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El Ministerio de Interior podría asumir el control de los Mossos D'Esquadra si Mas convoca la consulta

Publicado en por Skiper

Fuente: http://noticias.lainformacion.com/espana/interior-podria-asumir-el-control-de-los-mossos-d-esquadra-si-mas-convoca-la-consulta_VWQ0G4c0CQ3mRaLqI9K576/

¿Están las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas listas para actuar en caso de que la Generalitat se sitúe al margen de las leyes que juró cumplir y hacer cumplir? Es el escenario extremo, pero la determinación del presidente catalán, Artur Mas, de convocar la consulta soberanista a toda costa y de contemplar incluso una declaración unilateral de independencia ha puesto sobre la mesa todas las posibilidades.

 

 

En caso de que se convoque a las urnas a los ciudadanos para un referéndum no acordado con el Gobierno central y tumbado por el Tribunal Constitucional, el Estado debería actuar y exigir obediencia a Mas.

El primer paso para ello sería articular una respuesta para salvaguardar los principios constitucionales, que en último término suspendería la autonomía de Cataluña, destituiría a los dirigentes y transferiría la gestión de ciertas áreas al Gobierno central. Si aún así las autoridades catalanas hacen caso omiso, se estaría ante "un problema de orden público", tal y como señala el almirante retirado Ángel Tafalla.

En ese caso, debería actuarse contra los que incurren en desobediencia, exactamente igual que contra cualquier ciudadano que comete un delito, y ponerlos a disposición judicial.

 

 

Las fuerzas de seguridad -policía autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil- serían las competentes para mantener el orden. Mas ya ha movilizado a los Mossos D’Esquadra para el día de la consulta, pero dichos agentes "cobran de Interior y con un simple decreto pueden pasar a depender de la delegación del Gobierno y no de la consejería catalana de Interior", apunta Tafalla.

Para este exmilitar es inimaginable una operación que involucre al Ejército, ya que cree que con la simple movilización de Policía y Guardia Civil -si es que la política no lo resuelve antes- se atajaría la insumisión.

 

 

Otras fuentes expertas en Derecho Constitucional consultadas por este diario han reconocido igualmente que la posibilidad de que los Mossos pasen a ser controlados por Interior existe y podría hacerse en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Dicho artículo faculta al Ejecutivo a "adoptar las medidas necesarias" para someter a las autonomías "al cumplimiento forzoso" de la ley en caso de que la contravengan y no atiendan los requerimientos para rectificar.

 

 

La Policía Nacional mantiene unidades en Cataluña, aunque con menos competencias que en las regiones que no tienen policía autonómica, así como la Guardia Civil, que dispone de su organización como en cualquier otra comunidad.

El número de efectivos ha ido menguando en los últimos años -entre ambos organismos apenas superan los 7.000- a medida que crecía el de los Mossos -ya por encima de los 17.000-, hecho que podría hacer pensar que la situación está dominada por el Gobierno catalán.

Sin embargo, como ha quedado dicho, el control de la policía autonómica podría pasar fácilmente a manos del Ejecutivo central, lo que evitaría cualquier intento de elucubrar con una movilización del Ejército, cuya presencia en Cataluña en términos operativos es testimonial -solo un batallón del cuerpo de Tierra en Barcelona- mientras se mantiene la habitual en términos administrativos.

 

 

En la región que preside Mas hay un comandante militar de Barcelona y Tarragona, la Inspección General del Ejército de Tierra, la Tercera Subinspección de ese mismo Ejército (Pirenaica), además de la academia de suboficiales de Lleida y las subdelegaciones y delegación de Defensa.

La Guardia Civil, por su parte, está presente en numerosos puestos de la zona -denominada zona 7-, tiene comandancia en las cuatro capitales y controla la frontera pirenaica y las aduanas del aeropuerto de El Prat. En cualquier caso, como insiste Tafalla, "el Ejército pertenece a toda España y todo él está presente en toda España, pues no tardaría ni diez minutos en estar en cualquier punto".

"Las fuerzas de seguridad", concluye, "serían suficientes para restablecer el orden público" en caso de que éste se altere porque los mandatarios incurran en desobediencia y actúen al margen de la Constitución. Por el momento, y pese a las declaraciones grandilocuentes que se suceden, nada de esto ha pasado.


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Los fondos buitre sobrevuelan el negocio de las energías renovables para exprimir hasta 45.000 millones

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/buitres-negocio-energias-renovables-millones_0_238676250.html

Este tipo de fondos tienen su vista puesta en uno de los sectores que está a punto de sufrir un varapalo legislativo del Ejecutivo.

Los descuentos en el precio de venta no serán, en general, tan agresivos como lo fueron con los activos inmobiliarios, aunque se estima que unos 2.000 y 3.000 millones sí podrían estar en la misma situación de desgaste.

El agujero que esta deuda en los balances de la banca podría ser similar al ya que ya se ha tapado con el rescate.

 

 

La industria de las energías renovables española ha puesto el grito en el cielo con la nueva regulación anunciada por el Gobierno. El cambio en el cálculo de las primas y el nuevo concepto de "rentabilidad razonable", amenaza con la quiebra a muchos inversores. Pero lo que ellos anuncian como la bancarrota, se ha percibido como una nueva oportunidad de negocio en España para los fondos de inversión internacionales, desde los denominados buitre hasta otros más prudentes especializados en infraestructuras y energía.

 

 

Según los cálculos que manejan los fondos internacionales, el riesgo de deuda que podría tener problemas de pago por parte de los productores de renovables sería de entre 40.000 o 45.000 millones de euros ( algo menos que los 60.000 millones de euros de ayudas directas que ya ha recibido el sector financiero).

