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Crean una web con el título “Cospedal te odia” que advierte de la ley mordaza en Castilla-La Mancha

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elplural.com/2013/12/10/creada-una-web-que-bajo-el-titulo-cospedal-te-odia-advierte-de-la-ley-mordaza-en-castilla-la-mancha/

Miembros de la plataforma Cospedal te odia.

“Los siete de Ciudad Real” denuncian la “persecución, agresión y encausamiento” de las personas que protestan contra la secretaria general del PP.

 

 

“Los siete de Ciudad Real”, ciudadanos castellano-manchegos acusados  de faltar el respeto a María Dolores Cospedal cuando el pasado 27 de septiembre protestaban por las devastadoras políticas neoliberales llevadas a cabo por la neocon en Castilla-La Mancha, aprovechando que ésta y su consejero de Educación visitaban la capital, y que el lunes, 16 de diciembre, se enfrentan a un juicio por ejercer sus derechos, han creado una página web (http://www.cospedalteodia.org/) donde se recoge la posición de estos ciudadanos y el manifiesto que advierte que el PP, “con su secretaria general a la cabeza, María Dolores Cospedal, está persiguiendo a las personas dignas que protestan para defender nuestros derechos”.

 

 

Por Facebook y Twitter

Los señalados por las huestes de Cospedal y acusados por recriminarle la privatización de la sanidad y el desmantelamiento de la escuela pública, apoyan también su campaña en el resto de las redes sociales, como en Facebook (https://www.facebook.com/cospedalteodia), o Twitter (@cospedalteodia), denunciando la utilización de las “Fuerzas de Seguridad del Estado para aislarse de la protesta social”, al mismo tiempo que acusan a los dirigentes del PP de “perseguir a manifestantes pacíficos que tan sólo ejercen su derecho de libertad de expresión o manifestación”, y recuerdan que todos aquellos que protestan “ son agredidos, perseguidos, denunciados y encausados”, añaden en su manifiesto, “María Dolores de Cospedal intenta amordazar a los que se oponen a los recortes con una oleada de sanciones administrativas y procedimientos penales sin precedentes en esta democracia”.

 

 

El “16 D”, juicio contra la libertad

Grupo de ciudadanos que el próximo lunes se sentarán en el banquillo de los acusados, en un juicio que consideran “contra la libertad de expresión y de protesta; un juicio contra los derechos fundamentales; un día en el que Cospedal quiere silenciar a quienes se oponen”, concretan.

Los perseguidos, que han pedido la comparecencia como testigos de Cospedal y de su discutido consejero de Educación, cuya mujer se ha saltado todas las listas de espera imaginables para ser operada de una hernia discal, se muestran perplejos porque si se condena o se sanciona a los acusados el “16 D”, en adelante todas las personas “seremos condenadas a la pena de sentir miedo cuando queremos ejercer nuestros derechos fundamentales, penadas por la duda razonable que nos asaltará cada vez que queramos manifestar nuestra opinión con libertad o reunirnos con nuestros compañeros y compañeras para expresar públicamente nuestro rechazo”.

De esta forma, los firmantes aseguran que: “ Si no somos capaces de evitar este peligroso camino, pronto nadie tendrá el valor de enfrentarse a María Dolores de Cospedal y sus políticas, y ya no quedará nadie dispuesto a expresar en un acto de generosa valentía lo que pensamos todas y todos mirando a los ojos a quienes nos están ejecutando”.

 

 

Un atestado de risa

“Los siete de Ciudad Real” que Cospedal lleva a juicio fueron identificados por la policía de la neocon en plan chapuza, como lo prueba el atestado, verdadero cúmulo de despropósitos.

“Rezuma motivaciones políticas en cada uno de sus párrafos, pretende desvergonzadamente que pertenecer a movimientos sociales o partidos políticos opuestos al régimen es motivo suficiente de sospecha, e indicio de cometer un acto ilícito”, concluye, “resulta llamativo que uno de los acusados, descrito en el atestado policial como personaje destacado entre los movimientos sociales, aquel día ni siquiera estuvo entre los manifestantes”, concluyen diciendo.

 

 

La corte policial de Cospedal

Sin embargo, por mucha policía que lleve Cospedal en sus desplazamientos, hasta una veintena de agentes, según denuncia el SUP, dispositivo adelantado en exclusiva por ELPLURAL.COM, no podrá evitar ser abucheada e increpada en todos los pueblos de Castilla-La Mancha o en Madrid o allí donde se dirija.

