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Inventan cápsula flotante que ayudaría a sobrevivir a un Tsunami
Fuente: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/electronica_tecnologia/issue_26446.html
Extraido de: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/electronica_tecnologia/issue_26446.html
Una compañía creada por antiguos ingenieros de la empresa aeronáutica Boeing, ha diseñado una cápsula que ayuda a sobrevivir en condiciones de tsunami, puede protejer a seis personas y cuesta tan solo 1.000 dólares.
El director de ingenería de IDEA International, Scott Hill, explicó citado por Techflash.com, que el presidente de la compañía, Julian Sharpe, ideó el concepto del refugio al ver las advertencias del tsunami en la costa del estado de Oregón. Y después del tsunami devastador que se produjo en marzo en Japón, los especialistas decidieron desarrollar la cápsula y dar al público la posibilidad de usarla. “Si puedes salvar una vida, vale la pena producirlo”, dijo Hill.
La idea de la cápsula es bastante simple: es un balón de unos 2,10 metros de diámetro hecho de aluminio. La esfera está equipada con sillas y arneses de seguridad. Una versión más sólida podría proteger a las personas no solo del agua del tsunami, sino también de los grandes objetos que flotan en las olas, como vehículos, lanchas y escombros. La cápsula tiene el objetivo de proteger a los ocupantes durante una o dos horas, hasta que el agua baje.
Los ingenieros opinan que la cápsula será fuerte gracias a la armadura redonda, que recibiría solo golpes indirectos de otros objetos que no podrían romperla, y ayudaría a escabullirse de objetos grandes. Su flotabilidad la mantendría siempre en la superficie. La cápsula puede consistir en dos esferas. La interna, que podría girar independientemente de la externa, siempre se mantendría de tal manera que los ocupantes pudieran permanecer en posición vertical.
Los desarrolladores planean comercializar la cápsula salvavidas a un precio de entre 1.000 y 5.000 dólares (por la versión más grande). Para los habitantes de la zona costera, que podrían guardar la cápsula en el patio (en la imagen), el plazo entre la alerta de tsunami y la llegada de la olas (que a menudo es demasiado corto para la evacuación) bastaría para ocupar sus asientos y cerrar las escotillas. La construcción no tiene medios de control y los inventores aconsejan atar la esfera para después del tsunami ir a parar cerca de la casa y no al mar abierto.
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Los Mossos D´esquadra no quieren vídeos de sus actuaciones
Visto en: planetatortuga.com +elorodelosdioses.blogspot.com
Extraido de: http://icelandicrevolution.blogspot.com/2011/07/los-mossos-no-quieren-videos-de-sus.html
Las imágenes difundidas por decenas de ciudadanos a raíz de las actuaciones policiales con los indignados han molestado en el cuerpo de los Mossos d'Esquadra. Tanto que algunos miembros han alzado la voz para reclamar que se regulen las grabaciones ciudadanas de las actuaciones policiales. Denuncian que de las imágenes se hace un "escarnio público" en Internet, y que crean "inseguridad" entre los agentes.
"Creo que no debería molestar si hacemos una actuación como es, otra cosa es la utilización que últimamente se está haciendo, mostrando las caras de los agentes", opina Josep Milán, comisario de los Mossos y subdirector operativo de la policía.
Tras el operativo policial con motivo del bloqueo en el Parlamento convocado por el movimiento 15-M, apareció en la red una filmación que trataba de demostrar que infiltrados policiales habrían provocado disturbios en las puertas de la Ciudadela. En el vídeo se apreciaban perfectamente los rostros de los policías de paisano, unas caras que corrieron rápidamente por la red. "Creo que no todo vale", afirma Milán.
El mismo expresa Joan Miquel Capell, comisario jefe de la Comisaría General Territorial de los Mossos. "Para prestar un servicio de seguridad es imprescindible que las personas que lo ejecutamos nos sintamos seguros. "¿Genera seguridad que los ciudadanos tengan el derecho de grabar las actuaciones de la policía?", Se pregunta. Denuncian también la "manipulación" que se habría hecho de algunas imágenes del operativo de limpieza en la plaza de Cataluña el 27 de mayo pasado.
Las nuevas tecnologías
Sin embargo, Milán también reconoce que el uso de las nuevas tecnologías ha favorecido en muchos aspectos la labor policial. "El hecho de que nos aporten grabaciones también nos ha permitido ganar tiempo a la hora de responder ante un accidente o un delito", admite. Otros policías inciden en la dificultad que supondría controlar las grabaciones de la ciudadanía, en un momento en que cualquier dispone de algún medio de captación de imágenes. Con todo, la opinión generalizada apunta hacia una regulación del tratamiento y la difusión de las imágenes.
