El Gobierno ha recurrido a un comité de expertos sólo para que le sirva de aval de la “profunda” reforma de las pensiones que quiere acometer. Se trata de un “montaje” apresurado para cumplir con los recortes que exige Bruselas.
Lo dice el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid Santos Ruesga, uno de los 12 sabios que deberán elaborar el informe sobre el factor de sostenibilidad –el mecanismo de ajuste automático de las pensiones– que pondrá las bases para reformar el sistema.
“Pero me temo que no quieren un proyecto sobre sostenibilidad, sino sólo un mecanismo que les permita un recorte de las pensiones a corto plazo para cumplir con el ajuste del déficit”.
Ruesga se queja de que el proceso está “muy condicionado, muy predeterminado”. No porque el Ministerio de Empleo les haya dado indicaciones, más allá de las contenidas en el informe previo que ha llegado también a los grupos parlamentarios. Sino porque el Gobierno lo reduce todo a “un problema financiero”: cómo rebajar la cuantía, además de las pensiones futuras, de las actuales, explica Santos Ruesga.
“Es la única razón que puedo adivinar”, añade, “detrás de las prisas que tiene el Ejecutivo para adelantar la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad”, fijada en la ley 27/2011 de reforma de las pensiones, que aprobó el Gobierno del PSOE, para el año 2027.
Santos Ruesga no comulga con ese planteamiento y considera un error que se tome una decisión sobre el sistema público de pensiones “condicionada por la coyuntura, por las políticas de austeridad y de rebaja del déficit”.
También es consciente de que la suya no va a ser una voz muy secundada dentro del comité. “No somos expertos, sino profesionales, y cada uno tiene su ideología, los expertos neutrales no existen”, explica.
Pese a que Ruesga representó a UGT en el consejo de administración de RTVE, el sindicato quiso dejar claro que no había sido consultado para elegir a los miembros del comité de Expertos. Lo mismo ha dicho CCOO, cuyo jefe de gabinete económico, Miguel Ángel García Díaz, también integra el grupo de sabios. Junto a ellos trabajarán economistas, actuarios, catedráticos de Derecho del Trabajo, un periodista y un sociólogo, su presidente, Víctor Pérez Díaz.
Informe rápido
En su primera y hasta ahora única reunión, el pasado día 17, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, les pidió que el informe saliera de un acuerdo unánime, algo que los expertos respondieron que lo veían difícil. Tampoco han decidido aún cómo organizarán los trabajos, pero sí que las reuniones se reducirán a cuatro.
En tan breve plazo –el 31 de mayo deberán recibir el documento los partidos de la Comisión del Pacto de Toledo– no va haber tiempo para hacer grandes análisis, lamenta Santos Ruesga. De ahí que el catedrático prevea que el comité examinará “productos ya terminados”. Algunos, recuerda, ya han sido presentados en sociedad, como el de la patronal aseguradora (Unespa), un modelo similar al sueco con cuentas individuales virtuales.
En apenas unos días, Empleo ya les proporcionó unos primeros cálculos que los sabios reclamaron al departamento de Fátima Báñez en su primera cita. Sin olvidar el informe previo que marcaba las pautas de cómo quiere el ministerio que se diseñe el factor de sostenibilidad.
En él se ponen como referencia las reformas de pensiones efectuadas en otros países europeos y se les invita expresamente a considerar el aumento de los años de cotización para cobrar el 100% de la pensión, el aumento de la edad de jubilación o la inclusión de toda la vida laboral en el cálculo de la cuantía de la prestación.
Ruesga no se siente cómodo con el corsé con que se les ha encomedado su misión. “La función de los expertos”, apunta, “no es ofrecerle al Gobierno un factor de sostenibilidad, sino diferentes análisis de los problemas de las pensiones, que van más allá de los financieros, y diferentes escenarios e instrumentos que se pueden utilizar para resolverlos”.
