea, tanto en materia de copia privada como en materia de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

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Sin DNI para movilizarse

Publicado en 26 Marzo 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/identificaciones-DNI-Desobediencia_Civil_0_113389434.html

Campaña DNI (Di No a las Identificaciones) from Plataformadc on Vimeo.

La Plataforma por la Desobediencia Civil lanza una campaña contra las masivas y arbitrarias identificaciones de la Policía en las movilizaciones sociales.

Ninguna norma establece como obligatorio llevar el DNI encima; sí lo es identificarse si un agente de la Policía lo requiere.

José Antonio Labordeta escribió y cantó: "Les devuelvo el DNI / porque yo no quiero ir / donde me van a mandar / con carné de identidad". El tema se llamaba Desobediencia Civil.

Ahora, años más tarde, la Plataforma por la Desobediencia Civil ha seguido el ejemplo de sus letras y ha lanzado una campaña, Di No a las Identificaciones, para hacer frente a las masivas y arbitrarias identificaciones que realiza la Policía desde la multiplicación de diferentes acciones contra los recortes, los desahucios, etc. Es lo que la Plataforma llama "represión de baja intensidad" o "buro-represión".

Según señalan en su manifiesto, "desde la llegada de Cristina Cifuentes a la Delegación del Gobierno de Madrid, e iniciado ya un ciclo de movilizaciones masivas a partir del 15M de 2011, se ha incrementado la vía represiva de carácter económico mediante un aumento considerable de las sanciones a las personas identificadas aleatoriamente en las movilizaciones sociales, lo que supone de hecho una restricción importante al ejercicio de derechos fundamentales". Por ello, la Plataforma apuesta por una solución: no llevar el DNI encima en las distintas movilizaciones.

Campaña DNI (Di No a las Identificaciones) from Plataformadc on Vimeo

No portar el DNI no es en sí mismo un acto ilegal. Así lo explica el abogado Eduardo Gómez Cuadrado, de Red Jurídica y la Comisión Legal Sol: "Legalmente, una persona sí está obligada a identificarse pero en ningún sitio se recoge que tenga obligación de llevar el DNI encima".

El abogado detalló estos términos en un artículo en el blog de Red Jurídica, que luego la Plataforma utilizaría para su campaña. En el texto, hace mención al Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, que obliga a expedir el Documento Nacional de Identidad a las personas mayores de catorce años y a exhibirlo cuando sea requerido "por la Autoridad o sus agentes". "En puridad nada dice sobre que sea obligatorio portar en todo momento dicho documento o cualquier otro que certifique la identidad personal", apunta Gómez.

El miembro de la Comisión Legal Sol también hace referencia a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley de la patada en la puerta o Ley Corcuera, por haber sido aprobada durante la etapa como ministro de Interior de José Luis Corcuera, entre 1988 y 1992.

Esta norma, aclara el abogado, que tampoco "contempla como infracción el hecho de no portar documento identificativo o filiación", sí establece lo siguiente en su artículo 20.2:

"De no lograrse la identificación por cualquier medio, y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior, los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación, a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible".

Todas estas normas demuestran, por tanto, que no llevar el DNI encima no es constitutivo de falta, de forma que no se trata de desobediencia.

"En realidad -cuenta Gómez Cuadrado- está campaña tiene dos partes: la primera es una desobediencia que no es desobediencia: aunque en el imaginario colectivo predomine la idea de que hay que llevar el DNI encima, no estamos obligados a ello. Esa sería la primera parte. La segunda ya sería la desobediencia civil: cuando un Policía te pide que te identifiques de alguna otra manera, ya sea dando tu nombre o alguna otra tarjeta, y tú te niegas, por lo que tendrían que llevarte a comisaría".

El objetivo es, para el jurista, "hacerle las cosas más difíciles e incómodas a los agentes". "Si las multas por la acción que se haga van a llevar igual, al menos que no sea tan sencillo identificar a la gente, ya que no es lo mismo entregarle diez documentos identificativos al momento, que obligarles a que lleven a diez personas a una comisaría".