Básicamente, esto coincide con todo el crédito que la banca tiene concedido a estos productores según datos que publicó Vozpópuli. De ellos, en situación crítica, y que con casi toda seguridad acabará en impago, unos 2.000 o 3.000 millones. Sólo en este pequeño paquete podrían esperar entrar los buitre para conseguir altos descuentos y el 20% de rentabilidades que suelen exigir a sus inversiones.

"En el resto habrá que ir viendo cada caso, porque a diferencia de lo que ocurría en el ladrillo, aquí nos enfrentamos a empresas que con una adecuada gestión puede ser un buen negocio en el futuro. Po eso, no podemos ser tan agresivos  exigiendo descuentos",  reconocen desde uno de estos fondos.

 


Los más agresivos, aquellos que ya hicieron un suculento negocio el año pasado con la deuda del sector financiero e inmobiliario, ya están haciendo cuentas de lo que pueden rascar a este nuevo nicho de problemas. Así lo anunciaron representantes de HIG, Carlton Group, Toro Capital entre otros, en un encuentro que el sector celebró en Madrid hace unas semanas.

"Hay muchas oportunidades distress (así se denomina los que tienen máximo riesgo) en España, incluido el sector de las energías renovables", comentaban. Otros, algo menos agresivos, como la división de infraestructuras de KKR, Morgan Stanley Infrastructure, HG Capital, o el gigante canadiense Brookfield también están tanteando la situación en la que quedarán las empresas de energía españolas tras la reforma.

 

 

Ninguno lo tiene fácil, porque los números no están claros. La ley definitiva todavía no está aprobada, de hecho está en una sospechosa parálisis a falta de que el consejo de ministros de el visto bueno al decreto ley que finiquite el sector, y este tipo de industria no está tan hundido como el inmobiliario. Las empresas de renovables son sostenibles en el largo plazo.

El problema de sus dueños actuales es que pidieron una financiación e hicieron unas cuentas con unos umbrales de rentabilidad que el Ejecutivo se quiere cargar ahora y que la banca no quiere refinanciarr. Pero para un inversor que entre desde cero con otro plan de negocio, la compra puede ser de lo más rentable.

 

 

Teniendo en cuenta lo que se conoce hasta ahora de la nueva legislación, los fondos buitre ya hacen sus componendas. Volumen de deuda en relación con los ingresos y el tiempo de explotación que le queda a la compañía. Si la deuda supera los ingresos esperados -una vez aplicadas las nuevas primas- es momento de lanzarse al ataque. Si no, habrá que planear y negociar con más tiento.

Y, por supuesto, son conscientes de que no pueden esperar los pingües beneficios que les ha reportado el ladrillo español. "Conseguir retornos del 20% como en inmobiliario es muy difícil en un sector que está regulado y que, con lo que sabemos ahora, ha fijado unas primas del 7,5%", advierte Manuel Santillana, socio de Corporate Finance responsable de Utilities de KPMG en España.

 

 

Un problema inesperado para la banca

Su esperanza, está en el lado de la banca. Y es que, consideran que la probabilidad de que la banca tenga provisionada alguna pérdida por esos créditos es muy escasa, habida cuenta de que hasta ahora la deuda estaba soportada por el BOE, es decir, que tenía la garantía del Estado, y por ello puede estar tentada a venderlos lo antes posible para sacarlos de sus balances.

"Detestan que ocurra un efecto similar al del ladrillo y tener que quedarse con centenares de campos de paneles solares, por ejemplo, con los que no sabrían ni qué hacer", aseguran estos  expertos.

Pero, en la banca no se lo van a poner tan fácil. Vender deuda con pérdidas no es una práctica que guste a ningún banco español. Los extranjeros están más predispuesto a hacerlo. Rebajar mucho el precio, tampoco está entre sus objetivos.

"Quienes compren esto saben que tienen unos ingresos seguros por las primas estatales. Por eso, no se pueden esperar que les vayamos a dar esto con descuentos del 80% y 90%, como se han llevado algunas deudas del inmobiliario", comentan desde una entidad financiera española.

 

 

La nueva ley concursal cambia el escenario para los buitre

Además, la reforma de la Ley Concursal concede a la banca una baza de ventaja. Según explica Gonzalo Montes, s‪ocio de Restructuring de KPMG en España, la nueva legislación podría frenar a esos fondos más agresivos que buscan comprar deuda con mucho descuento a los bancos para forzar, por no querer llegar a acuerdos, una situación crítica en las finanzas de las compañías.

 

 

La nueva ley y el mejor tratamiento para la entrada de "dinero nuevo" en las compañías con problemas se ve también con muy buenos ojos entre los fondos internacionales especializados en infraestructuras de energía, porque el precio de las acciones sí que va a quedar por los suelos.

"Entrar en el capital de empresas con negocios a largo plazo es una buena oportunidad. A lo mejor las que ya han estado, preferirán no volver a hacer negocios en España. Pero hay otras muchas que pueden hacer sus cuentas con las nuevas primas y encontrar rentabilidades atractivas de cara a los próximos años", aseguran desde otro de los fondos interesados. 

 

 

Esta segunda línea de negocio no es para los buitre. En este caso, quienes están haciendo prospecciones en el mercado son los las divisiones especializadas en infraestructuras de fondos como KKR, RREEF del Deutsche Bank o el canadiense Brookfield, entre otros. "Su perfil  es mucho más conservador. No buscan riesgo, sino invertir en compañías con flujos de caja estables".

