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(Cuando el río suena...): El PP pide poner coto a los mapas accesibles en Internet para proteger la seguridad del Estado

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.europapress.es/sociedad/noticia-pp-pide-poner-coto-mapas-accesibles-internet-proteger-seguridad-estado-20130308110017.html

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El PP ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, para su debate en la Comisión de Defensa, en la que pide poner coto a los mapas que son accesibles en Internet para proteger la seguridad del Estado frente a posibles actos terroristas.

 

 

Se trata de una iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que los 'populares' explican que estas tecnologías, aunque son "muy útiles" para la sociedad, por ejemplo en el uso de los GPS del coche, pueden utilizarse igualmente con fines no deseables.

Así, señala que la cartografía por satélite disponible a través de Internet proporciona una información de enclaves e instalaciones sensibles, no sólo militares, que podría poner en riesgo la seguridad nacional y el mantenimiento de la estabilidad internacional.

Por ejemplo, indica que algunos grupos terroristas han reconocido públicamente el uso de tales herramientas para la elaboración de sus ataques, mostrando el límite del uso indebido de estas tecnologías.

 

 

"Es obvio que el terrorismo no existe por culpa de estas nuevas formas de acceso a la información cartográfica, pero sí pueden facilitar la comisión de actos terroristas si no se protege debidamente la difusión de estos datos sobre instalaciones sensibles", argumenta el Grupo Popular.

Igualmente, lamenta que este tipo de información está localizada en bancos de datos situados fuera de las fronteras españolas y no existe legislación internacional o acuerdos referentes a la difusión por empresas privadas de información relevante para la seguridad nacional.

 

 

En su opinión, tales dificultades no pueden impedir que se adopten determinadas medidas y, de hecho, destaca que existen iniciativas que propician que zonas determinadas designadas como 'sensibles' para la Seguridad Nacional aparezcan pixeladas o difuminadas siendo "imposible" extraer información útil de ellas.

Por todo ello, ha registrado esta iniciativa en la que solicita al Gobierno la elaboración de un estudio sobre los efectos, como fuente de información abierta, de los sistemas de cartografiado disponibles a través de los medios telemáticos.

 

 

De la misma manera quiere que el Ejecutivo realice un estudio sobre el grado de información que se puede obtener a través de estos medios de instalaciones de interés para la seguridad nacional, además de que desarrolle un listado exhaustivo de aquellas instalaciones civiles y militares que pueden considerarse de interés para la seguridad nacional.

 Finalmente, propone al Gobierno que tome las medidas oportunas, incluyendo la promoción de acuerdos bilaterales o a través de organizaciones internacionales, así como con empresas civiles nacionales o internacionales, para limitar los daños potenciales para la seguridad nacional.


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El Gobierno Británico admite que tienen un servicio de salud deficiente

Publicado en por Skiper

Fuente: http://isanidad.com/noticias.aspx?Id=7392

Desde el Gobierno Británico, su ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, en una conferencia de prensa, admite que 30.000 pacientes mueren al año por un “servicio deficiente”, como publica The Times en su apertura de edición que comienza con la crisis del modelo sanitario del Reino Unido y los casos de negligencia que han ocurrido en estos meses, "Muchos pacientes mueren por falta de prevención o porque no se les ha ofrecido el mejor tratamiento", ha manifestado el ministro. 

 

 

Reconoce que esto es debido a una baja calidad del sistema y los errores en la temprana detección de los problemas, siendo bajo en comparación con el resto de países que les rodean, "muchas muertes ocurren porque el sistema no está preparado para prevenir que la persona enferme, o porque el tratamiento que se le ha ofrecido no es el mejor".

 

 

Estos casos de negligencia salieron a la luz hace unos meses después de que una comisión de control (elaborado por una delegación independiente presidida por el abogado especialista en negligencias médicas Robert Francis), encargada de analizar fallos en la atención sanitaria y realizar un informe de 290 recomendaciones, hablara de “muertes innecesarias de pacientes debido a errores en la asistencia y mala praxis”, como publicó en su día The Guardian. Se habló que había primado "la consecución de objetivos económicos por encima de la calidad del servicio". 

 

 

Ya en la primera investigación en 2009, de las cinco realizadas sobre la gestión del Hospital Mid Staffordshire, se conoció que habían muerto entre 400 y 1.200 personas más de las que se esperaba por estadística.

En las siguientes investigaciones se puso de manifiesto que faltaba personal, y el que había, no estaba suficientemente cualificado. Médicos sin experiencia se ocupaban de pacientes con cuadros críticos y complicados así como se demostró que el personal de recepción era el que tomaba la decisión de si un paciente ingresaba en cuidados intensivos o no. Tras esto, Martin Yeates, jefe ejecutivo del hospital y Toni Brisby, presidente de la fundación que gestionaba el centro, dimitieron.

 

 

Este informe recomendaba una reforma del sistema de control, porque se demostró que no se habían detectado a tiempo “graves deficiencias”, como en el caso del Hospital de Stafford donde habían fallecido 400 de los 1.200 pacientes por fallos de 2005 a 2009, incluyendo dos bebes por negligencia.

