La Crisis del Mundo y sus Orígenes
La importancia de la banca en la economía y en la sociedad presente es incuestionable. Lejos de ser un simple negocio, la banca es hoy una necesidad social y nuestras vidas dependen de ella –es este el primer motivo por el que te interesa seguir leyendo lo que viene a continuación–.
A través de la banca, realizamos todo tipo de transacciones, ingresos, pagos, hipotecas…, sobre la base del préstamo con intereses. Estos préstamos permiten la creación de empresas o la financiación de campañas electorales, entre otras cosas. Además, debido a las políticas liberales de las últimas décadas este negocio (porque no puede llamársele de otro modo), lejos de limitarse a la financiación, concentración y expansión de grandes fortunas y capitales, ha comenzado a extenderse también a la pequeña economía, a través de la cesión del crédito a familias trabajadoras, permitiéndoles un aumento aparente de la capacidad de consumo, y “facilitando” en primera instancia la adquisición de viviendas o vehículos. Una facilidad que a la larga se convierte en una agonía. A raíz de esto, la banca ha comenzado a experimentar un crecimiento espectacular en los últimos 30 años. Pero sobre todo, la banca permite la acumulación creciente y la concentración de grandes sumas de dinero, en una palabra, capitales, en cada vez menos manos, lo cual es su principal objetivo.
De esta forma, su poder ha aumentado progresivamente hasta afianzarse en los más distintos ámbitos de la sociedad. En cualquiera de las universidades europeas, incluidas las españolas, existe una sucursal bancaria de Emilio Botín o sus allegados, ofreciendo a los universitarios abrir un préstamo que aligera, pero a su vez alarga, los plazos de entrega del pago de las matrículas, sustituyendo paulatinamente al viejo sistema de becas estatales en favor de un nuevo mecanismo: el de las becas-préstamo, que se rige según las leyes del préstamo especulativo con interés, del sistema bancario.
Lejos de limitarse a ello, los poderes bancarios han llegado a participar y de forma activa, en las remodelaciones de los planes académicos superiores, a través del llamado Plan Bolonia (o Espacio Europeo de Educación Superior), cuya finalidad es reorganizar el régimen de la universidad vigente a nivel de todos los países europeos, en función de los intereses del mercado empresarial-financiero y por tanto, de los intereses bancarios. De esta forma, mediante la financiación por parte de las Universidades (permitiendo instalar en sus edificios sucursales bancarias)[1], el banco termina haciéndose dueño de la institución, no sobre el papel, sino sobre los hechos, manipulando a todo estudiante inscrito en la misma; empleados, administrativas, Decanos, juntas directivas, Rector, así como a algunas que otras Delegaciones.
Así, en el marco económico, la bajada progresiva del salario, ligada al paulatino aumento del precio de la vivienda, los automóviles y los tipos de interés, ha provocado que una gran parte de la población asalariada y, en especial las nuevas generaciones, se encuentren cada vez más endeudadas con el sistema bancario. Así, una gran parte del crecimiento y la expansión que el capital financiero ha experimentado en los últimos años, tiene su causa en la política de extensión masiva de crédito a las familias trabajadoras. Como contraparte, una gran parte de este crecimiento se ha producido a costa del endeudamiento masivo de un gran sector de la población y, con lo cual, sobre bases falsas.
Las causas, y orígenes de esta situación:
En primer lugar; es bien sabido que en la España post-transición de los 80 y 90 el gran capital financiero, estrechamente vinculado al capital inmobiliario, se alimentó de la demanda creciente de vivienda por parte de un gran sector de la población activa perteneciente a toda una nueva generación que, aunque pobremente formada y enfrentada a unas condiciones de debilidad cada vez mayor frente al mercado laboral, comenzaba a emanciparse del hogar familiar.
Esto conllevó un aumento de la demanda de préstamos, y la posibilidad, para un gran sector del capital empresarial de obtener grandes beneficios y conseguir un rápido crecimiento económico en poco tiempo. Esto se tradujo en un importante efecto llamada, que nutrió durante generaciones la economía española, carente de un importante tejido productivo en la mayor parte del territorio, maniatando a un gran sector de la mano de obra a la expansión del ladrillo. De la especulación del suelo y de la vivienda, se pasó a la construcción desaforada.
