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Guía práctica para manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/respuestas-nuevas-multas_0_201930639.html

Quince preguntas y respuestas sobre las infracciones recogidas en el anteproyecto aprobado por el Gobierno.

El texto incluye multas de 100 a 600.000 euros por conductas frecuentes en las nuevas formas de protesta.

 

 

El anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros recoge un buen número de infracciones susceptibles de ser cometidas durante las formas de protesta que han inundado las calles durante la presente legislatura.

Este cuestionario pretende ser una guía práctica acerca de las multas contenidas en el anteproyecto, al que aún resta por incorporar nuevos informes de los ministerios de Justicia y Hacienda, recomendaciones del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos y las modificaciones que introduzca el trámite parlamentario.

 

 

¿Se podrá gritar ante el Congreso “no nos representan"?

Si lo hace participando en una protesta previamente comunicada a la Delegación del Gobierno, no podrá ser sancionado. En caso contrario, incurrirá en una infracción leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros.

Lo mismo ocurrirá si la manifestación es en cualquier otro lugar. Si es usted el convocante, por Twitter o cualquier otro medio, también podrá ser multado con esas cantidades, aunque no aparezca por allí.

Puede que durante la protesta, alguien protagonice disturbios. Entonces, el convocante podrá ser multado con un máximo de 30.000 euros –falta grave– e Interior valora que sólo se salve del castigo si condena y muestra su rechazo público a esos disturbios.

 

 

¿Y si participa en altercados?

El Código Penal ya recoge los delitos de daños y desórdenes públicos, así como el de resistencia o atentado a la autoridad. Pero si su actitud no reviste la gravedad que exige el delito, Interior le puede castigar con una falta grave (1.000-30.000 euros) si causa “desórdenes graves o incendios”, tanto en la calle como en establecimientos, y sólo si su conducta representa “un peligro para las personas o bienes u ocasiona alteración de la seguridad ciudadana”.

 

 

¿Puedo acudir a una manifestación con capucha, casco o un gorro que me cubra la cara?

Si la policía considera que su conducta es pacífica, no incurrirá en infracción alguna y ni tan siquiera podrán obligarle a que descubra su rostro. Pero si participa en altercados de esa guisa, a una infracción grave se puede sumar otra de entre 1.001 y 30.000 euros por ir embozado.

 

 

"¡Cortamos la Gran Vía, y todos a Sol!"

Puede haber participado pacíficamente en una manifestación comunicada a la Delegación del Gobierno, pero si durante ella o a su término se sale del recorrido autorizado, cometerá una infracción leve, castigada con hasta 1.000 euros de multa.

 

 

¿Y si no obedezco las órdenes de los antidisturbios?

Estará cometiendo una infracción grave (1.000-30.000 euros), siempre que el policía considere que el desacato no tiene la entidad como para denunciarle por un delito de resistencia a la autoridad. Aquí se incluye la negativa a identificarse.

 

 

¿Puedo mostrarle mi DNI sin entregárselo?

A partir de que entre en vigor la reforma, no. La laguna en este aspecto se ha solucionado castigando con falta leve (hasta 1.000 euros) el negarse a entregar la documentación a los agentes. Estos se quejaban de que, si el requerido sólo se lo mostraba, no podían comprobar si se trataba de una falsificación.

 

 

¿Qué ocurre si insulto a un policía?

Lo mismo que si él considera que lo ha amenazado, coaccionado, injuriado o vejado. Podrá ser sancionado con una multa por infracción leve, de entre 100 y 1.000 euros. Como con el resto de las multas por infracción, podrá recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo, cargada con las tasas judiciales por la reciente reforma del Gobierno.

 

 

¿Puedo colgar en Internet una carga policial?

Sí, siempre que el Ministerio del Interior no considere que atenta contra el derecho al honor del policía, a su intimidad o a la propia imagen, o que pueda poner en peligro una operación o la seguridad del agente o la de su familia. Si así ocurriera, hay prevista una multa por infracción leve (100-1.000 euros).

 

 

¿Puedo participar en una protesta ante la sede de un partido convocada en Twitter?

Será una infracción leve si no ha sido comunicada. En el caso de que la protesta tenga lugar durante la jornada de reflexión o votación y además se desarrolle con “una finalidad coactiva”, el castigo se endurece sensiblemente. Participar en ella puede costar entre 30.000 y 600.000 euros de multa, ya sea a las puertas de la sede de una formación política o en cualquier otro lugar.

Fuentes autorizadas de Interior consideran que las manifestaciones del 15M de 2011 en la Puerta del Sol no tenían intención “coactiva”, pero sí las que se produjeron el 13 de marzo de 2004 ante la sede nacional del PP para exigir la verdad sobre los atentados del 11M. Los convocantes tienen en estos supuestos los mismos castigos que los asistentes.

