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Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/112148-japon-protestas-ley-secretos

Miles de personas se manifestaron en Tokio contra un proyecto de ley que endurece las penas para los funcionarios denunciantes de información con hasta 10 años de cárcel. Los activistas afirman que la ley ayudaría al Gobierno a encubrir escándalos.

Un teatro al aire libre con capacidad para 3.000 personas en un parque en el centro de Tokio, cerca del Parlamento, no fue suficiente para recibir a todos los que llegaron este jueves para denunciar los planes del Gobierno de ampliar considerablemente la definición de información clasificada, una ley que según los manifestantes daña la Constitución del país y su democracia.

Según las estimaciones de los organizadores, unas 10.000 personas se congregaron hombro con hombro en el teatro y fuera de él, sosteniendo pancartas que decían "No nos quitarán nuestra libertad". La aprobación de la ley, propuesta por el Gobierno del primer ministro Shinzo Abe, permitiría a las autoridades encarcelar a los funcionarios responsables de las fugas de información hasta por 10 años.

Esto amenazaría seriamente la libertad de prensa, ya que los medios de comunicación japoneses se enfrentarían a graves problemas para reunir información sobre temas candentes al ser reacios los empleados estatales a compartir datos por temor a la persecución.

La definición de lo que será designado como secreto no está clara, y los burócratas denominarán los secretos de manera muy arbitraria. Es por eso que un grupo de periodistas japoneses se reunieron en el distrito de Nagatacho, cerca del Parlamento del país, para protestar contra el proyecto de ley.

Actualmente, las penas de prisión de largo término para los denunciantes solo se aplican a los ciudadanos japoneses que filtran datos clasificados que provienen de militares de EE.UU.

"La definición de lo que será designado como secreto no está clara, y los burócratas denominarán los secretos de manera muy arbitraria", asegura el periodista Soichiro Tahara, en declaraciones a 'Japan Daily Press'.

Los periodistas que hacen parte de las protestas han presentado una denuncia ante la Oficina del Gabinete, solicitando que el proyecto de ley sea desechado. La ley propuesta está concebida en términos tan amplios que permite una interpretación amplia que hasta podría ser utilizada para fines como, por ejemplo, ocultar información sobre la situación en la central nuclear de Fukushima.

Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noticia-insultar-amenazar-policia-manifestacion-sancionara-30000-euros-20131119000324.html

Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa.

Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros y que tiene en la protección de los policías frente a los ataques uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz.

En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación.

Con esto se pretende evitar hechos acontecidos tras algunas concentraciones en las que asistentes fotografiaban a antidisturbios y luego difundían las imágenes en redes sociales quedando los agentes señalados y siendo objeto de insultos y vejaciones. En algunos casos, incluso se ofrecieron datos personales de los policías.

En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público. En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. E

sto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan.

La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear --objetivo muchas veces de movimientos ecologistas-- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas o incluso sobrevolarlas.

Entre 30.001 y 600.000 euros se sancionará también como muy grave entorpecer con dispositivos luminosos como los clásicos punteros lasser vehículos u otros medios de transporte como aviones.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Esto no quiere decir que no se pueda asistir a concentraciones autorizadas con este tipo de elementos, pero sí valerse de ellos para ocultarse a la hora de participar en disturbios.

PROHIBIDA LA PROSTITUCIÓN CERCA DE MENORES

Este anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aporta otras novedades como la consideración como infracción grave ofrecer o aceptar servicios de prostitución en la vía pública cerca de espacios de menores (colegios, guarderías, parques...) o en aquellos lugares que puedan afectar a la seguridad vial.

El redactado del texto no entra a regular el acto de la prostitución, pero sí trata de impedir su práctica al menos en estos dos supuestos en los que serían sancionados tanto el cliente como la persona que ofrece los servicios sexuales.

El Ministerio lleva trabajando en este Anteproyecto desde el inicio de la legislatura para lo que ha mantenido reuniones con miembros de las Fuerzas de Seguridad, asociaciones de padres y plataformas vecinales, entre otras instituciones. Según fuentes de Interior, este asunto de la prostitución era el que más demandas producía por parte de los ciudadanos consultados.

En el apartado de las infracciones graves se mantienen aspectos relacionados con el consumo o la tenencia de drogas tóxicas aunque no estuvieran destinadas al tráfico, así como el abandono en la vía pública de utensilios necesarios para su consumo o fabricación, pero se introduce  como grave la plantación o el cultivo de drogas siempre y cuando las cantidades no sean consideradas como delito.

Esta futura Ley supondrá la derogación de la denominada como 'Ley Corcuera' de 1992 y la Seguridad Ciudadana pasará de estar regulada con 39 artículos a contar con 55 y nuevas infracciones repartidas entre infracciones leves, graves y muy graves.

Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

COPIA LA MEDIDA CONTRA LA 'KALE BORROKA'

Otra de las principales novedades es que los padres tendrán que hacerse cargo económicamente de los desperfectos que ocasionen sus hijos menores de edad en la vía pública y la Policía tendrá potestad para establecer "zonas de seguridad".

El hecho de que los progenitores tengan que pagar los daños ocasionados por sus hijos es una medida que ya se puso en marcha hace años en el País Vasco para combatir los episodios de 'kale borroka' y que ofreció buenos resultados, según admiten en el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. En función del grado de daño que produzcan al mobiliario urbano, también podría considerarse una infracción grave.

En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros.

Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.

El consumo de alcohol en la vía pública sin estar autorizado administrativamente será considerado una infracción grave siempre que se perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana.

Este anteproyecto regula como infracciones graves otras conductas como la de establecer barricadas en la calle, maltratar animales en espectáculos no autorizados, el escalamiento a monumentos o edificios emblemáticos o la denominadas "cundas", es decir, la acción de trasladar a los toxicómanos a los lugares donde se vende y se consume droga.

