Partidocracia y Poder Económico (Parte 5 de 5)

Autor:  Hrod Mérida  (Miembro de Socialismo Revolucionario, CIT)

¿Reforma o revolución? Transformación social y democracia obrera

Es necesaria la creación de órganos de coordinación, mediante la formación de cuerpos de delegados a nivel regional y estatal, responsables, y revocables en todo momento ante sus asambleas.Es necesario proponer la elaboración de un programa que vincule las reivindicaciones parciales, o de mínimos, con las de cambio social, a través de un paquete de medidas obreras que sean perfectamente posibles dentro del actual sistema, comenzando, desde el primer día de su aplicación, el tránsito hacia una ruptura con el actual régimen burgués, diseñado para la concentración del poder político y económico en manos de una oligarquía de banqueros, grandes accionistas y empresarios, dueños de multinacionales y grandes sociedades anónimas.

Esto tan sólo es posible dando poder a los nacientes organismos de asambleas, emanados directamente de la organización espontánea de los explotados, frente a los explotadores; eso que tan persistentemente tratan de evitar los tertulianos de 59 segundos, La Razón, El Mundo, ABC, o Intereconomía, apelando al “civismo y responsabilidad” de unos jóvenes y a “separar sus protestas de los elementos revoltosos, anticapitalistas y batasunos”, o los “jefes” del Ministerio de Interior, como Rubalcaba, y sus diarios vasallos, como El País o la SER, al insistir en el “respeto” a los marcos de la “legalidad vigente y la democracia”, y en el “trato firme contra los violentos” que traten de sobrepasar sus estrechos límites.

Es un intento desesperado por privar al movimiento 15-M de contenido y convertirlo en algo domesticado, perfectamente afín a las estructuras y cauces impuestos por el sistema, incapaz de cuestionar al poder de la actual oligarquía, sustentada en el parlamento y dependiente de Bruselas, el banco europeo y el FMI, que usurpa a cada momento la soberanía popular implantando recortes a petición de los grandes banqueros mediante decretos, a puerta cerrada.

Así, el actual programa de 8 puntos, propuesto y elaborado por la plataforma Democracia Real Ya, se muestra, a este respecto, limitado; es un programa de reforma o de mejora del sistema, basado en ciertos mecanismos de control y limpieza de la corrupción en cargos, que no garantiza el paso de los grandes medios de decisión, de producción, gestión y financiación a manos de los trabajadores. Es más: no garantiza la exportación de estos nuevos mecanismos de participación democrática y directa asamblearia a la gestión de la economía, empresas y bancos, al gobierno, la seguridad y el ejército, sino que presupone que el político profesional seguirá siéndolo, corrupto o no, y seguirá gobernándonos cada cuatro años, los jueces seguirán sin ser electos, las empresas y bancos seguirán sin estar bajo control de los ciudadanos y el ejército seguirá compuesto por un estamento militar dirigido por altos mandos no electos ni revocables y separados del pueblo, amén de la policía.

Programa transitorio de “12 puntos” para la aplicación de un régimen de democracia obrera

El actual programa de 8 puntos es en esencia, por tanto, un programa reformista, frente al cual, proponemos este otro, basado en 12 puntos a los que pueden ir añadiéndose otros, y que denominamos programa de transición, ya que trata de unificar las consignas de mínimos, con las consignas de máximos:

Publicación de cuentas de empresas y bancos.

Intervención de beneficios de la banca y reinversión en tejido público productivo.

Congelación de grandes fortunas privadas y reinversión en pago de la deuda contraída por bancos.

Fuerte impuesto progresivo sobre la propiedad y las grandes fortunas.

Expropiación de la banca, las redes de transportes y empresas del sector energético y de telecomunicaciones, y centralización del crédito en el Estado, bajo control de comités de representantes electos en asamblea a nivel de distrito, revocables y rotativos (ver 12).

Rebaja gradual de la jornada semanal máxima que fuerce a generación de nuevos puestos de empleo hasta erradicación del desempleo.

