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España multiplica por diez las exportaciones de armas en la última década
Fuente: http://www.lamarea.com/2014/06/17/exportaciones-de-armas/
Según las estadísticas oficiales, en 2013 España exportó armamento por valor de 3.908 millones de euros. Aviones de transporte de tropas y de patrulla marítima, repuestos de cañones antiaéreos, lanzagranadas y munición, bombas de aviación, morteros, recambios para carros de combate…
Una larga lista de armamento que duplica lo que se vendió el año anterior (1.953 millones de euros) y supone un aumento exponencial si tomamos como referencia las exportaciones de 2004 (406 millones de euros). En la última década, la venta de armas españolas al extranjero se ha multiplicado por diez. Y la tendencia parece ir al alza.
El Centro Delas de Estudios por la Paz señala que es muy probable que continúen aumentando las exportaciones, puesto que en 2012 se autorizaron ventas por valor de 7.695 millones de euros (la cifra más alta de la última década), y el año pasado, por valor de 4.321 millones. Estas autorizaciones se harán efectivas en los próximos años.
Más de un tercio de las exportaciones se realizaron a países del Golfo Pérsico. En conjunto, las petromonarquías del Golfo adquirieron material militar por valor de 1.238 millones de euros, treinta veces más que en 2012 (46,9 millones). El Centro Delas pone de manifiesto que este hecho resalta la tensión existente entre el comercio de armas y la legislación que lo regula.
En España, la ley prohíbe exportar armamento a lugares en donde pueda ser utilizado para la “represión interna” o la “violación de derechos humanos”, hechos que según numerosos informes de Amnistía Internacional son habituales en países como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, el principal cliente en volumen de compra. Además, estos países dan apoyo a determinados grupos armados de la guerra en Siria.
Opacidad en el comercio de armas
El Secretario de España de Defensa es el máximo responsable de dirigir la política de fomento de las exportaciones de armamento. Entre sus funciones está, entre otras, la de negociar los llamados “contratos Gobierno a Gobierno”. Pese a la relevancia del cargo y sus tareas, este organismo no está sometido al control parlamentario, puesto que quien comparece ante el Congreso para dar cuenta de las exportaciones de material militar es el Secretario de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, denuncia el Centro Delas.
“De esta forma se mantiene al margen de los controles democráticos la política de fomento de las exportaciones de armas y se oculta su importancia a la opinión pública”, señala el centro.
A pesar de que el Ministerio de Economía hace públicas cifras oficiales sobre el comercio de armas con el exterior, la organización pacifista destaca que se siguen manteniendo altas cotas de opacidad, por ejemplo en lo que respecta a detallar qué tipo de armamento se exporta.
Los datos se agrupan en categorías genéricas y no se informa de los contratos Gobierno a Gobierno que ha negociado el Ministerio de Defensa. Por otro lado, no hay manera de conocer el trabajo del órgano administrativo que otorga las autorizaciones de exportación, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), puesto que en 1987 el Consejo de Ministros calificó como secretas sus actas.
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Proclamación de Felipe VI: Semana de control, miedo y tolerancia cero
Fuente: http://www.publico.es/actualidad/527636/semana-de-control-miedo-y-tolerancia-cero
La proclamación de Felipe VI eleva la alerta antiterrorista, aunque no haya amenazas reales. La semana de control será por tierra, aire e Internet. Se prohibirá todo conato de protesta con una orden: tolerancia cero.
Desde que comenzó la crisis económica, y arreciaron el 15-M, las mareas de protestas y las réplicas de este terremoto social, la zona del Congreso de los Diputados se ha convertido en un símbolo: la sede de la soberanía popular está desde entonces vallada, fuertemente vigilada por la policía.
Y allí donde hace unos años se entendía que había protestas ante la sede de los representantes del pueblo, ahora el Gobierno llega a interpretarlas ante los tribunales como delitos contra las altas instituciones del Estado, penados con hasta cinco años de cárcel.
Felipe VI será proclamado esta semana rey en este contexto de criminalización de la protesta social, tras una abdicación ‘exprés' de su padre -tramitada saltándose el Senado incluso su reglamento-, y con un 90% de apoyos del Parlamento frente a la división entre españoles que arrojan las encuestas sobre el debate monarquía/república y que se traslada hasta en las sobremesas de amigos.
El nuevo rey se estrena el 19 de junio con un vallado aún mayor si cabe de la zona del Congreso de los Diputados. Se cerrará el espacio aéreo de Madrid durante la proclamación y el recorrido en coche, para evitar ataques con cohetes, aviones o drones; habrá francotiradores en los tejados; especialistas en ciberataques; vigilancia especial de redes y suministros de agua y energía; desactivadores de explosivos; los perros policía olfatearán toda la zona; los agentes de subsuelo recorrerán kilómetros de túneles para sellar toda alcantarilla...