Y eso no se volverá a ver en España hasta que la nueva legislación de renovables demuestre que es capaz de controlar el déficit de tarifa. "Habrá que esperar, al menos, dos años y que el resultado del cambio sea efectivo para que estos estén interesados en entrar de nuevo en renovables españolas", asegura Santillana.


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La Policía pretende gastar tres millones de euros en militarizar su uniforme

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/Policia-pretende-millones-militarizar-uniforme_0_238676448.html

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Borrador Oficial: Orden Uniformidad Noviembre 2013(2) by eldiario.es

El borrador de la orden interna introduce la corona real, bastones de mando y galones en las nuevas divisas.

El proyecto es un empeño personal del número dos de Cosidó, el comisario Eugenio Pino, jefe de los antidisturbios con Aznar.

Establece el uso del bastón de mando en actos oficiales como "signo de dignidad y autoridad" sobre la seguridad ciudadana.

 

 

La Dirección General de la Policía desarrolla un plan para modificar los uniformes del Cuerpo. El borrador de la orden interna, elaborado por el Gabinete Técnico, incluye la sustitución de los símbolos recogidos en sus divisas, como los laureles, por otros utilizados habitualmente en los cuerpos militares, caso de los galones o la corona real española. Una previsión conservadora del presupuesto necesario para llevar a cabo el cambio en la uniformidad lo cifra en tres millones de euros, según fuentes próximas al proyecto.

 

 

El citado borrador, al que tuvo acceso eldiario.es, asegura que la reforma tiene como “objetivo principal” unificar en un único texto las disposiciones vigentes en materia de uniformidad y que los policías puedan conocer así “los distintos tipos de uniformes, sus modalidades y su uso, así como el uso de divisas, distintivos y condecoraciones”.

Para acabar con un supuesto desconcierto en el seno de la Policía respecto a sus propios uniformes y divisas, el proyecto incluye cambiar estas últimas. Se trata, añade, de que los agentes proyecten “una imagen homogénea, adecuada y de acercamiento a los ciudadanos”.

 

 

El proyecto modifica las divisas en todas las escalas. Por ejemplo, los policías de la escala superior, comisarios y comisarios principales, pasarán de llevar tres laureles en el hombro a distinguirse con un entorchado, tres bastones de mando orlados y una corona. De subinspector para abajo se introducen los galones en ángulo, que a quien no esté familiarizado con la uniformidad militar le recordarán a las insignias de los militares estadounidenses en las películas.

La Ley Orgánica que reguló en 1986 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reservó para la Policía el carácter civil, a diferencia de la Guardia Civil, que desempeña también funciones policiales pero tiene naturaleza militar.

 

 

 

El cambio no implicaría renovar completamente los uniformes, ya que las divisas van acopladas en hombro y pecho, tanto en los uniformes de invierno como en los de verano. El Cuerpo Nacional de Policía está compuesto en la actualidad por más de 68.000 agentes y el gasto por cada uno de ellos oscilaría en torno a unos 44 euros, según la estimación de las fuentes consultadas.

La cifra definitiva dependerá, en cualquier caso, del concurso que se abrirá entre las empresas que opten a fabricar las divisas cuando se apruebe la orden interna.

 

 

La reforma de las divisas de la Policía es un empeño personal del director adjunto operativo, Eugenio Pino, número dos de Ignacio Cosidó y jefe de las unidades antidisturbios durante los gobiernos de José María Aznar. El borrador tiene un anexo destinado a crear divisas especiales para los cargos.

Ahora, el propio Pino luce la misma divisa que cualquier otro comisario principal, pero cuando se apruebe la reforma tendrá una propia como director adjunto operativo. También lucirán una característica de su puesto los comisarios generales, los subdirectores y los jefes superiores. Todos ellos forman la cúpula del Cuerpo que es renovada cada vez que cambia el partido en el Gobierno.

 

 

En sus divisas, los mandos compartirán un nuevo símbolo, la corona real, que se introduce con el siguiente detalle: “Todas las divisas tienen integrado en su soporte como elemento principal la Corona Real de España, forrada de gules (rojo), constituida por un círculo de color oro engastado de piedras preciosas, sumado de ocho florones de hojas de acanto de color oro (visibles cinco), interpoladas de perlas de cuyas hojas salen otras tantas diademas de color oro, sumadas de perlas que convergen un mundo con el ecuador y el semimeridiano de color oro”.

 

 

Choque con la Casa del Rey

El actual borrador es la reforma de otro redactado en abril. Uno de los motivos de que hubiera que introducir modificaciones fue la queja de la Casa del Rey. En el primer proyecto, el director adjunto operativo pretendía llevar en su divisa tres bastones de mando entrecruzados, un símbolo destinado en exclusiva al capitán general de los tres Ejércitos, es decir, al rey de España.

 

 

El borrador de la orden interna también incluye el uso del bastón de mando para que lo exhiban los comisarios en actos internos de la Policía y en otros “solemnes de representación del Cuerpo”. “Se empleará como símbolo de autoridad y dignidad del cargo en relación con la seguridad ciudadana”, afirma el borrador. No solo la cúpula policial podrá exhibir el bastón de mando, también los comisarios provinciales y locales.

“Se llevará de forma natural con el brazo izquierdo extendido y sujeto por la mano sin cerrar el puño, en línea paralela al eje del cuerpo y ligeramente en oblicuo. La zona de sujeción será la parte superior, dejando ver el extremo ornamentado del bastón”, dice el texto.

