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Sin aclarar qué hará con la ley, Interior incrementa ya el gasto en seguridad ciudadana

Publicado en 28 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://www.publico.es/485030/sin-aclarar-que-hara-con-la-ley-interior-incrementa-ya-el-gasto-en-seguridad-ciudadana

El Ministerio de Interior destinará 5.264 millones de euros a esta área en 2014, lo que supone un incremento del 1,38% respecto al año anterior, pero reduce la oferta pública de empleo. Más de dos millones de euros irán para comprar nuevos chalecos antibalas.

El Gobierno ha causado una gran expectación con el anuncio que hizo la semana pasada de su borrador de anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que antes de hacerse público su contenido ya fue bautizada como "ley mordaza" y despertó críticas provenientes de todas las arenas.

Mientras el Ministerio de Interior mantiene la expectación, y anuncia modificaciones que tampoco especifica, lo que sí ha hecho ha sido aumentar el presupuesto destinado a seguridad ciudadana en un 1,38% respecto al año anterior.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha comparecido este martes en la Comisión de Presupuestos del Senado para exponer las líneas generales del presupuesto del Ministerio del Interior para el ejercicio 2014, según recoge una nota de prensa. En un momento en el que todas las partidas se ajustan a la aclamada austeridad que imponen los conservadores, el ministerio de Jorge Fernández Díaz dedicará 5.264 millones de euros a la seguridad ciudadana.

A esa cantidad hay que sumar 82,2 millones de euros del programa para actuaciones policiales en materia de droga. Para justificar estas medidas, Martínez ha dicho que la seguridad es una "prioridad del Gobierno", pese a que los índices de delincuencia no han parado de bajar durante los últimos años.

Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior.

El presupuesto aumenta pese a que el gasto destinado a lucha contra el terrorismo y protección de personas amenazadas ha disminuido drásticamente desde que ETA anunciase el fin de su actividad armada. Frente a los 136 millones de euros que en 2009 se destinaban a labores de protección en el País Vasco y Navarra, en 2014 se prevea un gasto de unos 35 millones.

Por otra parte, la Policía Nacional gastará el próximo año dos millones de euros para dotar a unos 6.600 agentes de chalecos antibala y dedicará 13.000 euros en cambiar las divisas de los uniformes que distinguen las categorías de sus efectivos, con el objetivo de reforzar y diferenciar la identidad del cuerpo, según recoge la Agencia Efe.

Cosidó ha destacado el esfuerzo del Ministerio del Interior de dotar de chalecos antibala a todos los agentes que prestan sus servicios en seguridad ciudadana, un plan iniciado el pasado año, dotado con unos nueve millones de euros y que tiene como objetivo que más de 21.000 agentes tengan este elemento de protección.

Así, ha recordado que en 2012 la Policía entregó más de 7.000 unidades, unos 6.600 este año y, el que viene, proporcionará otros 6.000.

El Ministerio aumenta el presupuesto pero recorta el número de plazas ofertadas para ser agente de Policía Nacional o Guardia Civil. Para justificar este hecho, Martínez se ha limitado a decir que la eficacia policial no se resiente con el menor número de agentes y por ello, a su parecer, hay que evaluar el modelo policial desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo. De todos modos, la ratio de policía pública en España se sitúa en términos ventajosos en Europa.

En cuanto a la ley de Seguridad Ciudadana, este mismo martes Interior ya ha avanzado que "el texto aún está en proceso de elaboración y puede sufrir nuevas modificaciones antes de ser presentado en el Consejo de Ministros". Ricardo Sixto, el diputado de IU en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, ha confirmado a Público que el Gobierno aún no les ha remitido el texto y que ningún miembro de dicha comisión ha tenido detalle alguno sobre los planes de Fernández Díaz para esta ley.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también está descontento con el juego mediático del PP, que anuncia reformas que luego no hace públicas y afirma que las modifica sin decir qué cambios impone.

"El SUP está a favor de una reforma que solvente las debilidades de la norma anterior, pero desconfía del efecto propagandístico de quienes se preocupan más del a proyección mediática que del fondo del problema", afirmaban recientemente en un comunicado.

En otro escrito, en el que dicen que "los medios están mejor informados" que ellos mismos sobre una legislación que, se supone, va dirigida a su protección, el SUP se pregunta que si "se va penalizar más severamente las agresiones e insultos a la policía", ¿por qué se sacan estos supuestos, al parecer, del código penal y se trasladan a infracciones administrativas?.

Hasta el pasado verano, todos los ciudadanos detenidos en los últimos años por las fuerzas de seguridad en manifestaciones del 15-M y movimientos similares habían quedado en libertad sin cargos por orden del juez, que nunca les condenó por los hechos de los que les acusaba la Policía.

Sin embargo, ahora recurrir ante los tribunales las multas que el Gobierno prevé aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costará entre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte.

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, tiene previsto interpelar este miércoles durante la sesión de control al Gobierno a Fernández Díaz sobre las sanciones que piensa incluir en la ley de Seguridad Ciudadana, una norma que, según el primer partido de la oposición, persigue "la represión de los ciudadanos" y de las "nuevas formas de protesta" surgidas al calor de la redes sociales, según recoge Europa Press.