En Interior han dado la orden de ‘tolerancia cero' ante las protestas que se puedan producir. Así, desplegará 2.000 agentes antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se han hecho llegar de toda España para proteger la zona.
Los comerciantes están siendo entrevistados estos días por la policía, para recordarles que el 19-J serán controlados; hay quien se plantea cerrar la tienda durante la ceremonia, no en vano serán seres humanos situados en grandes cuadrantes de seguridad limitados por vallas, de los que no se podrán mover mientras pase la comitiva oficial.
¿Prevención o miedo a las protestas? El Ministerio del Interior ha elevado el nivel de alerta terrorista al 3, el nivel inferior al máximo referido a la amenaza inminente. El nivel 3 significa que existe un riesgo de ataque terrorista altamente probable. Pero, a renglón seguido, las fuentes del Ministerio del Interior han reconocido a los medios de comunicación que no hay una amenaza terrorista real.
El Ministerio del Interior ha organizado un encuentro de los responsables de los operativos este lunes, a las 10.30, horas en el Centro de Mando (CEMAN), constituido en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad, ubicada en el Paseo de la Castellana, 5.
El CEMAN es el centro coordinador al que llegará todo lo que capten las cámaras de control de la ciudad y los helicópteros, que enviarán imágenes en tiempo real de la zona de vigilancia especial. El sistema de recogida de imágenes es sofisticado y sirve para identificar personas, prevenir ataques y tomar decisiones rápidas en materia de seguridad.
También especialistas del Centro Nacional de Inteligencia, el servicio secreto español, estarán en alerta para prevenir ataques de grupos terroristas y controlar las imágenes de personas que se capten. Sólo volaran sobre la ciudad los helicópteros de la Policía y la Guardia Civil, así como un avión de contramedidas electrónicas.
Itinerario hacia el Palacio Real, sin pasar por la calle Mayor
La premisa para el itinerario que realizará Felipe VI es evitar calles estrechas, incluida la calle Mayor que ha sido descartada por seguridad pero también para no evocar el atentado de 1906 durante el recorrido de Alfonso XIII tras su boda con Victoria Eugenia.
La comitiva partirá desde el Congreso de los Diputados hasta la plaza de Cánovas del Castillo, según Europa Press. Recorrerá el tramo del Paseo del Prado que separa la fuente de Neptuno y la de Cibeles. Una vez allí, enfilará en dirección a la Gran Vía. Previsiblemente, a su llegada a Plaza de España, bordeará la plaza y tomará la calle Bailén para agotar los últimos metros hasta el Palacio Real donde habrá una recepción oficial.
Se cifra en unos 4.000 el número de policías y guardias movilizados en una proclamación para la que se han acreditado 3.000 periodistas.
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Investigar al PP, una profesión de riesgo
Fuente: http://www.elplural.com/2014/06/16/investigar-al-pp-una-profesion-de-riesgo/
Policías que han analizado el ático de González o las conexiones de Cotino con la Gürtel se unen a un nutrido 'grupo del bumerán' en la que ya figuran otros agentes, jueces y hasta testigos.
En los últimos días se han producido dos noticias relevantes en torno a investigaciones relacionadas con altos cargos del PP. Por un lado la Audiencia de Madrid daba luz verde para que un juez investigara a los agentes policiales que iniciaron las pesquisas en torno al ático del que disfruta en Estepona el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al entender que existió una intencionalidad de “dañar la imagen pública” del popular y “socavar su carrera como servidor público”.
Giro radical
El ‘caso ático’ ha dado un giro de 180 grados en muy poco tiempo pues no solo se ha archivado la causa sino que ahora los policías serán los investigados. Pero aunque desde la Fiscalía del Tribunal Supremo Eduardo Fungairiño se opusiera a la investigación de la causa y la Audiencia Provincial de Málaga levantara la imputación a la esposa de González una jueza sí había encontrado previamente indicios suficientes como para investigarla, , lo cual no significa por supuesto que no sea inocente para tampoco que actuara de mala fe.
El PSOE ya denunció en el Senado el “cese fulminante” de esos policías y reclamó la comparecencia del ministro de Interior Jorge Fernández Díaz que habló de “investigación ilegal”. El responsable policial que inició aquellas pesquisas ha fallecido y no podrá defenderse de las acusaciones.
La UDEF en la picota
Mientras, en la Comunidad Valenciana se ha destapado una rocambolesca historia que vincula al presidente de Les Corts Juan Cotino –el que “cortaba el bacalao” según un testigo en la visita del Papa que presuntamente sirvió para inflar contratos a dedo y desviar fondos públicos hacia la trama Gürtel– con un abogado de Francisco Correa, Juan Carlos Navarro.