 

 

¿A cuánto sale parar un desahucio?

Como el resto de infracciones de la Ley de Seguridad, quedará a criterio de la policía. A partir de ahora, las Fuerzas de Seguridad estarán facultadas para imponer multas de entre 1.000 y 30.000 euros a aquellos que se propongan evitar el desahucio de las personas que habitan un inmueble.

Una de las infracciones graves del nuevo texto está destinada a los que protagonicen “actos de obstrucción” a la ejecución de una decisión judicial o administrativa a cargo de una autoridad o cargo público.

 

 

¿Puedo interrumpir el mitin de un partido al grito de "sí se puede"?

Puede, pero además de arriesgarse a la reacción de los militantes, las Fuerzas de Seguridad podrán sancionarle por “perturbación del orden en un acto de campaña electoral”. Resultado: entre 1.000 y 30.000 euros de multa.

Cabe destacar que revestirá la misma gravedad interrumpir un mitin que la votación, el escrutinio o el recuento de votos. Recuerde que también puede incurrir en un delito si sus actos encajan en los descritos en la Ley Electoral.

 

 

¿Saldrá gratis gritar contra España o la policía o escribirlo en Twitter?

Estarán castigadas con multas de entre 1.000 y 30.000 euros las “ofensas o ultrajes” a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos.

Los periodistas se han esforzado en que el ministro del Interior detalle qué conductas concretas harían incurrir en esta falta grave, pero él se ha escudado en que eso lo determinará la “casuística”.

Por el redactado del anteproyecto, todo indica que sea cual sea la manifestación, este tipo de gritos será sancionado con multas graves. Y atención a escribirlas en redes sociales: el articulado penaliza su difusión “por cualquier medio”. Si se producen dentro de los estadios, ya hay multas recogidas en la Ley del Deporte.

 

 

¿Puedo protestar ante una central nuclear contra ese tipo de energía?

Si la protesta ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno y no ha sido prohibida, no podrá ser sancionado. De lo contrario, tan solo con participar, puede llevarse a casa una sanción de entre 1.000 y 30.000 euros por infracción grave.

Si además las Fuerzas de Seguridad consideran que su actuación ha provocado “riesgo para las personas o un perjuicio” en el funcionamiento de la central nuclear o cualquiera de las otras infraestructuras que la Ley 8/2011 considera “críticas”, habrá incurrido en una falta muy grave, castigada con multas de entre 30.000 y 600.000 euros.

Tan solo sobrevolar con una avioneta esa central u otra infraestructura crítica le puede costar a una organización ecologista hasta 30.000 euros.

 

 

¿Y si mi protesta consiste en descolgar un cartel del frontispicio del Congreso?

Pues entre 1.000 y 30.000 euros. Ya haya escalado el Congreso de los Diputados, el Museo del Prado o cualquier otra institución o edificio considerado de interés “histórico-artístico”.

 

 

¿Qué otras formas hay de cometer estas infracciones?

Si comete tres leves en un plazo de dos años, será castigado además como si hubiera incurrido en una grave. Y si incurre en tres graves en el mismo periodo, como si su infracción hubiera sido muy grave.

Este es el principal argumento del Ministerio del Interior para poner en marcha un registro de infracciones, una suerte de fichero policial de infractores, incluidos los desobedientes.


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Rajoy y Rubalcaba tienen un pacto secreto sobre Cataluña: nunca aceptarán un referéndum independentista

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rajoy-Rubalcaba-Cataluna-referendum-independentista_0_2172382742.html

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en La Moncloa.

La alianza se selló en conversaciones telefónicas realizadas el pasado mes de octubre. Han decidido ‘dejar caer’ a Artur Mas. Artur Mas no conseguirá en Madrid ningún tipo de autorización para la convocatoria de un referéndum independentista en Cataluña.

Rajoy y Rubalcaba pactaron de forma discreta el pasado mes de octubre una hoja de ruta para rechazar cualquier propuesta de CiU. En Moncloa no escuchan a los emisarios de la Generalitat. En el Congreso, Duran i Lleida sólo recibe negativas a sus propuestas.

 

 

El pasado 25 de octubre, Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció, tras una reunión con Durán i Lleida, que mantenía “contactos asiduos” con Mariano Rajoy para tratar cuestiones relacionadas con el desafío independentista iniciado por Artur Mas en Cataluña. 

 Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, las conversaciones entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición tenían como objetivo sellar una postura común respecto al conflicto catalán, así como fijar una respuesta conjunta frente al referéndum soberanista propuesto por la Generalitat.

Esas negociaciones, de carácter secreto, entre Rajoy y Rubalcaba han fructificado. Se han traducido en un pacto de los dos grandes partidos sobre la consulta soberanista.