Si el informe se aprueba por unanimidad, aún habrá margen para que el documento integre todas las voces del comité. Si al final se imponen los puntos de vista de la mayoría, lo más probable es que, a tenor de la composición del comité, las propuestas de Ruesga y de los expertos que defienden el sistema público de pensiones tal y como funciona en la actualidad ni siquiera se adivinen en el texto final.
Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/1795526/0/policia-numero/25-A-congreso/antidisturbios/
Alrededor del 40% de los 1.400 antidisturbios desplegados no llevarán su número en el chaleco por "falta de previsión".
La orden se aprobó el 16 de abril y se ratificó el 19 en el Consejo de la Policía.
El número será reflectante en un soporte de 27 cm de largo y 6,5 de ancho escrito en tipografía 'Terminator'.
No todos los 1.400 antidisturbios que este jueves trabajarán en Madrid en el dispositivo de seguridad de la concentración del 25-A (Asedia el Congreso) llevarán el número de identificación aprobado por la Policía Nacional el 16 de abril. Así lo han asegurado a 20Minutos varias fuentes policiales, que han explicado que la falta de previsión y la urgencia de la medida provocarán que muchos agentes no vayan identificados.
"Hoy miércoles se sigue trabajando en ello, pero no todos llegarán mañana a tiempo con su número en el chaleco".
La polémica generada tras algunas actuaciones policiales en las últimas grandes concentraciones ciudadanas, como la de la plataforma del 25-S, o la de la huelga general el 14 de noviembre, abrió el debate de si los policías iban correctamente identificados o no en esas protestas.
Por ello, la Dirección General de la Policía aprobó una orden el 16 de abril que regulaba la necesidad de que los antidisturbios llevasen su número de identificación en un lugar visible también en las prendas accesorias del uniforme, como es el chaleco antitrauma.
Este número, de seis dígitos, irá escrito en un soporte de 27 centrímetros de largo y 6,5 centímetros de ancho en tipo de letra Terminator (el que habitualmente utiliza la Policía). El número irá en un soporte que se pondrá en el velcro que va cosido a la funda del chaleco.
Será de material reflectante. Los 1.400 antidisturbios (28 grupos de 50 miembros cada uno) que trabajarán este jueves en Madrid suponen la mitad de los que hay operativos en España. La Jefatura de Madrid aportará 17 grupos. El resto, 11, proceden de Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid, Coruña y Málaga.
Un portavoz oficial de la Policía ha confirmado que no todos los agentes llevarán el número en el chaleco. "Se está haciendo de forma progresiva. Tampoco estaba previsto que para el 25-A lo llevarán todos los antidisturbios. Se hará poco a poco".
Ratificado en la comisión de personal
La norma fue ratificada el 19 de abril de la comisión de personal del Consejo de la Policía, pero aún así no ha dado tiempo a que todos los agentes lleven su número en el chaleco.
"Seguramente el 40% vaya sin identificar", explican las mismas fuentes. El sindicato policial SUP no está de acuerdo con esta medida, y la denunciará ante la Comisión de Riesgos laborales. "Los policías están sin ninguna garantía jurídica de defensa y protección de sus derechos ante las denuncias que puedan tener, sean ciertas o falsas".
Otro sindicato, la Unión Federal de Policía, ha explicado que esta orden no "está legalmente regulada y la van a recurrir por discriminatoria, ya que solo está vigente para los antidisturbios. Nos ponen una especie de código de barras que se puede fotografiar a 400 metros".
La legislación ya regula desde 1987 que todos los uniformes deben llevar la placa-emblema de la Policía, con el número personal de cada agente en el pecho. Y en 1988 se estableció que todos los policías tienen la obligación de identificarse cuando se relacionen con los ciudadanos.
En 2008, la orden INT 2160 estableció que las nuevas prendas policiales debían incorporar el distintivo de identificación en un lugar visible justo debajo del emblema del cuerpo, pero la Policía reconoce que "en aquellas situaciones de alteración grave del orden público en las que se usan prendas especiales de protección, como los chalecos, ocultaban el número de los uniformes". De ahí deriva esta nueva orden.