Esto genera un paulatino aumento del precio de la vivienda, así como de los tipos de interés con el préstamo, condenando a toda una generación de mano de obra cada vez más joven y precaria al pago continuado, durante décadas, de las hipotecas, que devoraba un gran volumen de sus ingresos en forma de salario. Esto se manifestó en la subida de los precios de las casas y, por lo tanto, en el nivel de endeudamiento de las familias, que, si en el año 1986 suponía un 34% de la renta disponible, en 1997 pasó a un 52%, hasta llegar en 2005 al 105%. Así, en el año 2006, al menos una cuarta parte de la población se veía endeudada a más de 15 años [2]. El propio Banco de España informaba de que el ahorro de las familias en el año 2006 había sido desbordado por la deuda, alcanzando los 832.289 millones de euros, con un crecimiento del 18,53% interanual. [3]
En segundo lugar; esta tendencia al endeudamiento masivo por parte de las familias trabajadoras tiene su origen en la ya mencionada política de extensión de crédito fácil que comenzó a llevarse a cabo desde comienzos de la década de los 70, aproximadamente. Esta política fue un producto de una situación anterior de sobresaturación de productos por parte de las distintas ramas productivas, y de los mercados, lo que limitó considerablemente las posibilidades de crecimiento del capital, generando pérdidas de beneficios. Esto produjo una crisis parcial que amenazaba con la tendencia al estancamiento.
La única forma de poder vender era o bien bajando el precio de los productos y generando pérdidas, o bien cerrando parte de las industrias a fin de recuperar el dinero invertido, exponiéndose a una crisis en cadena con repercusiones y consecuencias similares a la del 29. A fin de solucionarlo con el menor coste posible, la patronal optó por aprobar medidas para abaratar los costes de producción a costa de la plantilla, mediante la reducción de salario y el aumento de explotación de la mano de obra. Pero también, extendiendo el crédito fácil, desde el sector financiero, a las familias trabajadoras, a fin de poder aumentar su capacidad de consumo. Esto produjo una situación temporal, que se ha mantenido a lo largo de los últimos años, de crecimiento económico en el sector de la banca y por tanto de beneficios, a la vez que de aumento parcial de la capacidad de consumo.
Pero este aumento del beneficio de la banca, y de la capacidad de consumo, se producía sobre bases falsas, ya que a la vez que el obrero recurría al crédito para aumentar su propia capacidad de consumo, veía paulatinamente reducido su salario, limitándose así su capacidad para poder pagar la deuda contraída. Con lo que parte de este dinero jamás se recuperaría.
Lo que se estaba produciendo, por ambas vías, era una situación de endeudamiento masivo.
Semejante situación era incapaz de mantenerse durante mucho tiempo, las bajadas de las compras y las ventas a medida que se reducía la capacidad de consumo, junto con el salario, provocaron los primeros despidos y como consecuencia, los impagos se multiplicaron rápidamente, promoviendo la desconfianza por parte del banco y de los inversores a conceder préstamos, amenazando en última instancia con una falta de liquidez. A menos préstamos, las pequeñas y medianas empresas comenzaron a no poder abarcar nuevos propósitos, con lo que se redujeron las plantillas, agravando la situación en plena fase de desarrollo.
Llega un momento en que el grueso de la población, cada día más asfixiada por el aumento del desempleo, a la par que de los intereses y el precio de la vivienda, no puede continuar pagando su hipoteca, o acceder al precio de una casa. Como consecuencia de no poderse vender las casas que se construyen, al mismo precio que antes, se produce la quiebra del sector inmobiliario. Esta misma situación termina extendiéndose a sectores como el automovilístico, produciéndose el cierre de empresas y una situación creciente de desempleo, lo que redunda en la incapacidad de pago y consumo, y en la actual situación de crisis del desempleo por que atravesamos, llegando a alcanzar la friolera de 5 millones de desempleados.
A causa de todo ello, el capital financiero se encuentra hoy en crisis, con un problema galopante de falta de liquidez, generado por la situación de impago creciente y la creación de deuda, que amenaza con dar lugar a la bancarrota. Ante lo cual la banca reacciona negándose a conceder nuevos créditos, o recurriendo al embargo de aquellas familias que, asfixiadas por la situación creciente de carestía de la vida y de desempleo, atraviesan por problemas de impago. Una vez más, son las familias trabajadoras las que terminan pagando las consecuencias de la dinámica especulativa del poder financiero.
En respuesta, el gobierno se dispone a inyectar con grandes sumas de dinero de las arcas públicas (nuestro dinero) sobre las costillas de los contribuyentes, como forma de dar liquidez a la banca y reducir pérdidas, sin adoptar, en cambio, medidas para garantizar que tal dinero, junto con el beneficio generado por él, se reinvierta en la creación de tejido productivo que contribuya a la generación de puestos de empleo.