 


Negarán cualquier posibilidad de hacer legal la consulta

Fuentes del PP y del PSOE a las que ha tenido acceso este diario explican que el punto fundamental del pacto alcanzado entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba consiste en que ellos mismos y sus partidos nieguen cualquier posibilidad de hacer legal la consulta.

En este sentido, ambos dirigentes acordaron que ninguna propuesta de la Generalitat que incluyera la celebración de un referéndum estatal “podría ser aceptada porque va en contra de la Constitución”.

Esa respuesta está siendo repetida tanto en La Moncloa como en el Congreso de los Diputados. Los emisarios enviados por la Generalitat a negociar con el Gobierno y el propio Duran i Lleida “han ofrecido varias soluciones, pero todas ellas han sido rechazadas”.

Una de las ofertas que más ha llamado la atención a PP y PSOE ha sido la opción de incluir en el referéndum soberanista más de una cuestión sobre el modelo territorial de Cataluña: “CiU planteó hacer una consulta con varias preguntas, pero ninguno de los dos partidos la ha aceptado”.

 

 

Objetivo: dejar caer a Mas

Desde PP y PSOE admiten que el objetivo final pactado por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba es, en última instancia, la caída de Artur Mas.

Ambos dirigentes consideran que si el presidente sigue adelante y finalmente convoca el referéndum, habrá firmado su propia sentencia: “La consulta no se puede celebrar porque es ilegal. Será prohibida y quedará sin efecto, por lo que todos los votantes de Cataluña se darán cuenta de que el desafío soberanista ha sido una patraña”.

Una vez confirmado el fracaso de su proyecto, al presidente de la Generalitat le quedarían pocas salidas. En ese escenario, PP y  PSOE dan por hecha la dimisión de Mas: “Lo más lógico es que se fuera y convocara elecciones, como hizo Ibarretxe en el País Vasco”.

 


La reforma de la Constitución, fuera del pacto

A pesar del acuerdo alcanzado entre Rajoy y Rubalcaba, el presidente del Gobierno no ha logrado convencer al líder de la oposición de que deje aparcada su reivindicación de reformar la Constitución.

Rubalcaba sigue en sus trece. En las conversaciones telefónicas mantenidas entre ambos dirigentes, el secretario general del PSOE planteó al presidente impulsar cambios profundos en la Carta Magna, con el objetivo de “federalizar” las comunidades autónomas, otorgando a los gobiernos regionales más competencias.

Mariano Rajoy se ha negado a llevar a cabo esa reforma, argumentando que “ahora no toca”. Además, según el jefe del Ejecutivo, esa medida no serviría para placar el desafío soberanista de Artur Mas.

Rubalcaba, por su parte, ha pactado con el PSC llevar en su programa político la creación de un “federalismo asimétrico” para España, algo que desde el PP ven ahora “irrealizable”.


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¿Qué sanciona la nueva ley de Seguridad Ciudadana?

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.larioja.com/rc/20131129/espana/sanciones-seguridad-ciudadana-201311291501.html

PP FACHA

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.

 

 

El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado hoy por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros. También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.

Estas son, en resumen, las principales infracciones que contempla la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como 'ley Corcuera' o "de la patada en la puerta":

Infracciones muy graves (Multa de 30.001 a 600.000 euros)

- Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación. Un ejemplo fue lo ocurrido el 13-M tras los atentados del 11-M.

- Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

- Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.

- Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.

- Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.

- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

 


Infracciones graves (Multa de 1.001 a 30.000 euros)

- Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.

- Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

- Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.

- Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.

- Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.

- Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.

- Perturbación del orden en campaña electoral.

- Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.

- Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.

- Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.

- La prostitución y la demanda de sus servicios en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.

- Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.

- Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.

- Justificar el terrorismo, la xenofobia y la violencia contra la mujer, como la exhibición de fotos de terroristas.

- Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.

- Falta de colaboración con la Policía en la averiguación o prevención del delito.

- Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.

- Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia.

- El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.

- Las "cundas" o taxis de la droga.

- El cultivo de drogas.

- Forzar o inducir a menores al consumo de alcohol o drogas.

- Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.

- Escalar como acción de protesta en edificios públicos.

- Mal uso de animales feroces y el maltrato animal.

 


Infracciones leves (100 a 1.000 euros)

- Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.

- Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.

- Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.

- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

- Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.

- Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.

- Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.

- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.

- La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.

- Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.

- Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.

- Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.

- Entorpecer la circulación peatonal.

- Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.

- Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.


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Multas de esperpento: fuga nuclear, 30 millones; placas solares ilegales en casa, 60 millones

Publicado en por Skiper

Fuente: http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/35287-multas-de-esperpento-fuga-nuclear-30-millones-placas-solares-ilegales-en-casa-60-millones

Arrecian las críticas al Gobierno por sus excesos a la hora de fijar las multas por infracciones graves. Más allá de la 'Ley Mordaza', hay sectores como el eléctrico donde las sanciones rozan el esperpento.