MISMAS SANCIONES, NUEVAS PROHIBICIONES

Por su parte, las infracciones leves apenas experimentan variaciones con las actuales faltas leves y seguirán siendo sancionadas con multas contempladas entre los 100 y los 1.000 euros. La cuantía de las infracciones graves y las muy graves también es la misma que en la actual ley de Seguridad Ciudadana, lo que se ha modificado o se ha incluido son conductas que no estaban recogidas y tras más de 20 años era necesario regular, según Interior.

Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad y que el documento que porta no es falso. Ahora los agentes podrán hacer esa gestión en el mismo lugar de forma telefónica o telemática.

Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades.

Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.

Notas al margen por Skiper

La noticia no ha sido recibida con ningún agrado en portales de noticias como menéame.net. donde hasta la fecha presente ha tenido 2305 "meneos", 4037 cliks, y 4 páginas con 336 comentarios de usuarios poniendo verdes a la policía, los políticos y al gobierno del PP. http://www.meneame.net/story/insultar-amenazar-policia-manifestacion-sancionara-hasta-30-000/1

La gente no es tonta y se da cuenta de que esto son medidas represivas en plan fascista destinadas a que no nos desmadremos más ante las tropelías de este gobierno y a amedrentar a todo aquel que se oponga al gobierno con altísimas multas y leyes represivas estilo Franco sacadas de la manga cuando les parece oportuno.

Sinceramente me alegro de que algunos se quiten la careta y pasen directamente al modo fascista, cuando se lien a palos con nosotros por cualquier gilipollez entonces veremos quien puede más: si nosotros, el pueblo o ellos, el gobierno fascista del PP.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2013/11/18/actualidad/1384805934_740169.html

El Estado Mayor cree que "puede llegar a suponer una amenaza para la seguridad" 

Descargable: Consulta el documento reservado del Estado Mayor.

Sustitución de musulmanes por iberoamericanos.

El Ejército está preocupado por la aparición en sus filas de brotes de radicalismo “ideológico, religioso o delictivo” y ha puesto en marcha un sistema de seguimiento para neutralizar a los sospechosos.

“La conducta de estos individuos constituye una debilidad para la institución y puede llegar a suponer una amenaza a la seguridad”, advierte un oficio reservado del Estado Mayor del Ejército de Tierra, fechado el pasado 24 de octubre, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Se ha detectado en el ET [Ejército de Tierra] la existencia de personal con indicios claros de radicalismo (ideológico, religioso o delictivo) cuyas acciones, en la mayoría de los casos, se circunscriben a su esfera privada y su entorno social”, comienza el documento oficial.

Aunque el texto no lo especifica, fuentes militares aseguran que el Estado Mayor está preocupado por la aparición en sus filas de fenómenos de extremismo religioso (como los grupos islamistas o salafistas) e ideológico, tanto de ultraderecha (neonazis) como de ultraizquierda (antisistema); así como por la presencia de individuos vinculados a la delincuencia común y, en especial, a bandas latinas, como los Latin Kings o Los Ñetas.

EL DOCUMENTO CONFIDENCIAL

El oficio reservado se titula “Medidas a aplicar sobre personal militar identificado con indicios de radicalidad”. “Para anular o al menos disminuir este riesgo”, continúa el documento reservado, “se establecerán una serie de medidas que serán aplicadas por el jefe de la unidad sobre el personal que se determine en cada momento”.

Por ejemplo, a los sospechosos se les deberá denegar, si la solicitan, o retirar, si ya la tienen, la habilitación de seguridad, que permite manejar información clasificada o acceder a dependencias restringidas.

Además, se les impedirá ocupar puestos de trabajo “en donde pueda ponerse en riesgo la seguridad en cualquiera de sus variantes o se pueda tener acceso a información sensible”.

El escrito enumera una serie de destinos vetados: la policía militar y la unidad de seguridad; la plana mayor; los locales donde se maneje documentación clasificada; las armerías, polvorines y parques de armamento; los centros de comunicaciones o sistemas de información; los puestos de conductor o escolta de autoridades; los de tirador de precisión o desactivador de explosivos; y “cualquier otro que se considere por el jefe de la unidad”.

Además, los sospechosos serán objeto de “seguimiento en la unidad en todo aquello relacionado con sus actividades o acciones de proselitismo, su grado de radicalidad y sus actividades públicas (en redes sociales, prensa, Internet, etcétera)”.

También se controlarán sus “situaciones procesales o delictivas fuera del ámbito de las FAS [Fuerzas Armadas]”, así como sus “notificaciones de salida al extranjero”.

Se propone apartar a los sospechosos de los destinos militares sensibles

El oficio recomienda la “aplicación, en cuanto sea posible, de la normativa de personal en lo relativo a las facultades profesionales o psicofísicas, de las acciones derivadas del PADET [Plan Antidroga del Ejército de Tierra], del Régimen Disciplinario y del Código Penal Militar”.

Por un procedimiento (pérdida de condiciones psicofísicas para seguir en activo) o por otro (sanciones disciplinarias o penales), el resultado sería la expulsión.

De hecho, se propone la “elaboración de [un] IPEC [Informe Personal de Calificación] por cambio significativo en la conducta personal del calificado, cuando proceda” e incluir “en las renovaciones de compromiso [una] valoración de la información complementaria sobre su actuación profesional”. Un IPEC negativo constituye motivo suficiente para que un soldado no renueve su contrato.

El documento del Estado Mayor no define qué se entiende por “radicalismo ideológico, religioso o delictivo”; ni si el mismo se limita o no a los grupos que justifican la violencia. Tampoco especifica quién puede decidir cuál es el personal afectado por estas medidas; aunque tradicionalmente estos cometidos han estado en manos de la Segunda Sección de los estados mayores (Inteligencia) y del CISET (Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra).

“La conducta de estos individuos puede debilitar a la institución militar”

Al tratarse de un procedimiento secreto, carece de garantías para los afectados, a los que se priva de ocupar determinados destinos y desarrollar su carrera profesional, lo que podría chocar con la Ley de Derechos y Deberes de los militares de 2007, según la cual “en las Fuerzas Armadas no cabrá discriminación alguna por razón de [...] religión o convicciones, opinión o cualquier otra circunstancia”.

