Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/107737-pasos-destruccion-eeuu

Diez pasos que destruirán la soberanía estadounidense es lo que profetizó el empresario y activista estadounidense Robert Welch hace 55 años. Muchas de sus predicciones ya se están cumpliendo.

El fundador de la John Birch Society relató en una de las reuniones de la asociación conservadora esas medidas que, según él, planeaban emprender las élites mundiales –como el Club Bilderberg- para destrozar a EE.UU. en su intento de conseguir el control global. 

"Una parte de ese plan, por supuesto, es inducir a la entrega gradual de la soberanía americana paso a paso a varias organizaciones internacionales, de las cuales Naciones Unidas es un extraordinario pero no el único ejemplo", afirmó Welch. 

Y esta es la lista de los 10 pasos que mencionó a continuación: 

 El aumento drástico en el gasto público en todos los medios imaginables para deshacerse de cantidades cada vez mayores de dinero estadounidense de la manera más derrochadora posible. 

 Impuestos cada vez más altos. 

 Un presupuesto cada vez más desequilibrado a pesar del aumento de los impuestos. 

 Inflación insólita de la moneda nacional.  

 Establecimiento del control gubernamental de los precios, salarios y materiales, supuestamente para combatir la inflación. 

 Endurecido control socialista sobre todas las operaciones económicas y todas las actividades de la vida cotidiana. Esto se debe acompañar natural y automáticamente de la correspondiente expansión del aparato burocrático y del aumento tanto de los costos como del alcance del Gobierno nacional. 

 Más centralización del poder en Washington y eliminación práctica de las fronteras estatales. Se va realizando un amplio trabajo para que las fronteras estatales con el tiempo no signifiquen dentro de la nación más de lo que significan los límites de los condados dentro de los estados. 

 Un avance constante de la ayuda federal al sistema educativo y su control más rígido para completar el proceso de federalización en la educación pública. 

 La constante implantación en la conciencia americana de los horrores de la guerra moderna y de las atracciones y las necesidades absolutas de paz. 

 La permanente voluntad del pueblo estadounidense de permitir medidas de apaciguamiento por parte del Gobierno que culminarán en una gradual rendición del resto del mundo libre y del propio Estados Unidos. 

Considerando la política de EE.UU. tras el 11-S, la guerra perpetua contra el terrorismo, los 'cambios humanitarios de regímenes' democráticamente elegidos en otros países, los matones del Departamento de Seguridad Nacional y la Administración de Seguridad en el Transporte.

La Ley de Autorización de Defensa Nacional y su permiso para secuestrar a los ciudadanos estadounidenses sospechosos de terrorismo sin el debido proceso legal, la reforma sanitaria Obamacare, la amplia vigilancia de masas llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional, la militarización de la Policía y su expansión, los estándares de educación, la impresión de dinero por parte de la Reserva Federal y el hecho de que la nación esté al borde del colapso económico, queda claro que muchas de las predicciones de Welch ya se han cumplido.

Fuente: http://www.cronicapopular.es/2013/10/enrique-santiago-el-caso-barcenas-empresas-con-capacidad-de-decision-en-el-consejo-de-ministros-durante-mas-de-20-anos/

Una estructura criminal, desaparición de pruebas, maniobras no en la oscuridad sino a pecho descubierto en la planta sexta de Génova 13 (sede del Partido Popular), encubrimientos, un hombre en la cárcel que parece el prota de Los banqueros de Dios -esa peli súper sobre el caso Calvi que pueden consultar en la Red-, estaciones de AVE donde no suben ni bajan pasajeros, aeropuertos desiertos donde no hay aviones, ni viajeros, autopistas a medio hacer, empresas quebradas y frases mafiosillas de “tú atiéndeme bien a quien te voy a mandar”.

Y la mano que mece la cuna que aún debe ser desvelada. Parece una novela de Grisham o una de terror, pero es la realidad española. Gente que mete la mano en el bolsillo del sufrido ciudadano para el engorde del cerdito que tiene en Suiza, o sea, su caja de caudales.

Quedamos un domingo de comienzos de otoño, 29 de septiembre, con Enrique Santiago, secretario ejecutivo de Convergencia Político – Social de IU y abogado de la acusación popular en el caso Bárcenas. Hablamos de este caso. A los dos nos da mucha rabia que estos delitos queden impunes siguiendo el modelo que inauguró el criminal franquismo.

Odiamos que estos tipos (el Luisito ése y sus jefes) que ensucian la política y la cosa pública, se lleven como mucho una condena menor que la que le pueda cae a cualquier ladronzuelo, ejerciendo mucha -infinitamente más- violencia que cualquiera, siendo criminales sociales como en algunos casos sus abuelos fueron asesinos de rojos, de otros seres humanos.

Hablamos de España, señores, donde estamos y donde queremos vivir en paz, igualdad y decencia. Pero tendremos que luchar por ello; no queda otra. Sigan leyendo, por favor. Inevitable, Enrique: caso Bárcenas. Actualízanos, por favor.

Ahora mismo hemos presentado una ampliación de querella por un delito más, el duodécimo delito, el contable, realizado por las empresas donantes para falsear sus cuentas, para ocultar ese dinero que, de forma opaca, han venido pagando al Partido Popular, según se recoge en los papeles de Bárcenas. Y la ampliación de querella también incluye a 16 nuevos empresarios.

Ya con esto, hemos presentado querella contra todos los empresarios de los papeles de Bárcenas que tenemos identificados y, además, tenemos constancia de que han existido contrataciones que coinciden con las anotaciones contables de pagos que aparecen en los papeles. Hay dos pagadores contra los que no nos hemos podido querellar porque no les hemos podido identificar con los datos que hay ahora mismo.

En su declaración en julio, Bárcenas no aportó tampoco datos concluyentes sobre ellos, y no hemos podido querellar tampoco a Mercadona, los pagos que se hicieron a cuenta de Mercadona, el empresario presuponemos, Juan Roig, porque no hemos encontrado aún contratos concedidos por la Administración que coincidieran con esos pagos.

En fin… Tú mismo has hablado ya en alguna ocasión de estructura criminal, porque lo que hay es eso; delitos para dar y tomar, pero además, eso. Después de ver tanto papel  y estar presente en la Audiencia Nacional y en todo lo que hay que estar en este caso, ¿qué otras conclusiones has sacado?

Tenemos ya verificados 46 de los apuntes que aparecen en los papeles de Bárcenas; está verificada su autenticidad. Eso es una diferencia cualitativa con el mes de febrero cuando interpusimos la querella. Estos apuntes se han acreditado, tanto por las declaraciones en la Audiencia Nacional de las personas que han reconocido que efectivamente recibieron el dinero, como por cruces de los papeles de Bárcenas con la contabilidad del Partido Popular.

La Unidad de Delitos Financieros de la Policía Judicial ha establecido una serie de apuntes que también serían veraces porque coinciden con apuntes contables del Partido Popular.