“Su imagen ya está asociada a una de las personas que más rechazo provoca entre la ciudadanía; y eso, difícilmente, se soluciona con guardias civiles y denunciando a quien la recrimine el desmantelamiento y posterior venta de Castilla-La Mancha”, declara a este medio un destacado líder del PSOE.


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(Surrealismo, facherío, y afán recaudatorio): En 2014 llegarán los controles de alcoholemia a peatones

Publicado en por Skiper

Fuente: http://noticias.coches.com/noticias-motor/en-2014-llegaran-los-controles-de-alcoholemia-peatones/96847

Con la nueva Ley de Tráfico, los peatones que realicen una infracción podrán ser sometidos a control de alcohol o drogas, aunque no incurran en un accidente.

 

 

Hace tiempo que comenzamos a analizar los grandes cambios que supondrá la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial. La nueva ley ya ha empezado su  tramitación en el Congreso de los Diputados e incluye novedades como el aumento de velocidad máxima a 130 km/h en algunos tramos de autovías o la prohibición de los detectores de radar.

También será obligatorio el uso del casco en bicicleta y aumentarán mucho las multas por consumo de alcohol o drogas. Pero no nos habíamos percatado de que los controles de alcoholemia también podrán realizarse a los peatones.

 

 

En el borrador de la Ley supimos que el peatón deja de tener condición de vehículo sobre la vía pública y que siguen teniendo prioridad de paso en aquellas zonas “especialmente acondicionadas para el tránsito y estancia peatonal”, donde los vehículos deberán viajar a un máximo de 20 km/h. Pero ahora bastará con que cometa una infracción, independientemente de que incurra en un accidente, para que la policía exija un control

 

 

Algunas de las infracciones más comunes de los peatones son las de no atravesar la calzada por el paso de peatones más cercano, cruzar sin mirar o no respetar los semáforos. Otras pueden ser no marchar correctamente por las calzadas y arcenes o esperar en la calzada a otras personasy al autobús, están recogidas como infracciones de los peatones.

 

 

Es decir, el viandante que se haya tomado dos cañas después del trabajo tendrá que llevar cuidado de no poner los pies en la calzada al esperar el autobús, ya que está estipulado como infracción.

La policía podrá exigirle que se someta a un control de drogas y alcohol con la nueva reforma de la Ley de Tráfico en la mano. Si el alcohol en sangre de las dos cervezas es superior a la tasa permitida, será condenado a pagar una multa, aunque no incurra en un accidente.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros, el proyecto de Ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. La intención es que la reforma pueda entrar en vigor para principios de 2014, según señaló en verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.


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Un policía arremete contra la Ley Antiprotesta

Publicado en por Skiper

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La prensa europea se hace eco del autoritarismo de la ley de Seguridad Ciudadana

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.lamarea.com/2013/12/04/ley-seguridad-ciudadana-2/

La prensa europea se hace eco del “autoritarismo” de la ley de Seguridad Ciudadana

“Problemática”, “autoritaria”, “camino a una dictadura”, “amenaza a la democracia”. Estos son algunos de los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.

Una nueva normativa que ha despertado el recelo de columnistas del diario británico The Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se han hecho eco varios rotativos europeos.

 

 

En el Reino Unido, The Guardian abría la semana pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta amenazan verdadera democracia” una información firmada por Richard Seymour en la que aseguraba que “el choque entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades.

“La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática, de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico, que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.

 

 

“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las protestas, sino que tiene un efecto de domesticación a largo plazo para este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.

 

 

El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están bajo ningún ente de este tipo.

“Al tratar con las protestas más grandes en representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados extremistas , terroristas o incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.

 

 

“Te deja sin palabras”

En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el 21 de noviembre con el titular “Camino a la dictadura”.

En su columna, el corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas de la política de estabilidad europea y los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.

“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino también erradicar la pobreza mediante multas. Quien duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja, puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”, denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.

“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y el Parlamento todavía está allí, pero ya no defiende más los derechos civiles”, concluía.

 

 

“Una ley contra los indignados”

También el semanario alemán Der Spiegel se hacía eco de la reforma legal y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo máximo” que supone la norma.

También las del director de Greenpeace en España, Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.