Triunfa en Génova la tesis de los partidarios de plantar batalla para neutralizar a Colau y la PAH.
Colau, que ha declinado invitaciones para unirse a partidos políticos, asegura no sentir miedo.
La estrategia de equiparar los escraches al nazismo o al terrorismo, es mal vista por parte del PP.
“Ada Colau no tiene problemas con la hipoteca, ¿verdad?”, suelta con retintín Martínez-Pujalte, portavoz de la comisión de Economía y diputado del PP, en cuanto le preguntas por los escraches. Sus palabras reflejan la animadversión que expresan muchos otros diputados, que han focalizado en la portavoz de la plataforma de Afectados por la Hipoteca, el miedo a que surja un líder capaz de movilizar a una sociedad cada día más alejada del poder.
En el PP, el nombre de Colau surge en cuanto se habla de cómo recuperar la confianza de los votantes o de las protestas ciudadanas clamando que se les escuche.
“Nos hemos reunido con esta señora, aquí en el Congreso, pero eso no le basta porque su objetivo no son las hipotecas. Su posicionamiento en contra de los representantes legítimos de los ciudadanos contempla un horizonte más ambicioso”, advierte otro diputado popular dando a entender que Ada Colau está pensando en las próximas elecciones.
Comentarios similares se escuchan cada vez más desde que comenzaran los escraches en torno a la portavoz de los afectados por las hipotecas, como si fuese el centro de todos los males.
La propia Colau tiene claro que “si no hubiesen sido los escraches, habría sido otra cosa. Las encuestas muestran un apoyo a la ILP masivo, de entre el 80 y el 90%. Hemos llevado un millón y medio de firmas al Congreso, un hito en la democracia, y tanto votantes del PP como del PSOE nos apoyan, además de avalarnos una sentencia europea. Parece inevitable que el PP se saque de la manga una campaña de difamación. No les está funcionando, porque banalizar algo tan grave y compararnos con ETA o el nazismo, les deja en evidencia y provoca rechazo”.
Parece que la portavoz de PAH no está dispuesta a dejarse utilizar, como cuando fue hace un mes al Congreso a reunirse con los partidos y a entregarles la iniciativa legislativa popular (ILP) para solucionar el drama de los desahucios.
Entonces, hubo hasta codazos para salir en la foto, pero unos minutos después el PP se retrató manteniendo a los representantes de los afectados por las hipotecas reunidos mientras Alfonso Alonso, portavoz del PP, anunciaba en una rueda de prensa que no admitirían a trámite la ILP (la versión extraoficial es que se les retuvo con la excusa de la ILP para que no se cruzaran con Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, que ese día estaba de visita).
Comparaciones "torpes"
La presión popular fue tan fuerte en las redes sociales y en las puertas del Congreso que acabaron aprobando la tramitación de cara a la galería unas horas después de rechazarla.
En el estudio demoscópico sobre protesta social que acaba de realizar Belén Barreiro para la SER, un 75% de los encuestados valoraban a la PAH bien o muy bien, por encima de Cáritas, con 73% de adhesiones, o el 15M (67%), Afectados por las Preferentes (65%) y la Marea Blanca (49%). Un dato más sobre cómo aumenta la fe de los ciudadanos en organizaciones al margen de los partidos.
“Hay mucho ruido y estados de opinión diversos, lo que muestran las encuestas es que hay un sentimiento social de cercanía y de defensa de los desfavorecidos”, analiza un diputado popular consciente de cómo los movimientos ciudadanos están adelantando a los políticos.
Pero prosigue, “el PP tiene que defenderse. Hace bien en criminalizar el acoso de la PAH mediante la denuncia pública. Otra cosa son las comparaciones que hace Cospedal, que es muy torpe en la expresión como viene demostrando, algo que muchos no compartimos".
