Fuente: http://www.farodevigo.es/economia/2012/07/22/murcia-pedira-rescate-300-millones/667579.html
Cataluña, Murcia y Castilla-La Mancha están estudiando las condiciones del fondo de liquidez diseñado por el Gobierno para las comunidades autónomas, al que hasta el momento solo ha pedido oficialmente ayuda la Comunitat Valenciana.
En cambio, Galicia ha avanzado hoy que "no va a pedir ningún tipo de rescate" y no acudirá al fondo, en línea con la postura adoptada durante esta semana por otros gobiernos autonómicos, como los de Canarias, Extremadura, Baleares y Castilla y León.
Hasta el momento, solo la Comunitat Valenciana ha confirmado su petición de adhesión al fondo para poder hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene este año, unos 3.400 millones de euros, aunque no ha especificado la cantidad concreta que pedirá.
Este fondo, de carácter temporal y voluntario y con una dotación de 18.000 millones de euros, fue creado por el Gobierno para poder ayudar a las comunidades con dificultades para poder acceder a los mercados de financiación.
Cataluña está estudiando las condiciones previstas para decidir si se acoge a este mecanismo, puesto en marcha después de que el Gobierno negase la posibilidad de crear los llamados "hispabonos", según el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell. El responsable económico catalán ha asegurado no obstante en una entrevista en el diario italiano "La Repubblica" que su comunidad está lejos de "una intervención en base a la Ley de Estabilidad".
Cataluña es una de las comunidades autónomas a las que el Ministerio de Hacienda ha sacado tarjeta amarilla por las dudas que hay de que puedan cumplir con el objetivo de déficit (1,5 % del PIB para este año).
La primera comunidad que reconoció que el Ministerio de Hacienda chequearía sus cuentas fue la Región de Murcia, que hoy ha negado "rotundamente" ninguna decisión relativa a solicitar el fondo de liquidez. El Gobierno murciano se ha expresado en estos términos después de la publicación de una entrevista en "La Opinión de Murcia" del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, en la que decía que se iba a acoger a este fondo y pediría entre 200 y 300 millones de euros.
Según ha explicado posteriormente en un comunicado el Ejecutivo murciano, el presidente se refería a su propuesta de los "hispanobonos" y no al mecanismo del Gobierno central.
Murcia ha insistido, respecto a esta ayuda, que "lo está estudiando" como ha manifestado reiteradamente, pero que "no hay ninguna decisión al respecto".
También estudia esta posibilidad el Gobierno de Castilla-La Mancha, cuyo consejero de Hacienda, Arturo Romaní, ha defendido en varias ocasiones que su comunidad necesita nuevas vías de financiación más allá del mecanismo de pago a proveedores, dado que el acceso a los mercados está prácticamente bloqueado.
En cambio, en una entrevista a "La Voz de Galicia", el presidente gallego, Alberto Núñez-Feijóo, ha dicho que su comunidad está "blindada" y que no va a pedir "ningún tipo de rescate". Una afirmación que la mayoría de comunidades "no puede decir", ha agregado.
Durante este fin de semana, también ha negado la posibilidad de acudir al fondo el Gobierno de Canarias, cuyo presidente, Paulino Rivero, ha destacado que es la autonomía que mejor cumple con los objetivos de déficit y la menos endeudada de España.
Tampoco se sumará a este mecanismo Extremadura, ya que su problema es el déficit y no la liquidez como le ha sucedido a la Comunitat Valenciana, según ha dicho el jefe del Ejecutivo regional, José Antonio Monago. Desde el Gobierno andaluz, también se ha descartado pedir ayuda porque la comunidad tiene un "diferencial amplio de solvencia" respecto a otras.
Otras comunidades asimismo han explicado que por el momento no se van a acoger, como es el caso de Castilla y León, que no se plantea "de manera inmediata" solicitar la ayuda porque no tiene "tensiones de liquidez".
El Gobierno de Baleares ha asegurado que a día de hoy ni se plantea esta posibilidad, al igual que el Ejecutivo asturiano, que ha señalado que a corto plazo no encuentra problemas para financiarse. Las comunidades que quieran acogerse a esta iniciativa tienen hasta el 31 de diciembre para pedir su adhesión al plan.
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