 

 

En Italia, Il Giornale informaba de que “indignarse en España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”.

En una información firmada por Giuliana De Vivo el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia, aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en manifestaciones”.

 

 

En este sentido recordaba el “provocador beso” de una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa: “Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino que quería ridiculizar a la policía’”.

Así que, insinuaba el artículo, con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía como grave, con multas de hasta 30.000 euros.

 

 

Europa considera la reforma “altamente problemática”

El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por el Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.

Muiznieks , que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la ciudadanía tiene derecho a expresar “el desacuerdo con las medidas de un Gobierno”.


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Guía práctica para manifestantes bajo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.eldiario.es/politica/respuestas-nuevas-multas_0_201930639.html

Quince preguntas y respuestas sobre las infracciones recogidas en el anteproyecto aprobado por el Gobierno.

El texto incluye multas de 100 a 600.000 euros por conductas frecuentes en las nuevas formas de protesta.

 

 

El anteproyecto de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros recoge un buen número de infracciones susceptibles de ser cometidas durante las formas de protesta que han inundado las calles durante la presente legislatura.

Este cuestionario pretende ser una guía práctica acerca de las multas contenidas en el anteproyecto, al que aún resta por incorporar nuevos informes de los ministerios de Justicia y Hacienda, recomendaciones del Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos y las modificaciones que introduzca el trámite parlamentario.

 

 

¿Se podrá gritar ante el Congreso “no nos representan"?

Si lo hace participando en una protesta previamente comunicada a la Delegación del Gobierno, no podrá ser sancionado. En caso contrario, incurrirá en una infracción leve, castigada con multas de entre 100 y 1.000 euros.

Lo mismo ocurrirá si la manifestación es en cualquier otro lugar. Si es usted el convocante, por Twitter o cualquier otro medio, también podrá ser multado con esas cantidades, aunque no aparezca por allí.

Puede que durante la protesta, alguien protagonice disturbios. Entonces, el convocante podrá ser multado con un máximo de 30.000 euros –falta grave– e Interior valora que sólo se salve del castigo si condena y muestra su rechazo público a esos disturbios.

 

 

¿Y si participa en altercados?

El Código Penal ya recoge los delitos de daños y desórdenes públicos, así como el de resistencia o atentado a la autoridad. Pero si su actitud no reviste la gravedad que exige el delito, Interior le puede castigar con una falta grave (1.000-30.000 euros) si causa “desórdenes graves o incendios”, tanto en la calle como en establecimientos, y sólo si su conducta representa “un peligro para las personas o bienes u ocasiona alteración de la seguridad ciudadana”.

 

 

¿Puedo acudir a una manifestación con capucha, casco o un gorro que me cubra la cara?

Si la policía considera que su conducta es pacífica, no incurrirá en infracción alguna y ni tan siquiera podrán obligarle a que descubra su rostro. Pero si participa en altercados de esa guisa, a una infracción grave se puede sumar otra de entre 1.001 y 30.000 euros por ir embozado.

 

 

"¡Cortamos la Gran Vía, y todos a Sol!"

Puede haber participado pacíficamente en una manifestación comunicada a la Delegación del Gobierno, pero si durante ella o a su término se sale del recorrido autorizado, cometerá una infracción leve, castigada con hasta 1.000 euros de multa.

 

 

¿Y si no obedezco las órdenes de los antidisturbios?

Estará cometiendo una infracción grave (1.000-30.000 euros), siempre que el policía considere que el desacato no tiene la entidad como para denunciarle por un delito de resistencia a la autoridad. Aquí se incluye la negativa a identificarse.

 

 

¿Puedo mostrarle mi DNI sin entregárselo?

A partir de que entre en vigor la reforma, no. La laguna en este aspecto se ha solucionado castigando con falta leve (hasta 1.000 euros) el negarse a entregar la documentación a los agentes. Estos se quejaban de que, si el requerido sólo se lo mostraba, no podían comprobar si se trataba de una falsificación.

 

 

¿Qué ocurre si insulto a un policía?

Lo mismo que si él considera que lo ha amenazado, coaccionado, injuriado o vejado. Podrá ser sancionado con una multa por infracción leve, de entre 100 y 1.000 euros. Como con el resto de las multas por infracción, podrá recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo, cargada con las tasas judiciales por la reciente reforma del Gobierno.