La Justicia ha archivado la causa por denuncia falsa en la que Navarro estaba imputado por haber intervenido para proteger el nombre de Cotino en un caso en el que había sido víctima de extorsión. Pero según eldiario.es Navarro también prepara una querella contra los policías de la UDEF que han investigado a Cotino, todo un exdirector general de la Policía dispuesto a arremeter contra un agente.
Los movimientos por el control de la UDEF a nivel nacional por parte del actual director general de la Policía, el popular Ignacio Cosidó, han sido expuestos en ELPLURAL.COM.
Las advertencias de Bárcenas a un comisario en un restaurante
A raíz de todos estos movimientos adquiere una nueva dimisión la ‘conversación’ revelada en 2009 por la revista Época entre el hoy encarcelado Luis Bárcenas y un comisario relacionado con las investigaciones al extesorero del PP. En un lugar público como un restaurante y según la revista de Intereconomía Bárcenas no dudó en advertir al policía que sabía muchas cosas de él y le dio detalles pormenorizados de su familia.
¿Estará ya contenta Cospedal?
El caso Gürtel marca un hito en cuanto al destino de jueces y policías relacionados con las investigaciones. Desde el inicio la estrategia del PP fue presentarse como víctimas de una persecución y todavía con el Gobierno socialista María Dolores de Cospedal denunció la existencia de un“Estado policial” para “perseguir a la oposición”.
Ahora, con el extesorero del PP encarcelado por acumular millones de euros de origen desconocido en paraísos fiscales, con los datos sobre suculentos sobresueldos en al partido a la vista de todos y con el juez Ruz analizando entre otras muchos posibles delitos si hasta la millonaria reforma de Génova 13 se pagó con dinero negro, aquellas proclamas de Cospedal suenan increíbles. Pero entonces multitud de medios de la órbita del PP las aplaudieron y no hay que olvidar el contexto de ese tipo de maniobras.
El juez que abrió el caso, Baltasar Garzón, acabó siendo apartado de la carrera judicial por haber intervenido las conversaciones entre imputados del caso Gürtel y sus abogados ante el riesgo de que evadieran capitales -alegó que la ley permite intervenir conversaciones en casos de evasión de capitales y terrorismo-. Las sospechas se demostraron sobradamente fundadas, de hecho uno de los abogados de Correa está imputado por presunto blanqueo de dinero.
La prensa o testigos clave tampoco se salvan
Existe otra derivada de las presiones. ELPLURAL.COM, uno de los pocos medios que se atrevió a dar cuenta desde el principio de las investigaciones del caso Gürtel, se tuvo que habituar a recibir advertencias de posibles judiciales de algunos de los populares de los que se informaba y que luego iban siendo procesados.
Jueces, policías, periodistas… y también testigos han recibido presiones por diferentes vías. Es el caso de Ana Garrido, una funcionaria municipal en el epicentro de la Gürtel, el municipio madrileño de Boadilla del Monte, que se negó a formar parte de los tejemanejes de la trama y fue una de las testigos clave en la etapa inicial del caso. Los tribunales han condenado al actual Ayuntamiento de Boadilla del PP por acoso laboral a Garrido.
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El Gobierno del PP reducirá la duración de las bajas por enfermedad
Fuente: http://www.publico.es/politica/527591/el-gobierno-del-pp-reducira-la-duracion-de-las-bajas-por-enfermedad
Será por Real Decreto e incorporará tablas con la duración media de las bajas por incapacidad temporal en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.
Los recortes directos del Gobierno de Mariano Rajoy sobre los derechos de las personas tienen siempre una repercusión inmediata en los medios y en la ciudadanía. Más difíciles de detectar son los recortes que podrían denominarse 'indirectos': aquellos que no suponen una merma inmediata a un presupuesto o a una partida económica, pero cuya modificación, aunque pueda parecer que está destinada a un cambio general, está indirectamente implicada en el recorte de una partida de gastos.
Tal es el caso de las bajas por enfermedad que cubre la Seguridad Social. El Gobierno del PP prepara un Real Decreto sobre incapacidad temporal que incorpora tablas con la duración media de las bajas por enfermedad en función del diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador, con el objetivo de luchar contra el absentismo laboral injustificado y ahorrar dinero al sistema.
Según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en las tablas que incorpora el Real Decreto se establecerá la duración media tipo de los distintos procesos patológicos y su incidencia en las actividades laborales.
Se trata, por tanto, de un protocolo de temporalidad en la gestión de los partes médicos de baja, confirmación y alta, que busca ahorrar dinero, pero también burocracia, y al mismo tiempo agilizar la gestión de las bajas. Las nuevas tecnologías permiten el intercambio de datos para el control de la incapacidad temporal entre las distintas entidades y las instancias implicadas en la gestión de los procesos de incapacidad temporal.