Lejos de conformarse con ello y para mayor inri, se están planteando medidas desde instancias gubernamentales, como la privatización de las cajas de ahorro, a las que se suma todo un paquete de medidas basadas en el recorte presupuestario, que se ceban única y exclusivamente con la economía de los asalariados, tales como la reducción de un 5% del sueldo de los funcionarios, así como otros trabajadores del sector público, el recorte del plan de pensiones, el retraso de la edad de jubilación a los 67 años, la flexibilización del empleo, el abaratamiento del despido… Tales medidas contribuirán a agravar la actual dinámica por parte del capital empresarial de ahorrarse costes de producción despidiendo a trabajadores fijos y contratando en su lugar a trabajadores temporales, eventuales, precarios o sin contrato.
Poco a poco, en cada vez más sectores, se tiende al incremento de la jornada laboral, a menudo en forma de horas extras o no declaradas impuestas bajo cuerda al trabajador por parte del empresario, a cambio de mantener su débil puesto de empleo. Aparece en escena –como punta del iceberg de esta tendencia a la bajada del nivel de vida, la proliferación de contratos basura, el aumento de la precariedad o la temporalidad del empleo–, la figura del trabajador pluriempleado, que se ve forzado a recurrir a varios empleos para poder llegar a fin de mes, porque un sólo salario a duras penas le basta para cubrir sus necesidades vitales, teniendo que hacer el trabajo de varios (y redundando en el aumento de la cifra de desempleo).
Se tiende a cargar el trabajo de dos, sobre uno.
A ello se suman medidas todavía más drásticas como la práctica de despidos colectivos a través de EREs y ERTEs o de cierre y deslocalización de empresas, para poder llevárselas a los países semicoloniales del tercer y segundo mundo, y así nutrirse de una precaria y mucho más barata mano de obra de países como China, la India, Indonesia o Europa del Este.
Se suma a su vez, la desinversión paulatina del tejido productivo, tanto industrial como especialmente el agrario, desmantelando empresas, secciones enteras de la industria como las del sector naval o minero, o dando subvenciones desde los mismos organismos de la Unión Europea al agricultor para fomentar el arranque de sus cultivos; bien porque, como en el primer caso, no generan suficientes beneficios de cara a las dinámicas y expectativas de crecimiento del gran capital, en relación a los costes generados o, en el caso del sector agrario, representan una molesta competencia para las grandes compañías privadas y latifundistas, por parte de la pequeña economía, que conviene, a su vez, destruir, para aumentar la oferta de mano de obra tanto en el sector temporero del latifundio como en el ámbito urbano y poder cargar sobre las espaldas de los asalariados jornadas más largas y condiciones de trabajo cada vez más precarias y duras, bajo la presión del desempleo, que disminuyan los costes de producción y rentabilicen aquella parte del capital invertida en mano de obra (el capital variable), fomentando la competencia entre los mismos trabajadores y minando, así, sus propios lazos de solidaridad y conciencia de clase. Estamos hablando, en una sola palaba, de una tendencia: la de la recuperación parcial de la tasa de beneficios a costa del aumento de la tasa de explotación.
Asimismo, en ramas fundamentales de los servicios públicos como las Universidades, la Sanidad en Comunidades Autónomas como Madrid, las empresas de transportes y autobuses urbanos como Tussam o Correos, se está tendiendo a una dinámica creciente de recurrir a la financiación del sector por parte de bancos privados, o reducir desde instancias gubernamentales el gasto estatal en el sector público a la vez que se promueve, beneficia y da privilegios al privado (véanse los recortes a la sanidad o universidad públicas en la comunidad de Madrid, la tendencia a la privatización de Correos, o los despidos en Tussam).
Mientras tanto, las distintas administraciones autonómicas continúan firmando religiosa y persistentemente los EREs y ERTEs, expedientes de regulación de empleo que alcanzan ya a 67.567 trabajadores, lo que supone un aumento del 41,8% respecto 2007 [4], y se traducen con el despido, la reducción temporal o parcial de plantilla y en el peor de los casos, deslocalizaciones y cierres de empresas que no cesan de registrarse en los distintos sectores privados, elevando aún más, los índices de desempleo.
En tanto, las direcciones de los sindicatos mayoritarios miran para otro lado, contentándose con llegar a pactos vergonzantes de concertación social con las patronales y el gobierno, se resisten a unificar las luchas, retrasan hasta lo imposible la convocatoria de una huelga general, se limitan a meros actos testimoniales de manifestaciones y convocatorias fantasmas de un solo día, a fin de salir en la foto y no quedar mal ante su propia base social, presionando, sin dañar, en la palestra pública al gobierno, y evitando a cualquier precio generar pérdidas económicas a aquellos grandes monopolios empresarial-financieros que son los que financian y mantienen a los políticos.