Puig recalca que la Administración no debe ser el único garante de la seguridad
El debate se produjo ayer en la Escuela de Verano, en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, que durante esta semana reúne cerca de cien expertos con el objetivo de hablar sobre el modelo policial en Catalunya, "la policía del siglo XXI ", tal como definió en su ponencia inaugural el consejero de Interior, Felip Puig.
Puig apeló a la responsabilidad de la ciudadanía, las empresas y los medios de comunicación para garantizar la seguridad, ya que el papel de la Administración "es exigido y esperado, pero no exclusivo". El consejero reiteró que vivimos en la "sociedad del riesgo", y que las fuentes de inseguridad "se multiplican día tras día".
CONCLUSIÓN personal de un ciudadano
1.- La proposición en sí misma, describe díafanamente, la calaña de quienes dirigen esta institución, que se supone al servicio del estado de Derecho.
2.- Si actuaran conforme a la legalidad, nada habrían de temer. Otra cosa es infiltrarse entre la ciudadanía para provocar tumultos, la utilización de armas "defensivas" antirreglamentarias, o simplemente la desfachatez de no ir debidamente identificados, tal y como establece la legislación vigente.
3.- La "inseguretat", lo siento, no es consecuencia del escarnio. En primer lugar porque dicha inseguridad no tiene justificación alguna, menos en el contexto constatadamente no violento, en el que se hacen estas declaraciones.
En segundo lugar, el escarnio es consecuencia de la payasada monumental y el exceso provocado por las directrices, dudas, trompicones y esperpentos varios provocados por el Sr. Puig, un señor que es capaz de excusarse en el intento de "limpieza" de plaza de Catalunya, alegando que las fuerzas del orden no interpretaron con exactitud, las órdenes que él había dado, y se queda tan tranquilo.
4.- Y en el caso de que esta rocambolesca iniciativa fuera adelante.
¿Qué protocolo seguirán las fuerzas del orden?, ¿Detendrán sistemáticamente a todo portador de cámara de fotos, teléfono móvil o cámara de vídeo que se les ponga por el medio?, ¿Les quitarán los carretes y velarán sus películas
¿Cerrarán Google al estilo chino?
La policía del SXXI, estupendo título, enhorabuena. Sigan reflexionando, por favor, aunque les dé el año 2.100 en plena acción mental. Seguro que al menos, obtendrán el respeto y reconocimiento de su labor por parte de la ciudadanía. Algo que se gana con dificultad y se pierde con facilidad asombrosa, por ejemplo, haciendo el ridículo, como vienen haciendo en los últimos meses.
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Social Intelligence: Cyberespías laborales en tu Facebook
Fuente: http://www.yorokobu.es/social-intelligence-cyberespias-laborales-en-tu-facebook/
Autor: Jaled Abdelrahim
Usted tiene un día libre, o unas vacaciones. Se aleja de su ciudad todos los kilómetros que le permite su cartera. Lejos de sus conocidos, de su trabajo, de su jefe y de la omnipresente vecina del tercero. Mucho más allá de donde les alcanza la vista a ninguno de ellos. Pero siempre puede pasar aquello de que se encuentre con fulanito de tal, y éste decida retratar el lúdico y quizás no decoroso momento en el que usted celebra su ansiada escapada. Es entonces cuando debe llamar a su oficina. Quizás su jefe haya encontrado motivos para despedirle.
El pasado mes la Comisión Federal de Comercio estadounidense dio el aprobado a la actividad que desarrolla la empresa californiana Social Intelligence desde el año pasado. Esta compañía, a petición de las empresas que solicitan sus servicios, se dedica a buscar el rastro de fotos, vídeos y comentarios personales que los trabajadores de sus contratantes vierten en redes sociales como Facebook o Twitter, blogs, Youtube, y otros espacios de interacción en la red.
Social Intelligence, a través de investigadores digitales y un software creado específicamente para esta labor, recopila toda la información que consideran “relevante” acerca de los trabajadores a los que inspeccionan y crea un archivo sobre éstos que pasa a sus clientes. Es decir, le entregan a tu jefe una carpeta con esa foto que un día alguien colgó en tu muro y ese mensaje fuera de tono que aquella vez enviaste a tu mejor amigo.
