apocalipticus

Fuente: http://www.solidaridad.net/noticias.php?not=6718

Un trabajador de la ONU puede cobrar, dependiendo del lugar donde esté destinado, entre 70.000 y 200.000 euros nada más entrar en este organismo internacional
 

A la ineficacia de la ONU con la paz en el mundo, a la inutilidad de sus iniciativas contra el hambre, a la insuficiencia de sus acciones para resolver conflictos hay que sumarle lo que cuesta.

Las cifras arrojadas por Careers.un.org sobre lo que perciben los trabajadores de este organismo revelan que los sueldos de los funcionarios de la ONU son de escándalo. Un trabajador de la ONU puede cobrar, dependiendo del lugar donde esté destinado, entre 70.000 y 200.000 euros nada más entrar en la organización con el nivel inicial (hay tres) y entre 140.000 y 300.000 euros si pertenece al nivel senior. Un funcionario que acaba de entrar puede cobrar 200.000 euros si está destinado a Nueva York, a partir de ahí va subiendo en la escala salarial.

Los directivos o seniors de la ONU tienen un nivel salarial que en París puede ser de entre 150.000 o 200.000 euros, el que menos cobra en Ciudad de México, por ejemplo, es 136.000 y el que más 176.000. Cabe aclarar que este nivel salarial no es el de los altos cargos de la ONU sino de directores de áreas, de servicios, etcétera.

Pero no sólo se da un claro desequilibrio con la realidad salarial que perciben otros funcionarios de otras administraciones públicas, sino que además no se atiene una lógica con el país en el que reside el funcionario. Por ejemplo, un funcionario de la ONU en Kabul comienzan   cobrando entre 70.000 y 100.000 euros, lo cual constituye una cifra astronómica para el nivel de vida del país.

Las ventajas de trabajar para la ONU no acaban ahí, los funcionarios del organismo, además, están exentos de impuestos, tienen ayudas al alquiler, gastos de traslado y jubilación a los 62 años, por lo que el problema que tiene buena parte del mundo no les afecta.

Los desorbitados sueldos que ven reflejados en sus cuentas a final de mes si se tratara de equiparar con la media de los sueldos de los países donde trabajan se observaría que son entre un tercio y un 50% más altos. Si se trata de Dinamarca o Suecia, por ejemplo, será un 50%, si es Alemania, alrededor de un 40%, igual que en Estados Unidos que superaría en un 40% el sueldo del estadounidense medio.

¿Cuántos funcionarios tiene la ONU?

Pero, ¿cuántos funcionarios del nivel inicial tiene la ONU? La plantilla funcionarial de este organismo mantenido con dinero público por los gobiernos que lo componen es de 40.000 funcionarios básicos repartidos por todo el mundo, sin incluir los de nivel medio o senior, ni los cargos políticos ni los altos cargos. Cabe preguntarse para qué sirven estos 40.000 funcionarios y por qué tienen estos sueldos desmedidos.

El funcionariado de la ONU es un verdadero ejército de burócratas que mantienen una estructura demasiado cara para los escasos resultados que produce.

Uno de los lugares donde los sueldos pueden ser más altos es Tokio, una de las ciudades más caras del mundo, cuyos sueldos pueden llegar a 300.000 euros como máximo y 200.000 euros como mínimo. En México DF el mismo funcionario puede cobrar entre 66.000 y 115.000 entre los sueldos más pequeños.

Naciones Unidas, un escándalo pagado por todos

Naciones Unidas es un escándalo: a su incapacidad de resolver nada hay que sumarle una gran cantidad de temas enquistados que tiene. Por ejemplo, la situación del Sáhara, que bajo protectorado de Naciones Unidas Marruecos se anexionó la zona sin el beneplácito de sus ciudadanos. Naciones Unidas calló entonces como sigue callando ahora.

Otro ejemplo más reciente es la intervención armada en Libia. Una intervención cuyo supuesto objetivo era garantizar que la población civil estuviera protegida. Sin embargo, como es una intervención tan limitada el conflicto está sesgando duramente a la población civil. Lo que pretendía evitar la ONU (que se produjera una guerra civil) ya es un hecho.

Por otro lado, las agencias de Naciones Unidas y determinadas comisiones se han convertido en un nido de ideólogos que producen papeles y declaraciones. Además, buena parte de ellos están en manos de grupos de presión o de países que están lejos de ser un modelo de estado de derecho. 