Por su parte, Soraya Rodríguez ha vuelto a descalificar este martes los planes de Interior y ha acusado al Gobierno de querer pasar "de la mayoría silenciosa" a la que "tanto apela" a una "mayoría silenciada".

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Los 'minijobs' empobrecen Alemania pese a su récord de empleo

Publicado en 27 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2013/11/26/economia/1385466084_781768.html

El volumen total de horas trabajadas cae a niveles de 1991.

El porcentaje de pobres con ingresos inferiores a 980 euros al mes aumenta hasta el 16%.

El número de personas en riesgo de pobreza crece en Alemania, a pesar de que nunca antes hubo tantos empleados como ahora, según los resultados del Informe Social de 2013 publicado hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). El estudio, que hace una radiografía de la sociedad alemana a partir de numerosos sondeos y encuestas, muestra que en 2012 el país tuvo 41,5 millones de personas empleadas, la mayor cifra de su historia.

Sin embargo, el volumen de trabajo total se situó en niveles de 1991. Según se explica en el informe, realizado en colaboración con la Central Federal de Formación Política y el Centro de Investigación Social de Berlín, esto se debe a que en los últimos veinte años la media de horas trabajadas por persona ha bajado de forma continua.

Cada vez un porcentaje más elevado de la población trabaja, de modo voluntario o por falta de alternativas, a tiempo parcial. Esto responde a la implantación masiva en Alemania de los denominados minijobs, empleos con un máximo de 15 horas mensuales con un sueldo de 400 euros al mes, que ocupan a más de siete millones de personas.

Así, el número de personas sin contratos a tiempo completo o con empleos temporales creció hasta alcanzar prácticamente a un cuarto de la población germana (22%), afectando especialmente a las mujeres (33%), los jóvenes entre 15 y 24 años (33%) y aquellos que carecen de titulación (37%).

El porcentaje de población en riesgo de caer en la pobreza aumentó en los últimos años en el país y creció del 15,2% de 2007 hasta el 16,1% en 2011, según el informe, que considera “pobres” a aquellos que percibieron menos de 980 euros al mes en 2011. Este es precisamente el salario neto mas frecuente en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese porcentaje de "pobres" creció especialmente en los grupos de población entre 55 y 64 años, franja en la que se pasó del 17,7% de 2007 al 20,5% en 2011.

El incremento fue mucho menos significativo entre la personas comprendidas entre los 18 y los 24 años: del 20,2% en 2007 al 20,7% de 2011.

Según el estudio, el porcentaje de población que sufre “pobreza prolongada” aumentó notablemente: el 40% de las personas que en 2011 fueron consideradas en riesgo de pobreza había sufrido ya deficiencias en sus ingresos durante los cinco años anteriores.

Además, cada vez más personas pertenecientes al grupo de los que tienen menos ingresos juzgan su situación sanitaria como “mala” o “peor” que en los años anteriores, mientras que entre aquellos con niveles de renta superiores la percepción es la contraria.

La pobreza, según el informe, también influye en las expectativas de vida de la población: la esperanza de vida es once años menor para los hombres nacidos en sectores con baja renta respecto a los de renta alta, mientras que en las mujeres la diferencia es de ocho años.

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Soria maquillará el decreto de las renovables para evitar un aluvión de demandas

Publicado en 27 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://www.elboletin.com/economia/88347/soria-maquillaje-decreto-renovables.html

El decreto sobre las energías renovables que laminará las primas al sector e introducirá las polémicas multas al autoconsumo tardará otros tres meses en convertirse en realidad. Como poco. Antes, los técnicos del Ministerio de Industria tendrán que reescribirlo, con idea de evitar un posible aluvión de demandas.

Esto lo que asegura hoy la agencia Reuters en una información en la que cita, sin nombrarlas, a cuatro fuentes internas. Sin embargo, la reescritura de la polémica norma no introducirá demasiados cambios sustanciales. Al menos no en la línea deseada por los fondos internacionales y los inversores españoles perjudicados por el decreto.

Se trataría sólo de superar la actual situación, sobre todo porque ni la Comisión Nacional de Energía, ni el Consejo de Estado ni la Comisión Nacional de la Competencia habían dado el visto bueno al decreto. Y, aunque sus informes no son vinculantes, tanta negativa pesa y mucho sobre una Ley que parece nacer contra todo y contra todos.

Pero hay un elemento nuevo en el tablero, la recién creada Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), el nuevo ‘superregulador’, impulsado por el Gobierno que, además preside Fernando Hernández, que fue asesor en Industria del secretario de Estado de Energía Alberto Nadal.

Con una nueva redacción, es bastante probable, según las fuentes consultadas por Reuters, que la CMNC emitiera un dictamen positivo sobre la norma, que le vendría bastante bien.