Se habló incluso de la necesidad de los pacientes a acudir a familiares para que les consiguieran comida y bebida así como fallos en diagnósticos y administración medicinas que llegaban tarde o no llegaban, “muchos pacientes sufrieron experiencias horribles”, comentó Robert Francis, mientras que el primer ministro, David Cameron, tachó de "espantoso" las prácticas llevadas a cabo por el Hospital de Stafford, "Había pacientes tan desesperados por el agua que bebían de floreros sucios", señaló.

 

 

Desde el Gobierno se han puesto en marcha cambios en la supervisión y control de gestión de los hospitales, como medición de asistencia con evaluación familiar y de los amigos del paciente, aunque desde Sanidad no garantizan que se lleve a cabo las recomendaciones del informe.


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Denuncian que el kamikaze indultado volvió a conducir sin carné tras el accidente

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.lasprovincias.es/v/20130305/valencia/denuncian-kamikaze-indultado-volvio-20130305.html

 

Sin respuesta. Con un silencio administrativo que equivale a un 'no'. Así se ha quedado la familia de José Alfredo Dolz después de presentar, hace un mes, un recurso ante el Ministerio de Justicia para que retirara el indulto concedido al conductor kamikaze que acabó con la vida del joven el 1 de diciembre de 2003 en Polinyà del Xúquer, cuando circulaba en dirección contraria por la AP-7.

 

 

Ayer, el mismo día en que se agotaba la vía ministerial de recurso contra la medida de gracia, el letrado de los Dolz, Agustín Ferrer, anunció nuevas acciones legales contra el causante del accidente tras descubrir que después del siniestro «fue multado por velocidad antes del juicio, cuando tenía el permiso de circulación retirado cautelarmente por orden del juzgado de Sueca que instruyó el siniestro».

 

 

Según Ferrer, la familia se topó recientemente con un documento público, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), en el que aparece que el procesado «fue multado en Benalmádena (Málaga) el 22 de febrero de 2010», pocos meses antes del juicio en la Audiencia de Valencia, celebrado a finales de noviembre de ese mismo año.

Esta página del BOCM, a la que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, ha desatado todavía más la indignación de la familia Dolz. En palabras del letrado, «si finalmente se demuestra que este hombre iba al volante supondría un quebrantamiento de orden judicial».

Por este motivo, Ferrer anunció que pondrá los hechos en conocimiento del juzgado de Sueca que investigó en su día el accidente, «el órgano judicial que estimó conveniente retirarle por precaución el permiso de conducir».

 

 

Ayer, fue un nuevo día de rabia contenida e impotencia para la familia Dolz. Concluyó el plazo legal del que disponía el Ministerio de Justicia para pronunciarse tras el recurso contra el indulto presentado por la familia hace ahora un mes en Valencia. La petición ha ido acompañada de casi 50.000 firmas de ciudadanos que se oponen a que el hombre, condenado a 13 años de cárcel, quede en libertad tras haber cumplido unos pocos meses.

 

 

De nada ha servido el apoyo de la asociación STOP Accidentes, de los ayuntamientos valencianos, de los letrados de la Comunitat y de otros muchos estamentos judiciales. En este tiempo, lo único que ha logrado la familia de José Alfredo por parte del ministerio es una carta de recepción del recurso.

Según Ferrer, ante este tipo de escrito «pueden optar por negarse con unos argumentos o bien por el silencio administrativo, que también equivale a un 'no'». Esto último es lo que ha ocurrido. Al cierre de esta edición, ni la hermana de la víctima, Loreto Dolz, ni su letrado habían recibido comunicación alguna por parte de Justicia.

 

Agotada esta vía, ya sólo queda un camino para que la familia de la víctima vea cumplido su deseo de volver a ver entre rejas al kamikaze: el otro recurso contra el indulto que se interpuso paralelamente ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. «Pero esto», augura Ferrer, «puede durar meses o incluso años».

 

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El PP ordena a sus dirigentes que boicoteen los programas de televisión enemigos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=71297&name=nacional

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Otra lección de transparencia: el PP no permite a sus altos cargos acudir a los programas de debate político que emiten emisiones críticas contra el gobierno o el partido.

 

 

Los primeros afectados, por ahora, han sido 'La Sexta Noche' y 'El Gran Debate', espacios que compiten en la noche de los sábados desde 'La Sexta' y 'Telecinco' con un contenido centrado en el debate político y, en los que, últimamente, en paralelo con la actualidad, asuntos incómodos para el partido de Rajoy como el 'caso Bárcenas' han tenido un seguimiento detallado. 

Antes de que Génova diera la orden, la presencia de los altos cargos populares era moneda común en ambos programas donde, además, se cuenta con tertulianos de todas las tendencias políticas y en los que destacados profesionales reputados como conservadores suelen fajarse contra sus compañeros progresistas en cada edición.

 

 

La noticia fue anunciada en antena por los directores de ambos programas, Felix López y Jordi González, respectivamente, que ampliaron está información posteriormente, a través de twitter, y aseguraron que no habían recibido ningún tipo de explicación del Gabinete de prensa del partido.

La primera consecuencia de este boicot en el programa de 'La Sexta' fue la cancelación de una entrevista con la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, que ya había aparecido en el programa y había aceptado volver para mantener una conversación en profundidad con Félix López.