La ley disciplinaria y el código penal castrense castigan a quienes hagan manifestaciones contrarias a la Constitución, infrinjan el deber de neutralidad política o sean condenados por un delito doloso de carácter común, pero las medias citadas en el oficio son “de carácter preventivo”, según fuentes militares, cuando solo hay “indicios” y no una sentencia o una sanción firme.

Consultado un portavoz del Ejército de Tierra, excusó hacer cualquier comentario sobre el documento, alegando que “tiene carácter clasificado y está sujeto a la Ley de Secretos Oficiales”.

Fuente: http://www.lamarea.com/2013/11/15/cinco-formas-de-protesta-ciudadana-que-el-pp-pretende-convertir-en-delito/

Tanto el Ministerio de Justicia como el de Interior están llevando a cabo modificaciones legislativas, en el primer caso del Código Penal y, en el segundo, con la introducción de la llamada Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ya en marzo del año pasado, en una comparecencia de ministros, el responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, advirtió que se debía impedir  que “la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado“.

A mediados de octubre la plataforma No Somos Delito denunció que “al leer determinados artículos da la sensación de que el Ministerio de Justicia se ha dedicado a recopilar las nuevas formas de protesta ciudadana del último año para después convertirlas en delito”.

Una tendencia que también se ve reflejada en la nueva ley propuesta desde Interior y que, la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas, ha definido como la norma que “cierra el círculo represor del Ministerio de Justicia“.

Si se hubieran aprobado hace dos años las modificaciones propuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para el Código Penal y la nueva norma con la que aspira no dejar vacíos legales Fernández Díaz, no habrían podido existir muchas de las vías de expresión de protesta que los ciudadanos han buscado para expresar su malestar ante las medidas gubernamentales.

1.- Las redes sociales como vía para el llamamiento de la población a sumarse a una “protesta no autorizada“

Durante el pasado mes de agosto algunos medios de comunicación prestaron especial atención al caso de la familia Gracia González, a quienes el Ayuntamiento de Madrid trata de arrebatarles su vivienda con motivo de una expropiación en virtud de un plan urbanístico de remodelación que afecta a la vivienda, situada en la calle Ofelia Nieto, 29, en el madrileño distrito de Moncloa.

Durante todo el proceso, tanto los miembros de la Asamblea de Tetuán como los ciudadanos que se solidarizaron con los Gracia González, hicieron llamamientos mediante las redes sociales para convocar a todo aquel que pudiera acercarse hasta su vivienda con el fin de reforzar la protección de la familia. Gracias a esta convocatoria ciudadana se pudo evitar que el Ayuntamiento llevara a cabo la expropiación.

Las reformas del Código Penal prevén tipificar este tipo de acciones, que pasarán a formar parte del grupo de delitos de alteración de orden público, para los que se establecen penas de cárcel de hasta tres años. Para completar esta norma, la nueva ley propuesta por Interior, también considera delictivas las “protestas no autorizadas“.

2.- Resistencia pasiva

Alberto Ruiz Gallardón pretende que también la resistencia pasiva se integre dentro de los delitos contra el orden púbico, más concretamente como uno de resistencia a la autoridad. En el Código Penal aún vigente, una persona puede cometer un atentado contra la autoridad únicamente mediante la resistencia activa.  

Con la reforma que quieren introducir, también será delito la resistencia pasiva, que se considerará de mayor gravedad si se lleva a cabo “en una manifestación o una reunión numerosa”. Es decir que, las acciones que se han llevado a cabo desde que nació el 15M, hace algo más de dos años, relacionadas con sentadas masivas y pacíficas de protesta en espacios públicos también podrán ser castigadas con hasta tres años de cárcel.

3.- Sabotaje en el metro

El grupo de activistas Toma el Metro fue especialmente conocido en España tras protagonizar una acción reivindicativa en abril del año pasado. Con el fin de protestar contra el llamado “tarifazo“ (aumento de precio constante del billete de transporte público)  varios de ellos tiraron simultáneamente del freno de emergencia de trece trenes correspondientes a nueve líneas diferentes a primera hora de la mañana.  

Esta acción tuvo como consecuencia la interrupción del servicio en toda la red de metro madrileña durante algo más de diez minutos. Esperanza Aguirre, entonces todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, aseguró que los autores no iban a quedar impunes y que la capital de España tenía la suerte de contar con una delegada de Gobierno (Cristina Cifuentes) que creía “en el cumplimiento de la ley, en cumplirla y hacerla cumplir”.

Por si la férrea voluntad de Cifuentes de hacer cumplir la ley no fuera suficiente, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha decidido ampliar la definición del delito de sabotaje. Hasta ahora era necesario causar daños en las vías férreas, conducciones de agua, gas o electricidad, que obstaculizaran el suministro o que se destruyeran líneas de correspondencia o telecomunicaciones.

Si se aprueba la reforma del Código Penal, bastará con interrumpir el funcionamiento de los servicios de telecomunicaciones o de transporte público, de manera que se altere gravemente la prestación normal del servicio. Para los que sean condenados por la comisión de este delito se contemplan penas de prisión de entre uno y cinco años

4.- “Asedio“ a las instituciones públicas

Tal y como explicó en el Congreso de los diputados el pasado 13 de noviembre el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana incluirá como delitos acciones que hasta ahora no estaban tipificadas, tales como “los intentos de acoso a sedes de centros de instituciones como puede ser el Congreso, el Senado, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial“.

Una medida que pudo haberse inspirado en Rodea el Congreso, una protesta que nació el 25 de septiembre del año pasado con el objetivo de “rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo”. Este acto reivindicativo terminó con más de 20 detenidos y un héroe ciudadano, Alberto Casillas, camarero del bar El Prado, que se enfrentó a un grupo de antidisturbios que pretendía ingresar en su local para detener a varios manifestantes que se habían refugiado en él.

