- Las plantas están a punto de cumplir el límite de horas a partir del cual que se quedan sin primas
- Los inversores recurrirán en la Audiencia y pedirán al Estado responsabilidad patrimonial
Los últimos varapalos del Gobierno a la energía fotovoltaica colapsarán los tribunales. El sector presentará un aluvión de reclamaciones a partir del próximo mes de agosto, momento en el que algunas instalaciones ya habrán llegado al límite de horas de producción previsto en el Real Decreto 14/2010 aprobado en la víspera de Nochebuena para reducir los costes del sistema eléctrico, con lo que consecuentemente se quedarán sin prima y pasarán a cobrar precio de mercado, mucho menos sustancioso que los incentivos.
En concreto, KPMG se encarga de asesorar a una amplia plataforma de afectados por esta regulación, que se suma a los recortes aprobados en noviembre de 2010 a través del Real Decreto 1565/2010 con reducciones de hasta un 45 por ciento en las primas. Así, la firma estima que será a partir del próximo mes y en septiembre cuando comiencen las reclamaciones correspondientes.
El socio de KPMG y responsable del área Legal de Energías Renovables, Miguel Sueiro, explicó a elEconomista que los inversores y promotores afectados contarán con dos vías para hacer frente a este hachazo a la solar. De un lado, está previsto que presenten miles de recursos ante la Audiencia Nacional contra las primeras liquidaciones que realice la Comisión Nacional de la Energía y en las que se recoja ya la retirada de la tarifa incentivada para esta tecnología.
En este sentido, cabe recordar que la Audiencia ya ha admitido a trámite 300 demandas por este motivo, a pesar de que las plantas aún no han llegado al tope de horas de producción, con lo que una vez que este hecho suceda se triplicarán el número de reclamaciones.
Por otro lado, los inversores también solicitarán al Tribunal Supremo la reclamación patrimonial al Estado por los daños causados por "la incertidumbre regulatoria" y porque consideran que el Ejecutivo ha golpeado duramente la imagen de este negocio por imponer decretos retroactivos que ahuyentan a los inversores.
Así, fuentes del sector consultadas por este diario estiman que más de 50.000 instalaciones recurrirán las liquidaciones mensuales de la CNE hasta que haya sentencia firme, lo que aún puede demorarse tres años debido a la lista de espera tanto del Tribunal Supremo como de la Audiencia Nacional. Con todo, se acumularán más de 600.000 recursos en la Justicia española, aunque previsiblemente esta cantidad sea algo inferior en tanto que habrá inversores que no puedan hacer frente a los costes legales que supone el proceso.
Hay que recordar que un Real Decreto Ley sólo puede ser recurrido directamente por el presidente del Gobierno, el defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o por los gobiernos y parlamentos de las comunidades autónomas. No obstante, los titulares de las instalaciones afectadas pueden solicitar la responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Supremo, pero tienen que hacerlo en todas y cada una de las liquidaciones de la Comisión Nacional de Energía.
Sin establecer las compensaciones equivalentes, el recorte aprobado a finales del pasado año impone dos limitaciones horarias distintas. La primera, más gravosa, supone un recorte del 30 por ciento de los ingresos para más del 90 por ciento del parque solar durante los próximos tres años. La segunda, para las excluidas de esta limitación temporal, y para las incluidas en ella a partir de 2014 -esto es, para todas las instalaciones-, reduce los ingresos una media del 10 por ciento durante toda la vida útil. Con todo, la CNE estima que estos recortes supondrán un ahorro del sistema de unos 700 millones en tres años, tras contabilizar 55.041 instalaciones hasta el pasado mes de abril.
El Gobierno está siendo avasallado por las demandas legales, desde el arbitraje internacional a los recursos presentados contra la investigación del Ministerio de Industria para detectar plantas fraudelentas, así como la presentación de los recursos ante el Tribunal Constitucional de la Generalitat de Valencia contra el recorte de horas de producción. Además, CiU también ha anunciado un recurso ante el Constitucional por el veto a sus enmiendas contra el hachazo a esta tecnología que intentó presentar en el Senado.
Ante esta batería legal, la cartera que dirige Miguel Sebastián ha hecho un amago de arrepentimiento por haber arrinconado a la solar y ha devuelto las primas que la CNE había retirado a 1.919 instalaciones, es decir, un 95 por ciento de las que consideró sospechosas de fraude.
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