 


En los últimos tiempos, en una dinámica iniciada por el propio Rajoy, en el PP empiezan a generalizarse las apariciones públicas en las que no se permite a la prensa realizar preguntas. Una decisión que contrasta con los llamamientos a la transparencia que realizan constantemente los políticos de este partido.

Al respecto, el periodista Jordi Évole, director del programa de 'Salvados' pidió a sus compañeros de profesión que se marchen inmediatamente de todas las ruedas de prensa en las que no se permitan preguntas. Évole, realizó estas declaraciones, precisamente, en una entrevista concedida a 'La Sexta Noche'.


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Si no quieres que se sepa, cuéntalo un sábado

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/mariano_rajoy-gobierno-_partido_popular-inaki_urdangarin-duque_de_palma-noos-casa_real-corrupcion-boe_0_104639767.html

Muchas de las comparecencias y publicaciones más espinosas del Gobierno y la Casa Real se han producido en sábado.

La elección de los días no es casual: la audiencia televisiva de los informativos se desploma y la noticia se diluye.

Sube, eso sí, la audiencia en prensa, pero esta apenas es leída por el ciudadano medio.

 

 

La última moda, de unos meses a esta parte, es que las comparecencias más peliagudas del plano político español sean los sábados o domingos. La Casa Real y el Gobierno acumulan casos que tienen poca pinta de ser casuales: muchas repeticiones de algo hasta entonces inédito en poco tiempo y, además, siempre en sábado, el día de menor cobertura informativa de la semana.

La estrategia de los sábados arrancó, curiosamente, un domingo. Rajoy se vio obligado a comparecer ante la imparable carrera ascendente de la prima de riesgo y los crecientes rumores sobre un rescate económico. Compareció ante los medios y después salió rumbo a la Eurocopa de fútbol, donde su celebración de un gol de España dio la fotografía de portada a todos los periódicos del día siguiente.

 

 

Durante varias semanas poco después el Gobierno puso en marcha una estrategia de ocultación de medidas de ajuste, de las que no daba detalle ni explicación en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes, pero que luego eran publicadas el sábado en el BOE.

El caso más sonado fue el del BOE del 14 de julio de 2012 ( PDF), cuando se conocieron las restricciones de los parados con prestación para viajar, la subida de precio de la energía, la supresión de la subvención hipotecaria, la especificación de los nuevos tramos del IVA, la explicación de la nueva retención del IRPF, o los nuevos requisitos para acceder a los 426 euros para parados que hayan agotado su prestación.

 

 

La estrategia duró el tiempo que tardaron algunos periodistas en darse cuenta y aguardar cada semana a la poco gratificante lectura del BOE para desentrañar aquello que el Gobierno no había querido contar.

La técnica se usó también en otro contexto: la primera comparecencia ante el juez del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, por liderar una supuesta trama de desvío de dinero público fue en sábado.

La decisión en este caso no corresponde a la Casa Real, sino al magistrado que le citó. Como también fue decisión del juzgado autorizar la entrada de Urdangarin en coche en lugar de por donde entran todos los acusados.

 

 

Sucedió de nuevo, mucho tiempo después, cuando Rajoy hizo su primera comparecencia pública por el escándalo de corrupción en torno al extesorero de su partido, Jesús Bárcenas. Fue un sábado en el que reunió de forma extraordinaria a la cúpula de su partido para tratar el asunto a puerta cerrada, aunque la sala de prensa de Génova se llenó para ver la intervención del presidente del Gobierno, que se retransmitía a través de un monitor.

Fue en esa comparecencia en la que no compareció en la que prometió publicar sus datos fiscales. Los datos, que obviamente no recogen si hubo algún cobro en negro, y que se presentaron en formato resumido y en PDF para que no pudieran ser reutilizados, se subieron a la página web del partido un sábado.

 

 

Volviendo al 'caso Urdangarin', la comparecencia de su socio en Nóos, Diego Torres, también fue un sábado. Ese día, de mucha menor audiencia, los medios digitales abrieron con la noticia de que Torres implicaba de lleno a la Casa Real en la trama, desde la infanta hasta el rey.

El 23 de febrero, un nuevo capítulo sabático: Urdangarin comparecía por segunda vez y, con unas horas de distancia, también Carlos García Revenga, secretario de las infantas y cargo de confianza de la Casa Real. Ambas, comparecencias históricas en un día de escaso flujo informativo.

 

 

¿Por qué sábado?

En los medios de comunicación hay franjas de audiencia dependiendo del tipo de producto que sean. Sucede, por ejemplo, con las radios, que suelen funcionar mejor por las mañanas y por las noches (consumo musical y magacines informativos) o los fines de semana (crónica deportiva).

Sucede también con la prensa digital, que tiene en los horarios de oficina entre semana las principales horas de audiencia, salvo en ocasiones los contenidos culturales y deportivos.

Sólo hay un formato de información general cuya audiencia, en circunstancias normales, repunta en fin de semana: la prensa impresa. De hecho, es el medio de mayor influencia política, si se atiende a la trascendencia que han tomado las exclusivas periodísticas de El País y El Mundo respecto al 'caso Bárcenas'.