Actúan así como puntales de esta falsa “democracia” capitalista, que en realidad es una forma más de régimen turnista para mantener desde el poder los intereses y privilegios de una oligarquía. Así, las cúpulas de los sindicatos mayoritarios, al estar financiadas por el gobierno, y éste, por el capital financiero, actúan como lo que son, dos caras de una misma moneda, el reverso y el anverso de un mismo tapiz, al servicio de los grandes grupos de poder del capitalismo financiero. Un poder que controla desde los grandes partidos políticos (PP, PSOE e IU, pasando por CiU, el Tripartito PSC-ERC-ICV, el BNG, el PNV...) y sindicatos mayoritarios (UGT y sector oficialista de CCOO) hasta las agencias periodísticas que nos venden día tras día su información sesgada y manipulada desde los medios de prensa.
Es por tal causa que desde aquí llamamos a la responsabilidad social de todos los ciudadanos, a que no se queden en silencio, a que tomen esta declaración como un aviso y la hagan suya. El que no tiene voz que busque el grito del sordo y el mudo para romper el silencio. Sólo si permanecemos en silencio, las palabras de este manifiesto permanecerán mudas.
Es hora de comenzar a exigir a nuestros gobiernos, tanto a nivel estatal, como autonómico como en las distintas administraciones locales, que adopten medidas urgentes a fin de hacer frente a esta situación. Sabemos de antemano que el gobierno nunca va a hacer nada que afecte los intereses de los grandes consorcios empresarial-financieros, pero nosotros con la unión podemos hacer mucho si así nos lo proponemos.
No podemos permanecer impasibles, hay que tomar la iniciativa. Con el empuje de todos tenemos fuerza suficiente para levantar una nueva España, no la España de la crisis, la corrupción y el capital financiero. Juntos podemos cambiar hasta la bandera. Son muchos los grupos de poder que se aprovechan de la España caída, la España de los 40 años de represión y dictadura, y 30 años de transición pactista, la España del “felipismo”, de la privatización de grandes empresas a manos del gran capital privado, por incentivo de la Unión Europea, la España del arranque del viñedo y la destrucción gradual del sector agrícola (con el desangramiento del campo y el éxodo de la población rural a las ciudades), la España de la especulación del ladrillo, de las hipotecas y en fin, la España del “el que se mueva no sale en la foto”, con las famosas disputas internas entre barones (acaso olvidadas, o soterradas bajo un manto de silencio), entre el PSOE de Madrid y el PSOE de Granada, entre Felipe González y Alfonso Guerra [5]; la España de un nuevo holocausto, el de la guerra no declarada contra las poblaciones civiles del mundo árabe, persa y afgano...
Hoy aparece como salido de una cortina de humo y silencio el fósil político de José Mª Aznar, augurando que España puede salir de la crisis, cuando él nos metió en la crisis de la invasión de Irâq y de Afganistán [6], o la del Prestige; cuando las gaviotas fueron mandadas en Santa Jauría bajo su mandato al desierto, a luchar en una guerra fratricida por petróleo contra los leones, que una década después continúan aferrándose a su país y defendiendo su independencia y su bienestar con uñas y dientes.
Esta es la España que nos han legado los agoreros de la Transición a esta falsa “Democracia” Capitalista, del mercado como máximo estandarte del progreso, de la privatización y la desregulación del empleo como única salida, en una palabra, del capital y la crisis: la España de la “reforma laboral”, los planes de rescates millonarios al sector bancario o los recortes a la economía de los trabajadores, única receta de que disponen los “aztecas del mercado”, que se limitan a exigir sacrificios, a costa del pueblo, para que vuelva a brillar el “sol” de la bolsa, augurándonos la aparición de brotes verdes. Frente a esta España es imposible levantar la cabeza sólo con dichos. Son necesarios los hechos.
No podemos compararnos con Grecia, a la que España ha dado grandes sumas de dinero. Ellos cayeron en la trampa de la crisis, en la trampa de las recetas del FMI [7], de la regresión social y el estancamiento; pero España todavía no.
¿Qué medidas se podrían buscar para hacer frente a esta situación y construir una España de los trabajadores, de las rentas bajas?, no de los banqueros, los políticos corruptos y los sindicalistas vendidos.
