Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Interior-no-quiere-testigos-en-las.html
A pesar de que el ministro de Interior se empeñe en negar la mayor, en un año de actividad, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos han documentado 250 controles policiales con criterios étnicos o raciales en las calles de la capital. Un número que podría haber sido mayor de no ser por el “acoso e intimidación” que sufren las brigadistas por parte de los agentes de policía.
“El 10 de mayo se produjo un nuevo intento de impedir nuestra actividad. A las 20h30, en la plaza de Oporto, en el marco de un operativo policial llevado a cabo sólo por agentes vestidos de civil se realizaron, en un plazo de dos horas, más de 70 identificaciones por perfil racial. En este espacio cuatro participantes de las Brigadas Vecinales se vieron de nuevo coaccionadas en su labor de observación y documentación. Los agentes les exigieron la filiación, y (..) argumentando que obedecían órdenes, sacaron unos boletines de denuncia redactados de antemano a efectos de abrir nuevos expedientes sancionadores con la acusación de obstrucción policial”. El relato, que fue expuesto esta mañana por el brigadista José Luis de la Flor, en el marco de una comparecencia que tuvo lugar en la sede de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), ilustra una realidad que “sucede continuamente en Madrid”, a pesar del “vergonzoso silencio del ministro del Interior”.
Las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, en las que participan un centenar de personas de diferentes barrios de Madrid, han documentado en doce meses 250 controles de este tipo, una información que pronto verá la luz en forma de exhaustivo informe. Pero, como muestra el relato, esta labor cada vez se torna más difícil debido al acoso al que se ven sometidas por funcionarios policiales, lo que supone, según sus palabras, una clara “vulneración de derechos y libertades”.
A pesar de que su actividad se limita a tomar nota de los controles policiales a migrantes y recabar la opinión del vecindario, el colectivo acumula ya 3.700 euros en multas y 13 brigadistas se enfrentan en estos momentos a procesos sancionadores. En sus denuncias, los agentes apelan al artículo 23.h de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que sanciona los intentos de “poner a la gente en contra de la policía” o “gritar o recriminar a la policía por su actuación”, provocando “reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana”.
Pero “nosotros nunca nos comportamos de manera agresiva con la policía, y nuestro objetivo no puede ser detener un control con perfil racial. Lo que hacemos es entablar conversaciones con los vecinos, y en ellas constatamos que con estos controles está creciendo la estigmatización y el miedo al inmigrante”, aclaró de la Flor. En grupos de cuatro o cinco personas, ataviados con llamativos chalecos y con el documento de identidad siempre a mano, sus únicas armas son la palabra, un bolígrafo y un bloc de notas. “La policía nos identifica siempre”, aseguró en la misma rueda de prensa Malena Becerra, otra brigadista, antes de aclarar que carecen de un dispositivo de alerta de las redadas: “muchas veces salimos a la calle y no encontramos controles. Pero nuestra labor principal es el diálogo con el vecindario, conocer cómo están influyendo estos controles en la gente. Las brigadas son un dispositivo de solidaridad social en la ciudad”, remachó.
Becerra asegura que el objetivo de las sanciones “es paralizar la respuesta social frente a los controles de identidad racistas, que han sido denunciados reiteradamente por varios organismos, entre ellos la ONU y Amnistía Internacional”, y tienen la “clara intencionalidad de criminalizar a quienes denuncian la discriminación y el racismo” de este tipo de actividad policial.
Para lograr que cese este acoso y se ponga fin a "la práctica ilegal de de los controles de identidad por perfil racial”, las Brigadas Vecinales se reunieron el pasado 26 de abril con el Defensor del Pueblo y esta misma mañana lo han hecho con la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Además, ya han recabado el apoyo de más de 80 organizaciones sociales, entre las que se encuentran la FRAVM, SOS Racismo, el Grupo Inmigración y Sistema Penal (Inmigrapenal) y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE), cuyos representantes acompañaron a los brigadistas en su rueda de prensa.
“Curiosamente son sancionados aquellos que vigilan a los que deberían ser sancionados, ya que están realizando prácticas ilegales, algo que no sólo han denunciado organizaciones sociales sino también amplios sectores de la policía, como el SUP, que ha afirmado que les están obligando a tratar a los inmigrantes como si fueran delincuentes”, aseguró en el acto Margarita Martínez Escamilla, de Inmigrapenal. Con este tipo de controles, Alfredo Pérez Rubalcaba "tiene en su haber que se haya profundizado en una crisis tenebrosa de los derechos humanos" en España, apostilló.
Por último, según Becerra, la práctica policial de identificaciones por el aspecto físico vulnera los derechos y libertades fundamentales de la población migrada: "no sólo se aplica una innegable selección racial realizando los controles de identidad prohibidos por ley sino que la persecución de una falta administrativa, como encontrarse en situación irregular, sirve de paraguas para la ejecución de detenciones preventivas también ilegales al trasladar constantemente a dependencias policiales a personas que se identifican con su pasaporte u otra documentación válida”.
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