 

 

La primera conclusión podría parecer, vista la técnica de llevar las malas noticias a los sábados, que el Gobierno piensa en la cobertura que se hará en prensa impresa.

La cuestión es otra: mientras la prensa se consume mucho más en domingo (el día en el que se contarán las noticias ocurridas un sábado), la televisión se desploma en sábado. La estrategia es, más bien, evitar que las televisiones cuenten las malas noticias y que sea la prensa la que lo haga. ¿Por qué? Porque será más influyente en lo político, pero también un formato muchísimo menos seguido por la población en general.

 


Con datos de 'difusión de anexos' de la OJD, se puede comprobar cómo en los principales periódicos es mucho mayor la difusión un domingo que entre lunes y sábado. Y precisamente, dado que la prensa impresa publica las noticias al día siguiente de que se produzcan, sería el domingo cuando se publicaría en primera página de todos los periódicos lo que ha sucedido el sábado, el día que se supone que menor exposición mediática hay.

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La clave está en el brutal retroceso de la penetración de la prensa. De acuerdo con los datos de la AIMC en su última oleada (febrero-noviembre de 2012, PDF) apenas tiene una penetración del 36,1% entre la población y, cuando la tiene, es gracias a la prensa deportiva: Marca es el diario más leído con tres millones diarios, seguido por El País con 1,9 y de As, con 1,4 millones.

Dicho de otra forma: el ciudadano medio apenas lee prensa impresa, cada vez menos y, cuando lo hace, lee mayoritariamente prensa deportiva.

La prensa es influyente en lo político, sí, pero si hay un medio de consumo generalizado, es la televisión, con diferencia el medio con mayor penetración entre los ciudadanos, según los mismos datos de la AIMC.

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Pero la televisión es particular en su consumo, por dos razones. La primera, por qué se consume: sobre todo entretenimiento (programas, películas, concursos), pero también informativos.

Por ejemplo, el miércoles día 20 de febrero, si se hiciera un top 10 en función del 'share' conseguido, el informativo más visto del día sería el sexto en una lista copada por los programas.

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La segunda particularidad de la televisión es, tomando sólo los informativos, cuándo se consume: el sábado es el día de la semana en que menos se ven los informativos. Se toma para el gráfico de abajo la semana del 11 al 17 de febrero.

Se puede ver que tanto en audiencia total de los informativos en ambas franjas (día y noche), como en share medio de los informativos en ambas franjas, como en rating medio en ambas franjas, el peor día es el sábado. Para las audiencias, y para las noticias del Gobierno y de la Casa Real.

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* Nota: El martes aparece más bajo en audiencia total porque el dato tomado corresponde a un martes en el que se jugó un partido de Liga de Campeones y la edición nocturna del Telediario de TVE no computa para la audiencia, sumando cero (aun así, con un informativo menos, el sábado tiene peor audiencia).


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El Gobierno cambiará el término imputado para intentar frenar el desgaste judicial del PP

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.diarioinformacion.com/politica/2013/02/23/gobierno-cambiara-termino-imputado-frenar-desgaste-judicial-pp/1346890.html

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Gallardón prepara una modificación legal para sustituir la calificación de la imputación por la de encausado o investigado y, de esa manera, aliviar la presión por los casos de corrupción que, como ocurre en la Comunidad, acorralan a la cúpula popular.

 

 

El Gobierno prepara una modificación legal sobre la calificación del término imputado que tiene como principal objetivo aliviar la presión sobre la clase política y, especialmente, intentar poner freno al desgaste judicial del PP que, en el caso de la Comunidad Valenciana, afronta, a día de hoy, nada menos que 14 investigaciones por corrupción que acorralan al Consell que dirige Alberto Fabra.

Durante una reunión celebrada el pasado fin de semana en Génova, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a las organizaciones territoriales del PP -entre ellas las tres direcciones provinciales de la Comunidad- su intención de sustituir la imputación -convertida, en opinión de altos cargos populares, casi en un sinónimo de condena a efectos de imagen social- por el de "encausado o investigado".

 

 

Acuciados por los casos de corrupción -Bárcenas en España y la suma de Gürtel, Brugal, Cooperación, Nóos o la visita del Papa, entre otros, en la Comunidad- a los populares no les queda otra que intentar capear el temporal. Cavar una trinchera en la que tratar de defenderse frente al desgaste que sufre la marca del PP en los juzgados.

Entre los notables populares se ha extendido la opinión de que la imputación -en realidad una garantía procesal que permite a un acusado disponer de abogado para su declaración y tener acceso a las actuaciones- se ha convertido en un lastre que, sin ni siquiera mediar una condena, condiciona el futuro de una trayectoria política.

Junto a eso, además, la situación económica atiza todavía más, si cabe, la crítica contra los cargos públicos. Abono de primera calidad para que un paso judicial como la imputación -palabra que el PP y el PSOE se han encargado de usar como arma arrojadiza- se convierta en un problema de primera magnitud.

 

 

Hace una semana, precisamente, la cúpula nacional del PP citó a sus organizaciones territoriales en Génova para marcar estrategia frente a los casos de corrupción y a los efectos de una crisis que ha colocado a los populares entre la espada y la pared. En España, los sondeos colocan al PP en niveles de respaldo electoral de la década de los 80.