Entonces, éstos nos sitúan en un grado de verosimilitud que nos permite ya ir deduciendo que se van a poder acreditar la totalidad de los papeles; es decir la absoluta veracidad de esos pagos que se efectuaron. Esto, ¿qué pone de manifiesto?, bueno, pues que estamos ante una estructura criminal que viene repitiendo sus actuaciones de forma continuada -y esto es muy importante- desde el año 90 al menos -que es cuando comienzan los papeles-, hasta el año 2008.

Eso significaría que los delitos, contrariamente a lo que viene manifestando el fiscal, no habrían prescrito, porque son delitos continuados. Y eso nos va a permitir ir elevando en la estructura piramidal de lo que entendemos que es la estructura de control, de mando de esa asociación ilícita –nosotros hemos denunciado que hay asociación ilícita-, para llegar a poder acreditar la responsabilidad de las personas que estaban arriba de la cúpula.

Según las declaraciones que ha hecho Luis Bárcenas y lo que no han negado los secretarios generales que han declarado ya -tres secretarios generales, o ex-, se confirma que estaban en conocimiento y aprobaban el funcionamiento de esa asociación ilícita los presidentes del Partido Popular y los sucesivos secretarios generales, además de, por supuesto, los tesoreros y gerentes, que eran los que intervenían de una forma directa, ¿no? Y eso, a su vez, acredita que ha habido empresas que durante años , de forma indirecta, a través de los tesoreros del Partido Popular han venido pagando a dirigentes del Partido Popular que eran miembros del Consejo de Ministros; es decir, estaban pagando a ministros.

Y no sólo las constructoras, ¿o sí?

Fundamentalmente, se trata de empresas constructoras o relacionadas con negocios de la obra civil; hay –son las excepciones- otro tipo de empresas de alimentación; incluso, ha aparecido relacionada una de las pagadoras, Pilar Pulido, que aparece en sus papeles, que Bárcenas declaró que era conocida de Lapuerta.

Es directiva de una empresa que ha realizado una estafa piramidal que está ahora mismo siendo juzgada en la Audiencia Nacional. Es decir, se pagaba mayoritariamente, era un sistema para recaudar de las empresas constructoras a cambio de contratos de obra, pero también se pagaba por otro tipo de prevaricaciones, por otro tipo de favores que tenemos ahora que investigar pero que, probablemente, pueden estar incluso relacionados con la capacidad para incidir en la redacción de leyes o en la no redacción de leyes, de forma que a determinadas empresas, por ejemplo, a ésta acusada de estafa piramidal con ahorradores, les permitiera seguir operando en situación de ilicitud.

O sea, que el poder se compra y se vende en este país… Estamos buenos…

Bueno, claro, al margen de que los miembros de los Consejos de Ministros y secretarios de Estado no pueden percibir ninguna otra remuneración que la que proceda de su sueldo o de ocupar, en su caso, el puesto de diputado o senador, se acredita en primer lugar, que estas personas han estado cobrando ilícitamente estas cantidades, contrariamente a la Ley.

Evidentemente, había una relación directa para conseguir favores de la Administración. Eso, además, lo ha descrito muy bien Luis Bárcenas, cuando relata cómo, en primer lugar, cada empresario que hacía los pagos quería hacerlos siempre en efectivo, porque quería que se le viera. En la mayoría de los casos quería ser visto haciendo la donación -según declara Bárcenas- por los secretarios generales y los secretarios del Partido…

Eso es terrible, terrible.

Querían que les vieran…Y, a continuación, Bárcenas declara cómo Lapuerta llamaba al  Ministerio correspondiente y, con una frase habitual muy meditada, o sea, propia de una persona que conoce las leyes como es el señor Lapuerta, una frase incluso propia de organizaciones mafiosas, pues decía: te va a llamar esta persona, se ha portado muy bien con nosotros, a mí no me interesa, pero lo único que te ruego es que le hagas caso y que le atiendas bien y para lo que te cuente.

O sea, como intentando cubrirse las espaldas, eludiendo responsabilidades. Ésa es la pieza que hace ya todo el encaje y que establece la relación entre esos pagos y prevaricaciones; cohechos y prevaricaciones.

Pero, ¡madre mía!, pero, realmente, ¿quién es Bárcenas? ¿Cabeza de turco, un señor a su vez muy peligroso? Porque hay más gente y gente que mece la cuna, claro…

Es un funcionario popular que ocupaba una función muy clara en esa estructura expresamente puesta en funcionamiento para cometer una actuación, un plan criminal: él no estaba en la cúspide, no podía estar porque incluso no ocupaba puestos que conllevaran capacidad de decisión en las Administraciones Públicas. Él hacía una función de recaudador y estaría en un tercer escalón.

En el primero estarían los secretarios generales y presidentes del Partido Popular, en un segundo lugar estarían los tesoreros y en un tercer lugar estarían los gerentes, ¿no? En el caso de Bárcenas, durante el mayor tiempo en el que se recogen pagos y cobros, él fue gerente, él no fue tesorero hasta el año 2007, cuando cesó Lapuerta.

Y arriba moviendo los hilos, ¿quiénes? ¿Rajoy?

Evidentemente, han sido todos los secretarios generales y todos los presidentes del partido, que, insisto, aparecen cobrando todos, aparte de otras personas del Partido Popular. Pero todos, y de  forma reiterada y periódica, con sobresueldos de dinero negro.

Aparte de eso, lo que queda acreditado es que personas de las más altas responsabilidades del Partido Popular, si vienen cobrando en dinero negro, ellos tienen la obligación y la responsabilidad de saber de dónde procede ese dinero que cobran; es decir, había un absoluto conocimiento, al menos, sobre el hecho de que se estaba recaudando sistemáticamente dinero negro.

Según las declaraciones de Bárcenas y según otros datos que hay en la investigación, se confirma que ellos se veían con estos donantes y que los recibían coincidiendo con los pagos que aparecen consignados en esos papeles. Se está hablando mucho de los ordenadores que han desaparecido del Partido Popular, pero…

Sí, que se queda una con la boca abierta, ¿cómo pueden desaparecer? Y, ¿cómo decir después, así, como si tal cosa, que no hay pruebas? Es decir, lo ha dicho Rajoy…

Los ordenadores son la gota que colma el vaso de los encubrimientos que se han venido haciendo; pero es fácilmente acreditable el hecho de que hayan acudido los donantes en esas fechas al Partido Popular – si es verdad que querían ser vistos-, con la grabación de las imágenes de las cámaras de seguridad o con el libro de visitas. Ambos elementos acreditativos fueron solicitados por el juez en mayo y en ambos casos el Partido Popular contestó que los había destruido.