"Eso es un delirio. Pero de lo que no cabe duda es de que la PAH ha apostado por un incremento de la presión para obtener una posición del PP. Ni son un interlocutor válido para el Gobierno, ni el PP comparte su demanda. Una cosa es que se les escuche y otra que se adopten sus propuestas”, comenta un diputado popular bregado en la fontanería del poder.
Orden desde arriba
Acabar con las protestas ante la casa de los diputados se ha convertido en una prioridad en el PP. Antes de lanzarse a los micros, el tema se sopesó internamente. La única pega era que con las denuncias de los escraches se potenciaría la imagen de Ada Colau y la PAH.
“En este tema había dos tesis. Una, no decir nada, no denunciar para no dar difusión, porque con eso solo se logra dar visibilidad a la protesta. Y otra, si consideras que es inaceptable, hacer frente públicamente al asunto. Es una exigencia de los dirigentes de primer nivel, que se sienten agredidos porque vayan a su casa a protestar”, tal y como explica un diputado que escucha a diario la inquietud de sus colegas.
A la opinión pública, sin embargo, no parecen haberle afectado demasiado las acusaciones de Cospedal o de Aguirre, a las que se suma ahora con una demanda el sindicato ultraderechista ‘Manos límpias’. En la calle, se observan los escraches como una dulce venganza por todos los recortes a los que estamos sometidos.
La brecha crece, como apunta Ada Colau: “Están tratando de criminalizarnos hurgando en mi vida privada. No entienden nada. Están acostumbrados a la política institucional, organizada en vertical. Tratan de identificar un cabecilla porque creen que acabando con él, descabezan el movimiento. No comprenden que aunque yo no esté, esto seguirá adelante”.
Efectivamente, y a pesar de que Colau es un activo esencial para la PAH, surgirán otros nombres y otros movimientos avalados por quienes un día, hace tan sólo un año y medio, votaron con la esperanza de que había una salida para la crisis que los políticos serían capaces de encontrar.
Ada es tajante: “No me dan miedo. Me siento apoyada y respaldada por el movimiento. Actúo de forma coherente con mis principios y peleo por los derechos humanos”.
Los servicios de información de la Policía han advertido al Gobierno de que el orden público puede verse gravemente alterado en los próximos meses como consecuencia del malestar social derivado de la crisis.
Según los datos proporcionados por las fuerzas de seguridad, las movilizaciones de protesta contra las políticas de austeridad del Ejecutivo y, en general, por el deterioro de la situación económica experimentarán en las próximas semanas un repunte que puede afectar seriamente al orden público y dificultar la acción del gabinete de Mariano Rajoy.
El propio director general de la Policía, Ignacio Cosidó, admitió ayer en la inauguración de la I Convención de Mandos de la Policía que “vienen momentos complicados en los próximos meses, incluso más que los que hemos tenido hasta ahora”.
Cosidó pidió a los agentes su colaboración para tratar de contener las concentraciones que se avecinan y aseguró que la situación será en lo que resta de 2013 peor que en 2012, aunque matizó que las previsiones del Gobierno son que “2014 sea mejor que 2013 y que 2015 sea aún mejor que 2014”.
La alerta ya ha sido transmitida a Moncloa, según confirman fuentes policiales consultadas por este diario. Los servicios de información han detectado un aumento de la movilización de los grupos que han estado liderando hasta ahora las marchas contra los recortes del Gobierno y contra la actual ley hipotecaria, sobre todo, y también la reactivación de elementos radicales de la extrema izquierda que podrían contribuir al deterioro de la paz social. Desde las convocatorias de Rodea el Congreso, en los pasados meses de septiembre y octubre, estas corrientes han permanecido relativamente aletargadas.
La llegada del buen tiempo, un factor clave
El inicio de las movilizaciones puede venir acompañado del buen tiempo, un factor al que los expertos confieren una trascendencia determinante por su capacidad para activar protestas en espacios públicos. Así ha ocurrido en ocasiones anteriores. El 15-M, por ejemplo, se desarrolló en un cálido mes de mayo.