Estos cambios normativos supondrán la adaptación de los convenios con las Comunidades Autónomas, lo que permitirá al Gobierno elaborar un mapa de patologías a nivel nacional, para conocer y analizar las razones por las que se producen las incapacidades en cada territorio.
"Un mejor conocimiento de los procesos, de sus causas e incidencias en la población es una condición básica para desarrollar políticas más adecuadas cada día", explicó el secretario de Estado de Seguridad, Tomás Burgos, esta semana en la clausura de una jornada de la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Administración de la Seguridad Social.
Todo ello redundará, explica el Ministerio, en ahorros para el sistema y en una mayor calidad del servicio prestado y de sus beneficios en términos sociales y sanitarios. El Gobierno prepara este Real Decreto en paralelo al Proyecto de Ley de Mutuas y está previsto que apruebe ambas normas en el Consejo de Ministros del 4 de julio.
El proyecto de Ley de Mutuas modificará la Ley de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para hacer más eficiente el control de las prestaciones, luchar contra el absentismo, mejorar la salud y prevenir los riesgos laborales.
Las mutuas pasarán a hacer un seguimiento de las bajas laborales desde el primer día y pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá siempre la última palabra al respecto.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, la media de procesos de incapacidad temporal iniciados en los tres primeros meses del año ascendió a 374.612 bajas, de las que 330.427 se debieron a contingencias comunes y 44.185 a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Los trabajadores se ausentaron de su puesto de trabajo una media de 3,77 horas al mes por estar de baja por incapacidad temporal, según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral relativa al cuarto trimestre de 2013 que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En ese periodo, las percepciones diarias por incapacidad temporal ascendieron a 16,41 euros por cada trabajador.
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El PP de Madrid se niega a renunciar a la privatización de hospitales
Fuente: http://www.elboletin.com/nacional/100079/pp-madrid-abierta-privatizacion-hospitales.html
El PSM ha denunciado hoy que el PP de Madrid mantiene su idea de privatizar la Sanidad pública de la región tras negarse ayer a suprimir los artículos de la Ley 8/2012 de Medidas Fiscales y Administrativas que daban luz verde a las externalizaciones de hospitales y centros de salud.
Según ha indicado el portavoz socialista en materia sanitaria en la Asamblea, José Manuel Freire, “quien quiera que la Sanidad de Madrid sea pública” tiene que tener claro que “en mayo de 2015 toca desalojar al PP del Gobierno de la Comunidad”.
Según ha informado el PSM en una nota, el PP ha dejado clara cuál es su postura al votar contra la derogación de los artículos de la Ley que posibilitaba la privatización sanitaria. Según recuerdan los socialistas, ayer mismo el Parlamento regional votó una propuesta suya para eliminar los artículos 62 y 63 de la mencionada ley pasada la media noche, ya que “el PP tiene un sistema para organizar la Asamblea de modo que esta votación fuera clandestina y no se enterara nadie”, ha dicho Freire.
Cuando se produjo la votación de la toma en consideración de esta medida, IU y UPyD se sumaron a la propuesta del PSM, pero el PP votó en contra y tumbó la propuesta, manteniendo abierta la puerta a la privatización de seis hospitales públicos (Vallecas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Henares-Coslada, Arganda y Aranjuez) y del 10% de los centros de salud de la región.
En opinión de Freire, tras la paralización del proceso que dictaminó la Justicia, “lo razonable es reconocer por parte del Gobierno que se da por terminado definitivamente”, primero para tomar las medidas que sean precisas para continuar la gestión pública de la Sanidad y, segundo, para “poner fin a casi un año de incertidumbre y zozobra que vienen sufriendo los profesionales de los centros afectados”.
“Ayer el PP no quiso derogar los artículos de la Ley que permiten la privatización de la Sanidad en Madrid”, ha lamentado el socialista, que ha dicho que “debe quedar claro para toda la ciudadanía que quiera que la Sanidad de Madrid sea pública que en mayo del 2015 toca desalojar al PP del Gobierno de la Comunidad”.
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Interior gastará 1.000 euros en dotar a cada antidisturbios de un nuevo equipo 'antivándalos'
Fuente: http://vozpopuli.com/actualidad/44845-interior-gastara-1-000-euros-en-dotar-a-cada-antidisturbios-de-un-nuevo-equipo-antivandalos
El Ministerio termina de licitar la compra del nuevo material para los policías de la UIP. Los sindicatos alaban la calidad de éste pero critican que el número de unidades adquiridas en insuficiente ya que sólo 400 tendrán el equipamiento completo.
El Ministerio del Interior ya ha puesto en marcha las licitaciones que faltaban para adquirir los cuatro elementos de protección con los que anunció iba a dotar a los integrantes de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los popularmente conocidos como antidisturbios) tras los graves incidentes del 22-M que causaron heridas a 67 agentes.