Sino una España del siglo XXI, no una España cada día más similar a la del siglo XIX, con jornadas laborales de hasta 12, 14 y, en algunos ámbitos del sector agrario hasta 16 horas (donde una media de 3 ó 4 personas enferman al día), ante la mirada impasible de sindicatos mayoritarios vendidos que callan, otorgan y apartan la vista a otro lado. Es necesario sangre joven, la que es capaz de “trabajar mucho y cobrar menos”, a diferencia de nuestra clase política, que vive a costa de nuestras espaldas. Necesitamos una España de los trabajadores.
Ellos lo tienen muy claro, frente a las situaciones complejas, la patronal apuesta por “más iniciativa privada y más mercado, menos intervencionismo y más desregulación y, desde luego, una menor presión fiscal”, según el presidente de la CEOE, en 2007, Díaz Ferrán, o, dicho de otro modo: “la mejor empresa pública es la que no existe”, “se tienen que privatizar todas las empresas públicas y la gestión de todos los servicios públicos” [8].
Contra esta tendencia, la de los recortes al trabajador, a la disminución del salario mínimo, a la flexibilización laboral, a las regalías a los empresarios y en definitiva, a la socialización de las pérdidas a la par que privatización de las ganancias, nosotros entendemos que las medidas han de ir en una dirección opuesta:
1. Abolición del secreto bancario, publicación de cuentas y saneamiento de la banca.
2. Expropiación de la banca. Centralización del crédito en el Estado por medio de un Banco Social, bajo control de un Comité de Ciudadanos, formado por Delegados Rotativos, Revocables y Electos a nivel de distrito.
3. Intervención de beneficios del sector financiero bajo control y supervisión de un Comité de Ciudadanos y reinversión de éstos en obras sociales con arreglo a un plan colectivo, así como en tejido productivo a fin de garantizar el empleo.
4. Fin de las inyecciones de dinero público a entidades privadas.
5. Abolición del cobro de intereses en concepto de préstamos a la ciudadanía.
6. Fuerte impuesto progresivo sobre la propiedad, las grandes fortunas y monopolios.
7. Requisición de las fortunas de los antiguos grandes accionistas del sector financiero hasta pagar la deuda contraída por el capital bancario.
8. Expropiación de empresas con beneficios que se declaren insolventes o “en crisis”, y promuevan cierres, despidos o Expedientes de Regulación de Empleo.
9. Erradicación del desempleo, mediante la disminución progresiva de la jornada laboral a un máximo legal que fuerce a las empresas a generar nuevos puestos de empleo mediante el aumento de sus plantillas, hasta acabar con el paro.
10. Abolición de las subvenciones estatales a sindicatos. Sustitución de las liberaciones sindicales por cargos rotativos, electos en asamblea e inmediatamente revocables por la base, con compensación salarial equivalente al salario medio de un obrero.
11. Abolición de las subcontratas (ETTs).
12. Incremento del salario mínimo en relación a los precios básicos de consumo. Igualación del salario de altos cargos (políticos, oficiales...)al sueldo medio de un obrero.
13. Leyes que obliguen a devolver a cargos públicos o empresariales implicados en casos de corrupción aquellas sumas de dinero apropiadas de forma indebida. Retirada de su derecho a ejercer como cargos empresariales o públicos, y expropiación de sus fortunas.
14. Expropiación y redistribución sin compensación del excedente de propiedad inmueble concentrada en pocas manos (es decir, de viviendas vacías, o exceso de viviendas en alquiler), bajo control y supervisión de un Comité de Ciudadanos, en favor de aquel sector de la población solvente que carezcan de una y la necesite, y aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos.
15. Fin de la financiación de la Universidad y empresas públicas y del sector servicios por entidades bancarias privadas. Expulsión de entidades y sucursales bancarias privadas de Edificios Públicos e instituciones educativas como la Universidad. Derogación del Plan Bolonia (LOU y Reales Decretos y Leyes de Financiación Autonómicas que favorezcan financiación privada) y la LOGSE, restitución del Sufragio Universal para la elección de cargos universitarios tales como Decanos, Junta Rectora, etc., aumento de la representación de estudiantes en Juntas de Facultad y Claustro a un 70%, y poder de decisión, supervisión y revocación de los Programas y Planes de Estudio de cada Titulación por las Asambleas de Alumnos de cada Facultad.
16. Retirada inmediata de tropas de los países bajo fuerzas de ocupación extranjeras, como Afganistán, y abolición del “derecho” a declarar la guerra como forma de hacer política exterior.
/image%2F1402609%2F20150101%2Fob_32bfcc_anticristo.jpg)
/image%2F1402609%2F20181017%2Fob_047773_gilus.jpg)