Aunque la primavera astronómica ya ha comenzado, en la capital el frío se resiste a marcharse. Y la Policía cree que cuando esto ocurra, comenzará a arreciar la expresión del descontento en las calles. Al Gobierno le preocupa que las marchas aisladas que se han ido sucediendo hasta ahora provoquen un efecto llamada que cristalice en un movimiento de protesta generalizado que incluso ponga en duda el respaldo social de Rajoy, a pesar de la mayoría absoluta que obtuvo en las urnas en las elecciones generales de noviembre de 2011.
Que la acción de la policía sea proporcionada será clave para evitarlo, pero el Ministerio del Interior ya ha demostrado algunas dudas en el caso de los escraches, la campaña de acoso contra cargos del PP para exigirles su respaldo a la dación en pago, considerada sólo un anticipo de la primavera que se acerca.
Contradicciones en el Ministerio del Interior
Aunque en un primer momento el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró ayer que se prohibirán las concentraciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a menos de 300 metros de las viviendas particulares de los dirigentes del Partido Popular, el ministro, Jorge Fernández Díaz, rectificó sólo unas horas después estas palabras afirmando que no se ha dado ninguna consigna específica a los agentes sobre la distancia a la que deberá situarse el perímetro de seguridad de los domicilios.
Tan sólo que será un margen “prudencial”, en consonancia con Cosidó, que también había considerado que se trataba de una cifra meramente “orientativa”.
Sin embargo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) divulgó una orden del día anterior enviada por la Secretaría de Estado de Seguridad a las comisarías de toda España con la instrucción firme de aplicar la distancia de 300 metros en todos los casos de escrache.
El objeto de las contradicciones que experimentó ayer el departamento de Interior, con hasta tres versiones distintas, es sólo anecdótico, pero ilustra el celo que está poniendo el Gobierno en evitar soliviantar los ánimos de los organizadores de las coacciones a diputados y cargos del PP.
De hecho, hasta el momento, la mayoría de las intervenciones policiales se han limitado a identificar a los participantes en las concentraciones que ya han tenido lugar frente a más de una quincena de viviendas de dirigentes populares, entre ellas la de la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un incidente que ha causado enorme inquietud en Moncloa.
La ayuda de la Policía
Martínez aprovechó ayer la presencia de más de 300 mandos policiales en la convención que celebró el cuerpo en las dependencias de Canillas en la capital para recordar que, pese a las numerosas manifestaciones que ha registrado España en los últimos meses por el deterioro de la situación económica, los primeros 18 meses de la legislatura han trascurrido sin grandes contratiempos en el campo de la seguridad.
Pero Martínez pidió ayuda a los responsables de la Policía para afrontar los próximos meses. “Hay actuaciones de la policía que son más populares que otras, pero ese no debe ser el criterio que guíe nuestra actuación, sino el criterio de la legalidad”, afirmó el secretario de Estado de Seguridad.
“¿Qué país seríamos si dejáramos que mandaran los que gritan más alto en lugar de los que han sido democráticamente elegidos?”, se preguntó.
Cosidó subrayó que hasta ahora no “se ha producido ningún incidente grave en las miles de manifestaciones” que se han celebrado en los últimos meses en España. “Confiamos en una actuación profesional y equilibrada de la policía en el mantenimiento de la paz social.
La convicción que tenemos es que 2013 va a ser un año muy díficil. Estamos en uno de los momentos más complicados de la crisis económica y fiscal”, remachó el director general de la Policía.
El ministro del Interior fue más contundente. “La policía es la que tiene que poner a cada uno en su sitio con la ley en la mano. La policía es la que está garantizando el cumplimiento de la ley, el orden público, la convivencia y la seguridad ciudadana”, afirmó el ministro.
Y recordó: “Todos tenemos derecho a manifestarnos y a no manifestarnos. Que la mayoría silenciosa no ceda el paso a la minoría ruidosa”. El resultado del choque se conocerá en las próximas semanas.
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