Equiparación de salarios a precios de productos básicos de consumo.

Expropiación de inmobiliarias e intervención y redistribución de parques de viviendas vacías según necesidades probadas.

Fin de las inversiones de dinero en acciones bélicas y de ocupación en otros países. Transformación democrática de la policía y el ejército bajo control directo del pueblo al que sirven, como parte de un programa más amplio de transformación social e institucionalización de organismos democráticos de tipo asamblearios.

Salario de cargos políticos y funcionariales igual a salario medio de un trabajador. Fin de subvenciones y liberaciones estatales a sindicatos.

Democratización de los grandes medios de prensa.

Rotación, elección y revocabilidad cada cierto tiempo, de empleados públicos. Creación de órganos de coordinación interasamblearia, con portavoces electos y revocables por la base, por asambleas a nivel de distrito, con derecho a voz y voto, y capacidad vinculante en la toma de decisiones que sobrepasen las competencias locales, como sistema de gobierno distribuido, tanto a nivel estatal como de una federación ibérica y pan-europea de pueblos, basada en principio de democracia obrera.

Programa inmediato de medidas democráticas básicas, o “4 puntos”. Por la derogación de las políticas “neoliberales” o antiobreras.

Este, y cualquier otro programa de medidas que signifique la adquisición de una amplia soberanía, no sólo en el plano político, sino también económico, por parte de las amplias masas populares y de las clases explotadas por el sistema, trabajadores, jóvenes, desempleados, autónomos... es poco menos que una utopía pretender llevarlo a cabo sin antes lograr y exigir, por medio de la movilización popular, una serie de decretos democráticos básicos que se traduzcan en:

Fin de adhesión al tratado de Maastricht. Salida del pacto imperialista de la OTAN, y del proyecto capitalista de la zona euro y de la Unión Europea, acompañada de la creación de una Unión Internacional de Trabajadores y Pueblos, que trascienda el propio marco europeo.

Sometimiento a consulta, por referéndum vinculante, de la ratificación del Pacto del Euro.

Sometimiento a consulta, por referéndum vinculante, de la derogación de la reforma laboral, el atraso de edad de jubilación a 67 años, el Plan Bolonia (Reales Decretos LOU de 2007 y 2003), la ley de negociación de convenios colectivos, y la derogación del decretazo de Aznar de 2002, que da marco legal a los anteriores.

Convocatoria de Asamblea Popular (con sistema de delegados electos y revocables por asambleas de distrito) para redacción de una nueva Constitución.

Estos, podrían convertirse en el primer caballo de batalla del movimiento, mediante Iniciativas Legislativas Populares (ILP) directas que, previa recogida de 500.000 firmas, y en el contexto de una campaña de movilizaciónes, servirían como medida de presión a los partidos del sistema y forzarían al poder legislativo y ejecutivo burgués a escuchar al pueblo.

Ello les situaría en una incómoda disyuntiva: o convocar un referéndum de consulta, respetando su resultado, en caso de victoria popular, lo que generaría una crisis en los cimientos del actual Régimen de la Transición, una de cuyas bases es la adhesión al marco jurídico, y a las políticas económicas de la Unión Europea o no reconocer el resultado del referéndum o la petición de convocatoria, lo que les llevaría a quitarse el “rostro” democrático tras el que se escuda la oligarquía parlamentario-burguesa. Esto constituiría un revulsivo social sin precedentes, que podría servir de parteaguas para un proceso mucho más amplio de cuestionamiento al régimen parlamentario.

No hay que olvidar que la campaña por la recogida de firmas y la convocatoria de un referéndum sobre ILP, es sólo una vía más, para el desarrollo de una amplia campaña de movilizaciones populares, en el contexto del movimiento 15-M, que podría llevarla a vinculación con amplios sectores del movimiento y la base crítica y activa de los sindicatos mayoritarios, y cuyo culmen sería la convocatoria de una huelga general de 48 horas, con la paralización virtual del país.