Las fuentes de Reuters explican también que otro motivo que fuerza el nuevo retraso en la aprobación de la nueva norma de las renovables tiene que ver con las dificultades que “estarían encontrado Roland Berger y Boston Group para fijar la remuneración a las instalaciones afectadas tal y como les encargó el Gobierno.

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Los salarios de los directivos españoles son 127 veces superiores a los del resto de empleados

Publicado en 27 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-salarios-de-los-directivos-espanoles-son-127-veces-superiores-a-los-del-resto-de-empleados_tTRysndKg8ya5Xl7zProi2/

Los 15 sueldos más altos de los empresarios del Ibex

Aquellos que ocupan la más alta jerarquía de las empresas en Norteamérica, tendrían una remuneración 354 veces superior que los que menos ganan.

En Suiza se ha rechazado establecer un límite a los sueldos de la alta dirección.

Los socialistas españoles quieren llevar al Parlamento una propuesta similar a la helvética. Que el sueldo más alto en una empresa no sea más de doce veces superior a la remuneración más baja.

La crisis ha moderado salarios, pero no todos. Al contrario, porque como ya advirtió la OCDE en un informe el pasado mes de mayo, la brecha salarial ha aumentado.Un estudio realizado por el sindicato estadounidense AFL-CIO del que se ha hecho eco la agencia Bloomberg deja claro que la brecha salarial no se está reduciendo con la crisis.

Según sus cálculos, aquellos que ocupan la más alta jerarquía de las empresas en Norteamérica, tendrían una remuneración 354 veces superior que los que menos ganan. En Japón, 67 veces más; mientras que en Noruega, 58 veces más, y en Dinamarca, 48.

En España, y con crisis, la proporción sería de 127. Es decir, de media, el director general de una compañía, ganaría 127 veces más que el sueldo más bajo. En Alemania la proporción sería de 1/147; en Suiza, 1/148, y en Francia 1/104.El AFL-CIO ha realizado el estudio porque la SEC, la más alta autoridad en el mercado de valores, está estudiando la posibilidad de obligar a las compañías a hacer públicas estas proporciones.

Una medida para que los inversores, entre otras cosas, puedan valorar el impacto que tienen sobre los resultados, los altos salarios de los directivos.

En España, la CNMV prepara un nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo que deberá estar listo, como muy tarde, para el próximo mes de febrero. Sustituirá al de 2006, y aunque se ha llegado a especular con la posibilidad que se intente poner un ‘coto’ a los sueldos estratosféricos, los expertos no creen que sea posible. Se trataría, de una medida que en países como Francia y Alemania, se ha descartado, de momento.

En Suiza, este fin de semana, se ha rechazado por referéndum la propuesta socialista ‘1:12’ que pedía un límite a los salarios más altos para que no sobrepasaran en doce veces el más bajo de la misma empresa. Una idea que aquí, los socialistas españoles también quieren llevar al Congreso.

De momento, en nuestro país donde sí hay límites es en los bancos que han recibido ayudas públicas, y también, en las empresas estatales.Así, en los bancos con capital del FROB, un sueldo no puede ser mayor de 300.000 euros.

Aquellas entidades en los que el FROB no tiene presencia mayoritaria, pero sí han recibido dinero del Estado, hay un tope de 500.000.Desde febrero de 2012, en las empresas públicas, los directivos de las más grandes, no pueden ganar más de 105.000 euros de salario fijo. Los de las medianas, 88.000; y los de las más pequeñas, 55.000.

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Protestas en Japón contra el nuevo proyecto de ley sobre secretos de Estado

Publicado en 23 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/112148-japon-protestas-ley-secretos

Miles de personas se manifestaron en Tokio contra un proyecto de ley que endurece las penas para los funcionarios denunciantes de información con hasta 10 años de cárcel. Los activistas afirman que la ley ayudaría al Gobierno a encubrir escándalos.

Un teatro al aire libre con capacidad para 3.000 personas en un parque en el centro de Tokio, cerca del Parlamento, no fue suficiente para recibir a todos los que llegaron este jueves para denunciar los planes del Gobierno de ampliar considerablemente la definición de información clasificada, una ley que según los manifestantes daña la Constitución del país y su democracia.

Según las estimaciones de los organizadores, unas 10.000 personas se congregaron hombro con hombro en el teatro y fuera de él, sosteniendo pancartas que decían "No nos quitarán nuestra libertad". La aprobación de la ley, propuesta por el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe, permitiría a las autoridades encarcelar a los funcionarios responsables de las fugas de información hasta por 10 años.

Esto amenazaría seriamente la libertad de prensa, ya que los medios de comunicación japoneses se enfrentarían a graves problemas para reunir información sobre temas candentes al ser reacios los empleados estatales a compartir datos por temor a la persecución.

La definición de lo que será designado como secreto no está clara, y los burócratas denominarán los secretos de manera muy arbitraria. Es por eso que un grupo de periodistas japoneses se reunieron en el distrito de Nagatacho, cerca del Parlamento del país, para protestar contra el proyecto de ley.

Actualmente, las penas de prisión de largo término para los denunciantes solo se aplican a los ciudadanos japoneses que filtran datos clasificados que provienen de militares de EE.UU.