 

 

Como director adjunto de la Policía, Eugenio Pino está al frente de la Junta de Gobierno que aprobó el 31 de enero conceder la más alta condecoración policial a una advocación mariana de Málaga. Los comisarios adoptaron esa decisión a propuesta del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

De Pino también partió la orden verbal de introducir en los actos de la Policía la canción de homenaje a los caídos La muerte no es el final, de clara connotación católica y que hasta ahora solo entonaban las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. El 28 de febrero se hizo la primera prueba. A los policías que juraban el cargo de inspector se les obligó a aprender la letra para cantarla durante el acto, que tuvo lugar en la Academia de Ávila.


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7 propuestas fiscales que el PP no quiere

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/14/impuesto-pp_n_4963324.html?utm_hp_ref=spain

La reforma fiscal ya está en el tejado del Gobierno. El comité de sabios le ha entregado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro este jueves sus propuestas de cara a la gran reforma fiscal que prepara el Ejecutivo. Es su gran apuesta para este año y también su trampolín de cara a las próximas citas electorales.

 

 

Montoro no ha dado demasiadas pistas sobre la nueva fiscalidad, pero propuestas tiene centenares sobre la mesa. Además de las del grupo de expertos, ha podido escuchar desde que es ministro las que le han lanzado desde la oposición. ¿Las tendrá en cuenta? Parece que no tiene muchas ganas.

1- IMPUESTO PARA LA RIQUEZA

Un nuevo impuesto sobre la riqueza ha sido una de las grandes propuestas durante estos años del PSOE y de Izquierda Unida. Por ejemplo, los socialistas han reclamado un nuevo tributo sobre las Personas Físicas (IPF), que aúne el IRPF y el de Patrimonio, incluidos los fondos de inversión.

 

 

2- IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS DE LOS BANCOS

Los socialistas también han reclamado, en sus propuestas de resolución del debate sobre el estado de la nación, la creación de un impuesto sobre actividades financieras que grave los salarios variables y los beneficios "extraordinarios" de las entidades.

 

 

3- IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS

Tanto el PSOE como Izquierda Unida han coincidido en solicitar un impuesto sobre las transacciones financieras, a fin de frenar la especulación en los mercados.

La federación que dirige Cayo Lara ha planteado que lo recaudado se destine a financiar políticas sociales específicas dirigidas a las personas más vulnerables en España así como para el incremento de los fondos de cooperación internacional contra el hambre, la pobreza y la desigualdad en los países en desarrollo.

 

 

4 - NUEVO TIPO PARA EL IVA DE LOS PRODUCTOS DE LUJO

Ya en la campaña electoral Izquierda Unida pidió crear un 'superIVA' para los productos de lujo, una reclamación que ha mantenido durante esta legislatura.

El PSOE también ha incorporado esta reclamación para los bienes y servicios de lujo y la plasmó en el debate del estado de la nación, a la vez que ha solicitado que baje el tipo para los productos culturales.Los socialistas e IU han advertido de que la propuesta de los expertos supone aumentar la presión fiscal de las capas populares mediante la subida del IVA en productos básicos.

 

 

5 - IMPUESTO A LAS GRANDES SUPERFICIES

Tampoco parece dispuesto Montoro a escuchar a Izquierda Unida en Sevilla. Allí han propuesto implantar un impuesto a las grandes superficies en Andalucía y que los recursos recaudados mediante esta medida se destinen a potenciar el pequeño y mediano comercio en la comunidad autónoma.

 

 

6- IMPUESTO DE SOCIEDADES DEL 35%

En IU están trabajando para presentar su propio plan de impuestos, que incluirá que las grandes compañías que tengan una base imponible superior a 1 millón de euros paguen un 35% en el Impuesto de Sociedades, que es el que grava los beneficios empresariales.

 

 

7- IMPUESTOS VERDES

Equo solicita la creación de una tasa de CO2 -existente ya en muchos países europeos- para luchar contra el cambio climático, la dependencia energética exterior y el déficit de nuestra balanza de comercio exterior.

En su propuesta fiscal, han planteado la introducción de nuevos impuestos en estas áreas: combustible para el transporte aéreo, producción de energía nuclear, depósito y almacenamiento de residuos nucleares, incineración de residuos, plaguicidas y alimentos y productos que contengan sustancias nocivas para la salud (grasas saturadas y azúcares).


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Comunidades Autónomas y ayuntamientos no pueden cumplir la Ley de Transparencia

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Comunidades-Autonomas-ayuntamientos-Ley-Transparencia_0_2230576936.html

El Gobierno ha aplazado su aplicación porque las corporaciones no disponen de los datos que deben hacer públicos.

 

 

La Ley de Transparencia, que impulsó el Gobierno cuando saltó el 'caso Bárcenas' se ha quedado en 'stand by' tras la aprobación definitiva del texto el pasado mes de noviembre. El motivo es que muchas administraciones incumplirían a día de hoy la norma si se aplicara ya. Por eso, el Ejecutivo ha dado hasta octubre a autonomías y ayuntamientos para que actualicen sus registros.

La respuesta de las administraciones ha puesto sobre aviso al Ejecutivo: muchas de ellas no disponían de los datos económicos (balances, cierres de año, etc.) que se tienen que introducir en el futuro Portal de la Transparencia. Ante esa falta de documentación, se ha optado por no aplicar, todavía, la ley.

 

 

Las fuentes consultadas por este diario, que dieron forma al texto y participaron en la tramitación parlamentaria, explican que “ya se tuvo en cuenta este riesgo”. Por ese motivo, no se fijó un periodo cerrado -el llamado 'vacatio legis'- para la aplicación de la nueva norma.

Así las cosas, el Gobierno calcula que, “en torno al próximo mes de octubre” entrará en vigor la ley y todas las administraciones tendrán la obligación de presentar y publicar toda la información requerida por el texto.