Los argumentos de la campaña para no identificarse son: "No hemos hecho nada malo; estamos hartos de enseñar el DNI y que nos llegue una multa; nos negamos a que se naturalice una práctica abusiva e ilegítima y buscamos visibilizarla; nos solidarizamos con quienes son acosados por su aspecto o color de piel, a través de identificaciones sistemáticas; defendemos la libre circulación de las personas, sin hostigamientos; queremos una sociedad sin amenazas ni coacciones policiales; preferimos ir a comisaría que dejar de defender un derecho básico; somos desobedientes civiles y participamos de la Campaña Di No a las Identificaciones".

La campaña incluye, asimismo un breve manual de comportamiento para personas que vayan sin ningún tipo de identificación.

¿Y la policía?

La identificación, no obstante, no es algo que competa únicamente a la ciudadanía: los agentes de Policía deben ir también correctamente identificados. Así lo establece el artículo 18 del Real Decreto 1484/1987, de 4 de diciembre: "Todos los uniformes llevarán obligatoriamente la placa-emblema del Cuerpo, con indicación del número de identificación personal, en el pecho, por encima del bolsillo superior de la prenda de uniformidad".

El mismo Real Decreto, en su artículo 21, recoge:

"1- Los funcionarios que prestan servicio sin uniforme usarán como medio identificativo de su condición de Agentes de la Autoridad el carné profesional y la placa-emblema, cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos o en los casos que sea necesario para realizar algún servicio.

2- Los funcionarios que realizan servicio de uniforme acreditarán su condición de Agentes de la Autoridad con el mismo. No obstante, llevarán obligatoriamente el carné profesional, que será exhibido cuando sean requeridos para identificarse por los ciudadanos, con motivo de sus actuaciones policiales.

3- Hallándose los funcionarios fuera de servicio, solamente podrán utilizar el carné profesional y la placa-emblema, excepcionalmente, cuando tengan que actuar en defensa de la Ley o de la seguridad ciudadana".

Pese a la obligación, es habitual ver a agentes de Policía sin identificar en el transcurso de una movilización. En su día, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, negó los hechos y aseguró que "algunos miembros de la UIP [cuerpo de antidisturbios] llevan la identificación debajo del chaleco antitrauma, para evitar que se haga un uso indebido de la misma, porque se les ha fotografiado o identificado".

En otras ocasiones, sin embargo, la excusa era que estos chalecos antitrauma no tenían la identificación. No obstante, diferentes imágenes que la Comisión Legal Sol adjuntó a una denuncia ante el Ministerio del Interior demuestran que muchos policías trabajan sin identificación sea cual sea el uniforme que vistan.

La buro-represión

¿Qué es la "buro-represión"? Óscar Martín García escribe el capítulo del libro coordinado por Pedro Oliver Burorepresión. Sanción administrativa y control social (Ed. Bomarzo, 2013) acerca de cómo ejerce el Estado este tipo de represión de baja intensidad sobre los movimientos sociales.

Para entender en qué consiste, Martín García explica los dos tipos de represión existentes hoy en día: "Por un lado, está la represión más dura y más violenta que el Estado utiliza cuando busca que sea obvia y por ello ejemplarizante.

Con este tipo de represión se busca meter miedo a la ciudadanía. Son, por ejemplo, las cargas, las bolas de goma... No obstante, este tipo de represión puede causar problemas de imagen pública. Sucedió en la llamada primavera valenciana. Por ello, actualmente en España el Estado hace uso de otro tipo de represión más sutil y es la llamada buro-represión, que consiste en faltas legales, económicas, administrativas...

El Estado plantea un modelo mixto entre la dura y la de baja intensidad que utiliza en función del contexto político". Últimamente, explica el autor, la buro-represión es "más efectiva", ya que al no ser explícitamente "violenta, es más difícil de gestionar para los movimientos sociales". Las identificaciones son, para Martín García, el mejor ejemplo de esta represión de baja intensidad.

Plataforma por la Desobediencia Civil

Está formada por ALA Asociación Libre de Abogados, Antimilitaristas - MOC, Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, Comisión Legal Sol, Ecologistas en Acción - Madrid, Feminismos Sol, Izquierda Anticapitalista, Mujeres de Negro de Madrid, Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid.

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Lobby Planet: Guía de los lobbies en Bruselas disponible en castellano

Publicado en 25 Marzo 2013 por Skiper

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Para entender el oscuro mundo del lobbying empresarial en Bruselas, la guía subraya cuáles son los principales actores en esta historia, dónde se sitúan sus oficinas y qué tácticas y estrategias usan para influir en las decisiones que se toman en la Unión Europea.

