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derechos y libertades
Demuestran que el pasaporte Covid es una medida coacción para forzar la vacunación
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Fuente: https://cienciaysaludnatural.com/demuestran-que-el-pasaporte-k0-b1t-es-una-medida-coaccion-para-forzar-la-vacunacion/
Estos días se ha difundido, exclusivamente por medios minoritarios (los medios masivos están demasiado vendidos), una grave información que pone en entredicho la imparcialidad, la veracidad y, sobre todo, la función de vigilancia y defensa de la salud pública del Ministerio de Sanidad y de las Consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas.
Concretamente, la existencia del INFORME DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL DE SALUD celebrado el 19 de noviembre de 2021, en el que se valoraba la idoneidad de la implantación del pasaporte covid-19.
En dicho informe, los expertos reunidos estiman que no hay evidencia de que esta medida tenga un efecto en la reducción de la transmisión del SARS-CoV-2, ya que en los países europeos donde se había implantado previamente los casos estaban aumentando. El pasaporte no refleja el estado inmunitario de la persona ya que estar vacunado no es igual a estar inmunizado y porque aproximadamente un 40% de los vacunados son susceptibles de infectarse y transmitir la infección.
Este documento, a pesar de que es el único que sepamos hasta ahora, sí ha sido realizado por verdaderos expertos, ha sido cuidadosamente ocultado por el Ministerio de Sanidad, hasta el punto de que la Dirección General de Salud Pública que es el órgano directivo del Ministerio de Sanidad, adscrito a la Secretaría de Estado de Sanidad, negó su existencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el recurso presentado por Liberum contra la imposición del pasaporte Covid en dicha comunidad autónoma.
Finalmente el informe ha visto la luz pública gracias a otro proceso interpuesto por Liberum ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en cuyo escrito de demanda se cita el Informe de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, solicitando su aportación en la fase de prueba a los servicios jurídicos de la Abogacía del Estado del Principado de Asturias, ante lo cual, la Consejería de Sanidad de Asturias aporta dicho informe titulado: ”Utilización del certificado digital Covid para el acceso a actividades de ocio y otros espacios interiores, Ponencia de Alertas, Planes de Preparación y Respuesta y Comisión de Salud Pública” con fecha 23 de noviembre de 2021.
Los abogados de Liberum: don Luis María Pardo y don Alexis Aneas, tenían noticia de dicho informe gracias a una referencia sobre el mismo publicada en el periódico El País, con fecha 1 de diciembre de 2021 por Pablo Linde y titulado: “Los técnicos de Sanidad y las comunidades desmontan la utilidad del certificado Covid para frenar la sexta ola” y porque en otra demanda presentada contra la implantación del pasaporte, esta vez en la Ciudad autónoma de Melilla, en la respuesta recibida, se había reconocido la existencia del mismo, pero omitiendo “cuidadosamente” todas las referencias a su inutilidad.
Un aspecto muy destacado del Informe es que destaca como objetivo, su utilidad casi exclusiva “PARA INCENTIVAR LA VACUNACIÓN”. Cuando existía ya en esas fechas suficiente evidencia científica de la inutilidad de las mal llamadas vacunas Covid, y lo que es peor, abrumadores reportes de muertes y efectos adversos graves a EudraVigilance, Vaers y National Health Care (por citar sólo los más importantes).
Los abogados estudian un posible FRAUDE DE LEY Y PREVARICACIÓN por parte del Ministerio de Sanidad, pero las preguntas que muchos nos hacemos son ¿Cuál era la intención de dicho Ministerio de Sanidad para ocultar la inutilidad del pasaporte? ¿Por qué se utiliza esta medida como un medio de coacción para imponer una terapia génica experimental, como el propio informe reconoce? ¿El llamado pasaporte o CERTIFICADO DIGITAL Covid tiene otra finalidad no declarada?.