Después de eso, tras conocerse la existencia de esos ordenadores y su vínculo con las actuaciones, es decir, que en ellos habría información que acreditaría la condición de esos delitos, cuando el juez los solicita y después de que la secretaria general del Partido Popular, la señora Cospedal en su declaración de agosto afirmara ante el juez que esos ordenadores estaban bajo la protección, bajo la custodia del Partido Popular, cuando el juez  requiere al Partido Popular para que los entregue, entonces es cuando nos encontramos que los aportan no ya con un disco cambiado en uno de los ordenadores, y sin disco duro, el otro, sino que el propio Partido Popular adjunta un escrito diciendo expresamente que ha procedido a borrar los discos duros después del 20 de abril de este año.

Pero eso no puede quedar impune, ¿no?

Efectivamente. Eso no debería quedar impune; pero, es obvio que han eliminado o han intentado eliminar todos estos elementos, porque, si no no hubieran intentado eliminarlos. Esos elementos acreditan esas visitas y también la veracidad de esos papeles. Hay copia de muchos de esos documentos y podremos llegar a acreditarlo, pero esto lo que pone de manifiesto es encubrimiento, ¿no? Ahora mismo el juez ha entendido que puede existir un delito de encubrimiento.

Además, entró en vigor en enero de este año la reforma del Código Penal que establece por primera vez la responsabilidad penal de los partidos políticos como tal persona jurídica y el juez así lo ha reflejado y ha entendido que no era un delito competencia de la Audiencia Nacional, que debe ser investigado en Plaza de Castilla. Nuestra intención es que esa resolución sea firme, que no lo es ahora porque la ha recurrido una de las acusaciones populares.

Y, una vez que sea firme nosotros presentaremos una querella en los juzgados ordinarios de Plaza de Castilla por delito de encubrimiento y por delito de daño informático contra distintas personas del Partido Popular y también pediremos la responsabilidad expresa del Partido Popular en aplicación del artículo 31 bis del Código Penal que entró en vigor en enero de este año.

A una persona que no sepa Derecho, pero que queda pasmada cuando lee toda esta maraña de datos en la prensa, realmente, ¿cómo explicarle, que si hubiera Justicia -realmente se supone que sí, que la hay, que estamos en un Estado democrático y de Derecho, en qué debería quedar esto, así, a la pata la llana?

Son delitos muy graves. Estamos hablando de empresas que han tenido capacidad de decisión en el Consejo de Ministros durante más de  20 años. Y, digo más porque, según se refleja en los propios papeles y según ha declarado Bárcenas, no son más que continuidad del sistema anterior de financiación del Partido Popular, el puesto en marcha por Naseiro que quedó en la absoluta impunidad.  

Y, ahora, claro, la pretensión del Partido Popular es que vuelvan a quedar en la impunidad. Entonces, el principal problema no es el tiempo que  ha transcurrido, aunque, según el Ministerio Fiscal estos delitos puedan haber prescrito -porque nosotros entendemos que son delitos continuados-, es el tratamiento que el Código Penal de un país como éste, un país capitalista, da a este tipo de delitos.

La condena más grave para estos 12 delitos, hasta ahora, que hemos formulado la acusación, la más grave en caso de aplicarse y en su grado máximo, que no es lo normal, serían seis años de cárcel. Y estamos hablando de delitos que tienen una inmensa trascendencia en la vida de todos los ciudadanos, que les afectan negativamente; son delitos que ponen de relieve esta capacidad de incidencia de las constructoras que ha permitido que se derroche el presupuesto del Estado y que no se pongan en marcha políticas de creación de empleo, políticas de desarrollo industrial adecuada, por lo que se ha fiado todo el desarrollo económico a las políticas del ladrillo, a la burbuja inmobiliaria provocada por la burbuja financiera, a su vez.

Y, claro, ante esta coyuntura, resulta que un delito que ha afectado a la vida de un montón de personas, que nos ha  llevado a una situación de seis millones de desempleados en un país donde se han construido infraestructuras alocadamente. Es decir, tenemos estaciones de AVE donde no suben ni bajan pasajeros, aeropuertos donde no hay aviones, autopistas de peaje que aparecen todas en los papeles de Bárcenas. Todas las empresas que se hicieron para la construcción y funcionamiento de las estructuras de peaje aparecen y ahora mismo acaban de quebrar…, creo que ya han quebrado todas, y a esas autopistas de peaje va a tener que rescatarlas el Estado, volver a pagar. Ya les pagamos una obra que no ha servido para nada, ya les pagamos los ciudadanos las compensaciones por hacerse con la concesión del servicio y ahora les vamos a tener que volver a pagar el importe de esas obras porque va a tener que rescatarlas el Estado.

Entonces, resulta que estos delitos tan gravísimos en la inmensa mayoría de los casos pues tienen como condenas ni siquiera cárcel. Por ejemplo, en la prevaricación, la condena es inhabilitación para el que sea funcionario público. Luego hay delitos penados con dos años, cuatro años, como mucho seis años.

Sin embargo, hay delitos – que lo sepan los ciudadanos- que tienen mucha menos trascendencia y un efecto mucho más limitado en la sociedad que éstos, por ejemplo, delitos cometidos por personas en situación de exclusión social, un atraco, por ejemplo en caja registradora, si es con fuerza, en un supermercado, que pueden llevar aparejados hasta nueve años de cárcel…

¡Madre mía!, a esos otros les sale barato, qué condenas light, qué descompensación en lo que cuentas, ¿qué hacer?

Estamos intentando una condena por estos delitos, y nos encontramos con estos problemas: que la Fiscalía no ayuda, no ha formulado a fecha de hoy ninguna denuncia ni ha presentado querella, apenas solicita diligencias de averiguación para comprobación de delito y lo único que hace es rechazar, oponerse a las peticiones que hacemos las acusaciones.

Además, en caso de que llegáramos a un juicio, responsables de estos gravísimos crímenes podrían salir con penas muy limitadas ques conseguirían rápidamente terceros grados penitenciarios.

El problema de esto es que para garantizar la posibilidad de desarrollar unas políticas económicas beneficiosas para los ciudadanos y que respeten el bien común,  es imprescindible cambiar la legislación que permite estas atrocidades y dejar luego prácticamente en la impunidad a los responsables de estos delitos.

Es así, pero, en serio, los ciudadanos a los que se nos ha metido mano en el bolsillo descaradamente, ¿vamos a poder salir de esta ciénaga? De la ciénaga general que nos llena, con perdón, de mierda. Porque es que este sistema capitalista se ha ido desarrollando hasta una putrefacción considerable, ¿eh? En fin, que está claro que los que no visitamos la planta sexta de Génova 13, ni somos socios de Becaría, don Romay, ni nada de nada, sí somos el paganini de todo esto y bueno, es una faena… ¿Y qué hacemos Enrique? Dinos tú que conoces tan bien la política: ¿esto tiene que ser un jaque al Rey, a la Monarquía, al Sistema…, esto es el Sistema?