Corporate Europe Observatory (CEO) acaba de publicar la versión en castellano de su Lobby Planet, una guía para entender el oscuro mundo del lobbying empresarial en Bruselas. Subraya cuáles son los principales actores en esta historia, dónde se sitúan sus oficinas y qué tácticas y estrategias usan para influir en las decisiones que se toman en la Unión Europea.

Esta edición incluye, además de una introducción a todos los principales actores del lobbying en Bruselas, tres recorridos temáticos que se centran en el lobby del clima, el lobby financiero y el del agronegocio.

A través de mapas a todo color, esta guía te lleva por las calles del barrio europeo del Bruselas, donde trabajan entre 15.000 y 30.000 lobistas tratando de influir en los procesos de la Unión Europea, principalmente defendiendo los intereses de las grandes empresas y haciendo de este barrio europeo una de las mayores concentraciones de lobistas por metro cuadrado en el mundo.

Corporate Europe Observatory investiga, hace público y lucha contra el poder y los privilegios del lobby de las grandes empresas en la Unión Europea.

La guía puede descargarse gratuitamente. También se pueden encargar copias enviando un correo a ester@corporateeurope.org (3 euros más gastos de envío; precios más reducidos para más unidades; para más información http://corporateeurope.org/order-ceo-lobby-planet-new-edition-2011). CEO organiza visitas guidas para grupos, ’lobby tours’, por el barrio de la UE de Bruselas. Contacta con nosotros si estás interesado.

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El Gobierno de Madrid veta el debate sobre el vínculo de Capio con las Islas Caimán

Publicado en 25 Marzo 2013 por Skiper

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Fuente: http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/03/22/el_gobierno_madrid_veta_debate_sobre_vinculo_capio_con_las_islas_caiman_1462_1012.html

CAPIO

El PP usa su mayoría absoluta para tumbar las preguntas del grupo socialista.

Los conservadores alegan que el Ejecutivo no tiene competencias para averiguar quiénes integran las sociedades del gigante sanitario.

El PP ha usado su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid para tumbar todas las preguntas formuladas por el grupo socialista sobre los vínculos del grupo Capio con el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

El PP, que se dispone a privatizar la gestión de otros seis hospitales, alega que ninguna de las tres preguntas debe ser admitida a trámite porque su objeto “no es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Las preguntas ni siquiera pedían respuesta oral. Tan solo escrita.

Como publicó infoLibre el pasado día 8, los propietarios últimos del gigante de la sanidad privatizada –gestiona cuatro hospitales integrados en la red sanitaria pública madrileña- se ocultan tras cinco sociedades domiciliadas en el archipiélago caribeño. Es decir, en uno de los más acreditados santuarios de capitales opacos, puerto y refugio de inversores que se escudan tras sociedades pantalla.

Tras la publicación de aquella primera noticia, el programa de televisión Las Mañanas de Cuatro preguntó al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty por el asunto. Visiblemente molesto, Lasquetty terminó por decir que no sabe si es "relevante" que la madeja de Capio conduzca a las Islas Caimán y que, en cualquier caso, "no tiene la obligación de saber quién es el accionista del accionista".

El blindaje societario de las Islas Caimán, que funciona como colonia británica, impide levantar el manto que protege a los dueños reales y tangibles de una compañía. Solo si un juez lanza una comisión rogatoria –solicitud de ayuda internacional- es posible acceder a esa información, pero ni siquiera eso es seguro: las autoridades de las Islas Caimán son especialistas en marear la perdiz como saben, por ejemplo, los jueces que se han sucedido en la investigación del caso Gürtel.

Incógnitas sin respuesta

Tras las informaciones publicadas por este diario, la diputada socialista Laura Oliva preguntó al Gobierno de Ignacio González si conoce qué personas físicas o jurídicas integran cada una de las compañías del grupo Capio. La parlamentaria interesaba también una valoración del Ejecutivo sobre el hecho de que el conglomerado que gestiona varios centros sanitarios públicos en la Comunidad de Madrid tenga su sede en un paraíso fiscal. Por último, inquiría al Gobierno sobre su opinión respecto de la estructura societaria de Capio.