5.-  Escraches malditos

El 5 de abril de 2012, más de un centenar de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) acudieron a la puerta del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Su objetivo era explicarle, entre otras cuestiones, por qué consideraban que debían posicionarse a favor de la dación en pago los diputados del Partido Popular.

El marido de la vicepresidenta presentó una demanda mediante la cual denunció haberse sentido intimidados al no poder sacar a pasear a su hijo. Un mes después un juez desestimó la demanda al entender que se trataba de un acto llevado a cabo dentro del ejercicio de los derechos de manifestación y libertad de expresión.

Un enfoque con el que difiere Jorge Fernández Díaz, quien pretende incluir los escraches como una forma de delito dentro de su nueva ley de Seguridad Ciudadana.

Fuente: http://www.publico.es/espana/482039/el-activista-de-la-puerta-del-sol-denuncia-acoso-de-la-policia

Jorge, en huelga de hambre desde el 12 de octubre, sufre un "machaque mental" de los municipales que intentan que abandone la plaza. La última fue el pasado martes, coincidiendo con la inauguración del árbol de Navidad de la Lotería.

Jorge Arsuaga, el joven bilbaíno de 25 años en huelga de hambre desde hace aproximadamente un mes en la Puerta del Sol, ha denunciado a Público el acoso constante recibido por parte de la Policía Municipal en la última semana para intentar que tanto él como sus compañeros abandonen la plaza madrileña. 

Coincidiendo con la inauguración del árbol de Navidad de la Lotería, las fuerzas de seguridad se acercaron el pasado martes hasta el lugar donde estaban él y sus acompañantes para pedir que desalojaran la zona. "No nos desalojaron, vinieron a hacerlo pero les desobedecimos", ha explicado Jorge. 

Las redes sociales se movilizaron, llegando a asegurar que el joven había sido detenido y multado por la Policía. Sin embargo, Jorge ha aclarado qué ocurrió en realidad: "Intentaron que nos fuéramos pero les boicoteamos, por lo que nos han puesto una sanción por desobediencia civil al no marcharnos".  Esa sanción, en palabras de Jorge, rondará los 300-500 euros pero aún no lo saben "con seguridad". 

No es la primera incidencia que han tenido que sufrir los huelguistas de Sol. El joven bilbaíno ha informado que estas acciones policiales "llevan toda la semana". "No es una cosa aislada", ha expresado Jorge, "nos pusieron una grúa delante para que no se nos viera, nos quitaron los carteles de la protesta e incluso la megafonía. Es un machaque mental constante". 

Una de las personas que denunció vía Twitter lo que estaba ocurriendo en la céntrica plaza madrileña fue el diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) en el Congreso, Chesús Yuste, quien comentó través de su perfil en la red social: "Por inauguración árbol de Navidad de la Lotería, van a intentar desalojar a huelguistas de hambre de Sol.

Piden apoyo urgente!". Yuste ha declarado a Público que a los concentrados "les pusieron multas cuantiosas y les pidieron la documentación". 

Jorge decidió el pasado mes de octubre trasladarse a Madrid para iniciar una huelga de hambre "hasta que el Gobierno dimita y se convoquen elecciones anticipadas". El joven participó en el movimiento 15M algo con lo que no consiguió nada, solo encontró "indiferencia" y le animó a seguir más allá.

Al comienzo de la huelga, Jorge declaró a Público: "Esto me planteaba dos caminos, la huelga de hambre o la violencia, eligiendo la primera opción como vía de lucha pacífica". Así comenzó esa lucha el 12 de octubre.

Jorge no está solo. A los 5 días de comenzar su huelga de hambre se le unieron 3 personas más - Álex, Santos y Dadá- en la Puerta del Sol y un voluntario más -Mané- lo haría desde la Plaza Nueva de Sevilla quien comenzó su lucha "por un trabajo digno". Las redes se han movilizado con numerosos tweets en apoyo a los huelguistas y también con hashtags como #MotivosJorge #Motivosdetodxs y  #MotivosMané, entre otros.

Fuente: http://www.eldiario.es/economia/Gobierno-Rajoy-ciudadanos-empresas-retroactivas_0_193881366.html

El Ejecutivo del PP se ha vuelto el de la inseguridad jurídica: en los dos años de legislatura, cambiar las reglas a mitad de partido se ha convertido en marca de la casa.

Los cooperantes, el cine, los estudiantes erasmus, las personas dependientes, los inversores en renovables... Todos han visto cómo el Ejecutivo les lleva a impagos en partidas comprometidas que se esfuman. España evita el rescate, pero los españoles entran en default selectivos.

El 19 de abril de 2012, Mariano Rajoy tomaba posesión de su primer título como doctor honoris causa en una universidad como presidente del Gobierno. La que elogiaba a Rajoy con tal distinción era la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y, con ocasión de este nombramiento, el jefe del Ejecutivo eligió dar un discurso sobre seguridad jurídica como "requisito imprescindible para el progreso".

La seguridad jurídica siempre ha sido uno de los mantras básicos del ideario conservador, o neoliberal, cuya ausencia se señala especialmente a países latinoamericanos por parte de quién la defiende. Seguridad jurídica fue lo que reclamó Rajoy en la cumbre Iberoamericana de 2012, después de las andanadas expropiativas que habían tenido lugar en Argentina, Venezuela y Bolivia.

Ante esta defensa de la seguridad jurídica sorprende, aún más, que el Gobierno popular en sus dos años de mandato haya adoptado numerosas leyes que quiebran el principio de que, en los países de derecho, no se cambian las leyes a mitad de partido. La forma más habitual de cargarse la confianza internacional, empresarial y ciudadana es utilizar la retroactividad a la hora de lanzar nuevas legislaciones. Una práctica llamativamente usual en el Gobierno de Rajoy.