Desde su creación en 2010 surgieron las dudas acerca de la legalidad de su actividad en relación a los derechos de privacidad de los afectados. Sin embargo, la Comisión de Comercio ha considerado que el trabajo que realiza Social Intelligence no vulnera la intimidad de nadie y cumple con la ley de Informe Imparcial de Crédito (Fair Credit Reporting act). Esta empresa de espías contemporáneos mantiene que su labor es legal porque sólo recopila aquellos datos que estén colgados en un sitio de dominio público en la red.
Sus responsables defienden que su actividad no busca perjudicar a nadie, sino “prevenir a los contratantes” de posibles personas inconvenientes. Según la estadística que ofrecieron a la revista Forbes el pasado mes sobre los resultados de sus investigaciones, en las empresas que han inspeccionado existe un 20% de trabajadores que no usa las redes sociales, un 60% cuya valoración es “neutral y positiva”, y entre un 5% (en el caso de los trabajadores más mayores) y un 20% (en el caso de los jóvenes), con resultados negativos. Lo que no queda claro es cuál es el criterio que utilizan para valorar la positividad o negatividad de cada caso.
Entre los ejemplos negativos que utilizan han destacado en varias ocasiones la foto que descubrieron en el perfil de un hombre en la que aparecía rodeado de armas, otro que defendía en sus comentarios el consumo de drogas, o un tercero que colgó varios post de contenido racista. Aunque otra de la información que también consideran relevante, según reconoció uno de los representantes de Social Intelligence en una entrevista para CNN, son los casos de trabajadoras en cuyas páginas existen fotos, comentarios o links relacionados con bebés, embarazos u otros temas conexos a la posibilidad de tener un hijo; y también la capacidad gramatical del empleado en base a sus mensajes en la red.
Si ya era difícil eliminar definitivamente el rastro de lo que uno había subido a Internet, imagine que quien lo busca es una empresa especializada en encontrarlo. Parece que ha llegado la era en la que más vale cuidar el perfil de Facebook que el propio currículum.
Social Intelligente declinó responder las preguntas de YOROKOBU, así que nos quedamos sin saber datos como por qué almacenan la información que recopilan durante siete años, o si existe algún criterio para diferenciar entre fotos, vídeos o comentarios que hayan sido colgados a modo de broma o ironía de los que no, o si tendrían alguna barrera legal si les contratase un empresa de fuera de los Estados Unidos.
Quién sabe, quizás piensen que determinada información acerca suya sólo es cosa de ellos.
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La industria del reciclaje presiona contra los envases retornables
Fuente: http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=684751
Ecoembes defiende el actual sistema y los ecologistas exigen la modificación. El Senado reclama realizar estudios sobre si vale la pena variar el método.
La nueva ley de residuos, que abre la posibilidad a que las latas de refrescos y las botellas de plástico sean en España de pago y retornables --como antiguamente lo eran las de vidrio--, ha sembrado la discordia. Mientras los ciudadanos esperan saber qué les tocará hacer con los recipientes (¿seguirán yendo al contenedor amarillo? ¿o tendrán que devolverlos al supermercado?), el sector anda a la greña discutiendo las ventajas e inconvenientes de los dos métodos de recogida selectiva: el actual SIG (sistema integrado de gestión con contenedores de colores) o el SDDR (sistema de depósito, devolución y retorno). La patronal del reciclaje en un bando y los ecologistas, en otro.
El nuevo texto, que previsiblemente será aprobado en el pleno del Congreso del 12 de julio, ha introducido en el proceso parlamentario algunos matices respecto del borrador del Ministerio de Medio Ambiente. "El más importante --explica Melchor Ordóñez, director general de Ecoembes, empresa que gestiona el sistema SIG-- es un artículo aprobado en el Senado que establece que el Gobierno deberá evaluar los resultados obtenidos en materia de recogida selectiva".
Ordóñez afirma que "ya se reciclan el 70% de los envases". Otra aportación hecha por el Senado al texto de la ley es "la obligación que impone al Gobierno para que realice estudios económicos y sociales, en los que participen todos los sectores implicados, para justificar el cambio de modelo", indica el director general de Ecoembes. En su opinión, "esta ley, pese a que ha mejorado sustancialmente en su tramitación en las Cortes, sigue generando inseguridad jurídica". Es, en otras palabras, un serio revés para todos los implicados, desde consumidores hasta comercios y, evidentemente, gestores de residuos.
