Fuente: http://www.lasprovincias.es/v/20130408/valencia/saqueo-campo-valenciano-20130408.html
Los robos en cultivos se disparan en la Comunitat y sólo en el primer trimestre del año han aumentado un 20%.
Pérdidas millonarias por robos, subidas de hasta el 60 por ciento en el seguro y tensión por el reciente asesinato de un vigilante. Éste es el contexto al que se enfrentan los agricultores valencianos, un colectivo cansado de que saqueen el cobre y los frutos en sus campos y que atribuye a «la presencia de mafias» la situación en la que se encuentra.
«A mí me han robado más de 500 veces en mi vida, sin exagerar», denuncia el presidente del Consell Agrari de Silla, José Alapont.
Son muchos y diversos los testimonios de robos masivos. «En el Camp de Morvedre han llegado a robarnos el cobre en 80 pozos en solo un año», relata Paco Campillo, presidente de la asociación de agricultores del lugar.
«Se llevan hasta el gasoil del depósito», denuncia el responsable local de la Unió de Llauradors en Benicarló, Miguel Piñana. «Aquí incluso han amenazado a labradores con una navaja», asegura el presidente de la Asociación de Vecinos Font d'en Corts.
Las asociaciones coinciden en que la situación de los agricultores es de indefensión. «La situación es de inseguridad, preocupación y miedo», subraya Cristóbal Aguado, presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores AVA-Asaja, que cifra en 30 millones de euros las pérdidas ocasionadas por los robos durante los últimos dos años.
«Sólo el último trimestre han crecido los robos un 20 por ciento», lamenta Aguado, que achaca la actual situación a dos factores: la necesidad de una mayor y más coordinada vigilancia en el campo y el endurecimiento de las penas para los ladrones. «Cada semana hay más delincuencia. Porque la necesidad aumenta y se roba donde es más fácil robar», afirma el dirigente.
Mas robos en 2013
Al respecto, la Unió de Llauradors señala que sólo con el coste generado por el robo de cobre se supera ampliamente esta cantidad. «El pasado año el valor de lo robado en el campo valenciano pasó de los 20 millones de euros, y en lo que llevamos de año se detecta un aumento del 20 por ciento respecto a los tres primeros meses de 2012», sostiene el secretario general, Ramón Mampel.
De continuar esta escalada los robos de metal generarían pérdidas de más de 45 millones de euros al término de 2013.
Aguado explica que se trata de grupos «muy organizados». «Acuden hasta con enormes camiones y se lo llevan todo. No son ladrones cualquiera. Las grandes cantidades de fruta que se llevan han de venderla en varias tiendas. Trabajan para otros», argumenta el presidente, que sostiene que esto demuestra «la presencia de mafias» que operan en los campos valencianos.
Por su parte, La Unió considera que, si bien los robos en la Comunitat siempre han sido habituales, en los últimos años, «más que aumentar han sufrido un cambio cualitativo». «Si antes tenían lugar sobre producciones agrarias, actualmente van dirigidos también hacia otro tipo de elementos como maquinaria, pozos de riego, utensilios, animales, etcétera.; lo que nos lleva a considerar que en muchos de los casos se trata de mafias organizadas», coincide Mampel.
Según explica el responsable del Departamento de Seguros de AVA Asaja, Isidro Pérez, las empresas aseguradoras se han percatado de la situación y están actuando en consecuencia. «Conocen el gran problema que los agricultores sufren con los robos en sus instalaciones de riego, y con este panorama, la inmensa mayoría de las entidades aseguradoras ha decidido no asegurar nada en el campo», lamenta Pérez, que comprende que su actitud es «legítima». «Son un negocio, y como tal, lo que buscan es ganar dinero».
López concreta que, en el mejor de los casos, las pocas entidades que sí continúan prestando sus servicios en el sector agrario «sólo aceptan asegurar un pozo de riego si el propietario instala alarmas de vigilancia, con los gastos suplementarios que esta inversión supone».
Otra de las prácticas habituales es cancelar las pólizas cuando vence el plazo o plantear al agricultor importantes subidas de las primas de entre el 20 y el 30 por ciento. «En un par de años han subido un 60 por ciento», apunta Campillo sobre la situación en el Camp de Morverdre.
Endurecer las penas
«Es la dinámica habitual. O dicen que no a los agricultores, o cancelan la póliza si hay siniestros, o la suben muchísimo. Cada vez se está poniendo más difícil asegurar», resume López, que subraya que esto no es más que lo que se produce con las instalaciones. «Con la cosecha todavía es peor porque ni siquiera puede ser asegurada contra los robos. Sólo se aseguran contra los daños climatológicos», apunta.
Sin el respaldo de las compañías aseguradoras, a los agricultores sólo les queda buscar medios para impedir que los robos se produzcan, y para ellos la principal solución pasa por endurecer las penas para los delincuentes.