Conformada a modo de muñeca rusa, esa estructura societaria planta sus raíces en las Caimán. De allí, pasa a Luxemburgo, salta a Holanda y extiende finalmente sus ramas por España. De las 22 compañías que integran el grupo, al menos 10 tienen carácter instrumental. Es decir, su única misión consiste en poseer acciones de otras sociedades.

La opacidad de Capio le ha llevado a infringir el Real Decreto que regula el Plan de Contabilidad.

Esa norma, de obligado cumplimiento por todas las empresas españolas, preceptúa que la memoria anual de las sociedades debe detallar las retribuciones de cualquier tipo abonadas a los miembros de la alta dirección.

Capio Sanidad Holding SL no lo hizo en 2011, último ejercicio cuyas cuentas están disponibles en el Registro Mercantil.

El incumplimiento legal llevó a Deloitte a incluir una salvedad –un reproche formal- en sus informes de auditoría correspondientes a los dos semestres del ejercicio.

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Internet clama contra la reforma de la ley de Propiedad Intelectual

Publicado en 23 Marzo 2013 por Skiper

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Fuente: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/03/23/internet-clama-contra-la-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual-4536/

El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de reforma de la ley de Propiedad Intelectual, conocida ya como ley Lassalle, con la que pretende reforzar las competencias de la Comisión, revisar el concepto legal de copia privada y lograr un mayor control de las entidades de gestión.

Para José Ignacio Wert, ministro de Cultura y Educación, uno de los principales avances de este anteproyecto es la distinción que hace entre las situaciones en las que hay deliberadamente un uso ilícito lucrativo de la tecnología para vulnerar los derechos de la propiedad intelectual, de aquellos recursos de la sociedad de la información que en ningún caso basan su actividad o modelo de negocio en violentar esos derechos.

Víctor Domingo (Asociación de Internautas): "Dan más poder a una Comisión cuyos miembros ni revelan sus nombres"

El presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, se muestra muy crítico con la reforma de la ley de Propiedad Intelectual. El texto normativo dotará a la Comisión de una mayor capacidad para actuar frente a las páginas de enlace o prestadoras de servicios que contienen listados amplios con contenidos ilegales, algo con lo que no se ha mostrado de acuerdo.

"La reforma va en dirección contraria a lo que llevamos tiempo pidiendo. Pretenden dotar de más poder a una Comisión que está formada por simples funcionarios y no de jueces. Esta Comisión ha fracasado. Sus miembros no han querido ni revelar sus propios nombres porque no tienen claro que estén haciendo algo jurídicamente presentable", explica a Teknautas.

Domingo también se manifiesta en contra del endurecimiento del control sobre los sitios web de enlaces: "El ministro Wert habla de enlaces como si todos llevasen a algún sitio que atentase contra la Propiedad Intelectual. Lo que hay que criminalizar es el archivo que está a disposición pública sin los permisos del autor.

Llevamos años diciendo que si criminalizas el enlace el primero en caer es Google. El buscador es el mayor proveedor de enlaces del mundo y sin embargo se ha librado".

"La forma de llevar a cabo la reforma no ha sido la correcta. No ha habido un diálogo previo con las distintas asociaciones", añade.

En lo que sí se muestra de acuerdo Víctor Domingo es en el control a las entidades de gestión: "Era algo necesario. Tenía que haber ocurrido antes, pero más vale tarde que nunca".

Enrique Dans (Profesor del IE): "Es una ley que desde la fase de anteproyecto voy a desobedecer"

El profesor de Sistemas de Información en IE Business expone a Teknautas su impresión sobre la reforma: "Es lo mismo de siempre. Es lo viejo contra lo nuevo. Es una ley que pretende ir contra los ciudadanos. Una ley que desde la fase de anteproyecto estoy dispuesto a desobedecer".

"El fracaso de la Comisión no es que no funcione porque nunca va a poder disminuir las descargas. Lo único que puede lograr esto es el mercado. Quitar al juez de en medio porque no me gusta cómo trabaja no vale", agrega.

Sobre la copia privada, Dans asegura que el Gobierno está siendo un mero títere. "Google tiene un 'lobby' fuerte y por eso se le excluye específicamente de la normativa. No se sostienen las excepciones que plantean. Mucha gente utiliza el buscador para acceder a páginas de descargas".