En total, el departamento de Jorge Fernández Díaz gastará 604.000 euros en adquirir nuevos y más resistentes escudos, cascos, chalecos y espinilleras.
Un gasto que, sin embargo, no permitirá que el nuevo equipamiento llegue a todos los miembros de la unidad, como critican los sindicatos policiales. De hecho, de alguno de los nuevos elementos, en concreto de los cascos, sólo se van a comprar 400 unidades.
Cada uno de éstos contará 392 euros, una cifa a sumar a los 99 euros de desembolso que supondrán cada nuevo escudo, los 166 euros de las protecciones de las piernas y los 362 euros que irán destinados a los chalecos 'antigolpes'. En total, la Policía invertirá 1.019 euros en cada uno de los antidisturbios que reciba completo el novedoso equipo.
Las últimas licitaciones, publicadas en el BOE el pasado jueves, ha sido las de los escudos y los chalecos 'antigolpes'. De los primeros se van a adquirir 1.248 unidades por un total de 123.826 euros. Tendrán 1,1 metros de largo, más que los actuales, y además estarán fabricados en un policarbonato de 4 milímetros de grosor que los haga "ligeros y transparentes".
Interior pretende que resistan tanto el impacto de una pelota de goma lanzada desde diez metros de distancia como el de un bala del calibre 22 corto disparada a cinco metros de distancia.
Incluso los someterá a pruebas de laboratorio para ver si sufren daños si impacta contra ellos una bola de 10 kilos de peso dejada caer desde dos metros de altura. Como gran novedad, estas protecciones contarán por primera vez con 'fecha de caducidad' grabada en el propio escudo. A los cinco años deberán ser sustituidos por otros.
En adquirir los 448 chalecos 'antigolpe' previsto, Interior ha presupuestado invertir 162.081 euros, según la memoria de la licitación. El Ministerio pretende que los nuevos sean capaces de resistir el impacto de un bala del calibre 22 y de una bola de acero de 3 kilos de peso, además de ser los suficientemente cómodos como para que los agentes puedan utilizarlos tanto cuando conducen los vehículos oficiales como durante "la utilización de medios defensivos".
Además, llevarán protecciones especiales para cuello, hombro y brazos desmontables, y un bolsillo en la parte inferior delantera del mismo para instalar "un protector de pelvis". Todo el chaleco deberá estar realizado en un tejido exterior ignífugo y su peso no deberá ser superior a ls 1,6 kilos.
A prueba de "patadas, palos y piedras"
Anteriormente ya habían sido licitados las espinilleras y los cascos. Las primeras, que cubrirán desde la rodilla hasta los tobillos y el empeine, estarán fabricadas en su parte externa de una material textil "retardante a la llama" y con el interior rígido "resistente al impacto.
Todo ello en un "conjunto solidario" sin piezas metálicas, un peso aproximado al 1,8 kilos y en tres tallas para acoplarse a las diferentes alturas de los agentes. Deberán ser capaces de resisitir el impacto de "patadas, objetos contundentes, tales como palos, piedras, barras metálicas, etc, incluso cortes por objetos punzantes (navajas, cuchillos etc)".
Para comprobar su firmeza, la Dirección General de la Policía tiene previsto someter a los modelos que presenten los fabricantes a una prueba en el que lanzará desde dos metros de altura una esfera metálica de 10 kilos sobre la superficie del protector. Si el mismo se rompe o se deforma, será rechazado por Interior. Los planes del Ministerio son adquirir 1.395 pares de espinilleras por un importe total de 162.043 euros.
En el caso de los cascos, y tras descartar la instalación de una cámara de vídeo en su parte superior como se llegó a plantear desde el Ministerio, el presupuesto destinado a su adquisición será finalmente de 156.816 euros para 400 unidades. Cada una sale, por tanto, a 392 euros. La Dirección General de la Policía pretende que por ese precio, los cascos sean más resistentes que los actuales, algunos de los cuales terminaron destrozados por los impactos de adoquines durante los violentos altercados del 22-M.
Así, Interior realizará pruebas para comprobar que la superficie no es atravesada por un disparo efectuado con un revólver del calibre 38 a cinco metros de distancia. O que la pantalla transparente que cubre el rostro de los agentes soporta el de un arma del calibre 22.
También lo someterá a pruebas de resistencia al impacto y absorción al choque con el lanzamiento de bolas metálicas de 5 kilos de peso. Para conseguir esta resistencia, el casco deberá estar fabricado con "fibra aramida" y recubierto en su parte exterior de "una capa de fibra de vidrio".
Un camión-botijo 'made in Israel'
Además, el pasado 29 de abril, la Dirección General de la Policía aprobó la adjudicación del contrato para la fabricación de un camión policial con cañón para lanzar chorros de agua a presión a los manifestantes que protagonicen altercados a una Unión Temporal de Empresas (UTE) por 348.480 euros, una cifra sensiblemente inferior a la inicialmente presupuestada.
