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La lista de los 56 directivos de cajas rescatadas que ocultan su sueldo
Han quedado retratados. El poco más de medio centenar de directivos y consejeros de las cajas que ha recibido ayudas públicas y que se ha resistido a revelar su retribución está en el foco de la crítica social. Se han puesto en evidencia, ya que la mayor parte de los gestores han detallado las distintas partidas de su remuneración, incluidos blindajes y pensiones.
¿Por qué lo han hecho, entonces? ¿A cuánto asciende el dinero que han percibido? ¿El Banco de España debería presionar para que finalmente lo hagan público?
Estas preguntas están en el aire, mientras el Gobierno ha iniciado una campaña contra los salarios excesivos en las entidades rescatadas por el Estado.
En primer lugar, el organismo que gobierna Miguel Ángel Fernández Ordóñez tendría que hacer todo lo posible para cambiar la opinión de estos altos cargos. Tiene armas suficientes para hacerlo, al menos en algunos casos. En otros nada puede hacer, ya que se han acogido a la Ley de Protección de Datos y han dejado ya sus cargos.
No es de recibo que personalidades como el presidente de Duero-España lideren el rechazo de más de la mitad de la cúpula de la entidad a desglosar estas partidas. Máxime cuando la caja ha percibido de las arcas del Estado 525 millones.
Caso también llamativo es el del 'número tres' de Banca Cívica, Roberto Rey. La entidad nada ha podido hacer, a pesar de que es uno de los pocos grupos de cajas que cotiza en bolsa y, por tanto, tiene que regirse por el principio de máxima transparencia.
La lista de los 'rebeldes'
Fuente: Entidades.
Malestar en las cajas
Es más que probable que el Banco de España se mantenga al margen, porque es él quien en última instancia ha dado el visto bueno a estas remuneraciones. Y porque en este ejercicio de destape no ha dado ejemplo como regulador. Del striptease de datos se ha excluido a varias entidades que están bajo su gestión al haber sido intervenidas.
CAM y Banco de Valencia no han participado en la publicación de las retribuciones. Fuentes de distintas cajas se han quejado también de la exclusión de Banco Sabadell y BBK, adjudicatarios de CAM y CajaSur con ayudas del Estado. El malestar es alto por las diferencias de trato llevadas a cabo por el regulador.
Hay distintos motivos en el acto de 'rebeldía' de los directivos. Algunos no están dispuestos a que sus emolumentos generen otra ola de indignación general como la provocada por las escandalosas prejubilaciones de NovaCaixaGalicia, en un momento de recortes agresivos y aumento de los impuestos para sacar a España de la crisis.
No quieren una exposición tan elevada que podría conllevar una renuncia a parte de esos emolumentos, como ha ocurrido con algún exdirectivo de la caja gallega. La presión sería tal que se verían abocados a una decisión así para seguir en sus puestos.
Consecuencias legales
Si ya han dejado sus cargos, el desafío al que podrían enfrentarse es la Justicia. Distintas entidades han llevado a los tribunales a los perceptores de indemnizaciones millonarias para que las devuelvan.
Otra causa que ha motivado la desobediencia al Banco de España es la de evitar recelos entre compañeros, ya que algunos de ellos tenían cargos superiores antes de las fusiones en sus cajas de origen y, por tanto, sueldos superiores. Con las integraciones, han caído en el escalafón de la estructura organizativa, pero han mantenido los salarios anteriores.
Precisamente, la publicación de las cifras la semana pasada ha suscitado malestar interno en muchos departamentos de las entidades, ya que directivos del mismo rango cobran retribuciones muy diferentes.
El rechazo de algunos directivos puede quedar en agua de borrajas en los próximos días. Roberto Rey puede ser uno de ellos. Banca Cívica tendrá que publicar en el primer semestre del año la retribución anual de la cúpula y sólo este directivo es que se ha acogido a la ley de protección de datos. Sólo con sumar y restar se conocerá el dinero que gana.
Del resto dependerá el resultado de la presión que ejerza el Banco de España y de la decisión que adopte el Gobierno una vez tenga en su poder el informe que ha solicitado al supervisor sobre las retribuciones en las entidades ayudadas y su justificación. La papeleta del gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez es complicada. Ahora que ha saltado el escándalo se opone a los supersueldazos y los blindajes millonarios.
Pero fue él quién en última instancia las autorizó. La mayor parte de ellas en los planes de fusión del sector llevados a cabo en el ejercicio 2010. Y se avecina otra oleada de indignación. Las integraciones que se preparan para 2012 supondrán el pago de elevadas indemnizaciones porque los cargos son limitados. Y la cuantía, en su mayor parte, se conoce.
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