"En Google Music nadie me pregunta si la música que escucho tiene derechos de autor. ¿A qué juega esta ley? Estamos siendo gobernados por aquellos que legislan según les presionan más. No han preguntado a ningún ciudadano ni a usuarios de internet. Sólo se sientan con las entidades de gestión y con las discográficas", critica.

David Maeztu (abogado de Peliculasyonkis.com): “Es una huida hacia adelante, otro favor a las entidades de gestión”

Por su parte, el abogado David Maeztu, que defiende en España a varias páginas de enlaces, entre ellas los portales peliculasyonkis.com y seriesyonkis.com, dos de las webs más populares entre los internautas, cree que “se trata de una evolución de la Ley Sinde, pero sigue siendo lo mismo en lo esencial, no cambia nada en el procedimiento civil, sólo se añade la posibilidad de pedir más documentación, pero sigue existiendo el mismo cauce administrativo, como es normal, con sus posibilidades de recursos”.

Eso sí, el letrado avisa de que la Comisión Sinde “sale reforzada, y al ampliarse las definiciones tendrá más facultades”. “Han estrechado bastante el círculo, y los cambios generan más inseguridad en lo que se refiere a las notificaciones; porque si, a partir de ahora, alguien no mira el tablón de edictos del Ministerio y no se entera de una notificación -porque no te llega una carta- entonces no puedes alegar, y además puede computar como infracción”, explica a Teknautas el abogado, que en ningún caso ha querido hablar en nombre de sus defendidos, sino en el suyo propio.

Maeztu considera que las modificaciones de la ley son “una huida hacia adelante y no abordan los problemas de la Propiedad Intelectual, pendientes desde hace 15 años”. Además, afirma que solamente se han llevado a cabo “para contentar a una parte, a la industria y las entidades de gestión”. “Se trata de otro favor a las entidades de gestión, a cambio de reducir el canon”, señala.

En el ámbito de la limitación de la copia privada, el letrado remarca que ésta “queda reducida a que la reproducción de una obra se puede hacer a partir del soporte original y sólo en el caso de que exista una compraventa de por medio; es decir, si se accede a un préstamo a través de una biblioteca, por ejemplo, no se podrá hacer una copia”.

No obstante, lo que más le ha sorprendido son las injerencias de la nueva ley en el marco de la publicidad ‘online’. “A nivel de publicidad, las agencias se van a ver bastante afectadas. Es una medida de presión. Van a tener que decir con quién han contratado publicidad, y la intención es que queden señaladas como entidades que están financiando a determinadas webs, y lo cierto es que todas están en el mismo saco ahora mismo”.

Carlos Iglesias (patronal del videojuego): "Somos optimistas con el modo en el que se están moviendo las cosas"

El secretario general de la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (aDeSe) es de los pocos actores implicados que observa beneficios en el texto preliminar. "Creo que tenemos que tener un poco de paciencia y ser optimistas en el sentido de que se están moviendo las cosas. Si con este empujón se dota realmente de los medios necesarios para que tenga la eficacia que precisa, si lo consigue poner en marcha, tendremos una herramienta eficaz para luchar contra la piratería", dice a Efe.

"Se trata de adecuar la ley a un nuevo entorno digital que requiere cuanto antes habilitar medidas, de modo que sea bienvenida, sobre todo si podemos trasladar nuestros comentarios, pensamos que podrá ser una ley que consiga realmente lo que se pretende".

"Parece una forma buena de presionar a los ilegales para que dejen de pasar contenidos que no son suyos", agrega Iglesias, quien considera positivo que la Comisión de la Propiedad Intelectual "tenga más atribuciones y más capacidad".

Rafael Sánchez (Egeda): "Es como si quitásemos las autopistas para que los españoles no paguen peajes"

El portavoz de la Asociación de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), erigido como representante de las ocho entidades de gestión, también valora negativamente el proyecto de ley.

"Es una reforma que perjudica a los ciudadanos y a los propietarios de los derechos, y desde luego no protege los derechos de propiedad intelectual. Sólo beneficia a la industria tecnológica, que se está llevando los 115 millones que ingresábamos con el canon. Ahora no existe el canon, pero los precios no han bajado, porque esa cantidad se la llevan las tecnológicas, que normalmente ni siquiera tributan en España", explica a Teknautas.