En las bases del concurso, el departamento de Jorge Fernández Díaz había mostrado su disposición a gastar hasta 493.680 euros (IVA incluido) para poder contar con uno de estos 'camiones-botijo', como son denominados por los propios policías antidisturbios.
En concreto, las empresas que se encargarán de construir el vehículo serán la española Quatripole Ingeniería SL, especializada en la fabricación de material de Defensa, y Beit Alpha Tecnologies Ltd, una compañía israelí que en su página web presume, precisamente, de fabricar este tipo de ingenios antidisturbios para cuerpos policiales de una treintena de países.
La licitación del vehículo había creado polémica incluso entre los propios agentes, ya que la Policía llevaba más de veinte años sin usar los cinco camiones de similares características que tenía y que todo este tiempo arrumbados en sus almacenes criando óxido.
Además, la licitación para adquirir el polémico vehículo fue publicada por Interior el pasado mes de diciembre, en plena polémica por el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y tras una concentración de 'Rodea el Congreso'.
Entonces, los responsables justificaron su adquisición en la necesidad “de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana”. Ahora, sin embargo, la compra de los chalecos, escudos, espinilleras y los cascos ha venido motivada por el elevado número de agentes que resultaron heridos en los altercados registrados tras la manifestación del 22-M en Madrid.
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Cosidó da la alarma sobre el “terrorismo anarquista” con el patrocinio de Ombuds
Fuente: http://www.elplural.com/2014/06/12/cosido-da-la-alarma-sobre-el-terrorismo-anarquista-con-el-patrocinio-de-ombuds/
La empresa de vigilantes es una de las más beneficiadas con la privatización de la seguridad en las cárceles y los hospitales militares.
Como una “prioridad”, así ha definido hoy el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, al “terrorismo anarquista”, del que sospecha que puede repetir atentados como el de la basílica del Pilar, en Zaragoza. Cosidó ha dado semejante voz de alarma en un desayuno de organizado por Executive Forum y patrocinado por Ombuds, empresa de seguridad privada con fuertes intereses en la privatización de la vigilancia exterior en las cárceles españolas.
Tras ser presentado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Cosidó ha usado la tribuna para dar la voz de alarma sobre el terrorismo anarquista y la posibilidad de que vuelva a producirse un atentado como el del comando Mateo Morral en Zaragoza.
Precisamente ahora que se avecina la coronación de Felipe VI, ha recibido críticas por desplegar a 1.900 policías para el acto y teniendo en cuenta que el anarquista Mateo Morral se hizo famoso por atentar contra Alfonso XIII en las calles de Madrid.
Riesgo de atentados
“El terrorismo anarquista se ha implantado en nuestro país y existen riesgos de que atentados como el de la Basílica del Pilar puedan repetirse. Es una prioridad para la Policía”, ha dicho Cosidó, quien también ha garantizado la “firmeza” de la Policía frente a manifestaciones violentas: “Nadie podrá alterar la paz social en las calles”.
Otros terrorismos
Pese a su fijación con los anarquistas, Cosidó ha reconocido que a nivel europeo y mundial, el terrorismo yihadista sigue siendo “la principal amenaza” y sobre ETA ha defendido que “mientras siga siendo una organización armada y existiendo seguirá siendo una amenaza inaceptable y la Policía seguirá trabajando hasta lograr la desaparición total”.
“Utilización política”
Javier Estévez, portavoz del SUP, considera que es importante que se esté alerta frente a “cualquier tipo de movimiento que desestabilice la seguridad ciudadana”. Pero también reivindica que cese “la utilización política” de la policía por parte de los políticos, y pone como ejemplo lo ocurrido en Can Vies, donde se acudió a la intervención policial “sin agotar primero las vías de negociación”.
Patrocinado por Ombuds
Pero, más allá del anarquismo, ha llamado la atención la escenografía usada por Cosidó, que ha hecho su intervención con un gigantesco logo de Ombuds detrás. Esta empresa de seguridad se nutre especialmente de contratos públicos como la vigilancia de centros sanitarios y hospitales del Ejército, donde han sustituido con vigilantes a los soldados.
Programa piloto
Ombuds fue una de las principales beneficiadas de un programa piloto, que empezó el año pasado, para realizar tareas de seguridad en el exterior de 21 prisiones españolas, y que ya ha costado 7 millones de euros.
Proyecto ampliado
Lejos de repensar el proyecto, Interior ya ha confirmado que va a ampliarlo a las 63 cárceles del Estado -se excluyen las de Cataluña- y Ombuds ya se posiciona como una de las principales aspirantes a sacar tajada.
¿Quién es quién?