GUERRA DE DATOS
Los datos de Ecoembes, evidentemente contraria al sistema por el que los ciudadanos recibirían una parte del importe de los envases retornados, contrastan mucho con los que aportan las entidades que apoyan al SDDR. Según la fundación Retorna, que los agrupa, con el modelo actual solo el 30% de los envases se reciclan. En las últimas semanas, los defensores de uno y otro sistema han cruzado críticas e innumerables estudios.
Dos ejemplos. Un informe de Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra afirma que el SDDR "incrementará en cerca del 40% los residuos de envases de bebidas reciclados, aumentando en medio millón de toneladas anuales los envases recogidos selectivamente". Las entidades reclaman que el bric se incluya en el sistema, que solo se ha previsto para latas de refresco, botellas de plástico PET y vidrio.
En cambio, los partidarios del SIG esgrimen, entre otros, el informe Government Review of Waste Policy in England 2011, elaborado por el gobierno británico, que sostiene que el SDDR solo mejoraría en un 2%, los datos de residuos reciclados. El estudio valora el coste de la implantación del SDDR en casi 1.600 millones de euros, de los que más de 940 serían sobrecoste para el consumidor por los depósitos no devueltos, dice.
Con todo, "la aplicación de uno u otro sistema será voluntaria", insiste Carmen Tapia, subdirectora general de Producción y Consumo Sostenible del ministerio. Tapia dice que, en breve, el Gobierno dispondrá de datos propios para un análisis objetivo.
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Gorillaz vs Genesis - Stylo Can't Dance (mashup)
Aviso a la Troika, a los bancos y a los futuros inversores tanto griegos como extranjeros que tienen en el punto de mira la propiedad pública griega
Aviso a la Troika, a los bancos y a los futuros inversores tanto griegos como extranjeros que tienen en el punto de mira la propiedad pública griega.
Un gobierno depuesto y dictatorial, que no representa al pueblo griego, acaba de aprobar una propuesta de ley con la intención de vender a precio de coste el suelo y la propiedad pública, contra la voluntad de la mayoría de los ciudadanos.
Comunicamos a cuantos tienen los ojos puestos en una futura oportunidad de inversión que no tardaremos en derrocar este gobierno, que en breve tendrá que dar cuenta de sus crímenes en contra del pueblo y del país. Sus firmas y sus proyectos de ley son papel mojado. No los ha aprobado el pueblo griego, que por supuesto no los reconoce.
A todos los aspirantes a inversores les advertimos que no se les ocurra acercarse a las ventas y subastas de nuestro suelo y nuestra propiedad pública, mucho menos comprarlos. En cuanto el pueblo reconquiste la soberanía del país, no sólo perderán todo lo comprado, sino que no se les devolverá el dinero pagado por ello.
Advertimos también que, hasta el momento en que recuperemos el control del país, haremos cuanto esté en nuestras manos, mediante la autoorganización, por impedir y sabotear las posibles inversiones, y lo haremos en defensa de nuestros derechos, según se desprende tanto de la Constitución griega como de los derechos de los seres humanos y de los pueblos reconocidos internacionalmente.
Que ningún aspirante a inversor se atreva a participar en las rebajas de suelo y propiedad pública de Grecia sin ser consciente del alto riesgo que corre su inversión. En el caso de que dicha inversión se lleve a cabo, recibirá la "bienvenida" en un país que cuando se ve privado de su libertad, sabe engendrar Canaris y reducir a escombros puentes sobre el Gorgopótamo.*
La asamblea popular de la plaza de Síntagma, 3/7/2011
* Canaris fue un almirante griego de la guerra de independencia (1821-1830) que consiguió destruir la flota turca en 1822. La destrucción del puente sobre el Gorgopótamo (25-11-1942) fue una de las hazañas heroicas de los partisanos griegos contra la ocupación alemana.
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Policía griego atropellando a gente con su moto durante la Huelga General
Video en el que perfectamente se ve el abuso de poder de la policía, atropellando a la gente en sus motos, y claro, la gente acaba cansandose y esto es lo que pasa:
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El Gobierno da marcha atrás y decide anular el canon digital
La supresión está decidida a la espera de la determinación de hacerla pública
El impacto de la operación Saga puede modificar la fecha del sepelio del canon
González-Sinde podrá dar explicaciones en el pleno del próximo martes, día 12
El canon digital ya es historia y sólo queda que el gobierno elija el mejor momento para anunciarlo, según confirmaron ayer dos fuentes institucionales próximas al proceso de negociación. La resolución lleva cerrada varios días y es, en todo caso, anterior a que estallara el escándalo en la SGAE, pero se verá afectada por la onda expansiva del escándalo sobre la gestión en la sociedad de derechos digitales de la SGAE, lo que podría modificar el calendario que barajaba Moncloa para hacer pública y oficial la muerte del canon digital.