La decisión de quitar una parte de la beca Erasmus a los estudiantes que ya habían comenzado el curso es solo la punta del iceberg de las decisiones que quitan derechos ya adquiridos en lo que va de legislatura. La contestación social ha sido grande porque el público afectado también lo era, potencialmente 40.000 estudiantes.

En la actualidad, en el Congreso se dirime una norma que significativamente cambia lo pactado. Se trata de la ley de reforma del sector eléctrico, cuya aplicación puede llevar a la quiebra a buena parte de los inversores en energía fotovoltaica y en sistemas de autoconsumo. La medida altera radicalmente el horizonte de rentabilidad con el que los inversores, especialmente los solares, hicieron sus desembolsos.  

Así, a partir de ahora el sistema de retribución para estas fuentes pasaría a tener una "rentabilidad razonable" en función de la evolución del bono a 10 años más 300 puntos y de otros criterios sin definir que se están ultimando en la tramitación de la ley.

Hasta que se aprobó la reforma del sector en julio, el Gobierno fijaba un precio y pagaba a las empresas la diferencia entre el precio de venta en el mercado mayorista y el que había fijado. Este incentivo, o prima, animaba a la industria a invertir en un sector donde el desembolso inicial es muy importante. Ahora el Ejecutivo cambia las normas e introduce unos "criterios de rentabilidad razonable" que se revisarán cada seis años (los parámetros, cada tres). Este cambio afecta a los que estuvieran pensando en comenzar una inversión en el sector, pero se aplica con retroactividad a quienes lo hicieron en pleno boom.

Los créditos que pidieron, basados en un plan de negocio con un umbral de inversión pactado con el Estado español, se desmoronan. Muchos créditos no se refinanciarán o lo harán con condiciones draconianas. El sector advierte: habrá miles de impagos. Y, por lo pronto, firmas internacionales como Abengoa ya han llevado a España ante tribunales internacionales de arbitraje.

Por orden cronológico de afectados (de los más recientes para atrás), el sector del cine ha sido otro de los más perjudicados por las decisiones cambiantes del Ejecutivo. El Fondo de Protección a la Cinematografía, que ha sufrido un fuerte tajo en los últimas cuentas públicas, paga las ayudas al sector con dos años de retraso.

Así, el Gobierno debe todavía 21 millones de películas estrenadas en el trimestre final de 2011, por lo que la deuda acumulada para 2014 será de 45 millones de euros. Habida cuenta de que Montoro ha dotado con 33,7 millones de euros al fondo para 2014, difícilmente cuadran las cuentas para pagar lo debido y financiar cualquier nueva producción.

En un caso similar al de los productores solares, el Gobierno prometió un dinero y las productoras se financiaron con esas expectativas, de forma que los bancos aceptaron como garantía esas promesas que ahora se desvanecen. Tras el revuelo montado, otro más, el titular de Hacienda aseguró que el Ejecutivo pagaría todo el dinero comprometido, aunque aún no está claro cómo ni en qué forma lo hará.

Incumplimientos como Estado

Otro sector que ha entrado en incumplimientos forzosos ha sido el mundo de la ayuda y la cooperación. El propio Gobierno incumple año tras año su palabra de alcanzar la quimérica cifra de aportar el 0,7% del PIB, un objetivo fijado por la UE en 2015 y que este año volverá a representar apenas un 0,15% del PIB.

El drástico tajo que ha recibido la Agencia de Cooperación Internacional (AECI) no lleva solo al incumplimiento de este compromiso como Estado, sino también a no atender acuerdos con distintos fondos de ayuda internacional, como el Fondo del Agua o las ayudas para proyectos educativos en Latinoamérica que gestionaba la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Aunque a nadie parezca importarle, cuando España firma su entrada y compromete unos recursos en la dotación de estas organizaciones, o en el cumplimiento de un objetivo del 0,7%, está empeñando la palabra de todo el Estado.

En la misma línea, el Gobierno se ha negado a sufragar los gastos de los científicos a los comités internacionales en los que España estaba representada, con la consiguiente desaparición del país en estos foros.

En cuanto a las ONG, el año pasado El Gobierno canceló sin previo aviso una convocatoria de 290 millones de euros para proyectos plurianuales que se desarrollarían entre 2012 y 2015. La cancelación llegó cuando el proceso ya había llegado a la fase de preselección.

Huelga decir la cantidad de recursos, tiempo y dinero que estas organizaciones habían dedicado a preparar los proyectos que se habían convocado con un año de antelación. Además, muchas de estas organizaciones acumulan impagos millonarios por los retrasos en pagarles las Administraciones Públicas, que en muchos casos han derivado a ellas la prestación de servicios públicos.

Otras medidas adoptadas por el Ejecutivo, siempre con la disculpa de cumplir los recortes ordenados de Bruselas, han entrado de forma retroactiva en el bolsillo de los españoles. Por ejemplo, con la no aplicación del sistema de atención a la dependencia, con 198.041 personas en lista de espera para empezar a beneficiarse del derecho que se les ha reconocido por ley. Muchas de estas personas habrían echado números con la aplicación de la ley para realizar inversiones, que ahora no saben nunca si van a poder amortizar, cobrar o recuperar.

Los cambios en la aplicación de la ley también se extendieron a quitar el pago de la cotización de la Seguridad Social a 145.000 cuidadores. Un derecho que les reconoció la ley en 2007 y que se les ha cubierto hasta 2012, año en que el Gobierno les dijo que, el que quisiera, se tendría que pagar la cuota de la Seguridad Social. En realidad, cualquier afectado por esta ley sabe que, en su práctica totalidad, se ha quedado en papel mojado.

Los funcionarios también han sufrido su contencioso retroactivo. Zapatero les bajó el sueldo sin previo aviso un 5% de media en 2010. Pero es que Rajoy les quitó una paga extra que, en realidad, habían ido ya aportando en forma de cotizaciones sociales en cada nómina hasta el verano en el que se dictó la supresión de la extra.