Según la nueva normativa, aún en proceso parlamentario, tener en casa placas solares no registradas legalmente podría acarrear una multa de entre 6 y 60 millones de euros, por considerarse infracción muy grave, como también lo es una fuga nuclear, cuya pena máxima serían 30 millones.

 

 

Hagamos el esfuerzo de comparar nuestra vivienda habitual con una central nuclear. Difícil imaginar en qué se puede parecer un hogar a una planta atómica de producción de energía, a no ser que a efectos de la Administración sean igual de peligrosas llegado el caso extremo de que cometan una infracción grave o muy grave. Al menos eso es lo que se extrae del análisis de la normativa vigente en España.

Una fuga radiactiva puede ser constitutiva de infracción muy grave y, como tal, su propietario (una gran eléctrica que gestiona un gigante que genera grandes beneficios anuales) puede recibir una multa máxima de 30 millones de euros. La central de Ascó fue sancionada en 2009 con una multa de 15,4 millones (la más alta de la historia nuclear española) por cuatro infracciones graves por liberación de partículas radiactivas.

 

 

Y si ni el PP ni los grupos políticos de la oposición lo remedian en su proceso parlamentario, la nueva Ley del Sector Eléctrico dará lugar a una versión actualizada de cómo la apisonadora estatal puede avasallar a sus ciudadanos. Según la redacción actual del proyecto de Ley, si un hogar que tenga placas solares para autoconsumo (la electricidad no consumida se vierte a la red a cambio de una compensación económica) no tiene registrada y legalizada la instalación, en el caso más extremo que recoge la normativa, podría recibir una multa de 60 millones de euros (sí, de euros, no de pesetas).

 

 

La sanción máxima por no tener legalizadas las placas es del doble de la más alta que puede recibir una nuclear por una sanción grave tras una fuga radiactiva. Sería una infracción muy grave que, en el peor de los casos, podría provocar una multa del doble de la máxima sanción que puede recibir una nuclear por una fuga. Un particular con un kit solar de 250 Watios, si no registra la instalación en su hogar, sería un "delincuente solar" que se arriesgaría a pagar entre 6 y 60 millones de euros.

 

 

El artículo 62 del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico determina como infracciones muy graves "el incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos para la aplicación del autoconsumo de energía eléctrica, en especial los de registro y comunicación a la Administración de las condiciones para la determinación del régimen económico asociado al mismo; así como la aplicación de modalidades de autoconsumo de energía eléctrica no contempladas expresamente en esta ley y su normativa de desarrollo (…)".

 

 

Y el artículo 65 lo deja bien claro: "Las infracciones establecidas en el capítulo I de este título serán sancionadas del modo siguiente: a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al triple, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será de 60.000.000 de euros (…)".

"Jamás se va a aplicar una multa de 60 millones porque es un límite máximo que fija la ley para casos que serían extraños, pero como tal va a quedar reflejado en la Ley que ahora está en el Senado y volverá a la Comisión de Industria del Congreso para recibir el sí definitivo y entrar en vigor", señala una fuente jurídica consultada.

 

 

La norma que consagra estas multas volverá del Senado en breve y será aprobada en la Comisión de Industria para entrar en vigor antes de fin de año. El Real Decreto de autoconsumo ya recoge el sentir de la Administración hacia la producción independiente de electricidad para evitar el pago del recibo de la luz a la compañía eléctrica de turno, propuestas que son elevadas a rango de Ley al ir recogidas en la redacción definitiva.

 

 

La comparación es aún más esperpéntica si atendemos a la sanción máxima recogida por Ley para un delito contra la seguridad alimentaria (utilización de ingredientes adulterados o contaminantes), de 600.000 euros, o por daño grave en materia de sanidad pública, también de 600.000 euros, o por incumplimiento de las obligaciones que provoque un accidente de aviación, de 230.000 euros.

La misma Ley, a propuesta del PP, introduce una enmienda para que los inspectores puedan entrar en las viviendas con placas solares sin autorización judicial.

 


Según denuncian las empresas renovables y las organizaciones de consumidores y ecologistas, "el Gobierno con estas sanciones tan desproporcionadas, que atentan al sentido común, quiere rematar a un sector, el del autoconsumo, que ya con los peajes de respaldo [pago de la instalación de unas cuotas por usar la red de las eléctricas para verter la energía no consumida] quedaba herido de muerte.

Ahora, nadie se va a atrever a desarrollar su propia planta solar en casa, porque va a ser tan cara y es tan alto el riesgo de recibir una multa muy alta por cualquier incumplimiento administrativo que es mejor seguir pagando el recibo bimensual a la compañía eléctrica", alerta una fuente del sector renovable.