 

 

¿Puedo colgar en Internet una carga policial?

Sí, siempre que el Ministerio del Interior no considere que atenta contra el derecho al honor del policía, a su intimidad o a la propia imagen, o que pueda poner en peligro una operación o la seguridad del agente o la de su familia. Si así ocurriera, hay prevista una multa por infracción leve (100-1.000 euros).

 

 

¿Puedo participar en una protesta ante la sede de un partido convocada en Twitter?

Será una infracción leve si no ha sido comunicada. En el caso de que la protesta tenga lugar durante la jornada de reflexión o votación y además se desarrolle con “una finalidad coactiva”, el castigo se endurece sensiblemente. Participar en ella puede costar entre 30.000 y 600.000 euros de multa, ya sea a las puertas de la sede de una formación política o en cualquier otro lugar.

Fuentes autorizadas de Interior consideran que las manifestaciones del 15M de 2011 en la Puerta del Sol no tenían intención “coactiva”, pero sí las que se produjeron el 13 de marzo de 2004 ante la sede nacional del PP para exigir la verdad sobre los atentados del 11M. Los convocantes tienen en estos supuestos los mismos castigos que los asistentes.

 

 

¿A cuánto sale parar un desahucio?

Como el resto de infracciones de la Ley de Seguridad, quedará a criterio de la policía. A partir de ahora, las Fuerzas de Seguridad estarán facultadas para imponer multas de entre 1.000 y 30.000 euros a aquellos que se propongan evitar el desahucio de las personas que habitan un inmueble.

Una de las infracciones graves del nuevo texto está destinada a los que protagonicen “actos de obstrucción” a la ejecución de una decisión judicial o administrativa a cargo de una autoridad o cargo público.

 

 

¿Puedo interrumpir el mitin de un partido al grito de "sí se puede"?

Puede, pero además de arriesgarse a la reacción de los militantes, las Fuerzas de Seguridad podrán sancionarle por “perturbación del orden en un acto de campaña electoral”. Resultado: entre 1.000 y 30.000 euros de multa.

Cabe destacar que revestirá la misma gravedad interrumpir un mitin que la votación, el escrutinio o el recuento de votos. Recuerde que también puede incurrir en un delito si sus actos encajan en los descritos en la Ley Electoral.

 

 

¿Saldrá gratis gritar contra España o la policía o escribirlo en Twitter?

Estarán castigadas con multas de entre 1.000 y 30.000 euros las “ofensas o ultrajes” a España, las comunidades autónomas, entidades locales y sus instituciones, símbolos o himnos.

Los periodistas se han esforzado en que el ministro del Interior detalle qué conductas concretas harían incurrir en esta falta grave, pero él se ha escudado en que eso lo determinará la “casuística”.

Por el redactado del anteproyecto, todo indica que sea cual sea la manifestación, este tipo de gritos será sancionado con multas graves. Y atención a escribirlas en redes sociales: el articulado penaliza su difusión “por cualquier medio”. Si se producen dentro de los estadios, ya hay multas recogidas en la Ley del Deporte.

 

 

¿Puedo protestar ante una central nuclear contra ese tipo de energía?

Si la protesta ha sido comunicada a la Delegación del Gobierno y no ha sido prohibida, no podrá ser sancionado. De lo contrario, tan solo con participar, puede llevarse a casa una sanción de entre 1.000 y 30.000 euros por infracción grave.

Si además las Fuerzas de Seguridad consideran que su actuación ha provocado “riesgo para las personas o un perjuicio” en el funcionamiento de la central nuclear o cualquiera de las otras infraestructuras que la Ley 8/2011 considera “críticas”, habrá incurrido en una falta muy grave, castigada con multas de entre 30.000 y 600.000 euros.

Tan solo sobrevolar con una avioneta esa central u otra infraestructura crítica le puede costar a una organización ecologista hasta 30.000 euros.

 

 

¿Y si mi protesta consiste en descolgar un cartel del frontispicio del Congreso?

Pues entre 1.000 y 30.000 euros. Ya haya escalado el Congreso de los Diputados, el Museo del Prado o cualquier otra institución o edificio considerado de interés “histórico-artístico”.

 

 

¿Qué otras formas hay de cometer estas infracciones?

Si comete tres leves en un plazo de dos años, será castigado además como si hubiera incurrido en una grave. Y si incurre en tres graves en el mismo periodo, como si su infracción hubiera sido muy grave.