La paga extra se llama así indebidamente, ya que en realidad es un cobro diferido de la nómina en el mes de diciembre. Esto hace que las cotizaciones por esa paga se apunten de forma prorrateada en las nóminas de todo el año.

Hacienda no tuvo otro remedio que enmendar lo hecho y en abril de 2013 comenzó a devolver las cotizaciones que había retenido por una paga que los funcionarios nunca llegaron a cobrar. A razón de entre 65 y 156 euros de media a medio millón de funcionarios.

Fuente: http://www.publico.es/481194/el-psoe-aprueba-entre-abucheos-no-cuestionar-la-monarquia

Los debates sobre este punto han acabado con la votación de la propuesta final esta misma mañana tras intensas negociaciones.

El PSOE se sigue definiendo como un partido republicano y continúa reivindicando su "tradición política y cultural republicana". Pero la resolución aprobada hoy mismo por la Conferencia Política no cuestiona la monarquía. La presentación de las conclusiones aprobadas por la comisión Unión Europea y Reformas Políticas, que ha presidido Fernando Jáuregui, en la que se debatió este asunto generó división interna. Una división sonora.

De hecho, cuando el ponente encargado de presentar a la asamblea plenaria, Nacho López Amor, relató el resultado hubo una respuesta tan espontánea como desconocida en este tipo de cónclaves del PSOE.

Primero fueron tímidos silbidos que fueron creciendo hasta ocupar sonoramente el recinto con grandes abucheos. Una parte sustantiva de los presentes en el plenario se mostraron contrarios a la resolución propuesta.

Fueron unos segundos que no llegaron al minuto, pero sostenidos y crecientes. Evidentemente, la decisión no era del agrado complaciente que suele reflejarse en este tipo de cónclaves, sobre todo al final del proceso. En cualquier caso, esa reacción reflejaba la tensión que este asunto despierta en el seno del partido socialista, hasta el punto que la votación en la comisión se ha producido esta misma mañana.

Finalmente, la situación pudo salvarse con la presentación de una enmienda por parte de los ponentes encabezados por Jáuregui según la cual el PSOE reclama "que la monarquía responda con eficacia, austeridad, transparencia y ejemplaridad a sus funciones constitucionales".

Quienes plantearon el debate en la citada comisión fueron los representantes de las Juventudes Socialistas y los del colectivo Foro Ético que encabeza Odón Elorza, alcalde de Donosti.

En el plenario los delegados exigieron la votación, a mano alzada, de las resoluciones. Las de esta comisión fueron refrendadas con apenas cinco votos en contra de un total de casi mil delegados. Al parecer, el abucheo y los silbidos son menos arriesgados que levantar la  cartulina a la vista de todos.

Fuente: http://www.invertia.com/noticias/impuestos-disparatados-adoptar-perro-grabar-cementerio-coger-setas-2920730.htm

Los economistas suelen decir que nada en la vida es gratis y, con la crisis, esta afirmación se ha vuelto más que realista. El afán recaudatorio de las administraciones las ha llevado sacarse de la manga (y multiplicar) todo tipo de tasas.

Actos tan simples como adoptar un perro, entrar en el garaje, recoger setas y hasta pintar la casa están gravados en algunos lugares. En otros, las subidas aplicadas en los últimos años amenazan con dejar sin sepultura a cientos de cadáveres.

Mientras la burbuja inmobiliaria alimentaba lo suficiente las arcas del Estado y las comunidades autónomas, las tasas eran gravámenes minoritarios, fundamentalmente asociados al ámbito municipal y algunas actividades, como la Universidad. Pero desde que la crisis vació las huchas, todas las administraciones han emprendido una carrera para crear y subir tasas que ha llevado a que este año supongan unos ingresos de más de 14.000 millones de euros.

Por ley, las tasas sólo pueden aplicarse a servicios y aprovechamientos y su aprobación exige un informe económico sobre el coste de los mismos, de forma que el gravamen nunca sea mayor que el coste del servicio.

No obstante, Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas, cree que la creación de tasas rara vez sigue este proceso. Más bien, “una institución encuentra un nicho recaudatorio en un ámbito y crea una tasa para aprovecharlo. Una vez puesta en marcha, ya empieza a elaborar el estudio para justificarla”.

Esta falta de justificación ha provocado que algunas tasas se anulen pocos meses: las tasas a operadoras de móvil que impusieron varios municipios de Madrid y Valencia se paralizó en los tribunales, igual que la que el Ayuntamiento de Bigastro intentó imponer para financiar las meriendas de los niños de la guardería o la que se puso en marcha para los productos de control de plagas (tasa de mosquitos) en la Comarca de los Monegros.

A pesar de estas anulaciones, otras tasas municipales sí han sobrevivido y permiten ingresar cada año más de 8.700 millones a los ayuntamientos. La ley faculta a cada ayuntamiento a imponer hasta 46 tasas y, aunque ningún municipio llega al límite (por ejemplo, Madrid tiene 20 y Barcelona), hay algunas realmente curiosas, que van mucho más allá de las clásicas de alcantarillado, saneamiento y expedición de documentos.

GARAJES, ANIMALES Y PISOS VACÍOS

Varias localidades de Tarragona, entre ellas la capital, tienen un gravamen sobre el paso de los vehículos por encima de las aceras, en la entrada y salida del aparcamiento. A pesar de las críticas de los ciudadanos (no hay otro modo de entrar al garaje), siguen en vigor.

Los animales también han entrado a formar parte del apetito recaudatorio municipal. En Tarragona cobran por tener un perro (el importe sube si el animal es potencialmente peligroso) y en A Coruña se ha creado una tasa de adopción de 55,75 euros por animal doméstico.

Otras localidades, como Ferrol tira de viviendas vacías para obtener ingresos. En su caso, los locales y viviendas vacíos deben pagar la recogida de basuras, a pesar de que las tasas supuestamente sirven para financiar servicios que se reciben.