 

 

Aún no se ha creado el Consejo de Transparencia

Tal y como se adelantó en estas páginas, la Ley también obligaba al Gobierno a crear un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente para la promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno.

 

 

El presidente será nombrado por un período no renovable de cinco años, a propuesta del ministro de Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato en el plazo de un mes.

Pues bien, según las fuentes consultadas, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha propuesto aún presidente, y el resto de integrantes del Consejo todavía no han sido propuestos por el Ejecutivo al resto de partidos de la oposición.


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El Supremo impide utilizar a parados como voluntarios para cubrir tareas habituales

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Supremo-utilizar-parados-voluntarios-habituales_0_235877232.html

En una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Tribunal limita la figura de la "colaboración social" por la que las administraciones pueden requerir a desempleados para desempeñar tareas.

Dos sentencias consideran como despido improcedente la extinción de la relación entre dos paradas y la Administración canaria al haberse dedicado a "actividades normales y permanentes".

CCOO tiene documentados muchos casos en los que 'parados voluntarios' cubren plazas de trabajo propiamente dicho.

 

 

El Tribunal Supremo acaba de cambiar su criterio de jurisprudencia sobre un asunto de gran trascendencia: la utilización de parados por parte de las Administraciones Públicas bajo la llamada fórmula de "colaboración social".

La Sala General de lo Social ha dictado una sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es en la que determina que las administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados en el tiempo.

En otra sentencia, el Supremo reafirma su criterio y subraya que esta es la nueva doctrina que debe regir. En ambos casos, el Tribunal da la razón a dos desempleadas que demandaron a la Administración canaria y considera que la extinción de su relación laboral fue un despido improcedente y no el final de una colaboración social.

 

 

Para el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos, estas sentencias tienen gran trascendencia.

"Hasta ahora, el Supremo consideraba que en estos casos la actividad era siempre temporal porque se llevaba a cabo mientras los parados cobraban algún tipo de prestación, y esta siempre es finita. Ahora cambia su criterio y dice que las administraciones tienen que acreditar el carácter temporal de la actividad y, lo más importante, que no puede tratarse sin más de una tarea habitual o cotidiana de la Administración", explica Olmos.

 

 

En la sentencia en la que cambia su criterio de jurisprudencia, la Sala General de lo Social explica que las Administraciones Públicas tendrán que "acreditar documentalmente que las obras, trabajos o servicios objeto del contrato en cuestión tienen utilidad social", tal y como exige la normativa pertinente, "sin que baste su mera y simple declaración".

El Tribunal rectifica, además, su doctrina sobre la temporalidad: debe ir referida al trabajo a desempeñar –dice– y ha de ser independiente de la propia limitación del contrato de colaboración que pueda tener el desempleado.

 

 

Es decir, ya no vale con justificar que la tarea durará el tiempo que dure la prestación del parado, sino que el trabajo en sí debe tener duración temporal. En el caso al que se refiere la sentencia, la Sala considera que los servicios prestados corresponden "a las actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación durante cerca de cinco años a partir de sucesivas prórrogas".

 

 

El sindicato tiene documentados muchos casos en los que las administraciones han utilizado a personas en paro para cubrir plazas de personal que fue despedido o cuyos contratos acabaron y a los que estas sentencias afectarían directamente.

"Casi todas las personas que están bajo esta fórmula cubren tareas habituales, de ahí el 'boom' de esta figura, que se ha producido cuando la tasa de reposición del personal de la Administración ha sido cero y se están amortizando las vacantes. Es una vía para sustituir empleo", asegura.

 

 

Con esos argumentos, el Tribunal Supremo señala que la extinción de la relación entre la desempleada que demandó y la Consejería de Empleo e Industria y Comercio de Canarias es un despido improcedente, tal y como se declaró en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que sentenció que el contrato se había celebrado en fraude de ley y que encubría una contratación laboral indefinida.

"La actora ha sido empleada para realizar tareas administrativas habituales y ordinarias, labores que no tenían una autonomía y sustantividad propias, en igual régimen que el resto del personal", decía aquella sentencia.

 

 

Despido improcedente

En su otra sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se reafirma en su nueva doctrina y confirma la sentencia del TSJ de Canarias que consideraba como despido improcedente la extinción de la relación entre otra desempleada que desempeñó tareas y la Consejería de Empleo, Industria y Comercio para la que trabajó. El TSJ condenó a Canarias a readmitir a la trabajadora o bien a indemnizarle con 11.060 euros y, en cualquier caso, los salarios de tramitación.

 

 

"Los servicios prestados se corresponden con las actividades normales y permanentes de la Administración demandada sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad y habiéndose mantenido la relación durante más de dos años a partir de sucesivas prórrogas", dice la sentencia del Supremo.

Entre 2006 y 2011, casi 30.000 personas que estaban en paro y cobraban algún tipo de prestación tuvieron que hacer tareas voluntarias para alguna administración pública, según las estadísticas del Ministerio de Empleo.

 

 

La normativa laboral permite desde el año 82 que bajo una fórmula llamada "colaboración social" las administraciones llamen a los desempleados a realizar este tipo de tareas no remuneradas –pero por las que se da un complemento económico que se suma a la prestación– mientras siguen en el paro. Eso sí, la norma permite que estas personas desaparezcan de las estadísticas como parados mientras llevan a cabo estos trabajos.