Otro ejemplo de nulidad es la FAO, un organismo creado en el interior de la ONU para acabar con la pobreza en el mundo y que está absolutamente arrinconado y es inoperante. La FAO tiene como principal objetivo luchar contra el hambre y solamente hace papeles contra el hambre. ¿Dónde están las acciones que deben paliar la falta de alimentos en el mundo y para las que esta organización ha sido creada?

Una cosa es la necesidad de que exista un foro para debatir qué es bueno en el contexto internacional y buscar la paz por medio de canales adecuados, pero ¿necesita 40.000 funcionarios? Además, ¿debe este organismo posicionarse ideológicamente y extender esta ideología por el mundo aprovechando su posición privilegiada? ¿Dónde está la ONU que se creó tras la Segunda Guerra Mundial para los altos propósitos de paz y convivencia que necesitaba y que sigue necesitando el mundo?

Fuente: http://www.urgente24.com/noticias/val/10244-125/la-prensa-principal-victima-de-los-escandalos-alimenticios-de-china.html

Frente a las diversas situaciones de alarma que vienen causando algunos alimentos, el Ministerio de Salud chino optó por acallar a los periodistas. Sin embargo, es labor de los medios controlar al Ministerio de Salud y no a la inversa. La opinión de Chen Jieren, del Economic Observer.

La leche de bebe contaminada con melamina, la carne de cerdo contaminada con clenbuterol y las sandías explosivas sólo constituyen algunos de los casos alarmantes que afectaron la seguridad de los alimentos que tanto asusta a China. Algunos causan enfermedades y otros directamente la muerte, mientras que otros solo obedecen a rumores. Pero todo esto, ya sea real o no, son malas señales para la industria alimenticia de China. Como respuesta, Mao Qunan, director del Centro de Información Pública del Ministerio de Salud chino, ha anunciado medidas para combatir y contener "a los pocos medios de comunicación que deliberadamente engañan al público", publica Worldcrunch.

Sus comunicaciones serán supervisadas. Y se conformará una lista negra de periodistas. Dado que los informes de seguridad alimentaria pueden resultar muy influyentes, dijo Mao, "una actitud negligente y poco seria" conlleva el riesgo de perjudicar el normal desarrollo de la industria alimenticia de China.

Para varios periodistas locales, el enfoque del Mao es ignorante y prepotente ya que equivale a una grosera intimidación. Efectivamente, los informes respecto de los problemas de seguridad alimentaria pueden objetivamente tener un efecto negativo en el corto plazo en la industria alimentaria, pero son precisamente estos informes los que permiten al gobierno ejercer su deber de vigilancia, promoviendo así el control de calidad en la industria y evitando futuros peligros. No hay que olvidar que durante el incidente de la leche de bebe en 2008, algunos funcionarios culparon a los medios de comunicación por poner en peligro la imagen de la industria de procesamiento de leche. ¿Debería la industria de la leche haber esperado la muerte de bebes en masa antes de actuar?

Los periodistas recuerdan que el Ministerio de Salud es la autoridad administrativa de la salud y la seguridad. Su función es de supervisación en los campos de la salud y la seguridad, no el de los medios de comunicación. En otras palabras, es deber de los medios de comunicación comprobar si el Ministerio de Salud está haciendo su trabajo, y no al revés. Las palabras del ministro revelan la actitud errónea de un Ministerio de Salud que se ha resistido a la inspección de la industria alimentaria.

Incluso si algunos medios de comunicación han actuado con fines de engaño, ya sea intencionalmente para ganar lectores o por simple error, la mayoría de los medios de comunicación cumplan con sus deberes y dan fe de los hechos que constatan. El Ministerio de Salud debe mirar con mejores ojos lo realizado por la mayoría de los periodistas que están haciendo un buen trabajo mientras que debería mostrarse más tolerante frente a aquellos que presentan informes de menor calidad.

Un punto aún más importante es que tanto la industria de alimentos y sus distribuidores, como el Ministerio de Salud, son fiscalizados por los medios de comunicación. Si los medios de comunicación han inspeccionado correctamente, o si algunas publicaciones han engañado a sus lectores con malicia, es otra cuestión. El Ministerio de Salud tiene que defender y justificar su posición, no identificar a los culpables. Si ha habido errores, el Ministerio puede presentar una denuncia, ya sea a la organización de medios de comunicación en cuestión, ante los tribunales o al Departamento de Prensa. Si el Ministerio se imagina que es una entidad superior que puede intimidar y controlar a la prensa, se está equivocando de manera muy grosera.