CALLES DE COLORES Y ANÁLISIS DE SANGRE

En otras ciudades, las tasas por Estacionamiento regulado, “la hora”, ha llenado las calzadas de múltiples colores: En Pamplona, pueden ser rojas, azules, naranjas o verdes, según quién pueda aparcar y los horarios. Y, por si eso es demasiado simple, durante las fiestas de San Fermín, hay una normativa diferente.

En Don Benito (Badajoz), tuvieron que cambiar el color de la zona verde por naranja ya que los ciudadanos la confundían con la zona azul, la otra existente en la localidad. Otra de las tasas que ha despertado más críticas ha sido la que exigen ayuntamientos, como el de Lleida, que obliga a los ciudadanos a pagar por cada análisis de sangre que se practique a las personas que hayan dado positivo en el control de alcoholemia o de drogas.

Otra de las tasas más sui generis de los últimos tiempos la ha creado Valencia, donde se cobra por filmar en los cementerios.

MUERTOS AL BORDE DEL “DESAHUCIO”

Y es que hasta los cementerios se han convertido en una importante fuente de ingresos municipales. El Ayuntamiento de Zaragoza ha subido las tasas que cobra por alquilar las sepulturas un 450% desde que comenzó la crisis. Mientras, en Granada hay varios casos de amenaza de “desahucios” entre los fallecidos por impago de las tasas municipales.

Como el ladrillo ya no es lo que era, otros municipios recurren a gravar las obras domésticas como si se tratara de grandes proyectos. En Alcalá de Guadaira (Sevilla) pintar un piso exige pagar una tasa de unos 220 euros. También cobra por cambiar una ventana o una persiana.

Otros han encontrado en bodas y enlaces su fuente de recaudación. Fuengirola (Málaga) cobra 65 euros por las uniones de hecho “para evitar la inmigración ilegal”. Alhaurín el Grande, en la misma provincia, las bodas cuestan entre 150 y 300 euros.

Oviedo ha anunciado que el próximo año también cobrará por “el mantenimiento de carteles indicativos de hoteles, centros comerciales y clínicas”.

Aunque en la mayoría de los casos las tasas gravan servicios similares, tipos e importes varían notablemente. Un informe del Consejo de Economistas indica que en 2008, cada ciudadano pagó a su municipio más de 195 euros en tasas, con grandes diferencias entre los 282 de Baleares y los 125 de Galicia.

LAS AUTONOMÍAS SE UNEN A LA CARRERA DE LAS TASAS

Pero, además, en los últimos años, las comunidades autónomas, que hasta ahora tenían a las tasas como un ingreso residual, se han lanzado a crear nuevos gravámenes.

Cataluña es el mejor ejemplo, ya que en la ley de acompañamiento de los presupuestos de 2014 ha incluido nada menos que 30 nuevas tasas, entre ellas algunas que cobran por obrará la mediación laboral o por pedir subvenciones. Además, está estudiando cobrar una nueva tasa a las operadoras de telecomunicaciones para financiar el cine en catalán.

Y no es la única, en Madrid se está estudiando crear una nueva tasa que gravaría la recogida de setas. Castilla-La Mancha cobra por obtener copia compulsada de lo que presenta uno en un registro: cada una sale a 0,41 euros. También han impuesto una tasa sobre “tierras infrautilizadas” Andalucía y Asturias.

Desde que la crisis pinchó la burbuja inmobiliaria y, con ella, la principal fuente de ingresos de las autonomías, éstas no saben de dónde sacar fondos. Además de estas tasas, han creado nada menos que 22 impuestos propios.

Sólo con las tasas las comunidades autónomas prevén recaudar unos 4.800 millones de euros este año, ayudadas en parte por la subida de las tasas universitarias.

TASAZO AL PASAPORTE POR PARTE DEL GOBIERNO

El Estado también se ayuda de las tasas para elevar sus ingresos, aunque su recaudación, 901 millones de euros, es menos importante. Aunque no ha creado nuevas, sí ha subido con ganas algunas. Por ejemplo, en 2009, la tasa que cobra por expedir el DNI subió casi un 50%, hasta los 10 euros, mientras que la del pasaporte ha pasado de 17 a 25 euros en los últimos cinco años.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL ESTADO POR TASAS

Toda esta maraña de normas hace que muchas veces el ciudadano no sepa qué tasa debe pagar ni a qué administración. Valentí Pich alerta de que, incluso, “la eclosión de tasas en el ámbito autonómico hace que se solapen impuestos con tasas”, algo prohibido expresamente por la ley. Por ello, los expertos recomiendan “más transparencia y un catálogo armonizado de tasas”, de forma que se homogeneicen los pagos.

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/110834-policia-cataluna-usar-canones-sonido-protestas

Los Mossos d'Esquadra, el cuerpo policial de Cataluña, estudian la posibilidad de usar como dispositivo antidisturbios los cañones acústicos de largo alcance.

Con los cañones de ruido que dispersarán a los manifestantes con un ruido ensordecedor las autoridades catalanas quieren sustituir las pelotas de goma, que a partir del 30 de abril de 2014 dejarán de usar tras ser aprobada la iniciativa en el Parlamento de Cataluña, según 'El Mundo'.

La idea de introducir dicho dispositivo se fortaleció después de haber realizado varias pruebas con este mecanismo. Las unidades antidisturbios confirmaron su disposición a trabajar con el llamado Dispositivo Acústico de Largo Alcance (LRAD, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, en el Departamento de Interior de la Generalitat no pudieron confirmar el uso definitivo de los cañones de sonido diciendo que "todavía no hay nada cerrado" como alternativa a los proyectiles de goma.

La decisión de renunciar a las pelotas de goma se produce tras la fuerte presión social generada por varios incindentes trágicos durante las protestas en la región. La primera vez que los LRAD se emplearon contra los manifestantes fue en el año 2009 durante la Cumbre del G-20 en Pittsburgh, Pensilvania. Entonces la Policía dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, pero solo después de usar dispositivos acústicos.