Y en la Comunidad Valenciana, sin ninguna duda, los populares atraviesan por su peor momento desde que llegaron a la Generalitat y al gobierno de las principales instituciones hace ahora casi 18 años. 

 

 

En una de las reuniones, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, trasladó a los dirigentes territoriales su intención de modificar la ley y cambiar la calificación de la imputación. Gallardón explicó que, en principio, el texto que baraja su departamento apunta a sustituir el término "imputado" por "encausado" o "investigado".

Con la reforma que prepara el Gobierno, la imputación formal se produciría en el momento en el que el instructor, en el caso de que así lo considere oportuno y en función del avance de la investigación, decrete la apertura del juicio oral.

Es decir, los dirigentes envueltos en problemas judiciales ganarían un cierto espacio temporal mientras se alargan las pesquisas.

 

 

No se trata, por tanto, de una cuestión puramente semántica. De consumarse esta decisión, los políticos investigados por corrupción sortearían un estado judicial que se ha convertido en una losa para su futuro y esquivarían, de alguna manera, el efecto negativo para sus intereses que supone la lentitud de la instrucción.

Es decir, el Gobierno intentaría frenar, de esta forma, el deterioro que sufre el PP y disponer de margen de maniobra no sólo a la espera de que la recesión económica mejore sino también, especialmente, a la hora de tomar decisiones drásticas contra los políticos inmersos en sumarios judiciales.

Uno de los ejemplos más claros de esta situación aparece, sin duda, en las Cortes, donde, actualmente, Fabra, tiene encima de su mesa una "patata caliente" con nueve imputados en la bancada popular. Este cambio legislativo sería, desde luego, un alivio para el jefe del Consell a la espera de más decisiones judiciales.

 

 

La modificación que prepara Gallardón, aunque en el fondo supone cambiar las reglas de juego en pleno partido para limitar las opciones del rival, encaja con una opinión bastante generalizada en el PP que apunta a la necesidad de suavizar la actuación contra los políticos hasta que el procedimiento judicial no esté avanzado como respeto a la "presunción de inocencia".

A día de hoy, sin embargo y como admiten cargos del PP, cualquier decisión que pueda parecer a ojos de la ciudadanía como un intento de "poner sordina" a la corrupción puede volverse en contra.

 

 

Los casos concretos y el "cariño" a los imputados

Entre los dirigentes populares valencianos, para justificar el cambio en el que trabaja el Gobierno, siempre aparecen tres nombres que salieron airosos de una imputación: el ministro José Manuel Soria; el actual síndic del PP en las Cortes, Jorge Bellver; o Dora Ibars, destituída como alto cargo del Consell por su imputación en Gürtel y reintegrada por Fabra a sus funciones tras levantarle el juez esa condición.

En contra del PP, sin embargo, este cambio legal se conoce después de que los imputados de las Cortes pidieran más cariño a la cúpula popular durante una reunión.


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Rajoy tarda 48 horas en aprobar los ‘minijobs’ juveniles, su plan para maquillar las cifras de paro

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elboletin.com/index.php?noticia=70792&name=economia

Dicho y hecho. El presidente del Gobierno anunció en el debate del estado de la nación su nueva estrategia para fomentar el trabajo precario entre los jóvenes y ha tardado menos de dos días en aprobar el plan, que incentivará el trabajo parcial, temporal y en prácticas para los menores de 30 años.

 

 

El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto, que publicará mañana el BOE, que modifica las condiciones bajo las que se pueden firmar contratos temporales. Hasta ahora, cuando se rubricaba un compromiso eventual, la compañía debía aducir una causa (estacionalidad, aumento de la producción…), pero tras las entrada en vigor de la nueva norma ser menor de 30 años y estar buscando el primer empleo permitirá obviar los requisitos. 

 

 

El Ejecutivo de Rajoy también impulsará a las empresas que hagan contratos a tiempo parcial, que suponen cotizaciones muy bajas y peor protección social, para los jóvenes hasta que la tasa de desempleo no baje del 15% (actualmente se encuentra en el 26%). Para ello, ofrecerá incentivos: reducción del 75% de las cuotas a la Seguridad Social a las empresas con más de 250 empleados y del 100% a las que cuenten con menos de 250 trabajadores.

Además, las que realicen contratos en prácticas podrán disfrutar de una reducción de cuotas por contingencias comunes de hasta el 50%. 

 

 

Jóvenes autónomos

Por otro lado, los jóvenes autónomos menores de 30 años podrán contratar a un parado de larga duración mayor de 45 años con una reducción del 100% de la cuota de la empresa a la Seguridad Social por contingencias comunes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que estas medidas buscan “fomentar el autoempleo de los más jóvenes y la contratación de menores de 30 años a través de bonificaciones”.

 

 

La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven incluye el resto de medidas que se han ido conociendo en las últimas semanas, como el establecimiento de una ‘tarifa plana’ de 50 euros en la cotización a la Seguridad Social durante seis meses para los autónomos menores de 30 años.

En este caso, el Ejecutivo establece que el acceso a esta ‘tarifa plana’ de 50 euros tendrá una duración de un año en el caso de los emprendedores con discapacidad.