"La definición de lo que será designado como secreto no está clara, y los burócratas denominarán los secretos de manera muy arbitraria", asegura el periodista Soichiro Tahara, en declaraciones a 'Japan Daily Press'.

Los periodistas que hacen parte de las protestas han presentado una denuncia ante la Oficina del Gabinete, solicitando que el proyecto de ley sea desechado. La ley propuesta está concebida en términos tan amplios que permite una interpretación amplia que hasta podría ser utilizada para fines como, por ejemplo, ocultar información sobre la situación en la central nuclear de Fukushima.

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(El Sistema nos tiene miedo y se prepara para lo peor): Insultar o amenazar a un policía en una manifestación se sancionará con hasta 30.000 euros

Publicado en 20 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noticia-insultar-amenazar-policia-manifestacion-sancionara-30000-euros-20131119000324.html

Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa.

Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías.

En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. E

sto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas.

Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros medios de transporte como aviones.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.

PROHIBIDA LA PROSTITUCIÓN CERCA DE MENORES

Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial.

El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.

El Ministerio lleva trabajando en este Anteproyecto desde el inicio de la legislatura para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados.

En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves.

Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

COPIA LA MEDIDA CONTRA LA 'KALE BORROKA'

Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer "zonas de seguridad".

El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de 'kale borroka' y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave.

En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros.

Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.

El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Este anteproyecto regula como infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas "cundas", es decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y se consume droga.

MISMAS SANCIONES, NUEVAS PROHIBICIONES

Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.

Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática.

Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades.

Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.

Notas al margen por Skiper

La noticia no ha sido recibida con ningún agrado en portales de noticias como menéame.net. donde hasta la fecha presente ha tenido 2305 "meneos", 4037 cliks, y 4 páginas con 336 comentarios de usuarios poniendo verdes a la policía, los políticos y al gobierno del PP. http://www.meneame.net/story/insultar-amenazar-policia-manifestacion-sancionara-hasta-30-000/1

La gente no es tonta y se da cuenta de que esto son medidas represivas en plan fascista destinadas a que no nos desmadremos más ante las tropelías de este gobierno y a amedrentar a todo aquel que se oponga al gobierno con altísimas multas y leyes represivas estilo Franco sacadas de la manga cuando les parece oportuno.

Sinceramente me alegro de que algunos se quiten la careta y pasen directamente al modo fascista, cuando se lien a palos con nosotros por cualquier gilipollez entonces veremos quien puede más: si nosotros, el pueblo o ellos, el gobierno fascista del PP.

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El Ejército toma medidas ante los brotes de “radicalismo” en sus filas

Publicado en 20 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/11/18/actualidad/1384805934_740169.html

El Estado Mayor cree que "puede llegar a suponer una amenaza para la seguridad"

Descargable: Consulta el documento reservado del Estado Mayor.

Sustitución de musulmanes por iberoamericanos.

El Ejército está preocupado por la aparición en sus filas de brotes de radicalismo “ideológico, religioso o delictivo” y ha puesto en marcha un sistema de seguimiento para neutralizar a los sospechosos.

“La conducta de estos individuos constituye una debilidad para la institución y puede llegar a suponer una amenaza a la seguridad”, advierte un oficio reservado del Estado Mayor del Ejército de Tierra, fechado el pasado 24 de octubre, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Se ha detectado en el ET [Ejército de Tierra] la existencia de personal con indicios claros de radicalismo (ideológico, religioso o delictivo) cuyas acciones, en la mayoría de los casos, se circunscriben a su esfera privada y su entorno social”, comienza el documento oficial.

Aunque el texto no lo especifica, fuentes militares aseguran que el Estado Mayor está preocupado por la aparición en sus filas de fenómenos de extremismo religioso (como los grupos islamistas o salafistas) e ideológico, tanto de ultraderecha (neonazis) como de ultraizquierda (antisistema); así como por la presencia de individuos vinculados a la delincuencia común y, en especial, a bandas latinas, como los Latin Kings o Los Ñetas.

EL DOCUMENTO CONFIDENCIAL

El oficio reservado se titula “Medidas a aplicar sobre personal militar identificado con indicios de radicalidad”. “Para anular o al menos disminuir este riesgo”, continúa el documento reservado, “se establecerán una serie de medidas que serán aplicadas por el jefe de la unidad sobre el personal que se determine en cada momento”.

Por ejemplo, a los sospechosos se les deberá denegar, si la solicitan, o retirar, si ya la tienen, la habilitación de seguridad, que permite manejar información clasificada o acceder a dependencias restringidas.

Además, se les impedirá ocupar puestos de trabajo “en donde pueda ponerse en riesgo la seguridad en cualquiera de sus variantes o se pueda tener acceso a información sensible”.

El escrito enumera una serie de destinos vetados: la policía militar y la unidad de seguridad; la plana mayor; los locales donde se maneje documentación clasificada; las armerías, polvorines y parques de armamento; los centros de comunicaciones o sistemas de información; los puestos de conductor o escolta de autoridades; los de tirador de precisión o desactivador de explosivos; y “cualquier otro que se considere por el jefe de la unidad”.