Sobre el mayor control que el Gobierno quiere tener sobre las entidades de gestión: "Hay que diferenciar transparencia de arbitrariedad en el control. EGEDA no tiene ningún problema con la transparencia, pero sí con un intervencionismo que va contra la corriente que está siguiendo Europa. Por lo que hemos podido ver en el texto, existe una arbitrariedad en el control que va a perjudicar a nuestros clientes, a lo que perciben por sus obras. Este asunto antes estaba en manos de los jueces, y así debería seguir".

Sobre el nuevo concepto de copia privada: "Es una de las medidas menos comprensibles; parece que con tal de no compensar a los creadores prefieren ilegalizar las copias de los ciudadanos. No tiene sentido, es como si, para que los españoles no paguen peajes, les quitamos las autopistas".

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El nuevo Código Penal prevé la imposición de multas a los periodistas que hablen de corrupción

Publicado en 21 Marzo 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.alertadigital.com/lamanchaobrera.es

El borrador de Código Procesal Penal, que una comisión de expertos elaboró para cambiar la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, recoge tales limitaciones para los medios de comunicación que supone una mordaza contra la prensa.

Los ‘expertos’ parecen partir de la falsa idea de que la corrupción no existe si no se da a conocer y, por tanto, imponen limitaciones al derecho a la información: no sólo cuando hay secreto de sumario, como hasta ahora, sino cuando lo dictaminen el juez y el fiscal. Es decir, que con ese Código, los casos Gürtel o Bárcenas no podrían ser conocidos por la sociedad como lo son ahora.

Las limitaciones al derecho a y de la información están recogidas en el Libro II (“Disposiciones generales sobre las actuaciones procesales y la mediación penal), Título III sobre “Publicidad de las actuaciones”, y a las mismas se les ha dedicado los artículos 129 a 134 de lo que tendría que se la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La comisión redactora de ese borrador encargado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justifica las limitaciones -tremendas- que impone a los medios de comunicación, alegando en su “Exposición de motivos” que en el régimen de la publicidad de los casos judiciales “se ha entendido necesario establecer prohibiciones de revelación que resulten indispensables para asegurar el éxito de la investigación, la imparcialidad del Tribunal, el respeto por la presunción de inocencia, el honor y especialmente la intimidad de la víctima”.

En concreto, esa motivación quiere decir que si ese Código Procesal que estudia Ruiz-Gallardón estuviera ya en vigor, los ciudadanos no podrían conocer ningún tipo de dato de los casos de supuesta corrupción política como el ‘caso Gürtel’ o el ‘caso Bárcenas’, y que si alguien filtraba algún tipo de documento, el filtrado iría directamente a la cárcel y el periodista debería pagar una multa de impresión.

El resultado es que el Gobierno habría conseguido ‘eliminar la corrupción’, pero no luchando contra el corrupto hasta su desaparición, sino callando la voz a los medios de comunicación: ‘corrupción que no se publicita, corrupción que no existe’, parece que pensaron los redactores del tal borrador de reforma de la LECRIM.

Las ‘excepciones’ a la publicidad en los casos judiciales

Como no podía ser de otra manera, el borrador de Código Procesal Penal establece en su artículo 129 el “Principio de general de publicidad”, es decir, que el juicio oral será en audiencia pública, pero en su artículo 130 impone algunas importantes excepciones.

Al igual que hasta ahora, se señala que el juicio oral podrá celebrarse a puerta cerrada “cuando ello sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan”, pero introduce una coletilla muy peligrosa: “o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia”.

Eso quiere decir que en casos, por ejemplo, de gran corrupción política, o en otros similares, el tribunal puede decidir que se celebre a puerta cerrada, dejando sin información real de lo que ocurre al conjunto de la sociedad.

Presencia de los medios de comunicación

La presencia de los medios de comunicación en el juicio oral estaba regulada en el Artículo 131, señalando que “podrán captar y difundir imágenes generales de la sala al inicio de la audiencia pública”, pero establece que el Tribunal podrá autorizar, previa audiencia de las partes, la retransmisión al público de la imagen y del sonido del juicio oral cuando concurran en la causa especiales circunstancias de las que se derive la preponderancia del interés público en la publicidad general del juicio frente a otros intereses en conflicto.

