Coches y derroches oficiales

Sorprende que sorprenda la decisión del futuro grupo municipal de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid de renunciar a la mayor parte de la flota de coches oficiales que  les corresponden. Deberían ser mucho más habituales los gestos de austeridad por parte de nuestros representantes políticos, sobre todo en los tiempos de crisis que padecemos. Aunque sería todavía mejor que la Administración, en todos sus niveles y en todas las instituciones que la conforman, ya hubieran aplicado medidas de rigor en el gasto. Al fin y al cabo, los coches oficiales no dejan de representar una parte mínima en los presupuestos públicos; y la renuncia a los mismos apenas pasa del alarde moral. El exceso y el derroche están instalados, de forma sistemática, en el funcionamiento de nuestra Administración. 

De acuerdo con los estudios más acreditados sobre las cuentas de la maquinaria estatal de nuestro país, la deuda que acumulan nuestros organismos públicos, desde las televisiones hasta la última fundación con vitola oficial; alcanza los 50.000 millones de euros. Y el coste en improductividad de nuestra burocracia y de la constelación de entidades que se sustentan y suministran del erario público, ronda los 35.000 millones de euros. Sumando ambas cifras, resulta el fondo de rescate que ha reunido la Unión Europea para salvar la economía portuguesa. Y con un porcentaje de esa cifra monumental, por pequeño que fuera, seguro que hubiera sido innecesario recortar las pensiones, los subsidios y los salarios de los funcionarios en nuestro país.

Porque si la apelación a una administración más sobria y más eficaz siempre es necesaria; en tiempos de crisis es vital. Y no solo porque nos va en ello la supervivencia de nuestra economía; también se juega mucho el buen nombre de los políticos, cuyo crédito está por los suelos ante la sociedad española. La prueba está en que, en un panorama general con 5 millones de parados, tijeretazos a las pensiones y las ayudas sociales, congelación de sueldos y subida imparable de impuestos y del coste de la vida; es imposible encontrar un sacrificio, una renuncia o un recorte que afecte a la clase política, porque sencillamente no existen.

La crisis, en fin, lo sería menos si los que se ocupan de gobernarnos y de representarnos se aplicaran y aplicaran la tijera. Pero además sería una oportunidad para regenerar de una vez y para siempre un sistema viciado y repleto de intereses creados, que nada tienen que ver con un servicio público que avergüenza e insulta al ciudadano por puro agravio comparativo.