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7 escándalos que el PP no quiere que investigue el Congreso

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.huffingtonpost.es/2014/03/04/pp-congreso-comision-de-i_n_4895755.html?utm_hp_ref=spain

El rodillo parlamentario del PP puede con todo. Nada de dar demasiadas explicaciones sobre los temas espinosos. Este martes los populares han vuelto a tumbar la posibilidad de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre el drama ocurrido en Ceuta el pasado 6 de febrero.

 

 

Es el último ejemplo de las negativas de los populares a que el Parlamento estudie y sea escenario de comparecencias en profundidad sobre temas de máximo calado político y social. Un signo más del papel casi de trámite que tienen las Cortes dominadas por la mayoría absoluta del PP. ¡Qué investiguen otros!.

Estos son siete casos en los que el PP ha rechazado crear una comisión en la Cámara Baja:

1-LA FINANCIACIÓN DEL PP

Los populares rechazaron las sucesivas propuestas del PSOE y de la Izquierda Plural de crear una comisión de investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido y el ‘caso Bárcenas’. Este mismo martes Izquierda Unida ha recuperado la propuesta y ha anunciado que volverá a reclamar que la Cámara Baja estudie las cuentas del PP para que se sepan todos los "pufos" relacionados con el 'caso Gürtel'.

 

 

2-LA TRAGEDIA DE CEUTA

El PP ha vetado la creación de una comisión sobre la tragedia de Ceuta del pasado 6 de febrero cuando murieron al menos quince inmigrantes al intentar entrar a nado en España. Los populares han alegado que es “innecesaria” porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha dado “cumplidas explicaciones”.

 

 

3-CAJA MADRID

El partido liderado por Mariano Rajoy se negó asimismo en enero a celebrar una sesión para decidir si el Congreso tenía que investigar en una comisión la “inaceptable utilización de Caja Madrid” por parte del PP y sus consecuencias en la entidad. El diputado del PP Vicente Martínez Pujalte defendió su negativa argumentando que todas las decisiones en la caja se habían tomado por “unanimidad” y que había representantes de todos los partidos en el consejo.

 

 

4-ACCIDENTE DE SANTIAGO

La Mesa del Congreso tumbó el pasado mes de septiembre la petición de la Izquierda Plural y del Grupo Mixto de debatir la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Santiago de Compostela. “Es una cuestión de pura higiene democrática. No se trata de sustituir ni de interceder en la vía judicial, sino más bien de responder a las demandas de las víctimas y de la sociedad”, defendió en su día la diputada Ascensión de las Heras (IU).

 

 

5-AMNISTÍA FISCAL

El PP también ha vetado durante esta legislatura la creación de una comisión de investigación sobre la amnistía fiscal. Los socialistas querían que Rajoy explicara la finalidad de esta medida, gracias a la cual Bárcenas habría regularizado 11 millones de euros, según los abogados del extesorero.

 

 

6-EL RESCATE FINANCIERO

El Congreso de los Diputados ha rechazado también en dos ocasiones al menos la creación de una comisión de investigación sobre el rescate a la banca. Los populares aludieron que no se podía celebrar cuando todavía estaba en marcha este mecanismo. ¿Cambiarán de opinión ahora que venden que ya ha terminado?

 

 

7-EL ESCÁNDALO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

La crisis de la Agencia Tributaria (AEAT) provocada por los ceses y dimisiones al mismo tiempo que se destapaba el ‘caso Cemex’ llevó al PSOE a pedir una comisión de investigación para que compareciera el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los inspectores implicados.

Los populares volvieron a imponer el rodillo parlamentario. La excusa del partido para no crearla fue que el objetivo del PSOE era “desprestigiar al ministro de Hacienda y acusarle falsamente de favorecer a grandes empresas”. No se supo nada más.


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El ministro de Interior ya no sabe cómo meter miedo: “Hay 80.000 inmigrantes esperando saltar la frontera”

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elplural.com/2014/03/04/el-ministro-de-interior-ya-no-sabe-como-meter-miedo-hay-80-000-inmigrantes-esperando-saltar-la-frontera/

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante el acto celebrado hoy en el cuartel de la Verneda, de la presentación de los 127 nuevos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía que se incorporan a partir de hoy a las plantillas de Cataluña. EFE

Jorge Fernández Díaz habla de "oleada" y manipula los datos de extranjeros en Marruecos para dibujar un falso apocalipsis.

 

 

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, sigue empeñado en que sintamos por la inmigración la misma aversión que parece sentir él.

Hoy ha afirmado que la situación es “de emergencia delicada” porque al otro lado de la frontera aguardan 80.000 inmigrantes esperando dar el salto. Una cifra que casi triplica la que publicó El País por indicación de Interior poco después de la tragedia que costó la vida a 15 inmigrantes, que murieron ahogados entre los disparos de pelotas de goma de la Guardia Civil.

La información publicada por El País causó polémica por varias razones. Primero, porque confirma el coqueteo del diario de Prisa con el Gobierno, hasta el punto de publicar como dogma una cifra proveniente de Interior.

Segundo, porque en la versión de papel del periódico se afirmaba que el dato venía de la “inteligencia” española, pero después, en el formato digital, se reconocía que venía de Interior. Y tercero, porque la cifra parece a todas luces una exageración.

 

 

Una oleada de 80.000 inmigrantes

Pero hoy Fernández Díaz ha subido la apuesta, después de que 1.500 inmigrantes subsaharianos intentaran sin éxito cruzar la valla.

Según el ministro, que ha acudido a la presentación de los 127 nuevos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía que han sido destinados a Cataluña, la situación es de “emergencia delicada” y ha dicho que actualmente hay 40.000 inmigrantes, subsaharianos en su mayoría, esperando en Marruecos para colarse en España, más otros 40.000 en Mauritana con idéntico objetivo.