Este es el principal argumento del Ministerio del Interior para poner en marcha un registro de infracciones, una suerte de fichero policial de infractores, incluidos los desobedientes.


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Rajoy y Rubalcaba tienen un pacto secreto sobre Cataluña: nunca aceptarán un referéndum independentista

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Rajoy-Rubalcaba-Cataluna-referendum-independentista_0_2172382742.html

Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba en La Moncloa.

La alianza se selló en conversaciones telefónicas realizadas el pasado mes de octubre. Han decidido ‘dejar caer’ a Artur Mas. Artur Mas no conseguirá en Madrid ningún tipo de autorización para la convocatoria de un referéndum independentista en Cataluña.

Rajoy y Rubalcaba pactaron de forma discreta el pasado mes de octubre una hoja de ruta para rechazar cualquier propuesta de CiU. En Moncloa no escuchan a los emisarios de la Generalitat. En el Congreso, Duran i Lleida sólo recibe negativas a sus propuestas.

 

 

El pasado 25 de octubre, Alfredo Pérez Rubalcaba reconoció, tras una reunión con Durán i Lleida, que mantenía “contactos asiduos” con Mariano Rajoy para tratar cuestiones relacionadas con el desafío independentista iniciado por Artur Mas en Cataluña. 

 Según ha podido confirmar El Confidencial Digital, las conversaciones entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición tenían como objetivo sellar una postura común respecto al conflicto catalán, así como fijar una respuesta conjunta frente al referéndum soberanista propuesto por la Generalitat.

Esas negociaciones, de carácter secreto, entre Rajoy y Rubalcaba han fructificado. Se han traducido en un pacto de los dos grandes partidos sobre la consulta soberanista.

 


Negarán cualquier posibilidad de hacer legal la consulta

Fuentes del PP y del PSOE a las que ha tenido acceso este diario explican que el punto fundamental del pacto alcanzado entre Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba consiste en que ellos mismos y sus partidos nieguen cualquier posibilidad de hacer legal la consulta.

En este sentido, ambos dirigentes acordaron que ninguna propuesta de la Generalitat que incluyera la celebración de un referéndum estatal “podría ser aceptada porque va en contra de la Constitución”.

Esa respuesta está siendo repetida tanto en La Moncloa como en el Congreso de los Diputados. Los emisarios enviados por la Generalitat a negociar con el Gobierno y el propio Duran i Lleida “han ofrecido varias soluciones, pero todas ellas han sido rechazadas”.

Una de las ofertas que más ha llamado la atención a PP y PSOE ha sido la opción de incluir en el referéndum soberanista más de una cuestión sobre el modelo territorial de Cataluña: “CiU planteó hacer una consulta con varias preguntas, pero ninguno de los dos partidos la ha aceptado”.

 

 

Objetivo: dejar caer a Mas

Desde PP y PSOE admiten que el objetivo final pactado por Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba es, en última instancia, la caída de Artur Mas.

Ambos dirigentes consideran que si el presidente sigue adelante y finalmente convoca el referéndum, habrá firmado su propia sentencia: “La consulta no se puede celebrar porque es ilegal. Será prohibida y quedará sin efecto, por lo que todos los votantes de Cataluña se darán cuenta de que el desafío soberanista ha sido una patraña”.

Una vez confirmado el fracaso de su proyecto, al presidente de la Generalitat le quedarían pocas salidas. En ese escenario, PP y  PSOE dan por hecha la dimisión de Mas: “Lo más lógico es que se fuera y convocara elecciones, como hizo Ibarretxe en el País Vasco”.

 


La reforma de la Constitución, fuera del pacto

A pesar del acuerdo alcanzado entre Rajoy y Rubalcaba, el presidente del Gobierno no ha logrado convencer al líder de la oposición de que deje aparcada su reivindicación de reformar la Constitución.

Rubalcaba sigue en sus trece. En las conversaciones telefónicas mantenidas entre ambos dirigentes, el secretario general del PSOE planteó al presidente impulsar cambios profundos en la Carta Magna, con el objetivo de “federalizar” las comunidades autónomas, otorgando a los gobiernos regionales más competencias.

Mariano Rajoy se ha negado a llevar a cabo esa reforma, argumentando que “ahora no toca”. Además, según el jefe del Ejecutivo, esa medida no serviría para placar el desafío soberanista de Artur Mas.