 


Pero además, el Grupo Popular ha incorporado una enmienda a la Ley que va a salir adelante gracias al rodillo de la mayoría absoluta que permitirá a los inspectores de Industria a entrar en las casas con placas solares sin necesidad de autorización judicial, que sólo se pedirá si el residente se niega a abrirles la puerta.

Así que el sector renovable da ya por muerto el autoconsumo en España, ante el contexto tan adverso que traerá la nueva normativa.


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AL ROJO VIVO: 28 -11- 2013

Publicado en por Skiper


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Aprobada en el Congreso la Ley de Transparencia que vigilará a los políticos, al rey y a la Iglesia

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1991399/0/ley-de-transparencia/actitudes-politicas/congreso/

Ha sido definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro. Rechazada por PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto. Inicialmente pensada para administraciones públicas, se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, sindicatos e Iglesia.

 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha quedado definitivamente aprobada en el Congreso, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).

Llamada por los que la respaldan a cambiar las actitudes políticas en España, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática, la Ley de Transparencia ha tenido una tramitación parlamentaria que se ha prolongado durante más de un año, en la que el PSOE se descolgó del acuerdo y la Izquierda Plural de la negociación en protesta por el caso Bárcenas.

 

 

Fruto de esa tramitación, un proyecto inicialmente pensado para las administraciones públicas se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica, como perceptoras de ayudas públicas. 

El 'caso Bárcenas' en las intervenciones En el debate de este jueves sobre las enmiendas incluidas en el Senado, el 'caso Bárcenas' ha salpicado la mayor parte de las intervenciones, incluida la del diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, que ha acusado al PSOE de haber "abandonado" esta ley "por pura táctica de erosión al Gobierno".

 

 

En una breve intervención, la vicepresidenta del Gobierno y principal impulsora del proyecto, Soraya Sáenz de Santamaría, ha agradecido a todos los grupos su "esfuerzo" y les ha llamado a trabajar "juntos" por el "derecho de los ciudadanos a tener una administración y otras instituciones transparentes".

Durante el debate, Jordi Jané (CiU) se ha congratulado de que las enmiendas de su partido en el Senado hayan "resuelto mucha pequeña burocracia para pequeñas entidades que no tienen medios" para aplicar esta ley.

Tras señalar que la ley es todavía "mejorable", ha destacado los puntos que a CiU no le gustan, como la inclusión de aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria que afectan al ámbito competencial autonómico, al tiempo que ha dicho echar de menos la obligación de publicar las balanzas fiscales.

 


"Operación de distracción"

Lejos de ese pronóstico, el diputado de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), Joan Josep Nuet se ha mostrado convencido de que la Ley de Transparencia será recordada como una "operación de distracción en medio de unos de los mayores casos de corrupción en España", ya que su tramitación ha sido la "gran coartada del PP para no practicar la transparencia, pero hablar repetidamente de ella".

A su juicio, el texto aprobado "no sirve para resolver los problemas de participación y transparencia que tiene el país", porque es el de una ley "anticuada, pasada, insuficiente, una buena ley tal vez del siglo XX pero no del siglo XXI". Nuet ha criticado especialmente que la Casa del Rey reciba un "tratamiento distinto", que recoja un número "abusivo" de excepciones al derecho de acceso a la información pública y que el futuro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vaya a ser un "grupito del PP".

 

 

El texto, peor tras el Senado Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha sostenido que lo que iba a ser una de las principales leyes de esta legislatura se ha convertido en una "ley menor", porque no consigue los objetivos que proclama en su exposición de motivos. Tras acusar al Gobierno de haberse limitado a "cumplir administrativamente" y de "pasar de puntillas por temas espinosos", ha asegurado que el Senado ha empeorado el texto, y ha puesto como ejemplo que esta ley no sirve para saber cuánto ha costado la "promoción desdichada" de la candidatura olímpica de Madrid 2020.

En representación del PNV, Emilio Olabarría ha dicho que él no iba a hablar del caso Bárcenas, pero que cada vez ve menos políticos "honestos" y que esos son los que crean "cierto punto de deslegitimación ante la ciudadanía".

Tras agradecer a la vicepresidenta que haya sido "receptiva" a las aportaciones para "convertir en transparentes instituciones hasta ahora opacas", ha advertido de que las excepciones que contempla el texto para el acceso a la transparencia pueden "convertir esta ley en letra muerta".

 

 

Desde el grupo mixto, Alfred Bosch (ERC) se ha preguntado para qué sirve esta ley si con ella "no se hubieran evitado ni el caso Urdangarin ni el caso Bárcenas", mientras que Rafael Larreina (Amaiur) ha lamentado que la transparencia "se quede en el cartel".