Fernández Díaz ha explicado que las cifras de esta “oleada” se las ha facilitado el ministro del Interior de Marruecos, con quien se reunió recientemente en París, y que también han sido corroboradas por los servicios de inteligencia españoles.

 

 

40.000 viviendo en todo Marruecos

¿Pero cuál es la realidad? Pues es muy difícil conseguir una cifra exacta, pero desde luego todo indica que 40.000 es una exageración. Según Marruecos, en todo el país viven entre 25.000 y 40.000 extranjeros en situación irregular. Esa es la cifra que manejan ahora, y eso que en 2012 aseguraban que eran sólo entre 10.000 y 15.000 personas.

A esto hay que sumar que la situación en el África Subsahariana es bastante peor que en Marruecos y muchos de los inmigrantes deciden quedarse en el país.

 

 

Las cifras de las ONG

La situación es diferente si se atiende a las cifras propias de las ONG. Según Human Right Watch, la horquilla va de 4.500 a 40.000 inmigrantes. Médicos sin Fronteras ponía los límites entre 6.000 y 15.000, de los que unos 600 vivían en Oujda y otros 600 en Nador, lugares en los que según esta organización se agrupan los que de verdad quieren pasar a Europa.

Y si atendemos a los datos de las delegaciones de Gobierno en Ceuta y Melilla, los asentados a las puertas de las ciudades autónomas está entre 1.500 y 1.000 respectivamente.

 

 

Cifra “insignificante”

Además, los expertos alertan de que ya sean 4.500 o 40.000 las personas que aspiran en algún momento a cruzar la frontera, la cifra es “insignificante”. Según Dolores López Hernández, profesora de Geografía Humana de la Universidad de Navarra, eso no es nada comparado, por una parte, con las millones de migraciones internas que hay en África cada año y, por otro, con que España ha recibido desde 1998 “a millones de personas sin que eso haya supuesto un colapso del Estado del Bienestar ni del Estado”. Actualmente, cinco millones de extranjeros viven en España, lo que supone el 11% total de habitantes.


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Rebajar la potencia contratada, un ahorro eléctrico que preocupa a Industria

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.lasexta.com/noticias/economia/rebajar-potencia-contratada-ahorro-electrico-que-preocupa-industria_2014030300247.html

El ministro de Industria está preocupado por las numerosas peticiones de rebaja de potencia contratada. Las organizaciones de consumidores llevan tiempo recomendando esto; dicen que las eléctricas nos inflan la potencia que tenemos en casa. ¿Por qué preocupa al Gobierno? Porque si pagamos menos de potencia, no se paga suficiente para tapar el llamado déficit de tarifa.

 

 

Juan Carlos acaba de hacer una llamada determinante para que adelgace su factura eléctrica. "Llamé a la compañía de electricidad para que me bajara la potencia", afirma.

Como él cada vez más españoles optan por bajar la potencia contratada, para quebradero de cabeza del Ministerio de Industria que amenaza con tomar medidas. “No sabemos de dónde vendrá la preocupación del ministerio y lo que sí nos preocupa a nosotros es que pueda ser una nueva excusa para subidas posteriores”, explica Rocío Algeciras, del gabinete jurídico de FACUA.

Desde febrero el coste fijo supone un 60% de la factura eléctrica. Dentro de esa parte fija, la potencia contratada equivale a un 68%. Pues bien, si un consumidor baja la potencia activa en su hogar en dos puntos, por ejemplo de 6,5  a 4,5, puede ahorrarse unos 150 euros al año.

 

 

Tras darle muchas vueltas. Así lo hizo Toni y los resultados no han tardado en llegar. “100 euros al año, haciendo un cambio de potencia y bajando la potencia del 6,5 al 4,5”.

Cambiar la potencia puede costarnos como mucho 20 euros y da resultado...día a día aumenta el número de desertores de las altas potencias y por ello el Gobierno ha trasladado sus inquietudes a las eléctricas.

Algunas fuentes dicen que las solicitudes de cambio de potencia se han multiplicado por cuatro. Una cifra que de seguir aumentando pondría en riesgo el objetivo de ir disminuyendo el déficit de tarifa.


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Una encuesta entre los redactores de TVE saca a la luz las vergüenzas de los telediarios

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elplural.com/2014/02/28/una-encuesta-entre-los-redactores-de-tve-saca-a-la-luz-las-verguenzas-de-los-telediarios/

DESINFORMA PP

Se acaba de conocer el resultado de la encuesta que el Consejo de Informativos de TVE llevó a cabo entre el 7 y el 10 de febrero entre los periodistas de la redacción central de los Telediarios. Como explican ellos mismos, pusieron en marcha este sondeo “para establecer el fundamento y alcance real de las abundantes quejas verbales” que les hacían llegar los periodistas que tienen que elaborar las informaciones.

 


Los resultados los han recogido en una nota, reservada para consumo interno de la propia empresa, pero a la que ha tenido acceso ELPLURAL.COM. En el informe se explica que la encuesta se realizó mediante entrega de cuestionarios que se recogieron “mediante urna precintada entre los días 13 y 14″.

Una vez tabulados, muestran algunos datos que resultan muy clarificadores de la situación que se vive en los Servicios Informativos de TVE bajo el mandato de Leopoldo González Echenique, como presidente, y Julio Somoano como director del área.

 

 

 

Insatisfechos con los telediarios

“Dos tercios (66%) de los redactores que responden la encuesta, se declaran insatisfechos con el contenido de los telediarios. Tres de cada cuatro (76,78%) creen insuficiente la duración que se concede a las noticias. Casi la mitad (el 48%) considera que, en general, los temas tratados no son relevantes”. Así arranca el párrafo donde se recoge el resumen de los resultados de la nota del informe del Consejo de Informativos.