Fuente: http://www.setmanaridirecta.info/noticia/nova-municio-dels-mossos-adapta-un-llancador-militar-granades-d%E2%80%99origen-suis

Extraido de: http://www.diagonalperiodico.net/libertades/20648-asi-son-nuevos-proyectiles-mossos.html

Un lanzagranadas adaptado para la policía francesa después de la revuelta de las banlieus en 2005 es el armamento que sustituirá a las balas de goma en Catalunya a partir del 30 de abril. Publicamos este artículo del semanario 'La Directa'.

Tras el anuncio de la retirada de las balas de goma a partir del próximo 30 de abril de 2014 --fruto de la intensa presión social encabezada por las asociaciones Stop Balas de Goma y Ojo con tu ojo--, La Directa ha recuperado este artículo publicado en su número 218 (marzo de 2011) donde se explicaban las características del nuevo armamento que entonces era experimental y que a partir de ahora será la columna vertebral de la Brigada Móvil y las unidades ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius) de los Mossos.

Son los proyectiles de Foam y las escopetas GL-06. Os damos todos los detalles, así como su origen y sus vías de distribución en Catalunya.

El origen de la nueva munición radica en la petición expresa que la policía francesa cursó a la empresa suiza B&T para que desarrollara un utensilio más preciso en la represión de multitudes. La policía gala hizo la solicitud después del toque de queda excepcional que se decretó a raíz de la revuelta de las banlieues --otoño de 2005-- y de la enorme lesividad que producía la munición que empleaban: cartuchos que, en cada disparo, dispersaban ocho microprojectiles y uno central.

Entonces, la empresa aplicó tecnología militar punta y reconvirtió un subfusil militar de granadas --que el ejército portugués emplea en Afganistán-- en un arma aplicable a los conflictos urbanos. La nueva herramienta es capaz de impactar, disparada por una persona experta, en un objetivo de quince centímetros a 50 metros de distancia. Llega a disparar veinte proyectiles por minuto.

La fabricante B&T es una empresa suiza puntera en tecnología militar, exportadora de armas y proveedora habitual de la OTAN. Con sede en Thun y una plantilla de 30 personas, sus productos estrella son la metralleta MP9, el rifle de francotirador APR308 y el lanzador de granadas GL06.

La adaptación de este lanzagranadas para ser utilizado durante la represión en la calle, rebautizado como LL-06, es la adquisición que ha hecho Interior. El lanzagranadas incorpora la denominación LL-Less Letal (Lesividad Menor) y sus distribuidores comerciales destacan la precisión, que "permite hacer microcirugía" en la calle .

Inhibición muscular

El proyectil empleado, de 40x46 milímetros, es similar a una pelota de golf y está recubierto de foam, una espuma viscoelástica de poliuretano de alta densidad. El impacto de la nueva pelota en la pierna produce inhibición muscular inmediata y paraliza la persona, que no puede caminar hasta al cabo de un minuto: la cojera posterior se prolonga durante días y la secuela puede durar hasta 45 días.

El precio de la munición no se ha hecho público, pero los proyectiles están catalogados como SIR (Safe Impact Round, munición de impacto seguro), un reconocimiento explícito --que ha sido negado reiteradamente-- de que las pelotas de goma generaban golpes indiscriminados y del todo descontrolados.

En junio de 2010, durante una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Barcelona a raíz del caso Vilaró, al lado de la concejala Assumpta Escarp, Joan Delort --entonces Secretario de Seguridad-- respondió las preguntas de la Directa diciendo que "Interior no se replantearía el uso de pelotas de goma y que, en el Estado francés, la munición octagonal empleada era más lesiva porque era de un calibre inferior.

Un año después, Interior siguió los pasos de la policía francesa y anunció la nueva adquisición, justamente cuando la Asociación Stop Balas de Goma consiguió reabrir el debate sobre los daños provocados por las pelotas de goma.

En declaraciones a la Directa, Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, pidió entonces "máxima cautela" y advirtió: "No se renuncia a las pelotas de goma, aunque se nos da la razón sobre una situación que hace años que estamos denunciando: los cientos de personas heridas --graves y leves-- a raíz de su impacto". Finalmente, con la decisión anunciada hoy, las balas de goma sí serán retiradas y los proyectiles de foam serán el nuevo armamento represivo de la policía autonómica.

Andreu Soler Asociados: una distribuidora dedicada a " los juguetes"

Sarcasmos incomprensibles: Andreu Soler Asociados, la empresa que distribuye el subfusil y la nueva munición de B&T en España, tenía reconocida una actividad económica clasificada como "comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, ropa de vestir, armas y cartuchería" en 2009. En la clasificación estándar industrial (SIC), consta como "tienda de juguetes", pero hace negocio vendiendo material represivo.

Andreu Manuel Soler Mercadal es propietario único de la empresa, ubicada en la carretera de Sant Feliu de Ametlla del Vallés, que --desde 2005-- distribuye en exclusiva las polémicas pistolas eléctricas o las porras extensibles ASP. Interior adquirió 4.852 unidades de estas porras en 2008 por valor de 142.000 euros. En la web de Andreu Soler Asociados, bajo el lema Apoyo a Nuestras Tropas, se ofrecen descuentos a militares del ejército español que vayan a Afganistán.

Soler Asociados también distribuye accesorios de precisión, láseres, kubotanes con spray paralizante incorporado y todo tipo de artículos policiales y militares y edita la revista sobre armamento policial Tactical. La web dedica una atención especial a insistir en que la pistola eléctrica no mata. Un informe de 2009 de Amnistía Internacional, sin embargo, cuantificaba en 397 las personas muertas en el mundo por la acción letal de la pistola eléctrica.

En diciembre de 2010, se produjo la primera víctima mortal en el Estado francés: un ciudadano de Mali que recibió dos descargas de 50.000 voltios .

Incluso José María Benito, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuestiona su seguridad: "La descarga eléctrica puede tener efectos muy diferentes según la complexión física de la persona y su estado de salud: está contrastado que, en ocasiones, ha provocado la muerte".