En esta misma línea, el diputado de Compromís-Q, Joan Baldoví, ha calificado la norma de "tardía", "corta" e "insuficiente" y ha dicho que si Rajoy y Cospedal no admiten que el PP tenía una contabilidad B no creerá en ella ni en su voluntad de ser transparentes.

A través de la Ley de Transparencia, el Congreso también ha dado luz verde a una disposición adicional que modifica la ley de Previsión de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo (GAFI) para vigilar a las "personas políticamente expuestas" (PEP) a ese tipo de delitos.


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Sin aclarar qué hará con la ley, Interior incrementa ya el gasto en seguridad ciudadana

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.publico.es/485030/sin-aclarar-que-hara-con-la-ley-interior-incrementa-ya-el-gasto-en-seguridad-ciudadana

El Ministerio de Interior destinará 5.264 millones de euros a esta área en 2014, lo que supone un incremento del 1,38% respecto al año anterior, pero reduce la oferta pública de empleo. Más de dos millones de euros irán para comprar nuevos chalecos antibalas.

 

 

El Gobierno ha causado una gran expectación con el anuncio que hizo la semana pasada de su borrador de anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana, que antes de hacerse público su contenido ya fue bautizada como "ley mordaza" y despertó críticas provenientes de todas las arenas.

Mientras el Ministerio de Interior mantiene la expectación, y anuncia modificaciones que tampoco especifica, lo que sí ha hecho ha sido aumentar el presupuesto destinado a seguridad ciudadana en un 1,38% respecto al año anterior.

 

 

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha comparecido este martes en la Comisión de Presupuestos del Senado para exponer las líneas generales del presupuesto del Ministerio del Interior para el ejercicio 2014, según recoge una nota de prensa. En un momento en el que todas las partidas se ajustan a la aclamada austeridad que imponen los conservadores, el ministerio de Jorge Fernández Díaz dedicará 5.264 millones de euros a la seguridad ciudadana.

 

 

A esa cantidad hay que sumar 82,2 millones de euros del programa para actuaciones policiales en materia de droga. Para justificar estas medidas, Martínez ha dicho que la seguridad es una "prioridad del Gobierno", pese a que los índices de delincuencia no han parado de bajar durante los últimos años.

Los delitos y faltas registrados en España en 2012 se han reducido un 0,7% con respecto al año anterior, lo que mantiene el índice de criminalidad en nuestro país como uno de los más bajos de la Unión Europea, según cifras del propio Ministerio de Interior.

 

 

El presupuesto aumenta pese a que el gasto destinado a lucha contra el terrorismo y protección de personas amenazadas ha disminuido drásticamente desde que ETA anunciase el fin de su actividad armada. Frente a los 136 millones de euros que en 2009 se destinaban a labores de protección en el País Vasco y Navarra, en 2014 se prevea un gasto de unos 35 millones.

Por otra parte, la Policía Nacional gastará el próximo año dos millones de euros para dotar a unos 6.600 agentes de chalecos antibala y dedicará 13.000 euros en cambiar las divisas de los uniformes que distinguen las categorías de sus efectivos, con el objetivo de reforzar y diferenciar la identidad del cuerpo, según recoge la Agencia Efe.

 

 

Cosidó ha destacado el esfuerzo del Ministerio del Interior de dotar de chalecos antibala a todos los agentes que prestan sus servicios en seguridad ciudadana, un plan iniciado el pasado año, dotado con unos nueve millones de euros y que tiene como objetivo que más de 21.000 agentes tengan este elemento de protección.

Así, ha recordado que en 2012 la Policía entregó más de 7.000 unidades, unos 6.600 este año y, el que viene, proporcionará otros 6.000.

 

 

El Ministerio aumenta el presupuesto pero recorta el número de plazas ofertadas para ser agente de Policía Nacional o Guardia Civil. Para justificar este hecho, Martínez se ha limitado a decir que la eficacia policial no se resiente con el menor número de agentes y por ello, a su parecer, hay que evaluar el modelo policial desde el punto de vista cualitativo y no cuantitativo. De todos modos, la ratio de policía pública en España se sitúa en términos ventajosos en Europa.

 

 

En cuanto a la ley de Seguridad Ciudadana, este mismo martes Interior ya ha avanzado que "el texto aún está en proceso de elaboración y puede sufrir nuevas modificaciones antes de ser presentado en el Consejo de Ministros". Ricardo Sixto, el diputado de IU en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, ha confirmado a Público que el Gobierno aún no les ha remitido el texto y que ningún miembro de dicha comisión ha tenido detalle alguno sobre los planes de Fernández Díaz para esta ley.

 

 

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también está descontento con el juego mediático del PP, que anuncia reformas que luego no hace públicas y afirma que las modifica sin decir qué cambios impone.

"El SUP está a favor de una reforma que solvente las debilidades de la norma anterior, pero desconfía del efecto propagandístico de quienes se preocupan más del a proyección mediática que del fondo del problema", afirmaban recientemente en un comunicado.