Esto es el Sistema que ha engrasado la puesta en práctica de las políticas neoliberales en España y de las políticas de La Troika; ése es el principal problema. Toda la desregulación que lleva aparejado el neoliberalismo lo que permite es esto, que los que detentan el capital, las clases sociales vinculadas a la oligarquía económica de este país pueden perfectamente cometer crímenes sociales y quedar en una situación de absoluta impunidad.

Para evitar esa situación, la única forma es conseguir unas mayorías políticas que modifiquen radicalmente la estructura del Estado y la legislación de este país, para poder hacer políticas de redistribución económica, para poder poner en marcha políticas que impidan la corrupción y para poder llevar a delante políticas que creen empleo, que creen bienestar con líneas de desarrollo productivo alejadas de la especulación financiera y económica.

Para eso es imprescindible generar una nueva mayoría política que pueda poner en las instituciones a gobernar propuestas políticas alternativas que defiendan acabar con las políticas del neoliberalismo y frenar radicalmente las políticas de La Troika en toda la Unión Europea y en nuestro país.

Una reflexión: lo que los jóvenes están, creo, expresando con ese rechazo a la política, lo que a cualquier persona que nos sentimos comprometidas nos afecta mucho es pensar o dudar de si en gestión política defendiendo ideología, etc., nos podemos encontrar con otra cosa que no sean complacencias con estos señores de poner el cazo, con otra cosa que no sea rendir cuentas a los del sobre; es decir, en el hacer política, se han levantado sospechas frente a casi todos los políticos; partidos, etc. ¿Qué piensa hacer la izquierda desde la parte más organizada, comprometida y estructurada?, ¿qué se puede hacer desde posiciones en la que tú mismo estás comprometido, como IU?, ¿cómo frenar a corto todo esto?, porque los malos van muy deprisa, ¿eh? ¡Nos comen…!

Bueno, en primer lugar, yo creo que todo el mundo tiene claro que el régimen nacido con la Transición ha sido un régimen bipartidista con variantes en los territorios y comunidades históricas; pero, en todo caso, siempre bipartidista. Y ese régimen es el que ha sido cooptado y los funcionarios de ese régimen han sido cooptados. Izquierda Unida no tiene ese problema; en las instituciones donde gobierna no hay ningún empresario de la construcción ni ningún empresario al que se le ocurra venir a ofrecer dinero a cambio de comprar la capacidad de decidir en las instituciones.

De hecho, en los casos en que nos hemos encontrado con esas situaciones, que han sido muy esporádicos, ha habido un combate frontal; yo recuerdo, por ejemplo, el caso del alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, que tuvo que enfrentarse nada más y nada menos que a 14 querellas y denuncias de El Pocero por negarse a ceder a sus peticiones y, por supuesto, por negarse a aceptar los distintos ofrecimientos de toda índole que le estuvo haciendo sistemáticamente, incluso hasta el extremo de que llegó a perder las elecciones por la campaña de acoso sistemático.

Pero, la posibilidad de perder el ejercicio del poder político no hizo, en ese caso, que se cediera lo más mínimo ante la presión del capital, la presión mafiosa y criminal del capital. Si Izquierda Unida estuviera en las mismas condiciones respecto a vulnerabilidad o a padecer situaciones de corrupción, hubiera sido más que difundido y denunciado por la prensa, que es una prensa también al servicio del poder financiero.

Totalmente.

Y evidentemente no han podido hacerlo porque no existen esos casos.

¿Hay espacio entonces para que gente limpia haga política…?

El problema es que quien hace política por defender intereses de clase, es evidente que en sus baremos morales no existe ninguna limitación a usurpar bienes públicos ni recursos públicos, porque esa es la mentalidad de rapiña de la oligarquía de este país, y de la oligarquía de cualquier país; una mentalidad de acumulación, de menospreciar cualquier tipo de regulación, cualquier norma de convivencia social, que eso es el neoliberalismo, no es otra cosa: es el desprecio a cualquier  norma de convivencia social, es volver a la ley de la selva, la ley del más fuerte, la ley del que más tiene y, además, no olvidemos que la oligarquía de este país se ha educado en una cultura  de la impunidad que viene del franquismo.

Los actuales gobernantes, tanto en las instituciones políticas, como en las grandes empresas económicas y financieras, que pertenecen todos a las mismas familias y a la misma oligarquía que desde hace muchos años gobierna este país.

Esta gente, desde pequeñitos, ha vivido en sus casas un ambiente de impunidad, un ambiente del franquismo, donde la derecha franquista tenía plena capacidad para no respetar incluso los derechos fundamentales de cualquier persona, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Si mi padre mataba…

Valía todo.

Y esa cultura ha llevado a que la oligarquía de este país tenga un absoluto desprecio a los derechos de los demás. Es lo que han visto desde que han crecido y eso es lo que facilita los fenómenos de corrupción. El razonamiento es: si mi padre mataba, enterraba en cunetas y fusilaba impunemente, bueno, es menos gravoso, parece, o, es menos rechazables socialmente que yo robe un banco, o que yo me haga con los presupuestos del Ministerio de Fomento.

Una bagatela, sí.

Ése es el razonamiento. Y es un grave problema que tenemos en España. Es decir, la impunidad no afecta solamente a los crímenes del franquismo. La cultura de la impunidad afecta a la vida de cualquier sociedad y acaba pudriendo por dentro las instituciones como ha pasado en otros países que han soportado situaciones similares, en Argentina, por ejemplo. Hasta que llega el momento de un cambio radical del régimen o ese Estado se convierte en un Estado fallido.

Ésa es la situación que tenemos en nuestro país. No es casualidad que la difusión de este sistema que llevaba existiendo veintitantos años, de los papeles de Bárcenas, coincida con el momento en que ya estalla la contención de la impunidad política en el terreno de los crímenes políticos, indicativos de que este régimen ha hecho aguas por todas partes y que es necesario sustituirlo.

Lo que acreditó que el sistema se había derrumbado fue, desde mi punto de vista, la reforma del artículo 135 de la Constitución. Esto formalmente rompió el pacto de la Transición, si es que alguien pensaba que seguía existiendo y convirtió los recursos públicos en recursos supeditados al pago de la deuda privada. Nuevamente, se trata de una operación en la que la riqueza de la inmensa mayoría de la sociedad fue a parar a manos de una minoría, de las clases dominantes, de las clases oligárquicas.

Ése es el análisis que hacemos y ¿en qué trabajamos después de este análisis?, ¿en qué trabaja Izquierda Unida? Bueno, pues en cambiar radicalmente el régimen, en abrir un nuevo proceso constituyente, en conseguir que la ciudadanía apruebe una constitución que obligue a las instituciones del Estado a respetar los derechos sociales y económicos de las personas, no sólo los derechos civiles, los individuales. Porque, en este país tan importante es el derecho de manifestación como el derecho al trabajo, el derecho al voto como el  derecho a la vivienda.

En busca de mayorías

Sí, si no ¿para qué vas a votar?