Asimismo, los jóvenes autónomos, una vez transcurridos los seis meses de la ‘tarifa plana’ se beneficiarán de una reducción de la base mínima del 50% durante otro medio año, de una reducción del 30% de la cuota durante los tres meses siguientes y de una bonificación también del 30% en los quince meses siguientes.

En conjunto, los jóvenes emprendedores contarán con dos años y medio de bonificaciones en sus cuotas a la Seguridad Social.

 

 

Los jóvenes emprendedores también podrán compatibilizar el inicio de su actividad por cuenta propia con la prestación por desempleo durante nueve meses y podrán recuperar esta prestación si su empresa fracasa en un plazo inferior a cinco años (hasta ahora eran dos años).

El Ejecutivo también amplía las posibilidades capitalización del paro para iniciar una actividad por cuenta propia, permitiendo a los menores de 30 años capitalizar el 100% de la misma para realizar una aportación a una sociedad mercantil, siempre y cuando sea con una relación laboral o profesional de carácter indefinido.


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España y la polémica relación entre las grandes empresas y los políticos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4620912/02/13/Espana-y-la-polemica-relacion-entre-las-grandes-empresa-y-los-politicos.html

La España de los casi seis millones de parados, la de las duras recetas contra el déficit, la que no confía en sus gobernante, es también la de frecuentes vínculos entre las grandes empresas y los políticos. Más de una treintena de ex altos cargos, familiares de políticos o personas vinculadas a la Casa Real trabajan para las mayores empresas del país.

 

 

Los recientes escándalos relacionados con supuestos pagos ocultos en el seno del partido en el Gobierno han aumentado una crispación social que ha llevado la confianza de los ciudadanos en la clase política a mínimos históricos. Los últimos datos de la encuesta oficial del CIS revelan que, tras el paro y la situación económica, los políticos y la corrupción figuran entre las principales preocupaciones de los españoles.

 

 

¿Practica lícita, pero ética?

Desde ex presidentes de Gobierno a antiguos ministros, secretarios de Estado o, incluso comisarios europeos, más de una treintena de ex altos cargos, familiares de políticos o personas vinculadas a la Casa Real están a sueldo de diez de las mayores empresas cotizadas españolas en una práctica lícita pero que, en ocasiones, genera polémicas de carácter ético o incluso estético.

 

 

"Resulta lógico que las empresas incorporen a algún consejero procedente de la Administración, que les pueda asesorar sobre las formas del poder, lo mismo que los grandes despachos de abogados contratan ex fiscales o ex magistrados (...) pero hay una serie de cuestiones que, a mi modo de ver, enturbian determinados casos", explica a Reyes Calderón, Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra y profesora de Gobierno corporativo, quien califica de "laxa" la legislación.

 

 

La actual Ley de Incompatibilidades establece, con carácter general, un período de dos años de abstinencia en cualquier actividad de la empresa privada que esté relacionada directamente con las competencias que un alto cargo político hubiera tenido en su mandato.

No obstante, el período contempla excepciones que están sometidas a validación de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas que es, en última instancia, quien decide sobre la incompatibilidad o no.

 


A principios de año, dos grupos de la oposición presentaron en el Congreso de los Diputados dos proposiciones separadas para revisar la regulación y aplicar un mayor rigor al régimen de incompatibilidades.

"La legislación (...) aún permite que se produzcan situaciones cuya ética es discutible, pues pueden hacer pensar razonablemente a los ciudadanos que se adoptan decisiones, aun en el ámbito privado, guiadas por una influencia indebida", argumentó en su solicitud de revisión de la ley el Grupo Mixto.

 

 

Por su parte, los parlamentarios agrupados en la Izquierda Plural mencionaron para defender su proposición un reciente escándalo de un directivo de una empresa a la que se le adjudicaron pruebas clínicas de diversos centros madrileños que fue el responsable de la privatización de ese servicio.

La repercusión mediática que tuvo el caso llevó a la dimisión del exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes.

 

 

Energía: regulación y privatizaciones

El sector energético, entre los más afectados por decisiones políticas al estar sometido a la regulación, es precisamente donde más abundan los consejeros, asesores, directivos o ayudantes que en algún momento tuvieron responsabilidades de Gobierno o tienen lazos familiares o de otros tipo con quienes las ejercen. Algunos achacan incluso el trasvase de la política a la empresa a las privatizaciones realizadas en el país en las últimas décadas.

 


"Otra cuestión clave son los sectores estratégicos en los que estos nombramientos se producen. Muchos de ellos proceden de empresas anteriormente públicas luego privatizadas", explica la catedrática de la Universidad de Navarra. "Ese proceso desordenado de privatizaciones ha tenido mucho que ver con esta abundancia, que es de todo signo político".

El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González forma parte desde 2010 del consejo de administración de Gas Natural en calidad de vocal independiente compartiendo asiento, entre otros, con Santiago Cobo, esposo de la diputada del Partido Popular Teófila Martínez.

 

 

En calidad de asesor externo, la también energética Endesa -privatizada entre 1997 y 1998 (en el primer Gobierno del PP)- contrató en 2010 al también ex presidente 'popular' José María Aznar, mientras que los ex ministros de Economía socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado ocupan puestos en empresas relacionadas.