Si prestamos atención a todo lo que se ha removido o cambiado con la excusa de la Pandemia, podemos sospechar que las medidas adoptadas con la excusa de combatirla, han tenido muy poco fundamento científico, han sido más bien medidas políticas para introducir la llamada eufemísticamente “Nueva normalidad”, en la que parece que la identificación digital tendrá un papel prominente y que la prohibición de la experimentación genética en humanos ha dejado de tener vigencia, antes bien, parece ser un objetivo perseguido no sabemos bien con qué objeto.
REFERENCIAS:
https://liberumasociacion.org/
https://liberumasociacion.org/https://elpais.com/sociedad/2021-12-01/los-tecnicos-de-sanidad-y-las-comunidades-desmontan-la-utilidad-del-certificado-covid-para-frenar-la-sexta-ola.html
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Certificados digitales y pérdidas de libertad
La censura oculta del futuro: el crédito social
Pantallas que te observan, programas que registran todos tus movimientos, teléfonos que espían tus conversaciones y aplicaciones que aprovechan tu ocio para hacer un perfil completo de ti. Un complejo sistema de seguimiento para saber qué haces, qué te gusta, cómo mantenerte felizmente narcotizado bajo la apariencia de una sociedad casi perfecta. Big Brother is watching you (and it wants to make your day).
Hace algunas décadas todo esto sonaría a ficción, a un extracto de 1984 de Orwell o de Un mundo feliz de Huxley. Sin embargo, en 2019 esa compleja red de seguimiento de nuestros movimientos parece haberse tendido de forma velada y paulatina hasta atraparnos sin remedio en nuestras sociedades libres y democráticas. A pesar de ello, en Occidente nos empeñamos en ver la paja en el ojo ajeno.Desde hace varios años han corrido ríos de tinta acerca del sistema de crédito social chino, un supuesto mecanismo ideado por el Gobierno del gigante asiático para seguir cada movimiento de sus ciudadanos, recompensarles si siguen las conductas que la Administración considera adecuadas y sancionarles si no lo hacen.
Entre esos comportamientos inadecuados se han mencionado desde antecedentes penales hasta fumar en lugares públicos o difusión de noticias falsas en redes sociales. Un auténtico Estado policial del que los habitantes de China no tienen el más mínimo conocimiento.
Sería lícito pensar que, en un Estado como el chino, la desinformación de sus ciudadanos y residentes puede ser normal. Sin embargo, ¿Cómo no podrían tener constancia de un sistema represor que, supuestamente, abarca cada aspecto de su vida pública?.
Lo cierto es que China, como otros muchos Estados, tiene diversos mecanismos de control de sus ciudadanos. Y que en marzo de 2018 entró en vigor una ley que preveía la imposición de un sistema de crédito social que sancionaría y recompensaría determinadas conductas públicas, aunque el texto de esta norma es ambiguo y su aplicación incierta y desigual. Pero el sistema de crédito social chino tal y como se ha contado en Occidente, según distintas fuentes consultadas por Xataka, está muy lejos de ser una realidad. La norma que entró en vigor en marzo de 2018 no preveía la instauración de un solo sistema de crédito social, sino de muchos. Pues establecía que cada gobierno local debería diseñarlo y llevarlo a cabo según sus propios criterios. Al menos en teoría.
A día de hoy sólo se tiene constancia de que una gran ciudad china esté llevando a cabo algo parecido al sistema de crédito social. Se trata de Rongcheng, a unos 800 kilómetros de Pekín. Esta urbe ha establecido un mecanismo piloto de puntuación para sus ciudadanos en los que las buenas conductas públicas sumas puntos y las acciones contra la comunidad, por lo general infracciones de la ley, restan.
“Cualquier cosa que influya en los puntos debe estar respaldada por hechos oficiales con documentos oficiales”, explicaba He Junning, subdirector de la Oficina de Gestión del Crédito Social de Rongcheng, a Foreign Policy. Así pues, no se trata de un sistema que controla cada movimiento de los ciudadanos, sino más bien un registro de antecedentes que influye en algunos aspectos de la vida futura de los infractores.