El acuerdo, que establecerá un mecanismo presupuestario para compensar a los autores, supone la eliminación de la tasa que ahora mismo se aplica a todo instrumento tecnológico susceptible de albergar cualquier tipo de contenido audiovisual, desde un disco duro a un teléfono móvil. La resolución, en la que se venía trabajando desde que la sentencia de Bruselas sobre el caso Padawan estableciera que es ilegal la aplicación indiscriminada que en España se está realizando del canon digital, hace tiempo que está lista, con el acuerdo de la industria tecnológica afectada y el de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, cuyos predecesores inmediatos, César Antonio Molina y Carmen Calvo, habían sido los grandes defensores de esta tasa que extendía la compensación por copia privada a prácticamente toda herramienta digital del mercado.
Entre las razones que pueden haber retrasado el anuncio de la decisión, y que ahora la mezcla inexorablemente con el colapso de SGAE, algunas fuentes apuntan la posibilidad de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero haya delegado en el vicepresidente y candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, la decisión sobre el momento idóneo para hacerlo público, pero éste es un extremo sobre el que las fuentes gubernamentales disienten.
Aunque la medida era un triunfo político con el que compensar la impopularidad de la llamada Ley Sinde –que persigue las descargas gratuitas de contenidos sujetos a derechos–, su efecto se verá radicalmente afectado por el explosivo alcance de la operación Saga, contra la gestión de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) que instruye la Audiencia Nacional y que ha supuesto un nuevo revés político para la ministra González-Sinde, muy significada durante todo su mandato en favor del lobby de la creación cultural que encabezaba la poderosísima sociedad de autores, frente al de los consumidores digitales de contenidos culturales y las organizaciones de internautas, mayoritariamente contrarias a la ley.
La ministra anunció ayer que ha solicitado comparecer en el Parlamento para dar explicaciones respecto a lo ocurrido en la SGAE y a las responsabilidades que puedan derivarse de la gestión al respecto de su ministerio, aunque en realidad el PP ya había anunciado su intención de solicitar tal comparecencia y esta puede ser innecesaria si los populares, como confirmaba ayer José María Lasalle, portavoz de Cultura de ese partido en el Congreso, presenta una interpelación urgente que permitiría a la ministra responder en el próximo pleno del Congreso, el martes de la semana que viene.
Entre los socialistas ha causado gran malestar la posición del PP, dispuesto ya desde el domingo a hurgar en las responsabilidades políticas del Gobierno en el desvío de fondos de SGAE, y así lo expresaba ayer en la ejecutiva socialista Juan Fernando López Aguilar, ante Zapatero y Rubalcaba.
Efectivamente, la actual ley de Propiedad Intelectual -también herida de muerte en el asalto del viernes al palacio de Longoria- no da potestades sancionadoras al ministerio de Cultura si aprecia alguna irregularidad en las cuentas que le presenta la SGAE -y en las del resto de sociedades de gestión-, pero sí que reserva al Gobierno la capacidad de conceder la licencia a estas sociedades para recaudar en nombre de los autores -de hecho algunas, como DAMA o Egeda, tuvieron que esperar, una vez formadas, a que Cultura las autorizara a comenzar a operar-, lo que permitiría también la retirada de dicha licencia en caso de que la sociedad de gestión hubiera incurrido en irregularidades como las que el juez de la Audiencia Pablo Ruz investiga ahora en las filiales digitales de la sociedad que preside Teddy Bautista.
El PP ha confirmado que va a proponer, sin menoscabo de las decisiones que adopte en su caso el juez Ruz, que, en tanto se despejan las dudas sobre el futuro de esta sociedad, se cree una gestora que permita que la institución siga funcionando durante la instrucción del caso Saga, pero bajo un estricto control del ministerio de Cultura, una gestora que muy bien podría estar compuesta por la misma junta directiva votada por los socios el pasado jueves, pero sin la capacidad para actuar de forma autónoma, como venía haciendo hasta ahora la SGAE. Sería una versión sui géneris de las intervenciones judiciales en la gestión de ayuntamientos o sociedades acusados de irregularidades. Siempre que no sea el juez el que decida una tutela judicial directa, claro.