El caso de la que fuera ministra de Economía del último Gobierno socialista es especialmente llamativo por veloz, ya que Salgado fue nombrada consejera de la filial chilena de Endesa apenas cuatro meses después de abandonar el Gobierno. Además, un mes después fue también fichada como asesora en Cataluña por parte del grupo concesional Abertis.

 

 

En su día, el nombramiento de Salgado en la eléctrica generó polémica entre los diputados, incluso entre algunos de su propio partido, aunque el argumentario era que la ex ministra fichaba por una empresa extranjera, por mucho que la matriz fuese española.

 

"La ley es laxa, y, a mi juicio, se incumple con total impunidad en algunos casos, como en el de la señora Salgado. La ley debería cambiarse no sólo en fondo, sino en lo relativo a su sentido y filosofía últimas", explicó Reyes Calderón.

Pero el listado de antiguos ministros en la nómina de empresas cotizadas es mucho más largo e incluye a políticos en activo de los últimos gobiernos populares (Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Abel Matutes o Isabel Tocino) o a responsables ministeriales socialistas (además de Solbes y Salgado, figuran Luis Carlos Croisser, Javier Solana, Narcis Serra, Josep Borrell o Javier Solana).

 

 

Pedro Solbes se convirtió en 2011 en consejero independiente de Enel, el gigante energético italiano que en 2007 ganó una batalla de opas por Endesa cuando el político ocupaba el máximo cargo en el ministerio de Economía.

Vea aquí con detalle todos los vínculos de políticos españoles con  las principales empresas del país (.pdf).

 

 

El refugio de Telefónica

La Telefónica cuya privatización inició en 1995 el último Gobierno del PSOE de Felipe González y completó el primer Ejecutivo de José María Aznar en 1999, ha sido el ejemplo emblemático, al convertirse en refugio de numerosos políticos y personas afines a diversos poderes, incluyendo algunos de los nombramientos más polémicos.

 


La operadora, en cuya nómina han figurado desde los ex ministros Eduardo Zaplana (PP) o Narcís Serra (PSOE) hasta el que fuera jefe de la Casa Real José Fernando de Almansa, saltó a los medios en 2012 cuando el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, renunció "voluntariamente" a sus cargos en la compañía meses después de su imputación por presunta apropiación indebida y tras ser retirado de la agenda de la Casa Real por el mismo motivo.

 

Poco después, en enero de 2013, Telefónica anunció el fichaje de quien fuera ministro de Economía durante la última fase de su privatización, Rodrigo Rato, meses después de que el también ex director gerente del FMI abandonase la presidencia de Bankia antes de la que sería la mayor nacionalización de la historia de España. Rato, imputado por la Audiencia Nacional en las investigaciones sobre Bankia, es asesor externo de la operadora para Europa e Iberoamérica.

 

 

Descrédito generalizado

Tras sortear un "rescate" soberano en el peor momento económico de la democracia española, el Gobierno de Mariano Rajoy afronta ahora el difícil reto de superar la corriente de descrédito de parte de la ciudadanía hacia una clase política que algunos contemplan como ajena a las consecuencias de la crisis.

 

 

En el primer debate sobre el Estado de la Nación desde su presidencia, Rajoy no ignoró el tema de la corrupción y aprovechó para anunciar una larga batería de medidas para fiscalizar la actividad de los políticos y de los partidos, incluyendo un refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.

 

 

"Yo, como todos ustedes, estoy dispuesto a perseguir la corrupción donde aparezca, pero no podemos permitir que se escriba, otra vez de España, una leyenda negra", dijo Rajoy tras defender la "honorabilidad" de la "inmensa mayoría" de la clase política.


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Ley de Dependencia: Un vacío legal deja sin prestación a familiares de dependientes fallecidos

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.hoy.es/v/20130216/regional/vacio-legal-deja-prestacion-20130216.html

Son casos previos a julio de 2012, que fue cuando se determinó que la familia podría cobrar si el enfermo moría antes de que el expediente se resolviera.

 

 

El padre de Margarita Jiménez sufrió un derrame cerebral a finales de marzo de 2010. A mediados de abril su familia inició en el Sepad (Servicio de Atención a la Dependencia) de Mérida el expediente para pedir una ayuda acogiéndose a la Ley de Dependencia, sobre el que no volvieron a tener noticias hasta siete meses después, en octubre, que fue cuando contrataron una auxiliar de una empresa que atendía al hombre varias horas del día.

 

 

Se les dijo que para pagar ese servicio tendrían que adelantar 625,47 euros mensuales y que se les iría devolviendo cuando el expediente se resolviese. Eso hicieron durante tres meses hasta que en enero de 2011 el padre falleció sin que el expediente que se había iniciado casi un año antes se hubiera resuelto.

Precisamente por eso, porque murió antes de que la Administración pusiese su punto y final burocrático, a la familia no le devuelven los 1.700 euros que adelantaron.