 

 

Una muestra generalizada de descontento, que no se atenúa con los siguientes datos, que muestran a casi la mitad de la redacción disconforme con el tratamiento ‘profesional’ que reciben como redactores. “El 53,57% dice que su opinión cuenta a la hora de elegir y enfocar las noticias y el 55% que se respeta el contenido de sus informaciones”.

Una lectura ‘amable’ que hace el Consejo de Informativos, porque con esos dos datos lo que viene a desvelarse es que casi un 50% de los redactores de los telediarios sienten que no se les tiene en cuenta a la hora de elegir y valorar la información que deben hacer, y que se desvirtúa el contenido de las informaciones que realizan.

 

 

Alta participación de los redactores de todas las áreas

El Consejo de Informativos, que recuerda que “la encuesta se realizó de forma totalmente anónima”, desvela que “en los cuestionarios solo figuraba un número para poder establecer la sección a la que corresponden las encuestas”. Era la forma de detectar en qué áreas podían ser más abundantes y graves los problemas.

Primero les damos los datos. La participación de los redactores de cada área fue la siguiente:

“NACIONAL 78,6%, ECONOMÍA 66,6%, CULTURA 71,4%, MATINAL Y FIN DE SEMANA 50%, SOCIEDAD 72,2%, INTERNACIONAL 90%, DEPORTES 0%”.

Más allá del llamativo, y quizás no tan sorprendente dato, del 0% de participación de la redacción de deportes, se puede ver que la participación fue considerablemente alta en todas las otras áreas.

 

 

La manipulación mayor en el asuntos ideológicos

En el análisis de las principales conclusiones área por área, el Consejo escribe: “SOCIEDAD: La encuesta desvela una situación preocupante en el Área de Sociedad, donde se dan las tasas más altas de insatisfacción y de crítica al trabajo que se realiza.

Hay que destacar que el 92’3% de los redactores que han respondido las encuestas consideran que, en general, los temas que les encargan no tienen la relevancia que exige la ley de la Radio Televisión Estatal, más de 40 puntos por encima de la media.

 

 

Sucede lo mismo cuando se les pregunta si se sienten presionados por sus jefes: el 84,6 % dice que sí, frente a un 44,6% de media. Dicen que no tienen libertad para elaborar las noticias un 69%; ni tiempo suficiente para confirmar, contrastar y contextualizar, un 77%”.

Este dato, el problema en el área de Sociedad, tiene una explicación que viene a subrayar el problema de manipulación en los telediarios: se trata del área responsable de informar sobre los temas de Educación, Sanidad, aborto, recortes en servicios sociales como dependencia… Es decir, el área en el que se tratan los asuntos en los que el PP está cargando toda su apuesta ideológica.

 

 

La presión sobre las ediciones Matinal y Fin de Semana

Y así, como en el área de Política resulta imposible hacer desaparecer por completo la presencia de asuntos y opiniones de partidos de la oposición, en el área de Sociedad los redactores se encuentran con que la ‘intervención’ de los jefes sobre ellos y sus informaciones resultan más ‘fáciles’.

Y para la intención de control de los telediarios, más interesante. Por ejemplo, ocultando y relegando determinados temas y a los grupos sociales que mantienen opiniones diferentes a las del Gobierno.

El segundo grupo de redactores que, según la encuesta, se siente más afectado es el de las ediciones de Matinal y Fin de Semana. “Al igual que en Sociedad -se lee en el informe-, supera a la media la proporción de respuestas que declaran no tener libertad para elaborar las noticias que les encargan (un 70%).

También un 70% declara que no se respeta el contenido de sus informaciones. Y un 80% se siente presionado por sus jefes. Idéntico porcentaje se muestra insatisfecho con el resultado final del telediario. Un 60% afirma que su opinión es tenida en cuenta a la hora de elegir y enfocar los temas”.

 

 

Preguntas abiertas a los redactores

Igualmente revelador resulta el último apartado del informe, que el Consejo de Informativos llama “preguntas abiertas” y que plantearon bajo dos epígrafes para que los redactores pudieran explicarse de manera más explícita. Las preguntas que se hicieron a los redactores fueron estas: “A tu juicio, cuáles son los principales problemas en la redacción del TD” y “Cuáles son tus propuestas para mejorar los TDs”.

“En las respuestas se hacen observaciones muy variadas -se lee en el informe-, aunque algunas se repiten bastante. Es el caso de las “presiones y vigilancia, sobre todo en temas candentes” que notan los redactores a la hora de elaborar noticias, así como la “falta de independencia y libertad”.

También señalan que se evitan temas “controvertidos, conflictivos o incómodos para el gobierno” o se relegan dentro del minutado o se reducen al formato de colas”.

 

 

Recomendaciones: gestionar los telediarios con criterios profesionales, y no políticos

Quejas que se completan con la selección de noticias: “se dan temas “sin interés”, “banales”, “frívolos”, “de colorín” o “para no pensar”-se quejan los redactores-. También se considera que “se omiten temas de interés para el público” y que no se profundiza ni se ofrece contexto a la información”.

Por último, en sus recomendaciones para mejorar los telediarios, no son menos explícitos: “se reclama que los informativos se gestionen “con criterios profesionales y no políticos” y “más libertad e independencia”.

También se señala que habría que “apostar por temas propios”, “ofrecer más análisis y contexto” y “dar información de los temas que preocupan a la gente”.


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