Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4620912/02/13/Espana-y-la-polemica-relacion-entre-las-grandes-empresa-y-los-politicos.html
La España de los casi seis millones de parados, la de las duras recetas contra el déficit, la que no confía en sus gobernante, es también la de frecuentes vínculos entre las grandes empresas y los políticos. Más de una treintena de ex altos cargos, familiares de políticos o personas vinculadas a la Casa Real trabajan para las mayores empresas del país.
Los recientes escándalos relacionados con supuestos pagos ocultos en el seno del partido en el Gobierno han aumentado una crispación social que ha llevado la confianza de los ciudadanos en la clase política a mínimos históricos. Los últimos datos de la encuesta oficial del CIS revelan que, tras el paro y la situación económica, los políticos y la corrupción figuran entre las principales preocupaciones de los españoles.
¿Practica lícita, pero ética?
Desde ex presidentes de Gobierno a antiguos ministros, secretarios de Estado o, incluso comisarios europeos, más de una treintena de ex altos cargos, familiares de políticos o personas vinculadas a la Casa Real están a sueldo de diez de las mayores empresas cotizadas españolas en una práctica lícita pero que, en ocasiones, genera polémicas de carácter ético o incluso estético.
"Resulta lógico que las empresas incorporen a algún consejero procedente de la Administración, que les pueda asesorar sobre las formas del poder, lo mismo que los grandes despachos de abogados contratan ex fiscales o ex magistrados (...) pero hay una serie de cuestiones que, a mi modo de ver, enturbian determinados casos", explica a Reyes Calderón, Decana de la Facultad de Economía de la Universidad de Navarra y profesora de Gobierno corporativo, quien califica de "laxa" la legislación.
La actual Ley de Incompatibilidades establece, con carácter general, un período de dos años de abstinencia en cualquier actividad de la empresa privada que esté relacionada directamente con las competencias que un alto cargo político hubiera tenido en su mandato.
No obstante, el período contempla excepciones que están sometidas a validación de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas que es, en última instancia, quien decide sobre la incompatibilidad o no.
A principios de año, dos grupos de la oposición presentaron en el Congreso de los Diputados dos proposiciones separadas para revisar la regulación y aplicar un mayor rigor al régimen de incompatibilidades.
"La legislación (...) aún permite que se produzcan situaciones cuya ética es discutible, pues pueden hacer pensar razonablemente a los ciudadanos que se adoptan decisiones, aun en el ámbito privado, guiadas por una influencia indebida", argumentó en su solicitud de revisión de la ley el Grupo Mixto.
Por su parte, los parlamentarios agrupados en la Izquierda Plural mencionaron para defender su proposición un reciente escándalo de un directivo de una empresa a la que se le adjudicaron pruebas clínicas de diversos centros madrileños que fue el responsable de la privatización de ese servicio.
La repercusión mediática que tuvo el caso llevó a la dimisión del exconsejero de Sanidad de Madrid Juan José Güemes.
Energía: regulación y privatizaciones
El sector energético, entre los más afectados por decisiones políticas al estar sometido a la regulación, es precisamente donde más abundan los consejeros, asesores, directivos o ayudantes que en algún momento tuvieron responsabilidades de Gobierno o tienen lazos familiares o de otros tipo con quienes las ejercen. Algunos achacan incluso el trasvase de la política a la empresa a las privatizaciones realizadas en el país en las últimas décadas.
"Otra cuestión clave son los sectores estratégicos en los que estos nombramientos se producen. Muchos de ellos proceden de empresas anteriormente públicas luego privatizadas", explica la catedrática de la Universidad de Navarra. "Ese proceso desordenado de privatizaciones ha tenido mucho que ver con esta abundancia, que es de todo signo político".
El ex presidente del Gobierno socialista Felipe González forma parte desde 2010 del consejo de administración de Gas Natural en calidad de vocal independiente compartiendo asiento, entre otros, con Santiago Cobo, esposo de la diputada del Partido Popular Teófila Martínez.