El consejero delegado de Ombuds es Rodrigo Cortina López, hijo de Antonio Cortina -apoderado de la empresa y muy cercano a Manuel Fraga durante la fundación de lo que hoy es el Partido Popular- y sobrino de José Luis Cortina, comandante del Cesid, encarcelado por su participación en el 23-F y a quien luego absolvió la justicia militar.
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(Pobreza en españa y política): El PP descarta abrir comedores escolares en verano para no generar excesiva visibilidad de la pobreza infantil
Fuente: http://www.europapress.es/galicia/noticia-pp-descarta-abrir-comedores-escolares-verano-no-generar-excesiva-visibilidad-pobreza-infantil-20140611120535.html
La oposición apoya la medida, reclama un plan integral y critica que el Gobierno trate de ocultar el drama social.
El Partido Popular considera que abrir los comedores escolares durante la época de verano para atender a niños que viven en familias con riesgo de exclusión social o en situación de pobreza no es adecuado, dado que podría generar excesiva visibilidad a estos casos y discriminación.
Así lo ha indicado el diputado popular Román Rodríguez durante el debate en pleno de una proposición no de ley presentada por el grupo de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que reclama la apertura durante el periodo escolar de los comedores de los centros educativos para atender a niños que viven en situación de pobreza o de exclusión social.
En la defensa de su proposición, el diputado de AGE Ramón Vázquez ha asegurado que en Galicia existe un importante número de jóvenes que tienen una alimentación deficitaria y, según han trasladado sus profesores al grupo, numerosos niños que acuden al colegio sin desayunar.
Para Ramón Vázquez, los síntomas son claros al respecto de "una situación grave de la que alerta el profesorado y toda la comunidad educativa", por lo que ha reclamado un enfoque global para paliar esta problemática.
"Muchas familias no saben qué le van a dar de comer a sus hijos durante los meses de verano", ha indicado el diputado de AGE, que ha recordado que la Defensora del Pueblo solicitó que los comedores escolares tuviesen la posibilidad de permanecer abiertos estos meses para atender a los menores en situación de vulnerabilidad.
Aunque ha reconocido que la problemática requiere un enfoque más profundo, Vázquez ha reclamado que se ponga en marcha esta medida para "paliar de manera inmediata y urgente un problema que no puede esperar por soluciones a medio o largo plazo". "Abrir los comedores en el verano no va a solucionar el problema de la pobreza infantil, pero va a garantizar al menos un plato de comida digna cada día", ha sentenciado.
Evitar discriminación
El PPdeG, por su parte, ha presentado una enmienda a la proposición para recomendar que, en lugar de en los comedores escolares, esta situación se trate a través de los servicios asistenciales y sociales, así como que se le pueda suministrar a las familias los alimentos que necesiten" en lugar de tener que enviar a sus hijos a comer a los colegios.
Román Rodríguez ha indicado que, aunque el PP comparte que la situación es sin precedentes y deben tomarse medidas, rechaza la solución propuesta por AGE por verla no adecuada. En concreto, ha asegurado que abrir los comedores durante el verano para que los niños en situación de vulnerabilidad coman allí plantea un riesgo de excesiva visibilidad del problema y podría provocar cierta discriminación a los usuarios de estos centros.
"Es mejor utilizar otros mecanismos de gestión de este servicio que no generen efectos de excesiva visibilidad para los alumnos y que posibiliten que las familias puedan tener alimentos en sus casas", ha sentenciado Román Rodríguez. Esta actitud, sin embargo, ha sido criticada por el diputado de AGE, que ha asegurado que lo que quieren las familias afectadas es precisamente que se visibilice el problema y que se le dé solución.
Apoyo de la oposición
El diputado del BNG Cosme Pombo ha evidenciado el apoyo de su grupo a esta iniciativa, al tiempo que ha reclamado a la Xunta la elaboración de un plan específico global para garantizar una adecuada alimentación a los niños que se encuentran al borde de la exclusión social, algo que ha calificado de prioritario.
Por su parte, Carmen Iglesias, del Grupo Mixto, ha instado a la Xunta a poner medidas para remediar los problemas de nutrición infantil en Galicia aunque sea a través de medidas paliativas y temporales y ha considerado indigno que trate de ocultarse el drama social para no evidenciar los dramas internos.
Finalmente, la diputada del PSdeG Carmen Gallego ha defendido también una enmienda a la proposición en la que, más allá de esta medida concreta, reclamaba un plan de actuación inmediata contra el riesgo de pobreza y exclusión social centrado en los niños.
De hecho, Gallego ha apuntado que, además de la posibilidad de abrir los comedores escolares en verano, es también necesario implicar en una estrategia mayor a los ayuntamientos, las organizaciones que trabajan en este ámbito y la Administración autonómica.