 

 

«Queremos que la opinión pública sepa lo ocurrido en el caso de mi padre con la Ley de Dependencia y denunciar lo que creemos que es un engaño y un robo por parte de la Junta, no sólo a nosotros sino a varias familias en la misma situación. Es una auténtica vergüenza que se juegue así con el dinero y se vulneren los derechos de unas personas indefensas cuando más lo han necesitado y tienen derecho por ley», señala Margarita Jiménez.

 

 

Desde la Junta se reconoce que hay «familias de dependientes fallecidos que adelantaron el dinero y no lo han cobrado». Lo achacan a un vacío legal en la Ley de Dependencia, según el cual en el caso de que el dependiente falleciera entre la aceptación de su Proyecto Individual de Ayuda (PIA) y la resolución del mismo, la normativa no establecía cómo debía obrar la Administración.

Para acabar con esta situación el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del que forman parte Estado y comunidades autónomas estableció en julio pasado que «el derecho a recibir la prestación económica es efectivo desde el momento en el que la Administración dicta la resolución por la que se aprueba el Programa Individual de Atención del beneficiario.

 

 

En consecuencia, si el beneficiario falleciera entre la fecha en que se dicta la resolución y el día en que la Administración le debiera empezar a pagar su prestación, se abonará a sus familiares la cuantía correspondiente a esos días en los que ya tenía aprobado su PIA», señalan desde la consejería de Salud y Política Social.

 

 

Una determinación a la que parece que han llegado tarde los Jiménez, ya que la última comunicación que aseguran que han tenido del Sepad «es que no vamos a recibir nada».

No son los únicos que se han visto envueltos en esta situación que la propia Junta califica «de incertidumbre» y a la que desde el propio Sepad se quiso poner freno en abril dictando una instrucción que da la opción de adherirse a un contrato de cláusula suspensiva, de modo que no se tenga que contratar el servicio en el momento que acepta su proyecto sino una vez que recibe la resolución definitiva.

«Así se le da opción de decidir si quiere o no adelantar el dinero que supone esa contratación», indican desde la Junta.

 

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Así compra la Junta de Andalucía a los medios de comunicación

Publicado en por Skiper

Fuente: http://insurgente.org/index.php/mas-noticias/falsimedia/item/3856-as%C3%AD-compra-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-a-los-medios-de-comunicaci%C3%B3n

Pocas personas son las que dudan que la Junta de Andalucía tras 30 años de gobierno PSOE, conforman un régimen. Y ellos saben bien que esto pasa por el control absoluto de los medios de “comunicación”. Ayudas y subvenciones hace que luego esos medios no puedan morder la mano que les da de comer. Una práctica habitual, el PP donde gobierna y el PSOE (y sus aliados) donde gobierna.

 

 

En cuanto a los medios de comunicación, se aprobaron patrocinios y contratos por 1.003.683,38 euros. Más de la tercera parte, 359.195,69 euros, fue adjudicada a medios del Grupo PRISA. Entre estos, la más beneficiada fue la Cadena Ser.

Se hizo con una 'Campaña de Navidad' de 150.000 euros y un patrocinio de 105.743,11 euros destinados al patrocinio del programa Carrusel Deportivo en noviembre y diciembre de 2012. Otros dos patrocinios concedidos a PRISA son los 70.528,48 euros otorgados para El País Semanal (también para noviembre y diciembre de 2012) y los 32.924,10 euros para las guías de viajes de El País, El Viajero, para los mismos meses.

 

 

El segundo grupo de medios por cantidad otorgada fue Vocento, para el que se aprobaron contratos y patrocinios por 258.626,41 euros. Más de la mitad de esta cifra corresponde a un convenio o contrato, no se especifica, para la cobertura del citado World Trade Market en noviembre de 2012. Se aprobó para ello una partida de 149.460,41 euros que tuvo como adjudicatario a Corporación de Medios del Sur.

A esta misma filial de Vocento se le concedió el patrocinio de Andalucía Costa del Golf (octubre a diciembre de 2012) por 41.562 euros y el de Rutas turísticas de interior (durante los mismos meses) por 32.894 euros. A otra filial de Vocento, Corporación de Medios de Andalucía, se le concedieron 34.710 euros como patrocinio de la sección Rutas por Andalucía.

 

 

Al grupo Joly se le destinaron 130.490 euros, dividido en un patrocinio de la 'Sección Rutas' (octubre a diciembre de 2012) por 41.055 euros y otro para una página diaria sobre turismo (durante los mismos meses) de 89.435 euros. Este conglomerado de periódicos posee nueve cabeceras en Andalucía: Diario de Cádiz, Diario de Jerez, Europa Sur, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Huelva Información, Granada Hoy, Málaga hoy y Diario de Almería.

 


El capítulo de medios privados se cierra con la empresa Gestión Directa, a la que se otorgan 53.999 euros como patrocinio e la Revista Andalucía Única; El Correo de Andalucía, patrocinado con 39.681,28 euros para el cuarto trimestre de 2012, y El Caminante de Unidad Editorial, beneficiado con un patrocinio de 32.188 euros para el mismo periodo.

A todo lo anterior hay que sumar una inyección de 75.504 euros destinada a la muy cara cadena pública Canal Sur Televisión. En este casi se trata del patrocinio del programa Andalucía durante los tres últimos meses de 2012.


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