Sí, pero nuestra Constitución ya es incapaz de defender esos derechos económicos y sociales, con lo cual es imprescindible poner en marcha ese proceso constituyente. Para eso somos conscientes de que hay que tener una mayoría política que hoy día no tiene Izquierda Unida, aún con las subidas que le auguran las encuestas.

Nosotros no queremos un grupo parlamentario de 50 diputados; eso no serviría para nada ante la capacidad del bipartidismo ampliada a las fuerzas de las distintas burguesías nacionalistas de oponerse a cualquier cambio que, en el fondo, buscaría esto que hablamos de oponerse a un sistema constitucional donde fuera obligado el cumplimiento de los derechos sociales de las personas, con todo lo que eso lleva aparejado.

Eso es la construcción del socialismo, así de claro, ¿no? Para eso creemos que tenemos que generar esa mayoría que hoy día no tenemos ¿Cómo? Nosotros hemos hablado del bloque social y político, lo que creemos es que es imprescindible construir un bloque con todas aquellas expresiones organizadas de la sociedad: partidos, sindicatos, movimientos sociales, ongs, todos aquellos que tienen una  agenda de confrontación con las políticas neoliberales y con las políticas de La Troika, que están presentes en el conflicto social, ¿eh? Construir un bloque que tenga vocación de convertirse en un actor político.

Y que, evidentemente, tenga vocación de convertir esa mayoría social que objetivamente hoy está sufriendo esas políticas neoliberales, la inmensa mayoría de la población, en mayoría política, a través de la construcción de ese bloque que a su vez permita dar mayorías electorales, porque únicamente así es posible acometer ese nuevo proceso constituyente, ¿no? Con  lo cual creemos que hoy día, para el ejercicio de la política, es imprescindible que se impliquen no sólo fuerzas políticas sino también actores que hasta ahora han venido siendo exclusivamente sociales.

Oye, yo veo ya demasiados excluidos sociales, jóvenes pidiendo en la calle, una situación modelo finales XIX, principios del XX, cuando uno se mojaba en la calle, digo, Pablo Iglesias y otros, que prestaban sin vuelta sus propios abrigos a quienes lo necesitaban. Había contacto directo de los políticos con la calle, y había abuelos de éstos de la oligarquía fusilando rojos o a punto de hacerlo, igual que sus nietos ahora hacen despidos, porque no son fusilamientos para dejarnos en la fosa, pero sí para dejarnos  tiesos en lo económico. Son crímenes sociales y los excluidos son hijos de obreros o nietos de obreros que han tenido su minuto de gloria por ejemplo con la posibilidad de ir a la universidad… Pero esto ya no va a ser posible. Y ya están vagando algunos por las calles de Londres, o por Alemania, sin protección, sin orientación, con un descuido total del Estado porque no hay implicación para nada, no se constituyen  estructuras de amparo, de orientación siquiera; es un allá te las apañes. Entonces, en este campo ya más inmediato ¿qué hacemos? ¿O lo dejamos a las instituciones católicas para que los pobres coman de ahí a cambio de rezar tres rosarios?

Es una necesidad poder organizar la confrontación o la presencia en el conflicto social de cada vez mayor número de ciudadanos, los que están padeciendo estos problemas, aquellos a los que se les niega el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad. Porque, evidentemente, asistimos al absoluto desmantelamiento del estado social y el siguiente paso es el desmantelamiento de la democracia.

De hecho, lo que pone de manifiesto ya la reforma del Código Penal o la restricción del derecho de manifestación, es que la oligarquía es consciente de que la profundidad de los cambios que está llevando adelante y su absoluto convencimiento de que  hay que acabar con el estado social va a levantar protestas.

Y de que, si para limitar y reprimir esas protestas, necesita limitar la democracia lo va a hacer y eso está haciendo. Para oponerse a eso y a la vez para ir dando soluciones que permitan mantener a las personas unos mínimos vitales, es necesario que volvamos a poner en marcha organizaciones cooperativas de apoyo mutuo como las que puso en marcha la Primera Internacional obrera y sucesivas, precisamente para poder confrontar contra el capital. Porque es evidente que el que confronta con el capital, y más en estos momentos donde hay ese inmenso ejército de desempleados, es el primer candidato a perder un puesto de trabajo.

Para poder tener la suficiente energía social para seguir con la confrontación es imprescindible volver a organizar esos sistemas de solidaridad, de apoyo mutuo que permitan que sean las propias personas privadas de los derechos los que de forma cooperativa se doten de los elementos mínimos imprescindibles de vida.

¿En qué estado se encuentran hoy en día esos sistemas de solidaridad a los que te refieres?

Nosotros estamos impulsando una red que se está extendiendo por todo el Estado, la Red de Solidaridad Popular, que ha surgido con la idea de fortalecer las distintas iniciativas que en esta materia han ido apareciendo espontáneamente en multitud de lugares: en barrios, en centros de trabajo, en colegios.

Iniciativas que buscan en primer lugar garantizar el derecho a la alimentación –hay, por ejemplo, un inmenso problema en las ciudades con la eliminación de becas para los comedores escolares-; que buscan cubrir el derecho a la vivienda, también organizando junto a las plataformas contra la hipoteca lo necesario para paralizar los desahucios y meter a  personas que han perdido sus viviendas en otros lugares; que recojan también ropa y otros elementos de primera necesidad que puedan estar haciendo falta; que procuran dar apoyo escolar a los niños cuando los padres no los pueden hacer, procurarles los elementos, libros, etc., para poder asistir a clase; y, a la vez, organizando a esas mismas personas para que no sólo satisfagan sus necesidades sino para que reclamen los derechos que les son negados frente al sistema. Es una red incipiente pero lo que hace falta es aglutinar, porque están surgiendo iniciativas en muchos lugares de distinta índole.

Lo que es imprescindible es confrontar con el sistema asistencialista que pone en marcha la oligarquía a través, fundamentalmente de organizaciones de la Iglesia, que garantizan elementos de supervivencia a cambio de la no confrontación con el Sistema.

Es que siempre ha habido una implicación alternativa de la izquierda, de los que estamos por el progreso social y que claramente vemos que no puede ser a cambio de misas.

Es volver a los sistemas de apoyo mutuo de las Internacionales obreras.

Es que como toda esa parte se la subvencionó al catolicismo… para que gestionaran en nombre de la caridad… Bueno, pues está claro, menudo panorama tenemos. ¿Quieres añadir algo?

Creo que hay un sector que está padeciendo más la crisis, que es el de los desempleados.Y, sin embargo, para mí, la gran preocupación en este momento es que las mayorías de la izquierda alternativa, los sindicatos y los movimientos sociales no están sabiendo llegar a organizar a ese inmenso sector de personas que está presionada en su vida cotidiana por la mera supervivencia de un día para otro.