Además, los sospechosos serán objeto de “seguimiento en la unidad en todo aquello relacionado con sus actividades o acciones de proselitismo, su grado de radicalidad y sus actividades públicas (en redes sociales, prensa, Internet, etcétera)”.

También se controlarán sus “situaciones procesales o delictivas fuera del ámbito de las FAS [Fuerzas Armadas]”, así como sus “notificaciones de salida al extranjero”.

Se propone apartar a los sospechosos de los destinos militares sensibles

El oficio recomienda la “aplicación, en cuanto sea posible, de la normativa de personal en lo relativo a las facultades profesionales o psicofísicas, de las acciones derivadas del PADET [Plan Antidroga del Ejército de Tierra], del Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar”.

Por un procedimiento (pérdida de condiciones psicofísicas para seguir en activo) o por otro (sanciones disciplinarias o penales), el resultado sería la expulsión.

De hecho, se propone la “elaboración de [un] IPEC [Informe Personal de Calificación] por cambio significativo en la conducta personal del calificado, cuando proceda” e incluir “en las renovaciones de compromiso [una] valoración de la información complementaria sobre su actuación profesional”. Un IPEC negativo constituye motivo suficiente para que un soldado no renueve su contrato.

El documento del Estado Mayor no define qué se entiende por “radicalismo ideológico, religioso o delictivo”; ni si el mismo se limita o no a los grupos que justifican la violencia. Tampoco especifica quién puede decidir cuál es el personal afectado por estas medidas; aunque tradicionalmente estos cometidos han estado en manos de la Segunda Sección de los estados mayores (Inteligencia) y del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra).

“La conducta de estos individuos puede debilitar a la institución militar”

Al tratarse de un procedimiento secreto, carece de garantías para los afectados, a los que se priva de ocupar determinados destinos y desarrollar su carrera profesional, lo que podría chocar con la Ley de Derechos y Deberes de los militares de 2007, según la cual “en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de [...] religión o convicciones, opinión o cualquier otra circunstancia”.

La ley disciplinaria y el código penal castrense castigan a quienes hagan manifestaciones contrarias a la Constitución, infrinjan el deber de neutralidad política o sean condenados por un delito doloso de carácter común, pero las medias citadas en el oficio son “de carácter preventivo”, según fuentes militares, cuando solo hay “indicios” y no una sentencia o una sanción firme.

Consultado un portavoz del Ejército de Tierra, excusó hacer cualquier comentario sobre el documento, alegando que “tiene carácter clasificado y está sujeto a la Ley de Secretos Oficiales”.

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Cinco formas de protesta que el Gobierno pretende convertir en delito

Publicado en 16 Noviembre 2013 por Skiper

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Fuente: http://www.lamarea.com/2013/11/15/cinco-formas-de-protesta-ciudadana-que-el-pp-pretende-convertir-en-delito/

Tanto el Ministerio de Justicia como el de Interior están llevando a cabo modificaciones legislativas, en el primer caso del Código Penal y, en el segundo, con la introducción de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ya en marzo del año pasado, en una comparecencia de ministros, el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió que se debía impedir que “la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado“.

A mediados de octubre la plataforma No Somos Delito denunció que “al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”.

Una tendencia que también se ve reflejada en la nueva ley propuesta desde Interior y que, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, ha definido como la norma que “cierra el círculo represor del Ministerio de Justicia“.

Si se hubieran aprobado hace dos años las modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para el Código Penal y la nueva norma con la que aspira no dejar vacíos legales Fernández Díaz, no habrían podido existir muchas de las vías de expresión de protesta que los ciudadanos han buscado para expresar su malestar ante las medidas gubernamentales.

1.- Las redes sociales como vía para el llamamiento de la población a sumarse a una “protesta no autorizada“

Durante el pasado mes de agosto algunos medios de comunicación prestaron especial atención al caso de la familia Gracia González, a quienes el Ayuntamiento de Madrid trata de arrebatarles su vivienda con motivo de una expropiación en virtud de un plan urbanístico de remodelación que afecta a la vivienda, situada en la calle Ofelia Nieto, 29, en el madrileño distrito de Moncloa.

Durante todo el proceso, tanto los miembros de la Asamblea de Tetuán como los ciudadanos que se solidarizaron con los Gracia González, hicieron llamamientos mediante las redes sociales para convocar a todo aquel que pudiera acercarse hasta su vivienda con el fin de reforzar la protección de la familia. Gracias a esta convocatoria ciudadana se pudo evitar que el Ayuntamiento llevara a cabo la expropiación.

Las reformas del Código Penal prevén tipificar este tipo de acciones, que pasarán a formar parte del grupo de delitos de alteración de orden público, para los que se establecen penas de cárcel de hasta tres años. Para completar esta norma, la nueva ley propuesta por Interior, también considera delictivas las “protestas no autorizadas“.