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Mensaje de empresarios a Felipe VI: tienes que juntar ya a Rajoy y Artur Mas para que hablen de Cataluña
Fuente: http://www.elconfidencialdigital.com/casas_reales/Mensaje-Felipe-VI-Artur-Cataluna_0_2288171189.html
Posición del futuro rey: sabe que se la juega en los primeros movimientos y quiere ser prudente. Sobre el problema catalán, no tomará la iniciativa pero apoyará cualquier diálogo
“Alteza, el tiempo se agota en Cataluña”. Es el mensaje, casi desesperado, que han hecho llegar al futuro rey Felipe VI grandes empresarios catalanes, pero también algunos de Madrid. Le han pedido, en concreto, que siente a negociar este verano a Mariano Rajoy y Artur Mas. Consideran que tiene que ser la primera gran gestión de su reinado.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes empresariales catalanas conocedoras de los contactos, estos altos directivos han aprovechado viajes, como el último que realizó don Felipe a El Salvador, y también actos públicos, para hacerle llegar varios mensajes sobre la delicada situación que atraviesa Cataluña y solicitar que haga algo.
Movimientos y acercamientos discretos
Los empresarios han decidido realizar estos acercamientos al nuevo rey, con la máxima discreción, en apartes privados escenificados en las últimas semanas. Le han pedido, en concreto, que desenroque el problema catalán. Y no han dudado en trasladarle, durante estas conversaciones privadas, la inquietud por el enquistamiento que existe entre Gobierno y Generalitat alrededor de la consulta prevista para el próximo 9 de noviembre.
Es uno de los momentos más oportunos
En la órbita de estos contactos, aseguran las fuentes consultadas por ECD, se encuentran importantes empresarios catalanes y también madrileños. Se atribuyen gestiones concretas ante el futuro Felipe VI al presidente de Planeta, José Manuel Lara, y también a Josep Oliu (Banco Sabadell), Isidro Fainé (Caixabank), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Juan Rosell (CEOE).
Los empresarios consideran que la nueva etapa en la Corona tiene que abrirse con un desbloqueo de ese problema. Aseguran que don Juan Carlos ya ha realizado algún movimiento al respecto antes de su abdicación, pero ahora “esta debe ser la primera gran gestión del reinado de Felipe VI”.
El objetivo último: conseguir que Rajoy y Mas se sienten a hablar a lo largo de este verano, porque consideran que “el tiempo se agota en Cataluña”.
Artur Mas está más débil que nunca
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que estos directivos han asegurado al príncipe que cada vez son más los empresarios que se atreven a mostrar su rechazo al proceso soberanista. Y “ahora Mas está en el momento más solo y débil de todo su órdago”. Muchos sectores de la sociedad catalana, fuera también de la economía y las finanzas, abogan ya porque ambas partes comiencen a hablar.
“Artur Mas es ya un presidente amortizado”. Concluyen que incluso la unanimidad en el seno de CiU, en favor del proceso de transición nacional apadrinado por el presidente de la Generalitat, está perdiendo fuerza. Además, al presidente de la Generalitat se le acumulan los problemas con ERC.
Las elecciones europeas han quedado atrás
Otro de los análisis que los empresarios han trasladado a don Felipe es que las elecciones europeas ya han quedado atrás. Ahora, explican, Rajoy puede ser más favorable a mover ficha con Mas porque no tiene que estar pendiente de las consecuencias de las urnas.
En los meses previos a los comicios, el PP se mostraba reacio a realizar 'guiños' hacia Cataluña porque temía que esos gestos pudieran perjudicar sus resultados electorales en el resto de España.
La situación se radicalizará después del 11-S
Le han alertado también, en estos contactos reservados, que la actual situación que se vive en Cataluña, donde la crispación ciudadana ha alcanzado “sus máximos”, no es debida solo a la crisis, sino también a la oleada secesionista impulsada por Artur Mas.
Otra de las advertencias que le han hecho llegar es que “la división que se ve ya en la calle con el independentismo” provoca que “todos los partidos y sus representantes puedan ser vulnerables”. Un escenario, avisan, que se radicalizará desde la diada del 11 de septiembre hasta el mismo día de la consulta del 9 de noviembre, llegue a celebrarse o no.
“Me la juego en estos primeros movimientos”
Según las fuentes consultadas por ECD, don Felipe ha recibido con atención estas reflexiones de los empresarios. Y ha tomado buena nota de todas ellas. Pero aseguran que la respuesta que ha dejado caer el futuro rey es que tiene que actuar con “la máxima cautela y prudencia”.
Ha reconocido que “se juega su futuro en estos primeros movimientos del reinado”
“Apoyará cualquier iniciativa de diálogo entre Gobierno y Generalitat”, pero repite que no está en su mano dar el primer paso”, revelan las fuentes empresariales que han intercambiado impresiones estos días con el círculo más cercano al príncipe.
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