En otro escrito, en el que dicen que "los medios están mejor informados" que ellos mismos sobre una legislación que, se supone, va dirigida a su protección, el SUP se pregunta que si "se va penalizar más severamente las agresiones e insultos a la policía", ¿por qué se sacan estos supuestos, al parecer, del código penal y se trasladan a infracciones administrativas?.

 

 

Hasta el pasado verano, todos los ciudadanos detenidos en los últimos años por las fuerzas de seguridad en manifestaciones del 15-M y movimientos similares habían quedado en libertad sin cargos por orden del juez, que nunca les condenó por los hechos de los que les acusaba la Policía.

Sin embargo, ahora recurrir ante los tribunales las multas que el Gobierno prevé aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costará entre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte.

 

 

El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo Madina, tiene previsto interpelar este miércoles durante la sesión de control al Gobierno a Fernández Díaz sobre las sanciones que piensa incluir en la ley de Seguridad Ciudadana, una norma que, según el primer partido de la oposición, persigue "la represión de los ciudadanos" y de las "nuevas formas de protesta" surgidas al calor de la redes sociales, según recoge Europa Press.

Por su parte, Soraya Rodríguez ha vuelto a descalificar este martes los planes de Interior y ha acusado al Gobierno de querer pasar "de la mayoría silenciosa" a la que "tanto apela" a una "mayoría silenciada".


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Los 'minijobs' empobrecen Alemania pese a su récord de empleo

Publicado en por Skiper

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2013/11/26/economia/1385466084_781768.html

El volumen total de horas trabajadas cae a niveles de 1991.

El porcentaje de pobres con ingresos inferiores a 980 euros al mes aumenta hasta el 16%.

 

 

El número de personas en riesgo de pobreza crece en Alemania, a pesar de que nunca antes hubo tantos empleados como ahora, según los resultados del Informe Social de 2013 publicado hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). El estudio, que hace una radiografía de la sociedad alemana a partir de numerosos sondeos y encuestas, muestra que en 2012 el país tuvo 41,5 millones de personas empleadas, la mayor cifra de su historia.

Sin embargo, el volumen de trabajo total se situó en niveles de 1991. Según se explica en el informe, realizado en colaboración con la Central Federal de Formación Política y el Centro de Investigación Social de Berlín, esto se debe a que en los últimos veinte años la media de horas trabajadas por persona ha bajado de forma continua.

 


Cada vez un porcentaje más elevado de la población trabaja, de modo voluntario o por falta de alternativas, a tiempo parcial. Esto responde a la implantación masiva en Alemania de los denominados minijobs, empleos con un máximo de 15 horas mensuales con un sueldo de 400 euros al mes, que ocupan a más de siete millones de personas.

Así, el número de personas sin contratos a tiempo completo o con empleos temporales creció hasta alcanzar prácticamente a un cuarto de la población germana (22%), afectando especialmente a las mujeres (33%), los jóvenes entre 15 y 24 años (33%) y aquellos que carecen de titulación (37%).

 


El porcentaje de población en riesgo de caer en la pobreza aumentó en los últimos años en el país y creció del 15,2% de 2007 hasta el 16,1% en 2011, según el informe, que considera “pobres” a aquellos que percibieron menos de 980 euros al mes en 2011. Este es precisamente el salario neto mas frecuente en España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese porcentaje de "pobres" creció especialmente en los grupos de población entre 55 y 64 años, franja en la que se pasó del 17,7% de 2007 al 20,5% en 2011.

El incremento fue mucho menos significativo entre la personas comprendidas entre los 18 y los 24 años: del 20,2% en 2007 al 20,7% de 2011.

 


Según el estudio, el porcentaje de población que sufre “pobreza prolongada” aumentó notablemente: el 40% de las personas que en 2011 fueron consideradas en riesgo de pobreza había sufrido ya deficiencias en sus ingresos durante los cinco años anteriores. 

 Además, cada vez más personas pertenecientes al grupo de los que tienen menos ingresos juzgan su situación sanitaria como “mala” o “peor” que en los años anteriores, mientras que entre aquellos con niveles de renta superiores la percepción es la contraria.

La pobreza, según el informe, también influye en las expectativas de vida de la población: la esperanza de vida es once años menor para los hombres nacidos en sectores con baja renta respecto a los de renta alta, mientras que en las mujeres la diferencia es de ocho años.


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Soria maquillará el decreto de las renovables para evitar un aluvión de demandas

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elboletin.com/economia/88347/soria-maquillaje-decreto-renovables.html

El decreto sobre las energías renovables que laminará las primas al sector e introducirá las polémicas multas al autoconsumo tardará otros tres meses en convertirse en realidad. Como poco. Antes, los técnicos del Ministerio de Industria tendrán que reescribirlo, con idea de evitar un posible aluvión de demandas.