2.- Resistencia pasiva

Alberto Ruiz Gallardón pretende que también la resistencia pasiva se integre dentro de los delitos contra el orden púbico, más concretamente como uno de resistencia a la autoridad. En el Código Penal aún vigente, una persona puede cometer un atentado contra la autoridad únicamente mediante la resistencia activa.

Con la reforma que quieren introducir, también será delito la resistencia pasiva, que se considerará de mayor gravedad si se lleva a cabo “en una manifestación o una reunión numerosa”. Es decir que, las acciones que se han llevado a cabo desde que nació el 15M, hace algo más de dos años, relacionadas con sentadas masivas y pacíficas de protesta en espacios públicos también podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel.

3.- Sabotaje en el metro

El grupo de activistas Toma el Metro fue especialmente conocido en España tras protagonizar una acción reivindicativa en abril del año pasado. Con el fin de protestar contra el llamado “tarifazo“ (aumento de precio constante del billete de transporte público) varios de ellos tiraron simultáneamente del freno de emergencia de trece trenes correspondientes a nueve líneas diferentes a primera hora de la mañana.

Esta acción tuvo como consecuencia la interrupción del servicio en toda la red de metro madrileña durante algo más de diez minutos. Esperanza Aguirre, entonces todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que los autores no iban a quedar impunes y que la capital de España tenía la suerte de contar con una delegada de Gobierno (Cristina Cifuentes) que creía “en el cumplimiento de la ley, en cumplirla y hacerla cumplir”.

Por si la férrea voluntad de Cifuentes de hacer cumplir la ley no fuera suficiente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido ampliar la definición del delito de sabotaje. Hasta ahora era necesario causar daños en las vías férreas, conducciones de agua, gas o electricidad, que obstaculizaran el suministro o que se destruyeran líneas de correspondencia o telecomunicaciones.

Si se aprueba la reforma del Código Penal, bastará con interrumpir el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte público, de manera que se altere gravemente la prestación normal del servicio. Para los que sean condenados por la comisión de este delito se contemplan penas de prisión de entre uno y cinco años

4.- “Asedio“ a las instituciones públicas

Tal y como explicó en el Congreso de los diputados el pasado 13 de noviembre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana incluirá como delitos acciones que hasta ahora no estaban tipificadas, tales como “los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial“.

Una medida que pudo haberse inspirado en Rodea el Congreso, una protesta que nació el 25 de septiembre del año pasado con el objetivo de “rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo”. Este acto reivindicativo terminó con más de 20 detenidos y un héroe ciudadano, Alberto Casillas, camarero del bar El Prado, que se enfrentó a un grupo de antidisturbios que pretendía ingresar en su local para detener a varios manifestantes que se habían refugiado en él.

5.- Escraches malditos

El 5 de abril de 2012, más de un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudieron a la puerta del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Su objetivo era explicarle, entre otras cuestiones, por qué consideraban que debían posicionarse a favor de la dación en pago los diputados del Partido Popular.

El marido de la vicepresidenta presentó una demanda mediante la cual denunció haberse sentido intimidados al no poder sacar a pasear a su hijo. Un mes después un juez desestimó la demanda al entender que se trataba de un acto llevado a cabo dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión.

Un enfoque con el que difiere Jorge Fernández Díaz, quien pretende incluir los escraches como una forma de delito dentro de su nueva ley de Seguridad Ciudadana.

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El activista de la Puerta del Sol denuncia acoso de la Policía

Publicado en 15 Noviembre 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.publico.es/espana/482039/el-activista-de-la-puerta-del-sol-denuncia-acoso-de-la-policia

Jorge, en huelga de hambre desde el 12 de octubre, sufre un "machaque mental" de los municipales que intentan que abandone la plaza. La última fue el pasado martes, coincidiendo con la inauguración del árbol de Navidad de la Lotería.

Jorge Arsuaga, el joven bilbaíno de 25 años en huelga de hambre desde hace aproximadamente un mes en la Puerta del Sol, ha denunciado a Público el acoso constante recibido por parte de la Policía Municipal en la última semana para intentar que tanto él como sus compañeros abandonen la plaza madrileña.

Coincidiendo con la inauguración del árbol de Navidad de la Lotería, las fuerzas de seguridad se acercaron el pasado martes hasta el lugar donde estaban él y sus acompañantes para pedir que desalojaran la zona. "No nos desalojaron, vinieron a hacerlo pero les desobedecimos", ha explicado Jorge.

Las redes sociales se movilizaron, llegando a asegurar que el joven había sido detenido y multado por la Policía. Sin embargo, Jorge ha aclarado qué ocurrió en realidad: "Intentaron que nos fuéramos pero les boicoteamos, por lo que nos han puesto una sanción por desobediencia civil al no marcharnos". Esa sanción, en palabras de Jorge, rondará los 300-500 euros pero aún no lo saben "con seguridad".

No es la primera incidencia que han tenido que sufrir los huelguistas de Sol. El joven bilbaíno ha informado que estas acciones policiales "llevan toda la semana". "No es una cosa aislada", ha expresado Jorge, "nos pusieron una grúa delante para que no se nos viera, nos quitaron los carteles de la protesta e incluso la megafonía. Es un machaque mental constante".