Rubalcaba, por su parte, ha pactado con el PSC llevar en su programa político la creación de un “federalismo asimétrico” para España, algo que desde el PP ven ahora “irrealizable”.


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¿Qué sanciona la nueva ley de Seguridad Ciudadana?

Publicado en por Skiper

Fuente: http://www.larioja.com/rc/20131129/espana/sanciones-seguridad-ciudadana-201311291501.html

PP FACHA

El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.

 

 

El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado hoy por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros. También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.

Estas son, en resumen, las principales infracciones que contempla la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como 'ley Corcuera' o "de la patada en la puerta":

Infracciones muy graves (Multa de 30.001 a 600.000 euros)

- Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación. Un ejemplo fue lo ocurrido el 13-M tras los atentados del 11-M.

- Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

- Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.

- Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.

- Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.

- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

 


Infracciones graves (Multa de 1.001 a 30.000 euros)

- Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.

- Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.

- Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

- Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.

- Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.

- Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.

- Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.

- Perturbación del orden en campaña electoral.

- Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.

- Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.

- Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.

- La prostitución y la demanda de sus servicios en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.

- Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.

- Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.

- Justificar el terrorismo, la xenofobia y la violencia contra la mujer, como la exhibición de fotos de terroristas.

- Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.

- Falta de colaboración con la Policía en la averiguación o prevención del delito.

- Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.

- Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia.

- El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.

- Las "cundas" o taxis de la droga.

- El cultivo de drogas.

- Forzar o inducir a menores al consumo de alcohol o drogas.

- Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.

- Escalar como acción de protesta en edificios públicos.

- Mal uso de animales feroces y el maltrato animal.

 


Infracciones leves (100 a 1.000 euros)

- Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.

- Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.

- Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.

- Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.

- Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.

- Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.

- Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.

- Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.

- La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.

- Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.

- Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.

- Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.

- Entorpecer la circulación peatonal.

- Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.

- Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.


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Multas de esperpento: fuga nuclear, 30 millones; placas solares ilegales en casa, 60 millones

Publicado en por Skiper

Fuente: http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/35287-multas-de-esperpento-fuga-nuclear-30-millones-placas-solares-ilegales-en-casa-60-millones

Arrecian las críticas al Gobierno por sus excesos a la hora de fijar las multas por infracciones graves. Más allá de la 'Ley Mordaza', hay sectores como el eléctrico donde las sanciones rozan el esperpento.

Según la nueva normativa, aún en proceso parlamentario, tener en casa placas solares no registradas legalmente podría acarrear una multa de entre 6 y 60 millones de euros, por considerarse infracción muy grave, como también lo es una fuga nuclear, cuya pena máxima serían 30 millones.

 

 

Hagamos el esfuerzo de comparar nuestra vivienda habitual con una central nuclear. Difícil imaginar en qué se puede parecer un hogar a una planta atómica de producción de energía, a no ser que a efectos de la Administración sean igual de peligrosas llegado el caso extremo de que cometan una infracción grave o muy grave. Al menos eso es lo que se extrae del análisis de la normativa vigente en España.

Una fuga radiactiva puede ser constitutiva de infracción muy grave y, como tal, su propietario (una gran eléctrica que gestiona un gigante que genera grandes beneficios anuales) puede recibir una multa máxima de 30 millones de euros. La central de Ascó fue sancionada en 2009 con una multa de 15,4 millones (la más alta de la historia nuclear española) por cuatro infracciones graves por liberación de partículas radiactivas.

 

 

Y si ni el PP ni los grupos políticos de la oposición lo remedian en su proceso parlamentario, la nueva Ley del Sector Eléctrico dará lugar a una versión actualizada de cómo la apisonadora estatal puede avasallar a sus ciudadanos. Según la redacción actual del proyecto de Ley, si un hogar que tenga placas solares para autoconsumo (la electricidad no consumida se vierte a la red a cambio de una compensación económica) no tiene registrada y legalizada la instalación, en el caso más extremo que recoge la normativa, podría recibir una multa de 60 millones de euros (sí, de euros, no de pesetas).

 

 

La sanción máxima por no tener legalizadas las placas es del doble de la más alta que puede recibir una nuclear por una sanción grave tras una fuga radiactiva. Sería una infracción muy grave que, en el peor de los casos, podría provocar una multa del doble de la máxima sanción que puede recibir una nuclear por una fuga. Un particular con un kit solar de 250 Watios, si no registra la instalación en su hogar, sería un "delincuente solar" que se arriesgaría a pagar entre 6 y 60 millones de euros.