Eso hace que se derrochen muchos esfuerzos que no son destinados a confrontar con el Sistema. Es importante que haya un importante movimiento de desempleados que busque solucione a sus problemas y que  exija sus derechos; las dos cosas. Es importante la convocatoria hecha ya de las marchas por la dignidad para marzo, para que los desempleados marchen sobre Madrid.

Pero es más importantes que de aquí a marzo se vayan dando los pasos necesarios para organizar a ese colectivo, no sólo para que esas marchas sean un éxito, sino para que sean la herramienta final de organización del movimiento de desempleados.

El día que esos seis millones de desempleados, que son los que padecen más duramente la crisis, estén organizados para exigir sus derechos estaremos a un paso ya de conseguir ese bloque político y social, esa mayoría política y electoral que nos permita abrir un proceso constituyente.

Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/09/02/economia/1378117988.html

La excavación puede llegar a tener una profundidad de 5.000 metros.

Uno de los principales peligros es la contaminación de acuíferos.

En Cantabria o Navarra se ha prohibido la práctica del 'fracking'.

No obstante, se postula como alternativa al petróleo y al gas natural.

En los últimos años ha crecido la polémica en torno al 'fracking' o fracturación hidráulica. Una técnica de extracción de recursos energéticos muy popular en Estados Unidos pero que tiene como contrapartida grandes riesgos medioambientales según las organizaciones ecologistas.

El principal motivo del éxito de la fracturación hidráulica reside en que se postula como una alternativa de los recursos convencionales: el gas natural y el petróleo. Recursos situados en su mayoría en países con un alto nivel de conflictividad, como en el caso de Siria.

Mientras los países desarrollados ven una manera de sacar provecho y autoabastecerse, pese a la menor calidad de estos yacimientos conocidos como 'no convencionales', las organizaciones ecologistas luchan porque se frene este método de extracción. Un debate que recientemente se ha asentado en España al comenzar las primeras exploraciones en Castilla y León o Asturias.

Y es que, pese a encontrarse aún en fase de investigación, ya son dos autonomías, ambas del PP, las que han legislado en contra del 'fracking' al considerarlo peligroso para el medioambiente y las personas: Cantabria y La Rioja. Así, las comunidades autónomas conforman la más poderosa barrera de la fracturación hidráulica en España.

¿En qué consiste?

El 'fracking' es un método que se utiliza para llegar a una serie de poros y fisuras en la roca, dónde reside el gas pizarra o gas esquisto.

Para poder llegar a estos poros se realizan grandes perforaciones que alcanzan profundidades de hasta 5.000 metros. Una vez se ha excavado en vertical, comienza una prolongación del pozo en horizontal. Es entonces cuando se llega a la veta de la roca de dónde se extraerá el gas.

El 'fracking' es la técnica que se emplea para extraer el gas esquisto o gas pizarra

A través de esta estructura se inyectan dos elementos: agua con arena (u otro apuntalante) y una serie de aditivos químicos. Son estos últimos los que más preocupan a organizaciones ecologistas como Greenpeace.

Asimismo, la siguiente fase del proceso, conocida como 'retorno', también es señalada como factor de riesgo. La introducción de la mezcla mencionada, a gran presión, fractura la roca y hace que se libere el gas. Éste asciende a la superficie junto a los aditivos, minerales o líquidos existentes en la roca. La propia compañía BNK Petroleum apunta en su página web que por esta razón "el agua de retorno se debe gestionar de manera responsable."

¿Pagaremos menos en la factura del gas?

Alejandro Alonso, subdirector de Mercado de Gas de la Comisión Nacional de Energía, asegura que "la producción de gas esquisto es más cara que la de un yacimiento convencional terrestre". Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro confirman que será "mucho más en un país como España" debido a "la falta de equipamiento y tecnología propia". No obstante, sí se postula como una opción rentable en comparación con los precios que hoy día se pagan en Europa.

"El coste del gas es solo una parte del precio de la factura al consumidor final" sostiene Alejandro Alonso. Y es que, Europa deberá seguir pagando los "peajes al transporte y la distribución", que genera que la reducción en los precios no sea comparable a la de Estados Unidos dónde los yacimientos son abundantes. La consultoría CERA lo cifra en un 15% menos.

No se prevé que en Europa exista un ahorro en la factura tan elevado como el de EEUU

Por su parte, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) cree que, de hallarse yacimientos suficientes en España, supondría un abaratamiento sustancial. Este hecho sería positivo frente al "déficit energético" y la "fuerte inversión en renovables" que "ha hecho que el precio de la energía en nuestro país se dispare".

"No es previsible que este fenómeno de bajada de precio tenga lugar en Europa, al menos en los próximos años" aseguran desde la CNE. Una realidad fomentada por dos razones: la oposición social en Europa (Francia y Bulgaria ya lo han prohibido) y la menor cantidad de recursos que existen en el viejo continente.

La propia compañía Shalegas apunta a que no será "una panacea ni hará que España sea autosuficiente". El valor que tiene para la economía es "compensar el declive del gas convencional", tal y como ha informado la Comisión Europea. Esto es, "se mantendrá el 60% en el nivel de dependencia en vez de aumentar al 80% en 2030" señala la empresa.

No obstante, "pasarán algunos años hasta tener una producción sensible y algunos más para que los parámetros de producción y consumo se aproximen" establece Ángel Cámara, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro.

Riesgos que afectan a los hogares

En Estados Unidos ya han comenzado las protestas ante las filtraciones a los acuíferos que se han producido por esta técnica. Muchos hogares han visto como el agua que llegaba a sus casas estaba contaminada.

Es por ello por lo que las organizaciones ecologistas luchan contra el 'fracking'. Otros peligros que se corren con este proceso es el posible ascenso en el 'retorno' de sustancias radioactivas o metales pesados perjudiciales para la salud. A ellos se suma la liberación de gas metano a la atmósfera. Este elemento es incluso más nocivo que el dióxido de carbono. Estos peligros también son mencionados por la Comisión Nacional de Energía.

Del mismo modo, Greenpeace en su informe sobre el 'fracking' denuncia la contaminación acústica, ya que las instalaciones para la fracturación hidráulica realizan estas operaciones durante meses, las 24 horas del día. De nuevo, los principales afectados son los núcleos de población cercanos a las prospecciones.

En España, FACUA se proclama en contra de esta práctica por las consecuencias medioambientales mientras que FUCI ve una posibilidad de mejora en el consumo de energía en el país, eso sí "cumpliendo toda la normativa medioambiental y poniendo toda la seguridad posible en el proceso".

Al Gobierno le preocupa que no haya nada

El ministro de Industria, José Manuel Soria, afirmó hace unos días en el XXVII Encuentro de las Telecomunicaciones que la principal preocupación del Gobierno es que en las investigaciones que han comenzado en España se determine que "ni hay petróleo ni hay gas".

Este resultado significaría que España sigue en una situación de vulnerabilidad y dependiente de otros países ricos en este recurso. Una realidad que no le permitiría valerse del nuevo sistema de explotación.