Una de las personas que denunció vía Twitter lo que estaba ocurriendo en la céntrica plaza madrileña fue el diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso, Chesús Yuste, quien comentó través de su perfil en la red social: "Por inauguración árbol de Navidad de la Lotería, van a intentar desalojar a huelguistas de hambre de Sol.

Piden apoyo urgente!". Yuste ha declarado a Público que a los concentrados "les pusieron multas cuantiosas y les pidieron la documentación".

Jorge decidió el pasado mes de octubre trasladarse a Madrid para iniciar una huelga de hambre "hasta que el Gobierno dimita y se convoquen elecciones anticipadas". El joven participó en el movimiento 15M algo con lo que no consiguió nada, solo encontró "indiferencia" y le animó a seguir más allá.

Al comienzo de la huelga, Jorge declaró a Público: "Esto me planteaba dos caminos, la huelga de hambre o la violencia, eligiendo la primera opción como vía de lucha pacífica". Así comenzó esa lucha el 12 de octubre.

Jorge no está solo. A los 5 días de comenzar su huelga de hambre se le unieron 3 personas más - Álex, Santos y Dadá- en la Puerta del Sol y un voluntario más -Mané- lo haría desde la Plaza Nueva de Sevilla quien comenzó su lucha "por un trabajo digno". Las redes se han movilizado con numerosos tweets en apoyo a los huelguistas y también con hashtags como #MotivosJorge #Motivosdetodxs y #MotivosMané, entre otros.

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El Gobierno lleva a la quiebra a ciudadanos y empresas con sus leyes retroactivas

Publicado en 12 Noviembre 2013 por Skiper

Etiquetas: #Sistema

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Rajoy-ciudadanos-empresas-retroactivas_0_193881366.html

Rajoy, al ser ser investido Doctor 'Honoris Causa' en Bogotá (Colombia) / Moncloa

El Ejecutivo del PP se ha vuelto el de la inseguridad jurídica: en los dos años de legislatura, cambiar las reglas a mitad de partido se ha convertido en marca de la casa.

Los cooperantes, el cine, los estudiantes erasmus, las personas dependientes, los inversores en renovables... Todos han visto cómo el Ejecutivo les lleva a impagos en partidas comprometidas que se esfuman. España evita el rescate, pero los españoles entran en default selectivos.

El 19 de abril de 2012, Mariano Rajoy tomaba posesión de su primer título como doctor honoris causa en una universidad como presidente del Gobierno. La que elogiaba a Rajoy con tal distinción era la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y, con ocasión de este nombramiento, el jefe del Ejecutivo eligió dar un discurso sobre seguridad jurídica como "requisito imprescindible para el progreso".

La seguridad jurídica siempre ha sido uno de los mantras básicos del ideario conservador, o neoliberal, cuya ausencia se señala especialmente a países latinoamericanos por parte de quién la defiende. Seguridad jurídica fue lo que reclamó Rajoy en la cumbre Iberoamericana de 2012, después de las andanadas expropiativas que habían tenido lugar en Argentina, Venezuela y Bolivia.

Ante esta defensa de la seguridad jurídica sorprende, aún más, que el Gobierno popular en sus dos años de mandato haya adoptado numerosas leyes que quiebran el principio de que, en los países de derecho, no se cambian las leyes a mitad de partido. La forma más habitual de cargarse la confianza internacional, empresarial y ciudadana es utilizar la retroactividad a la hora de lanzar nuevas legislaciones. Una práctica llamativamente usual en el Gobierno de Rajoy.

La decisión de quitar una parte de la beca Erasmus a los estudiantes que ya habían comenzado el curso es solo la punta del iceberg de las decisiones que quitan derechos ya adquiridos en lo que va de legislatura. La contestación social ha sido grande porque el público afectado también lo era, potencialmente 40.000 estudiantes.

En la actualidad, en el Congreso se dirime una norma que significativamente cambia lo pactado. Se trata de la ley de reforma del sector eléctrico, cuya aplicación puede llevar a la quiebra a buena parte de los inversores en energía fotovoltaica y en sistemas de autoconsumo. La medida altera radicalmente el horizonte de rentabilidad con el que los inversores, especialmente los solares, hicieron sus desembolsos.

Así, a partir de ahora el sistema de retribución para estas fuentes pasaría a tener una "rentabilidad razonable" en función de la evolución del bono a 10 años más 300 puntos y de otros criterios sin definir que se están ultimando en la tramitación de la ley.

Hasta que se aprobó la reforma del sector en julio, el Gobierno fijaba un precio y pagaba a las empresas la diferencia entre el precio de venta en el mercado mayorista y el que había fijado. Este incentivo, o prima, animaba a la industria a invertir en un sector donde el desembolso inicial es muy importante. Ahora el Ejecutivo cambia las normas e introduce unos "criterios de rentabilidad razonable" que se revisarán cada seis años (los parámetros, cada tres). Este cambio afecta a los que estuvieran pensando en comenzar una inversión en el sector, pero se aplica con retroactividad a quienes lo hicieron en pleno boom.