 

 

El artículo 62 del Proyecto de Ley del Sector Eléctrico determina como infracciones muy graves "el incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos para la aplicación del autoconsumo de energía eléctrica, en especial los de registro y comunicación a la Administración de las condiciones para la determinación del régimen económico asociado al mismo; así como la aplicación de modalidades de autoconsumo de energía eléctrica no contempladas expresamente en esta ley y su normativa de desarrollo (…)".

 

 

Y el artículo 65 lo deja bien claro: "Las infracciones establecidas en el capítulo I de este título serán sancionadas del modo siguiente: a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior al tanto, ni superior al triple, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será de 60.000.000 de euros (…)".

"Jamás se va a aplicar una multa de 60 millones porque es un límite máximo que fija la ley para casos que serían extraños, pero como tal va a quedar reflejado en la Ley que ahora está en el Senado y volverá a la Comisión de Industria del Congreso para recibir el sí definitivo y entrar en vigor", señala una fuente jurídica consultada.

 

 

La norma que consagra estas multas volverá del Senado en breve y será aprobada en la Comisión de Industria para entrar en vigor antes de fin de año. El Real Decreto de autoconsumo ya recoge el sentir de la Administración hacia la producción independiente de electricidad para evitar el pago del recibo de la luz a la compañía eléctrica de turno, propuestas que son elevadas a rango de Ley al ir recogidas en la redacción definitiva.

 

 

La comparación es aún más esperpéntica si atendemos a la sanción máxima recogida por Ley para un delito contra la seguridad alimentaria (utilización de ingredientes adulterados o contaminantes), de 600.000 euros, o por daño grave en materia de sanidad pública, también de 600.000 euros, o por incumplimiento de las obligaciones que provoque un accidente de aviación, de 230.000 euros.

La misma Ley, a propuesta del PP, introduce una enmienda para que los inspectores puedan entrar en las viviendas con placas solares sin autorización judicial.

 


Según denuncian las empresas renovables y las organizaciones de consumidores y ecologistas, "el Gobierno con estas sanciones tan desproporcionadas, que atentan al sentido común, quiere rematar a un sector, el del autoconsumo, que ya con los peajes de respaldo [pago de la instalación de unas cuotas por usar la red de las eléctricas para verter la energía no consumida] quedaba herido de muerte.

Ahora, nadie se va a atrever a desarrollar su propia planta solar en casa, porque va a ser tan cara y es tan alto el riesgo de recibir una multa muy alta por cualquier incumplimiento administrativo que es mejor seguir pagando el recibo bimensual a la compañía eléctrica", alerta una fuente del sector renovable.

 


Pero además, el Grupo Popular ha incorporado una enmienda a la Ley que va a salir adelante gracias al rodillo de la mayoría absoluta que permitirá a los inspectores de Industria a entrar en las casas con placas solares sin necesidad de autorización judicial, que sólo se pedirá si el residente se niega a abrirles la puerta.

Así que el sector renovable da ya por muerto el autoconsumo en España, ante el contexto tan adverso que traerá la nueva normativa.


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AL ROJO VIVO: 28 -11- 2013

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Aprobada en el Congreso la Ley de Transparencia que vigilará a los políticos, al rey y a la Iglesia

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Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1991399/0/ley-de-transparencia/actitudes-politicas/congreso/

Ha sido definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro. Rechazada por PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto. Inicialmente pensada para administraciones públicas, se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, sindicatos e Iglesia.

 

 

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ha quedado definitivamente aprobada en el Congreso, con el apoyo del PP, CiU, PNV, Coalición Canaria, UPN y Foro, y el rechazo del PSOE, Izquierda Plural, UPyD y el resto del grupo mixto (ERC, Amaiur, BNG, Compromís y Geroa Bai).

Llamada por los que la respaldan a cambiar las actitudes políticas en España, a prevenir la corrupción y a abrir el camino de la regeneración democrática, la Ley de Transparencia ha tenido una tramitación parlamentaria que se ha prolongado durante más de un año, en la que el PSOE se descolgó del acuerdo y la Izquierda Plural de la negociación en protesta por el caso Bárcenas.