Precisamente la junta directiva de la SGAE, recién conformada tras los comicios de la pasada semana que volvieron a dar todo el poder a los leales a Teddy Bautista, ha convocado a los medios de comunicación para ofrecer hoy sus reflexiones en torno a la gravísima situación a la que ha quedado abocada SGAE tras las detenciones y registros del pasado viernes y los graves cargos que imputa el juez a la cúpula de la organización. Tendrán entonces ocasión de responder a la provisional administración tutelada que propone el PP.
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Los indignados ya han logrado paralizar 47 desalojos
Fuente: http://www.publico.es/espana/385328/los-indignados-ya-han-logrado-paralizar-47-desalojos
Los indignados continúan frenando desalojos y la cifra ya se eleva a 48, lo que supone una media de dos diarios, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Comenzaron con los desahucios por impagos de préstamos, siguieron con quienes no podían hacer frente al alquiler y ahora se han sumado a la ayuda de personas desesperadas que ocupan ilegalmente casas porque no tienen dónde ir. Es lo que ha ocurrido en Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Llegaron antes de las diez de la mañana, candaron el portal de un bloque desvencijado junto a otro lleno de hierbajos y se pusieron a esperar para frenar el desalojo previsto en el número 1 de la calle La Calleja, el primero al que el Movimiento 15-M se ha enfrentado en la provincia de Sevilla. Desde la ventana del 1º B observaba Rocío, una joven de 25 años cosida a operaciones por las múltiples roturas de sus huesos de cristal, una enfermedad rara.
"Es que no lo entiendo, no entiendo por qué no pueden dejar que nos quedemos un poco más", decía su hermana Mari, de 21 años. Su madre, Amparo de los Santos, de 47 años, desenrollaba a cada momento la notificación que había encima de la mesa del salón. La gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, gobernado por el PP desde las pasadas elecciones, la obliga a dejar la casa por ocupación ilegal.
El piso, lleno de trastos y muebles embalados, no es de su propiedad. Pertenecía a su padre, un hombre ya mayor que ahora vive en un piso de protección oficial después de que el anterior Gobierno, del PSOE, expropiara los terrenos. Según explicaron fuentes municipales, el consistorio prevé reurbanizar la zona con espacios verdes. "Están incumpliendo la ley, la casa no es suya, no pueden estar ahí y han tirado un tabique y se han metido en otra; se les ha ofrecido ayuda social, comida y no la han querido", añadieron las fuentes. En el bloque aún quedan varios vecinos propietarios, a los que el Ayuntamiento sí ha dado margen hasta que solucionen problemas financieros con el banco.
700 euros para cinco personas
A través de un agujero con forma de puerta, al otro lado del tabique, hay más trastos aún. Amparo no lo oculta. Según cuenta, había un "pequeño agujerito" en la pared que ella amplió: "Cogí los muebles de cocina que había porque aquí no tenía ni dónde hacer de comer ni fregar los platos". Tiene dos hijas más, una de 12 y otra de 16, que se habían ido a casa de su abuelo. Dice que su único ingreso son las ayudas que recibe por su hija enferma y su cuidado, unos 700 euros al mes. "Yo sé que nos tenemos que ir, pero sólo pido unos días más, llevamos toda la vida de casa en casa, estoy separada, sin condiciones adecuadas para que mi hija pueda moverse", insiste Amparo.
Rocío lleva varios clavos en su pierna derecha y, en breve, tendrá que volver a operarse, dice sin quitar ojo de la ventana. Abajo continuaban los indignados, una treintena entre jóvenes y mayores, muchos de ellos, como Lucía, pertenecientes a la acampada de Sevilla. "Lo importante es parar este tipo de situaciones", sostiene. "Que los quiera echar un banco tiene tela, pero que los quiera echar el Ayuntamiento es ya lo último", decía otro indignado por el megáfono. Tras recibir la notificación el pasado jueves que la obligaba a desalojar la casa en 24 horas, Amparo logró encontrar un piso de alquiler por 500 euros.
Por la mañana estaba dispuesta a irse, aunque no tuviera "ni para comer". Pero las personas del 15-M que acudieron a apoyarla la convencieron para que continuara allí hasta encontrar algo más barato. "El 15-M me está ayudando a buscar un piso con el que al menos podamos comer", contaba por la tarde por teléfono.
El Ayuntamiento, que asegura que las protestas no han tenido nada que ver, le ha dado otra prórroga hasta el próximo viernes a las diez de la mañana. Los carteles con leyendas de "Stop desahucios" seguían pegados con celo en el portal.
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