«El que la haga, que la pague, sólo pedimos eso», reclama Alapont desde Silla, que considera que el problema es que el precio mínimo de lo sustraído en el campo para que sea considerado robo, cifrado en 400 euros, es muy bajo.
Los agricultores también reclaman que los daños del botín no se repartan entre los ladrones. «Llevamos 20 años pidiéndolo, porque se las saben todas. A veces se llevan hortalizas por valor de miles de euros, pero como vienen tantos, salen a menos de 400 euros y tampoco se considera robo», lamenta Campillo, que añade que la cantidad es «una barbaridad».
«65.000 pesetas es mucho dinero, y con los bajos precios que hay en el campo esto les da mucho margen para robar sin que les pase nada», añade.
La situación ha llevado a la Unió de Llauradors a reclamar un cambio en la tipificación de los delitos en el sector agrario «para que dejen de considerarse como mera falta de hurto el robo de cosechas o animales cuyo valor no supere los 400 euros». También creen necesario castigar la reincidencia, «porque ahora un ladrón puede cometer en el plazo de un año hasta cuatro robos y ser tipificado sólo como una falta, dejando por tanto totalmente indefenso al ganadero», argumentan.
Más vigilancia
Tras el incremento de penas, la segunda gran demanda de los agricultores es que aumente la vigilancia y se mejore la coordinación con las fuerzas del orden. «Estamos satisfechos con la labor de la Guardia Civil, que es muy importante.
En el Camp de Morverdre se ve mucho movimiento de los agentes, pero aun así pensamos que tienen poco personal para la extensión del terreno. Piensa que sólo en Sagunto hay 700 kilómetros de caminos», declara al respecto Campillo.
La superficie agraria de la Comunitat supera las 720.000 hectáreas, según cifras el Ministerio de Agricultura, un terreno demasiado amplio para la vigilancia de los más de 7.300 guardias civiles y 10.500 policías locales. La división entre espacio a vigilar y personal para hacerlo da un resultado de más de 40 hectáreas por agente, y pese a la imposibilidad de abarcar todo el territorio, la Delegación del Gobierno asegura que intensificó la vigilancia en los caminos rurales y vías de acceso en toda la Comunitat el pasado verano.
Otras medidas tomadas para acabar con los robos son la celebración de juntas locales de seguridad, el incremento de los controles en las instalaciones susceptibles o sospechosas de recibir metales robados en el campo, como chatarrerías y almacenes, o el aumento de la vigilancia en tiendas productos agrarios en colaboración con la Policía Local para certificar que no venden frutas y hortalizas robadas en los campos valencianos. Además se puso en marcha de un modelo simplificado de denuncia que «simplifican al máximo los trámites y reduce los tiempos de espera».
El documento se rellena en el domicilio, en las organizaciones agrarias o en los ayuntamientos y se presenta ante la Guardia Civil, donde simplemente ha de ser firmado.
Patrullas rurales
Hartos de ver cómo los ladrones acaban con su medio de vida, son ya varias las localidades en las que se han organizado patrullas rurales para vigilar cosechas e instalaciones. Silla fue una de las primeras localidades en tomar esta medida.
«Los robos se convirtieron en un problema serio hace alrededor de 20 años, y desde entonces se sale en verano a patrullar junto a guardas rurales», explica el presidente del Consell Agrari de Silla, José Alapont. «El problema es que después de vigilar por la noche hay que trabajar por la mañana», añade.
Las patrullas se organizan en dos vehículos con dos agricultores y dos guardias rurales cada uno, que peinan el territorio de madrugada entre finales de junio y agosto. «Sobre todo se patrulla cuando es tiempo de recogida», explica Alapont, que anuncia que ya barajan la posibilidad de salir también durante este mes de abril para garantizar los cultivos de la patata y la cebolla, también amenazados por los delincuentes en la zona.
Al norte de la Comunitat, en Benicarló, también recurren a las patrullas rurales para disuadir a los autores de los continuos robos de cobre y naranjas. «Hace unos años ya se hacían y ahora las hemos recuperado con dos patrullas para dos partes en las que se divide el territorio», cuenta Miguel Piñana, responsable local de la Unió de Llauradors en la localidad.
Todo para evitar situaciones dramáticas como las que detalla Cristobal Aguado, de agricultores que «hasta han sido obligados a cargar su propia cosecha en los camiones de los ladrones», o la que se produjo en la zona del Clot de la Font, donde los delincuentes dejaron intacta la primera fila de naranjos para que el robo no fuera descubierto, pero arrasaron con más de 500 arrobas del interior.
Para poner fin a esta situación el Gobierno celebrará en Valencia el próximo 18 de abril un encuentro con representantes de todas las administraciones, fuerzas de seguridad y asociaciones agrarias, en el que avanzará «las iniciativas que el ministerio de Interior va a adoptar con el objetivo de prevenir las sustracciones de productos agrícolas y ganaderos en el ámbito rural».
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