La gente dice que "si los medios de comunicación están demasiado limpios, entonces la sociedad no será tan limpio." Es la misma filosofía aplicable a la seguridad alimentaria. Si la prensa es tan "limpia" que sólo escribe informes de cortesía, los peligros ocultos tendrán allí su oportunidad para fermentar. Y el que sufrirá será el público en general. Si la prensa da la alarma y expone los problemas, aunque a veces se produzcan errores, promoverá el progreso en la seguridad alimentaria. Cuando los informes resulten ser falsos, la industria de alimentos siempre podrá llevar a los responsables ante los tribunales o presentar una queja ante la prensa y/o la autoridad competente. Pero no es tarea de la autoridad sanitaria preocuparse por esto.

Fuente: http://www.solidaridad.net/noticias.php?not=6707

El tres de marzo pasado la Justicia argentina ordenó el desalojo de la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque, de unas tierras de la Patagonia al sur del país, tras argumentar que pertenecen a la compañía trasnacional Benetton.
La decisión judicial se emitió dos días después de que la presidenta argentina, Cristina Kirchner, anticipara en su discurso en el Congreso el envío de un proyecto de ley de propiedad de la tierra destinado a limitar la compra de tierra por parte de extranjeros. Pese al anuncio, el veredicto judicial volvió a favorecer a la denominada "extranjerización".

¿Ocupación ilegal o derechos originarios?

En Argentina viven aproximadamente 105.000 personas pertenecientes a la etnia mapuche. Desde los tiempos de la colonia sus representantes reivindican sus derechos sobre terrenos cercanos a la cordillera de los Andes (las denominadas tierras Wallmapu, de Argentina y Chile) por considerarlos destinados a ellos por las deidades. Este argumento les parece poco convincente, tanto a las compañías transnacionales como al Gobierno que, según los líderes indígenas, hace caso omiso a la situación.

La disputa judicial entre la Compañía de Tierras Sud Argentino SA., perteneciente al gigante textil italiano Benetton, y la comunidad mapuche de Santa Rosa Leleque ha durado más de cuatro años y culminó con la sentencia que obliga a los indígenas a abandonar en el transcurso de 10 días las tierras del empresario Luciano Benetton. El territorio en disputa son 500 hectáreas. Desde el año 2007, los mapuches han ido denunciando discriminaciones y atropellos al pueblo originario, que supuestamente se hacían con el objetivo de recuperar los terrenos. En total, los "colores unidos", el mayor latifundista de Argentina, poseen más de 970.000 hectáreas entre las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

La expansión de los "colores unidos"

El grupo Benetton llegó a Argentina en el año 1991 en plena época "menemista". El Gobierno realizaba privatizaciones de empresas estatales, lo que le permitió a la transnacional adquirir una buena parte de las acciones de la empresa Terra Ciudad Argentina. Este fue un punto de inflexión para la comunidad aborigen, cuyas tierras ancestrales oficialmente pasaron a formar parte de la propiedad de la empresa italiana.

Los nuevos dueños de las tierras no tardaron en reclamar sus derechos. A partir del año 2001, a los territorios mapuches ingresaron compañías mineras, agropecuarias y petroleras que complicaron aún más la situación ya existente. Los indígenas en varias ocasiones han denunciado usurpación y opresión, así como el rol contaminante de las empresas extractivas, pero las últimas, junto con las textiles, siguieron expandiendo sus latifundios.

Hay al menos 8,6 millones de hectáreas en conflicto entre indígenas y multinacionales

Según una investigación del diario argentino Página/12, existen al menos 8,6 millones de hectáreas en disputa entre comunidades aborígenes y compañías multinacionales. Al mismo tiempo, según datos de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), al menos 600.000 aborígenes (de los 2 millones que reconoce Argentina en su territorio) se vieron afectados por la expansión de las empresas.

Este año electoral debe de ser clave en la resolución de la situación de la comunidad que ha elegido como su lema la frase “la tierra robada será recuperada”. Si la anunciada ley contra la extranjerización de tierras entra en vigor, es posible que la situación cambie. Sin embargo, la reciente resolución judicial ha mostrado una intención completamente opuesta.