Sin embargo, y pese a que en Estados Unidos lleva empleándose desde 1949, es un proyecto novedoso en el territorio español. Tanto es así, que el Gobierno llevó en febrero al Consejo de Ministros una reforma de la Ley General de Hidrocarburos de 1998 que incluye una normativa específica para el 'fracking'.

En España, son las autonomías las encargadas de decidir si permitir o no el 'fracking'

Por el momento,"todos los permisos concedidos son para investigación y, por tanto, se encuentran en una fase muy preliminar" asegura Ángel Cámara, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro. Las zonas más interesantes para compañías como BNK Petroleum o Shale Gas se encuentran en Asturias, País Vasco (dónde los sondeos van más avanzados), Cantabria o Castilla y León.

No obstante, la fracturación hidráulica encuentra aquí una nueva barrera en algunos casos puesto que autonomías como Cantabria o La Rioja lo han prohibido. Y es que la normativa general establece que, siempre y cuando se respeten los reglamentos estatales, serán las Comunidades Autónomas las que decidan si permitirlo o no.

De hecho, las autonomías mencionadas, ambas gobernadas por el PP, ya han legislado en contra de la fracturación hidráulica. Consideran que esta práctica puede traer consecuencias enormemente negativas para el medioambiente y los ciudadanos. Una determinación que se convierte así en un factor fundamental en el desarrollo del 'fracking' en España.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2013/10/05/el-codigo-penal-de-gallardon-complicara-el-socorro-de-los-pesqueros-a-los-inmigrantes/

La tragedia de Lampedusa (Italia), con más de trescientos inmigrantes ahogados cuando intentaban alcanzar la costa europea en  una barcaza que partió desde Libia y acabó en el fondo del mar, llevó al presidente de la República, Giorgio Napolitano, a pedir “una reflexión sobre esta vergüenza”.

Napolitano no concretó, pero sin duda se refería a una vergüenza para el conjunto de la Unión Europea, para la propia Italia y, más directamente, para los patrones de los tres barcos pesqueros que, según los testimonios de algunos supervivientes, navegaban cerca de la barcaza, vieron el fuego que los inmigrantes habían hecho para pedir ayuda y no les socorrieron ni cuando la embarcación se incendió y zozobró, y los náufragos gritaban socorro.

De inmediato, el presidente del Senado, Pietro Grasso, abogó por suavizar la llamada ley Bossi-Fini, que castiga a los que socorran a inmigrantes indocumentados. Se especula con que el temor a las sanciones pudo retraer a los pescadores de ayudar a la pobre gente, lo que habría mitigado la tragedia. La norma castiga con extraordinaria dureza a los que ayuden o faciliten la entrada de inmigrantes sin papeles. Eso es claro.

Siguiendo la invitación del presidente italiano vale preguntarse qué habría ocurrido si la tragedia hubiese ocurrido ante las costas españolas. Se dirá que el derecho humanitario prevalece sobre el penal, que el derecho a la vida es el primero y esencial. ¿Y si un barco pesquero español evita la tragedia y salva la vida de un grupo de inmigrantes perdidos a bordo de una patera? Entonces puede ocurrir que se aplique el Código Penal al patrón por trasladar inmigrantes.

Según la reforma del Código Penal que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, tiene en cartera quienes faciliten la entrada, acojan, ayuden o alojen a inmigrantes indocumentados incurrirán en delito punible y podrán ser castigados con dos años de cárcel. Algunos colectivos de ayuda a los inmigrantes se movilizaron en abril pasado y han recogido más de 100.000 firmas con la campaña “salvemos la hospitalidad”.

El diputado de Izquierda Plural Chesús Yuste Cabello preguntó por escrito al ministro y este le contestó que “de ningún modo la prestación de ayuda solidaria a extranjeros en situación irregular será castigada como delito”, pero que no tiene más remedio que cumplir la decisión marco 2002/946/JAI, destinada a reforzar la represión de la ayuda a la entrada, circulación y estancia irregulares, y la Directiva 2002/90/CE, destinada a definir la ayuda a la entrada, la circulación y la estancia irregulares. La conclusión es que, en efecto, se penaliza el socorro mientras la UE reflexiona.

Fuente: http://es.euronews.com/2013/10/05/descargan-un-camion-cargado-de-monedas-ante-el-parlamento-suizo/

Un camión cargado de monedas ha sido descargado ante el Parlamento suizo. Esta acción ha sido obra de un grupo que pide la celebración de un referéndum para que todos los ciudadanos suizos tengan un sueldo mínimo, trabajen o no. Los promotores de la idea ya han reunido 125.000 firmas.

Fuente: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/107208-oriente-medio-reconfigurado-paises

El mapa moderno de Oriente Medio, una zona significativa política y económicamente en el orden internacional, está a punto de cambiar ante la continuada ola de convulsiones sociales y conflictos, tanto activos como latentes, en la región.

La devastadora guerra en Siria amenaza con extenderse más allá de sus fronteras, mientras que las consecuencias colaterales de la primavera árabe están desgarrando la región debido a la rivalidad y el odio entre creencias, tribus y etnias.   

La colaboradora de 'The New York Times', analista internacional, periodista y escritora estadounidense Robin Wright ofrece un mapa de Oriente Medio reconfigurado, que podría ser la consecuencia de todas estas tensiones en su totalidad o de alguna de ellas. 

Siria, ¿un catalizador?

La lucha sectaria e interétnica podría dividir el país en al menos tres partes:  

1. Los alauitas, una minoría que lleva varias décadas gobernando el país, controla la zona costera. 

2. El Kurdistán sirio podría escindirse de ese país para unirse a los kurdos de Irak. 

3. La parte central, poblada por suníes, se separaría y podría unirse a varias provincias iraquíes para formar Sunitistán.

Desbordamiento hacia Irak 

Es muy probable que los kurdos en el norte de Irak se unan a los kurdos sirios y que muchas de las partes centrales controladas por los suníes se incorporen a los suníes sirios. Mientras el sur se convertiría en Chiitistán, un país dominado por esta corriente religiosa.   

Desintegración de Libia

A consecuencia de sus  agudas rivalidades tribales y regionales, Libia se dividiría en dos partes históricas –Tripolitania y Cirenaica– y posiblemente en el tercer Estado de Fezán, en el suroeste. 

Arabia Saudita recupera las fronteras premonárquicas  

A largo plazo, las divisiones internas suprimidas en Arabia Saudita podrían emerger de nuevo con la entrega del poder a la próxima generación de príncipes. 

La unidad del Reino es además amenazada por diferencias tribales, por la división suní-chiita, así como por desafíos económicos. Como resultado el Reino podría desintegrarse en cinco, las mismas regiones que precedían el Estado monárquico.  

División de Yemen

El país árabe más pobre podría volver a partirse en dos tras un potencial referendo sobre la independencia en el sur del territorio. En un escenario más dramático, Yemen del Sur podría integrarse parcial o enteramente en Arabia Saudita.