Los créditos que pidieron, basados en un plan de negocio con un umbral de inversión pactado con el Estado español, se desmoronan. Muchos créditos no se refinanciarán o lo harán con condiciones draconianas. El sector advierte: habrá miles de impagos. Y, por lo pronto, firmas internacionales como Abengoa ya han llevado a España ante tribunales internacionales de arbitraje.

Por orden cronológico de afectados (de los más recientes para atrás), el sector del cine ha sido otro de los más perjudicados por las decisiones cambiantes del Ejecutivo. El Fondo de Protección a la Cinematografía, que ha sufrido un fuerte tajo en los últimas cuentas públicas, paga las ayudas al sector con dos años de retraso.

Así, el Gobierno debe todavía 21 millones de películas estrenadas en el trimestre final de 2011, por lo que la deuda acumulada para 2014 será de 45 millones de euros. Habida cuenta de que Montoro ha dotado con 33,7 millones de euros al fondo para 2014, difícilmente cuadran las cuentas para pagar lo debido y financiar cualquier nueva producción.

En un caso similar al de los productores solares, el Gobierno prometió un dinero y las productoras se financiaron con esas expectativas, de forma que los bancos aceptaron como garantía esas promesas que ahora se desvanecen. Tras el revuelo montado, otro más, el titular de Hacienda aseguró que el Ejecutivo pagaría todo el dinero comprometido, aunque aún no está claro cómo ni en qué forma lo hará.

Incumplimientos como Estado

Otro sector que ha entrado en incumplimientos forzosos ha sido el mundo de la ayuda y la cooperación. El propio Gobierno incumple año tras año su palabra de alcanzar la quimérica cifra de aportar el 0,7% del PIB, un objetivo fijado por la UE en 2015 y que este año volverá a representar apenas un 0,15% del PIB.

El drástico tajo que ha recibido la Agencia de Cooperación Internacional (AECI) no lleva solo al incumplimiento de este compromiso como Estado, sino también a no atender acuerdos con distintos fondos de ayuda internacional, como el Fondo del Agua o las ayudas para proyectos educativos en Latinoamérica que gestionaba la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Aunque a nadie parezca importarle, cuando España firma su entrada y compromete unos recursos en la dotación de estas organizaciones, o en el cumplimiento de un objetivo del 0,7%, está empeñando la palabra de todo el Estado.

En la misma línea, el Gobierno se ha negado a sufragar los gastos de los científicos a los comités internacionales en los que España estaba representada, con la consiguiente desaparición del país en estos foros.

En cuanto a las ONG, el año pasado El Gobierno canceló sin previo aviso una convocatoria de 290 millones de euros para proyectos plurianuales que se desarrollarían entre 2012 y 2015. La cancelación llegó cuando el proceso ya había llegado a la fase de preselección.

Huelga decir la cantidad de recursos, tiempo y dinero que estas organizaciones habían dedicado a preparar los proyectos que se habían convocado con un año de antelación. Además, muchas de estas organizaciones acumulan impagos millonarios por los retrasos en pagarles las Administraciones Públicas, que en muchos casos han derivado a ellas la prestación de servicios públicos.

Otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, siempre con la disculpa de cumplir los recortes ordenados de Bruselas, han entrado de forma retroactiva en el bolsillo de los españoles. Por ejemplo, con la no aplicación del sistema de atención a la dependencia, con 198.041 personas en lista de espera para empezar a beneficiarse del derecho que se les ha reconocido por ley. Muchas de estas personas habrían echado números con la aplicación de la ley para realizar inversiones, que ahora no saben nunca si van a poder amortizar, cobrar o recuperar.

Los cambios en la aplicación de la ley también se extendieron a quitar el pago de la cotización de la Seguridad Social a 145.000 cuidadores. Un derecho que les reconoció la ley en 2007 y que se les ha cubierto hasta 2012, año en que el Gobierno les dijo que, el que quisiera, se tendría que pagar la cuota de la Seguridad Social. En realidad, cualquier afectado por esta ley sabe que, en su práctica totalidad, se ha quedado en papel mojado.

Los funcionarios también han sufrido su contencioso retroactivo. Zapatero les bajó el sueldo sin previo aviso un 5% de media en 2010. Pero es que Rajoy les quitó una paga extra que, en realidad, habían ido ya aportando en forma de cotizaciones sociales en cada nómina hasta el verano en el que se dictó la supresión de la extra.

La paga extra se llama así indebidamente, ya que en realidad es un cobro diferido de la nómina en el mes de diciembre. Esto hace que las cotizaciones por esa paga se apunten de forma prorrateada en las nóminas de todo el año.

Hacienda no tuvo otro remedio que enmendar lo hecho y en abril de 2013 comenzó a devolver las cotizaciones que había retenido por una paga que los funcionarios nunca llegaron a cobrar. A razón de entre 65 y 156 euros de media a medio millón de funcionarios.

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