 

 

Fruto de esa tramitación, un proyecto inicialmente pensado para las administraciones públicas se ha abierto a instituciones como la Casa del Rey, los partidos políticos, las organizaciones sindicales y la Iglesia Católica, como perceptoras de ayudas públicas. 

El 'caso Bárcenas' en las intervenciones En el debate de este jueves sobre las enmiendas incluidas en el Senado, el 'caso Bárcenas' ha salpicado la mayor parte de las intervenciones, incluida la del diputado del PP, Pedro Gómez de la Serna, que ha acusado al PSOE de haber "abandonado" esta ley "por pura táctica de erosión al Gobierno".

 

 

En una breve intervención, la vicepresidenta del Gobierno y principal impulsora del proyecto, Soraya Sáenz de Santamaría, ha agradecido a todos los grupos su "esfuerzo" y les ha llamado a trabajar "juntos" por el "derecho de los ciudadanos a tener una administración y otras instituciones transparentes".

Durante el debate, Jordi Jané (CiU) se ha congratulado de que las enmiendas de su partido en el Senado hayan "resuelto mucha pequeña burocracia para pequeñas entidades que no tienen medios" para aplicar esta ley.

Tras señalar que la ley es todavía "mejorable", ha destacado los puntos que a CiU no le gustan, como la inclusión de aspectos relativos a la estabilidad presupuestaria que afectan al ámbito competencial autonómico, al tiempo que ha dicho echar de menos la obligación de publicar las balanzas fiscales.

 


"Operación de distracción"

Lejos de ese pronóstico, el diputado de la Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA), Joan Josep Nuet se ha mostrado convencido de que la Ley de Transparencia será recordada como una "operación de distracción en medio de unos de los mayores casos de corrupción en España", ya que su tramitación ha sido la "gran coartada del PP para no practicar la transparencia, pero hablar repetidamente de ella".

A su juicio, el texto aprobado "no sirve para resolver los problemas de participación y transparencia que tiene el país", porque es el de una ley "anticuada, pasada, insuficiente, una buena ley tal vez del siglo XX pero no del siglo XXI". Nuet ha criticado especialmente que la Casa del Rey reciba un "tratamiento distinto", que recoja un número "abusivo" de excepciones al derecho de acceso a la información pública y que el futuro Consejo de Transparencia y Buen Gobierno vaya a ser un "grupito del PP".

 

 

El texto, peor tras el Senado Carlos Martínez Gorriarán (UPyD) ha sostenido que lo que iba a ser una de las principales leyes de esta legislatura se ha convertido en una "ley menor", porque no consigue los objetivos que proclama en su exposición de motivos. Tras acusar al Gobierno de haberse limitado a "cumplir administrativamente" y de "pasar de puntillas por temas espinosos", ha asegurado que el Senado ha empeorado el texto, y ha puesto como ejemplo que esta ley no sirve para saber cuánto ha costado la "promoción desdichada" de la candidatura olímpica de Madrid 2020.

En representación del PNV, Emilio Olabarría ha dicho que él no iba a hablar del caso Bárcenas, pero que cada vez ve menos políticos "honestos" y que esos son los que crean "cierto punto de deslegitimación ante la ciudadanía".

Tras agradecer a la vicepresidenta que haya sido "receptiva" a las aportaciones para "convertir en transparentes instituciones hasta ahora opacas", ha advertido de que las excepciones que contempla el texto para el acceso a la transparencia pueden "convertir esta ley en letra muerta".

 

 

Desde el grupo mixto, Alfred Bosch (ERC) se ha preguntado para qué sirve esta ley si con ella "no se hubieran evitado ni el caso Urdangarin ni el caso Bárcenas", mientras que Rafael Larreina (Amaiur) ha lamentado que la transparencia "se quede en el cartel".

En esta misma línea, el diputado de Compromís-Q, Joan Baldoví, ha calificado la norma de "tardía", "corta" e "insuficiente" y ha dicho que si Rajoy y Cospedal no admiten que el PP tenía una contabilidad B no creerá en ella ni en su voluntad de ser transparentes.

A través de la Ley de Transparencia, el Congreso también ha dado luz verde a una disposición adicional que modifica la ley de Previsión de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre Blanqueo (GAFI) para vigilar a las "personas políticamente expuestas" (PEP) a ese tipo de delitos.


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