Es decir, que la audiencia ya no es tan pública, porque deja al Tribunal el criterio de si se emite el juicio por televisión o no. En casos de corrupción política, la respuesta sería previsiblemente que no.

En todo caso, el borrador obliga a que la señal difundida “habrá de ser institucional”, es decir con el tiro de cámara, etcétera que fije el Tribunal y sin recursos accesorios. Además, el borrador establece que “el Magistrado del Tribunal unipersonal o el Presidente del Tribunal tendrán el control permanente de la señal cuya desconexión podrán ordenar cuando concurran razones que lo aconsejen”. Es decir, que con sólo apretar un botón, el juez se convierte en censor cuando el apetezca.

Prohibiciones al derecho de y a la información

Las mayores medidas atentatorias contra la libertad de expresión están contenidas, sin embargo, en los artículos 132 y siguientes.

El primero de los artículos ya establece que “excepcionalmente el órgano de enjuiciamiento, cuando fuese necesario para preservar alguna de las finalidades previstas en el artículo 130.1, podrá requerir al encausado, a testigos, a los profesionales o a cualquier tercero para que se abstenga de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones o cualesquiera datos o informaciones sobre los hechos enjuiciados”.

Es el primer varapalo a la libertad de expresión: jueces y fiscales podrán promover el ‘secretismo’ en las actuaciones, incluso no mediando el ‘secreto de sumario’. Es decir, que ahora mismo, con este borrador y si el juez quiere, no se podría publicar ningún documento o información sobre Luis Bárcenas o sobre el ex ministro de Fomento, José Blanco.

En su punto dos se materializa la amenaza contra los medios de comunicación: “El Tribunal de Garantías podrá adoptar igual decisión a instancia del Ministerio Fiscal finalizada la fase de investigación y hasta la apertura del juicio oral. La prohibición será ratificada o alzada por el órgano de enjuiciamiento en el momento en que conozca de las actuaciones”.

Y en su apartado tres se es más directo: “Durante la fase de investigación el Fiscal podrá requerir al encausado, testigos, peritos profesionales, o a cualquier tercero que haya tenido acceso a la información que convenga mantener reservada, que se abstengan de revelar fuera del proceso el contenido de las declaraciones o cualesquiera datos o informaciones sobre los hechos investigados de los que hubiere tenido conocimiento”.

En el caso de que tal mandato se incumpliera, el punto 4 lo aclara todo: “Si se difundiere públicamente por cualquier medio información sobre el proceso, con vulneración del secreto de las actuaciones o en su caso de los deberes de sigilo y reserva previstos en este Título, el Tribunal de oficio o instancia del Ministerio Fiscal podrá acordar, previa ponderación de los intereses en conflicto el cese de la difusión, siempre que esta pudiere comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.

Es decir, que si alguien publica algo que el juez o el fiscal quieren que no se conozca, se prohibirá a tal medio seguir con la publicación, y si no lo hace se tendrá que atener a las consecuencias, las cuales vienen establecidas en el punto 5 de este artículo 132: “La comunicación a los afectados por las órdenes dictadas al amparo de este precepto irá acompañada de la advertencia de incurrir en eventuales responsabilidades penales en caso de incumplimiento”. Es decir, la cárcel, sin eufemismos.

Información sobre procesos en curso

Un solo artículo, el 134, les basta a los redactores del borrador de Código Procesal Penal para quitarse a los medios de comunicación de en medio: la Fiscalía General del Estado podrá informar a los medios sobre el curso de una investigación “siempre que ello no ponga en peligro su éxito y el asunto sea de interés público, salvo en el caso de que la causa haya sido declarada secreta”.

Pero, además, se establece que “podrá proporcionar información a los medios sobre la marcha del proceso cuando la fase de investigación haya finalizado y la causa tenga trascendencia para la opinión pública, siempre y cuando no exista riesgo de perjudicar alguno de los valores mencionados en el Artículo 130.1″. Mientras tanto, absoluta mordaza.

Es cierto que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha dicho que los periodistas no irán a la cárcel, sino sólo los que filtran los documentos o actuaciones, aunque los periodistas serán multados -proceso por lo civil-, y también ha dicho que se trata sólo de un borrador y que habrá cambios. Pero es que a Gallardón ya nadie le cree.

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