Este último país realiza su comercio casi completamente por vía marítima, así que poder contar con un acceso directo al mar Arábigo reduciría su dependencia del golfo Pérsico, haciendo al país también menos vulnerable ante la posibilidad de que Irán bloquee el Estrecho de Ormuz,  uno de los pasos principales para el comercio petrolífero. 

Ciudades-Estado 

De facto podrían emerger también ciudades-Estado, ya sean los oasis de múltiples tipos como Bagdad, enclaves bien armados como Misurata (la tercera ciudad de Libia) o zonas homogéneas como Jabal al-Druze en el sur de Siria.

Fuente: http://www.teinteresa.es/espana/Sentencia-Malaya-respuestas-pueden-indignarte_0_1004900380.html

¿Qué pasa si los condenados no pagan? ¿Pueden acogerse acogerse ya a beneficios? ¿Y cuando salgan de la cárcel?. Siete respuestas sobre sentencias, como la del caso Malaya, en donde se combinan penas de cárcel y sanciones económicas.

1. ¿Cómo se pagan las sanciones económicas que impone una sentencia judicial?

Se actúa sobre las cuentas corrientes y sobre el patrimonio del acusado. Pero cuando son cantidades muy grandes, normalmente ellos se declaran insolventes. El no pagar comporta ciertas desventajas a la hora de pedir beneficios penitenciarios, pero a efectos prácticos no perjudica más al acusado. Nadie va a prisión por tener deudas ni se aumenta la pena de cárcel por no pagar.

2. ¿Y qué pasa con el patrimonio que acumule un condenado después de salir de cárcel?

En teoría, no puede acumular patrimonio mientras tenga deudas establecidas en la sentencia que le condenó. Pero hay que demostrar que ese patrimonio posterior existe. Esto es bastante complicado, porque suele ocultarse a través de personas interpuestas: familiares, testaferros, empleados, etc. Hay empresas dedicadas a sacar a la luz patrimonios ocultos. Para esto se utilizan técnicas propias de los detectives, como la interceptación de comunicaciones, seguimientos, etc.

3. ¿El Estado es responsable civil subsidiario por el dinero que dejan de pagar?

Puede serlo, pero antes debe demostrarse que el condenado pudo cometer el delito porque se le dejó sin vigilancia, cuando debía haber estado sometido a cierto grado de control. Es decir, que el Estado hizo una dejación de funciones que facilitó la comisión de un delito. O que no cumplió los protocolos establecidos.

4. ¿Es normal la diferencia tan grande entre la petición de pena y las condenas reales?

En casos grandes, como el Malaya, los acusados lo son por delitos múltiples (cohecho, estafa, prevaricación…) Una petición de pena acumula todas las penas correspondientes a cada uno de los delitos. Pero las sentencias condenatorias pueden no serlo en términos absolutos, es decir, pueden condenar a un individuo por algunos delitos y absolverle por otros.

La pena final suma las condenas sólo de lo delitos cuya culpabilidad ha quedado demostrada. Igual sucede en las penas económicas impuestas por responsabilidad civil. Cada indemnización solicitada debe justificarse euro a euro. Los jueces imponen sanciones económicas por algunos delitos, pero por otros no.

5. ¿Qué pasa si una persona es condenada a una pena de cárcel menor al tiempo que ya ha pasado en prisión preventiva?

Es complicado que suceda algo así, porque en España un acusado sólo puede pasar tiempo limitado en prisión preventiva, que depende de circunstancias varias (tipo de delito, condena que le impondrían en caso de ser condenado, riesgo de fuga, alarma social…). Pero ya ha sucedido algo así, incluso con etarras. En tal caso, deben ser puestos en libertad inmediatamente, por haber superado el tiempo de prisión preventiva admisible para el tipo de delito del que está acusado.

6. ¿Habría que indemnizarle?

Si un condenado ha cumplido en prisión preventiva más tiempo de prisión del que establece su condena, puede interponer una demanda contra el Estado por el dinero que ha dejado de ganar. Para ello debe acreditar el dinero que ingreaba antes de ser encarcelado (con nóminas, facturas, etc).

7. ¿Puede acogerse a los beneficios penitenciarios nada más ser condenado?

Sí. Tiene derecho a solicitar los beneficios penitenciarios a partir del momento que se ingresa en prisión, ya sea en detención preventiva o por condena firme. Ahora bien: eso no significa que el juez de vigilancia penitenciaria tenga lo obligación de concederlo.

Dependerá de muchas circunstancias que se analizan caso a caso, como el comportamiento del reo en prisión, su inserción laboral, la alarma social que puede generar, etc.

Fuente: http://www.abc.es/internacional/20131004/abci-sanidad-prohibitiva-solo-para-201310032105.html

Cuarenta y seis millones de estadounidenses no tienen ningún tipo de seguro médico.

La reforma sanitaria de Barack Obama, un motivo de discordia entre republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos, busca mitigar los efectos de unsistema altamente privatizado. Ahora que ha entrado en vigor una parte fundamental de la ley de Protección al Paciente y Sanidad Asequible, apodada «Obamacare», muchos estadounidenses pueden solicitar un seguro de cobertura sanitaria asequible.

Esto supone un gran avance en un país en el que la sanidad es un servicio con precios prohibitivos. Para la inmensa mayoría de los estadounidenses, enfermar no solo es un problema de salud, sino también financiero.

Hasta la aplicación de la reforma sanitaria que Obama aprobó en 2010 y el Tribunal Supremo ratificó en 2012, el Gobierno financiaba la cobertura sanitaria de una pequeña parte de la población.

Entre los beneficiados se encontraban los mayores de 65 años y los menores de esa edad con incapacidades demostrables, quienes entraban en el paraguas del Medicare; así como las personas sin ingresos o con salarios por debajo de unos mínimos oficiales, amparados por el programa Medicaid.

Salen del hospital con facturas que no pueden pagar

En total, según datos del censo de 2011, un 30 por ciento de los estadounidenses recurre a uno de estos dos programas. El resto, alrededor de un 48 por ciento, están asegurados por su empresa.

Por último, un 15 por ciento no tiene seguro médico. Este grupo, unos 46 millones de personas, se expone a tener que acudir a un centro sanitario para ser atendido —algo obligatorio por ley— y salir del hospital con facturas de miles de dólares que no puede pagar. Muchos seguros solo cubren parte del tratamiento y los pacientes deben abonar ciertos extras. Las facturas médicas son la principal causa de bancarrota en EE.UU.

Negocio millonario

En el lado opuesto aparecen las aseguradoras, un negocio millonario que en EE.UU. genera miles de millones de dólares al año y que es la niña mimada de Wall Street. En concreto, según datos de 2009, las cinco aseguradoras más grandes del país obtuvieron un beneficio conjunto de 12.000 millones de dólares.