 

 

Esto lo que asegura hoy la agencia Reuters en una información en la que cita, sin nombrarlas, a cuatro fuentes internas. Sin embargo, la reescritura de la polémica norma no introducirá demasiados cambios sustanciales. Al menos no en la línea deseada por los fondos internacionales y los inversores españoles perjudicados por el decreto.

Se trataría sólo de superar la actual situación, sobre todo porque ni la Comisión Nacional de Energía, ni el Consejo de Estado ni la Comisión Nacional de la Competencia habían dado el visto bueno al decreto. Y, aunque sus informes no son vinculantes, tanta negativa pesa y mucho sobre una Ley que parece nacer contra todo y contra todos.

 

 

Pero hay un elemento nuevo en el tablero, la recién creada Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), el nuevo ‘superregulador’, impulsado por el Gobierno que, además preside Fernando Hernández, que fue asesor en Industria del secretario de Estado de Energía Alberto Nadal.

Con una nueva redacción, es bastante probable, según las fuentes consultadas por Reuters, que la CMNC emitiera un dictamen positivo sobre la norma, que le vendría bastante bien. 

Las fuentes de Reuters explican también que otro motivo que fuerza el nuevo retraso en la aprobación de la nueva norma de las renovables tiene que ver con las dificultades que “estarían encontrado Roland Berger y Boston Group para fijar la remuneración a las instalaciones afectadas tal y como les encargó el Gobierno.


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Los salarios de los directivos españoles son 127 veces superiores a los del resto de empleados

Publicado en por Skiper

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/los-salarios-de-los-directivos-espanoles-son-127-veces-superiores-a-los-del-resto-de-empleados_tTRysndKg8ya5Xl7zProi2/

Los 15 sueldos más altos de los empresarios del Ibex

Aquellos que ocupan la más alta jerarquía de las empresas en Norteamérica, tendrían una remuneración 354 veces superior que los que menos ganan.

En Suiza se ha rechazado establecer un límite a los sueldos de la alta dirección.

Los socialistas españoles quieren llevar al Parlamento una propuesta similar a la helvética. Que el sueldo más alto en una empresa no sea más de doce veces superior a la remuneración más baja.

 

 

La crisis ha moderado salarios, pero no todos. Al contrario, porque como ya advirtió la OCDE en un informe el pasado mes de mayo, la brecha salarial ha aumentado.Un estudio realizado por el sindicato estadounidense AFL-CIO del que se ha hecho eco la agencia Bloomberg deja claro que la brecha salarial no se está reduciendo con la crisis.

Según sus cálculos, aquellos que ocupan la más alta jerarquía de las empresas en Norteamérica, tendrían una remuneración 354 veces superior que los que menos ganan. En Japón, 67 veces más; mientras que en Noruega, 58 veces más, y en Dinamarca, 48.

 

 

En España, y con crisis, la proporción sería de 127. Es decir, de media, el director general de una compañía, ganaría 127 veces más que el sueldo más bajo. En Alemania la proporción sería de 1/147; en Suiza, 1/148, y en Francia 1/104.El AFL-CIO ha realizado el estudio porque la SEC, la más alta autoridad en el mercado de valores, está estudiando la posibilidad de obligar a las compañías a hacer públicas estas proporciones.

Una medida para que los inversores, entre otras cosas, puedan valorar el impacto que tienen sobre los resultados, los altos salarios de los directivos.

 

 

En España, la CNMV prepara un nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo que deberá estar listo, como muy tarde, para el próximo mes de febrero. Sustituirá al de 2006, y aunque se ha llegado a especular con la posibilidad que se intente poner un ‘coto’ a los sueldos estratosféricos, los expertos no creen que sea posible. Se trataría, de una medida que en países como Francia y Alemania, se ha descartado, de momento.

 

 

En Suiza, este fin de semana, se ha rechazado por referéndum la propuesta socialista ‘1:12’ que pedía un límite a los salarios más altos para que no sobrepasaran en doce veces el más bajo de la misma empresa. Una idea que aquí, los socialistas españoles también quieren llevar al Congreso.

De momento, en nuestro país donde sí hay límites es en los bancos que han recibido ayudas públicas, y también, en las empresas estatales.Así, en los bancos con capital del FROB, un sueldo no puede ser mayor de 300.000 euros.

 

 

Aquellas entidades en los que el FROB no tiene presencia mayoritaria, pero sí han recibido dinero del Estado, hay un tope de 500.000.Desde febrero de 2012, en las empresas públicas, los directivos de las más grandes, no pueden ganar más de 105.000 euros de salario fijo. Los de las medianas, 88.000; y los de las más pequeñas, 55.000.

 

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