En calidad de asesor externo, la también energética Endesa -privatizada entre 1997 y 1998 (en el primer Gobierno del PP)- contrató en 2010 al también ex presidente 'popular' José María Aznar, mientras que los ex ministros de Economía socialistas Pedro Solbes y Elena Salgado ocupan puestos en empresas relacionadas.
El caso de la que fuera ministra de Economía del último Gobierno socialista es especialmente llamativo por veloz, ya que Salgado fue nombrada consejera de la filial chilena de Endesa apenas cuatro meses después de abandonar el Gobierno. Además, un mes después fue también fichada como asesora en Cataluña por parte del grupo concesional Abertis.
En su día, el nombramiento de Salgado en la eléctrica generó polémica entre los diputados, incluso entre algunos de su propio partido, aunque el argumentario era que la ex ministra fichaba por una empresa extranjera, por mucho que la matriz fuese española.
"La ley es laxa, y, a mi juicio, se incumple con total impunidad en algunos casos, como en el de la señora Salgado. La ley debería cambiarse no sólo en fondo, sino en lo relativo a su sentido y filosofía últimas", explicó Reyes Calderón.
Pero el listado de antiguos ministros en la nómina de empresas cotizadas es mucho más largo e incluye a políticos en activo de los últimos gobiernos populares (Eduardo Zaplana, Ángel Acebes, Abel Matutes o Isabel Tocino) o a responsables ministeriales socialistas (además de Solbes y Salgado, figuran Luis Carlos Croisser, Javier Solana, Narcis Serra, Josep Borrell o Javier Solana).
Pedro Solbes se convirtió en 2011 en consejero independiente de Enel, el gigante energético italiano que en 2007 ganó una batalla de opas por Endesa cuando el político ocupaba el máximo cargo en el ministerio de Economía.
Vea aquí con detalle todos los vínculos de políticos españoles con las principales empresas del país (.pdf).
El refugio de Telefónica
La Telefónica cuya privatización inició en 1995 el último Gobierno del PSOE de Felipe González y completó el primer Ejecutivo de José María Aznar en 1999, ha sido el ejemplo emblemático, al convertirse en refugio de numerosos políticos y personas afines a diversos poderes, incluyendo algunos de los nombramientos más polémicos.
La operadora, en cuya nómina han figurado desde los ex ministros Eduardo Zaplana (PP) o Narcís Serra (PSOE) hasta el que fuera jefe de la Casa Real José Fernando de Almansa, saltó a los medios en 2012 cuando el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, renunció "voluntariamente" a sus cargos en la compañía meses después de su imputación por presunta apropiación indebida y tras ser retirado de la agenda de la Casa Real por el mismo motivo.
Poco después, en enero de 2013, Telefónica anunció el fichaje de quien fuera ministro de Economía durante la última fase de su privatización, Rodrigo Rato, meses después de que el también ex director gerente del FMI abandonase la presidencia de Bankia antes de la que sería la mayor nacionalización de la historia de España. Rato, imputado por la Audiencia Nacional en las investigaciones sobre Bankia, es asesor externo de la operadora para Europa e Iberoamérica.
Descrédito generalizado
Tras sortear un "rescate" soberano en el peor momento económico de la democracia española, el Gobierno de Mariano Rajoy afronta ahora el difícil reto de superar la corriente de descrédito de parte de la ciudadanía hacia una clase política que algunos contemplan como ajena a las consecuencias de la crisis.
En el primer debate sobre el Estado de la Nación desde su presidencia, Rajoy no ignoró el tema de la corrupción y aprovechó para anunciar una larga batería de medidas para fiscalizar la actividad de los políticos y de los partidos, incluyendo un refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.
"Yo, como todos ustedes, estoy dispuesto a perseguir la corrupción donde aparezca, pero no podemos permitir que se escriba, otra vez de España, una leyenda negra", dijo Rajoy tras defender la "honorabilidad" de la "inmensa mayoría" de la clase política.
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