“Después de observar sus características detenidamente, deducimos que el sistema de Rongcheng se parece más a una hoja de antecedentes, ya que no evalúa una gran cantidad de datos para imponer sanciones, sino que crea un registro de los castigos que ha recibido la persona”, explican desde China Law Translate, web especializada en traducciones legislativas de China.
En China los ciudadanos que deseen tener un nuevo número móvil ahora deberán pasar por un sistema de reconocimiento facial.
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Europarlamentario explica los planes globalistas para instalar un sistema de identidad digital y crédito social en toda Europa
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Por qué me opongo al Pasaporte Covid
La Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón se opone a la implantación del pasaporte Covid al entender que no se ha cumplido la obligación de someter la medida a ratificación judicial previa. Sobre todo teniendo en cuenta que afecta a varios derechos fundamentales.
Según el fiscal, al limitar derechos fundamentales y dirigirse a destinatarios no identificados individualmente, las medidas "no pueden desplegar efectos ni son aplicables por cuanto la autorización es condición de eficacia, de modo que requieren de la intervención y control jurisdiccional previo en garantía de los derechos fundamentales de sus destinatarios".
También dice que comporta per se "un perjuicio irreparable en la medida en que al no haber sido objeto de autorización judicial concurre en la vulneración de los derechos fundamentales recogidos en los artículos 14, 18.1 y 18.4 de la Constitución". Por otra parte, señala que las medidas afectan "de forma indiscriminada" a toda la Comunidad, sin considerar la diferente incidencia de la pandemia sobre las distintas provincias, ciudades, comarcas o municipios. También censura su persistencia en vigor, "hasta que el Gobierno de España declare la finalización de la crisis sanitaria", según la Orden de Sanidad. "Tanto su ámbito espacial como temporal es, por consiguiente, relativamente extenso", apunta el fiscal.
Esta apreciación no es menor, ya que este mismo jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha avalado el pasaporte covid por no ceñirse a un marco temporal. Por otra parte, la Fiscalía incide en que la polémica Ley 3/2020 del Gobierno de Aragón "en absoluto puede ser entendida como un supuesto de legítima evasión a la normativa procesal estatal en materia contencioso-administrativa". A su entender, actuar sin ratificación judicial previa "haría de peor condición a la ciudadanía residente o presente en Aragón respecto al resto de territorios del Estado español", dado que en otras regiones sería exigible en todo caso el control judicial previo mientras que la autoridad sanitaria aragonesa "podría eludirlo con tan solo entender a su juicio".
También aborda la Fiscalía la polémica sobre la capacidad de los Tribunales Superiores de Justicia de pronunciarse acerca de las restricciones sanitarias. A este respecto, dice que "existe fundamento constitucional" para que asuman la competencia que les ha sido atribuida por el artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) quien tome la palabra. El Gobierno de Aragón ya presentó esta semana sus alegaciones, en las que recordaba que la pandemia no ha acabado, y que sus efectos podrían ser todavía importantes en cuanto al número de contagios y víctimas mortales.
El TSJA rechazó hace menos de una semana las cautelarísimas presentadas por la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza. Tiene por resolver aún, no obstante, la adopción de medidas cautelares.
El Departamento de Sanidad impulsó el pasaporte covid para frenar los contagios de la séptima ola e incentivar la vacunación. Lo hizo en el ocio nocturno, grandes eventos y espectáculos, y no descarta ampliarlo próximamente a gimnasios, residencias y hospitales si la tendencia sigue al alza. Ya ayer, el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, avisó de que el certificado había venido "para quedarse". La última palabra, no obstante, la tendrá la Justicia. En caso de que el TSJA rechazase esta medida, el Ejecutivo tendría previsiblemente la posibilidad de recurrir al Supremo, como han tenido que hacer otras comunidades españolas. Esto es, precisamente, lo que quería evitar la DGA, que instó al Gobierno de Pedro Sánchez a crear una normativa nacional.
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